Auto 2009-00967 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 08001-23-31-000-2009-00967-02

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Actora: Rolant Hywel Hughes Williams y Fiduciaria BBVA S.A.

Demandado: Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla - Transmetro S.A.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia: Solicitud de prelación de actuación y fallo

Bogotá, D. C., siete de diciembre de dos mil diecisiete.

La Sala decide las solicitudes de prelación de trámite y de fallo, formuladas en memoriales allegados: i) el 22 de agosto de 2017 por el señor Rolant Hywel Hughes Williams; y, ii) el 28 de agosto de 2017 por el apoderado judicial(1) de la parte demandante.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

El señor Rolant Hywel Hughes Williams y la Fiduciaria BBVA S.A., actuando por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo(2), presentaron demanda(3) contra las resoluciones 117 de 2 de abril de 2008 “Por la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra”, 017 de 27 de febrero de 2009 “Por la cual se decreta una expropiación por vía administrativa”, 058 de 5 de mayo de 2009 “Por la cual se decide un recurso de reposición contra la Resolución de expropiación Nº 017 de febrero 27 de 2009”, y 064 de 29 de mayo de 2009 “Por la cual se decide un recurso de reposición contra la Resolución de expropiación Nº 017 de febrero 27 de 2009”, expedidas por el Gerente General del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla, Transmetro S.A.

A título de restablecimiento del derecho, los actores solicitaron: i) suspender las acciones y operaciones adelantadas por la demandada en el predio expropiado(4), a fin de utilizarlo; ii) recuperar en forma total la titularidad del bien; y, iii) reconocer y pagar el valor de los perjuicios causados.

Adicionalmente, con la demanda, los actores solicitaron decretar la suspensión provisional de los actos administrativos demandados por considerar que estas vulneran y desconocen preceptos constitucionales(5) y legales(6), en el entendido que, a su juicio, el proceso de expropiación fue abiertamente ilegal y violatorio del debido proceso.

I.2. Trámite procesal

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto de 28 de julio de 2010(7), providencia en la que también se negó la suspensión provisional de los actos acusados por considerar que no era posible inferir la manifiesta violación alegada, toda vez que mediaban situaciones fácticas y legales que requerían un estudio de fondo.

Contra la decisión de negar la suspensión provisional de los actos acusados, los actores interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado(8), a través de providencia de 16 de marzo de 2016(9), en el sentido de confirmar el auto recurrido, por considerar que de la confrontación directa del texto de los actos acusados con las normas invocadas como infringidas no se aprecia la violación de al menos una de los preceptos superiores.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de sentencia de 19 de septiembre de 2014(10), accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que el avalúo efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla no cumplió con los requisitos mínimos para servir de sustento del precio indemnizatorio, debido a que el método de valoración adoptado –“homogenización de lotes”–, se efectuó frente predios que no se encontraban en el sector del inmueble expropiado ni en el área de influencia del proyecto Transmetro, motivo por el cual dichos predios no eran semejantes ni comparables al del objeto del avalúo.

El a quo también señaló que el precio indemnizatorio no se ajustó a las exigencias legales comoquiera que el avalúo, presentado por la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, perdió vigencia debido a que se basó en precios del año 2005 cuando la oferta se realizó en el año 2007 y la expropiación y entrega del precio indemnizatorio se dio en 2009.

Tal decisión fue objeto del recurso de apelación por parte de la sociedad Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla, Transmetro S.A.S., impugnación que fue admitida por el despacho sustanciador en auto de 30 de junio de 2016(11), y encontrándose el proceso para correr traslado previsto en el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, esto es, alegar de conclusión, la parte demandante solicitó la prelación de trámite y fallo, con fundamento en el numeral 5º de la Ley 3887 de 1997.

II. Las solicitudes de prelación

En escritos separados, visibles a folios 10, 13 y 15 del cuaderno de instancia, el señor Rolant Hywel Hughes Williams y su apoderado especial, en aplicación de lo dispuesto en el “numeral 5º del artículo 71 de la Ley 388 de 1997”, solicitan dar prelación de trámite y fallo del asunto de la referencia, en los siguientes términos:

II.1. Solicitud del señor Rolant Hywel Hughes Williams

El señor Rolant Hywel Hughes Williams solicita que se le otorgue “prioridad constitucional reforzada” respecto del recurso de apelación que interpuso la sociedad Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla, Transmetro S.A.S., contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 19 de septiembre de 2014, en razón de su edad de 84 años(12).

