Auto 2010-00007 de abril 29 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Proceso 11001-03-28-000-2010-00007-00

Radicado interno 2010-0007

Consejero Ponente:

Dr. Filemón Jiménez Ochoa

Demandante: Jaime Ramírez Arias

Demandado: Eduardo Pastrana Bonilla (Rector de la Universidad Surcolombiana - 2010-2014)

Electoral Única Instancia - Auto

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil diez.

I.

El señor Jaime Ramírez Arias, actuando en nombre propio, y en ejercicio de la acción electoral, solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 0006 de 19 de marzo de 2010 “Por la cual se designa rector de la Universidad Surcolombiana para el período estatutario comprendido entre el 19 de marzo de 2010 y el 18 de marzo de 2014 y se concede una comisión”, en cuanto a