Sostiene que la expropiación del lote de terreno de su propiedad se efectuó en el año 2008, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 388 de 18 de julio de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”; mientras que el recurso objeto de resolución llegó al Consejo de Estado “luego de más de dos años de haberse interpuesto” y que el trámite del recurso lleva más de un año desde su radicación, pese a que la Ley 388 de 1997 establece un trámite “especial, expedito y preferente”.

Indica que por su edad avanzada y “un estado de salud que no me permite tener certeza de que pueda esperar el resultado de la alzada, ya que mis amigos de mi edad están muertos o seriamente impedidos por salud, lo que me indica que a mí tampoco me queda mucho tiempo […] suplicó dar estricto y cabal cumplimiento al mandato constitucional invocado y reglado en el artículo 5º de la Ley 1437 de 2011(13)”.(14)

Manifiesta que el proceso de la referencia surte la ritualidad del proceso abreviado, bajo las disposiciones procedimentales especiales de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, norma que establece que la “apelación será decidida de plano”.

Aduce que el proceso de la referencia lo promovió en el año 2009 e insiste en que actualmente tiene 84 años de edad y que lo prolongado del asunto le impide disfrutar de su patrimonio “no solo por un proceso expropiatorio injusto, sino que además sufriendo desgaste moral más los gastos que conlleva un dilatado proceso”.(15)

II.2. Solicitud del apoderado especial del actor

El apoderado especial del señor Rolant Hywel Hughes Williams solicita dar aplicación a las normas procedimentales especiales de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, que establecen “la facilidad del Estado para hacerse a bienes de propiedad privada, […] el término de un año debería quedar resuelta cualquier diferencia”.(16)

II. Consideraciones de la Sala

Previo a resolver de fondo las solicitudes de prelación de trámite y fallo del asunto de la referencia, la Sala considera conveniente pronunciarse respecto del derecho de postulación para formularlas.

El despacho precisa que el artículo 229 de la Constitución Política establece que a toda persona se le garantiza el acceso a la administración de justicia y que la Ley indicará en qué casos lo podrá hacer sin necesidad de un abogado. En efecto, el artículo en cita dispone:

“[…] Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado […]” (Negrilla por fuera de texto).

De la norma anterior se desprende que para acceder a la administración de justicia, por regla general, es necesario actuar mediante abogado, salvo las excepciones establecidas por la propia Constitución y la ley.

El artículo 28 del Decreto 196 de 12 de febrero de 1971(17) establece algunos casos en los cuales se puede litigar en causa propia sin ser abogado inscrito. La norma en cita dispone:

“[…] Artículo 28. Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos:

1. En ejercicio del derecho de petición y de las acciones públicas consagradas por la Constitución y las leyes.

2. En los procesos de mínima cuantía.

3. En las diligencias administrativas de conciliación y en los procesos de única instancia en materia laboral.

4. En los actos de oposición en diligencias judiciales o administrativas, tales como secuestros, entrega o seguridad de bienes, posesión de minas u otros análogos. Pero la actuación judicial posterior a que dé lugar la oposición formulada en el momento de la diligencia deberá ser patrocinada por abogado inscrito, si así lo exige la ley […]”.

Ahora bien, la intervención del accionante sin la representación de un abogado dentro del proceso iniciado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no se encuentra dentro de las excepciones planteadas por la norma citada anteriormente, además, el artículo 73 del Código General del Proceso, establece que quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo mediante abogado inscrito. En efecto el artículo citado establece:

“[…] Artículo 73. Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa […]”.

Por un lado, la Sala advierte que la solicitud de la declaratoria de nulidad fue realizada directamente por el señor Rolant Hywel Hughes Williams, en nombre propio, omitiendo el cumplimiento del derecho de postulación, por lo tanto, al no cumplir el mencionado requisito legal, dicha solicitud ni produce efectos, ni puede ser objeto de pronunciamiento de fondo por parte de este despacho.

Por otro lado, la Sala advierte que, si en gracia de discusión se aceptara estudiar fondo la solicitud de declaratoria de nulidad de todo lo actuado desde el 30 de noviembre de 2016, no habría lugar a acceder a dicha solicitud, comoquiera que no se ha proferido providencia judicial alguna desde el auto de 30 de marzo de 2016 que inadmitió la demanda, hasta la fecha.

En consecuencia, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la solicitud de prelación de trámite y fallo formulada por el señor Rolant Hywel Hughes Williams, en nombre propio.

En lo que tiene que ver con la solicitud de prelación de trámite y fallo formulada por el apoderado especial señor del Rolant Hywel Hughes Williams, la Sala advierte que el artículo 18 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998(18), establece el deber de las autoridades judiciales de proferir las decisiones teniendo en cuenta el orden en que los expedientes hayan ingresado a los Despachos judiciales para dictar sentencia; orden que, excepcionalmente, podrá alterarse en los eventos previstos para el efecto en el ordenamiento jurídico.

La norma en comento, es del siguiente tenor literal:

“[…] Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al juez o ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden […]” (Destaca la Sala).

Por su parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 22 de enero de 2009(19), modificatorio de la Ley 270 de 7 de marzo 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, dispone:

“[…] ARTÍCULO 16. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente.

Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.

[…]

PARÁGRAFO 1º.- Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 […]” (Destaca la Sala).

De igual forma, el inciso 2º del artículo 7º, Ley 1105 de 13 de diciembre de 2006(20), prevé:

“[…] Sin perjuicio del trámite preferente que debe dar a las acciones instituidas por la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo dará prelación al trámite y decisión de los procesos en los cuales sea parte una entidad pública en liquidación.

[…]”.

De las normas anteriormente transcritas, se tiene que la alteración del orden del trámite y fallo de los procesos, solo es procedente cuando: i) de manera oficiosa se observe la importancia jurídica, la trascendencia social de la controversia o cuando una entidad de carácter público que se encuentra en liquidación, tenga la calidad de parte procesal; ii) a petición del Ministerio Público; y iii) en los procesos en los cuales sea parte una entidad pública en liquidación.

Ahora bien, en lo que relacionado con la solicitud de prelación de trámite y fallo formulada por el apoderado especial señor del Rolant Hywel Hughes Williams, la Sala considera que esta no es procedente como se dispondrá en la parte resolutiva del presente proveído. Sin embargo, la Sala, procederá a estudiar, de manera oficiosa, la viabilidad de acceder a la prelación.

En el caso concreto, la solicitud de prelación tiene como fundamento: i) la prevalencia de las decisiones en materia de expropiación por vía administrativa, procedimiento regulado por el artículo 71 de la Ley 388; y, ii) la edad del señor Rolant Hywel Hughes Williams, quien dice tener en la actualidad 84 años.

En materia de expropiación, el artículo 71 de la Ley 388, establece:

“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

[…]

Artículo 71. Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares:

[…]

5. Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el Honorable Consejo de Estado, el cual decidirá de plano, salvo que discrecionalmente estime necesaria practicar nuevas pruebas durante un lapso no superior a un mes. La parte que no ha apelado podrá presentar sus alegaciones, por una sola vez, en cualquier momento antes de que el proceso entre al despacho para pronunciar sentencia […]”.

De lo anterior, se infiere que aún cuando los recursos de apelación que se interponen contra sentencias proferidas en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho instaurados contra actos que deciden asuntos sobre expropiación por vía administrativa podrán resolverse de plano, ello no implica alterar el turno de la elaboración del proyecto de fallo de los demás asuntos que ingresen con antelación al Despacho Sustanciador para tal efecto.

En ese sentido, no es de recibo el argumento del solicitante, relacionado con la prelación de procesos en materia de expropiación, comoquiera que el referido artículo 18 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998(21), establece que el Juez Contencioso Administrativo tiene la obligación de proferir las sentencias en el mismo orden cronológico en el que los expedientes pasan al despacho para tal fin, sin distinguir materia, orden que podrá alterarse atendiendo la naturaleza del asunto o solicitud del Agente del Ministerio Público.

Por lo anterior, a juicio de la Sala, las razones invocadas en la solicitudes de prelación en mención, no se subsumen en los supuestos establecidos en las precitadas normas legales, comoquiera que de las circunstancias invocadas por el señor Rolant Hywel Hughes Williams no comportan asuntos atinentes a la seguridad nacional, la afectación grave del patrimonio nacional o de derechos humanos, y tampoco la entidad demandada se encuentra en proceso de liquidación.

En relación con la edad del señor Rolant Hywel Hughes Williams, quien tiene en la actualidad 84 años, la Sala advierte que, si bien, la edad actual del demandante lo ubica como un adulto mayor dado que, sobrepasa el índice de promedio de vida de los colombianos y como sujeto de especial protección constitucional, el actor no acreditó que se encuentre ante una situación crítica de salud o económica que le impida soportar el curso normal del proceso.

Si bien es cierto el prolongado transcurso del tiempo desde la interposición de la demanda y el estado actual del proceso acarrean un desgaste para las partes, que por mandato constitucional, las actuaciones judiciales deben adelantarse con diligencia y cumplimiento de los términos, debido al alto número de demandas que se presentan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo esa expectativa se desvanece. Sobre la congestión judicial, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1019 de 2010, señaló:

“Debe recordarse, de otra parte, que la morosidad en la administración de justicia suele ser responsabilidad, no solo de los propios servidores de ésta, sino de otros factores de carácter estructural y de larga incidencia, incluyendo las argucias de los litigantes, los embrollados procedimientos, la falta de mecanismos alternativos apropiados y la insuficiencia de recursos para el cumplimiento de la labor asignada a la Rama Judicial, usualmente emanados de la falta de voluntad política y de gestión eficiente por las otras ramas del poder público, (…)”(22).

Así las cosas, es deber del juez resolver los litigios en condiciones de equilibrio, ponderación, imparcialidad y conservar el orden de ingresos de los expediente al Despacho para su resolución, situación que preserva la efectividad de los derechos de los demás ciudadanos que se encuentran en iguales condiciones o de mayor apremio que las del solicitante.

2.1. Conclusión.

De acuerdo con lo anterior, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la solicitud de prelación formulada por el señor Rolant Hywel Hughes Williams, en tanto la efectuó en nombre propio; concluye que solicitud presentada por el apoderado del actor no es procedente porque, en el sub examine, se discute la legalidad de actos administrativos cuyos efectos radican, única y exclusivamente, en el señor Hughes Williams y en la Fiduciaria BBVA S.A., asunto que de ninguna manera reviste la importancia jurídica y la transcendencia social aludida en las normas legales en comento.

Adicionalmente, la Sala considera que los supuestos de hecho y de derecho expuestos por el Rolant Hywel Hughes Williams y por su apoderado especial, no lograron evidenciar una situación de inminencia, necesidad o urgencia, que permita fallar el asunto de forma preferente. Con fundamento en los anteriores argumentos, la Sala no accederá a la prelación solicitada por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. ABSTENERSE de hacer un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de prelación de trámite y fallo presentada por el señor Rolant Hywel Hughes Williams el 22 de agosto de 2017.

2. RECHAZAR por improcedente la solicitud de prelación de trámite y fallo presentada por el apoderado especial del señor Rolant Hywel Hughes Williams, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

3. NO ACCEDER a la prelación al trámite y decisión de la cuestión de legalidad planteada por el señor Rolant Hywel Hughes Williams y su apoderado especial, por cuanto no se configuran los supuestos de que tratan los artículos 18 de la Ley 446, y 16 de la Ley 1285.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés—María Elizabeth García González—Oswaldo Giraldo López—Hernando Sánchez Sánchez.

1 Poder de sustitución visible a folio 7 del cuaderno de segunda 3 de segunda instancia.

2 […]
“Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”.

3 Cfr. folios 1 a 315 de los cuadernos 1 y 2 del expediente.

4 Lote 2 A, identificado con matrícula inmobiliaria Nº 040-291123.

5 Artículos 29 de la Constitución Política.

6 Ley 388 de 18 de julio de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 1420 de 24 de julio de 1998 “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 27 del Decreto-Ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-Ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

7 Providencia visible a folios 416 a 423 del cuaderno 2 del expediente.

8 M. P. María Claudia Rojas Lasso.

9 Cfr. folios 9 a 22 del cuaderno 2 de segunda instancia.

10 Cfr. folios 225 a 251 del cuaderno 3 del expediente.

11 Cfr. folios 4 del cuaderno 3 de segunda instancia.

12 La fecha de nacimiento del solicitante es el 23 de marzo de 1933, de acuerdo con la cédula de ciudadanía visible a folio 11 ibídem.

13 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
[…]
Artículo 5º. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:
[…]
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de, debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.
[…]”.

14 Escrito radicado el 10 de mayo de 2017, folio 10 del cuaderno 3 de segunda instancia.

15 Escrito radicado el 22 de agosto de 2017, folio 13 ibídem.

16 Escrito radicado el 28 de agosto de 2017 folio 15 ibídem.

17 Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.

18 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.

19 “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”.

20 “Por medio de la cual se modifica el Decreto-Ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones”.

21 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.

22 Corte Constitucional. Sentencia T-1019 de 9 de diciembre de 2010. M. P. Nilson Pinilla.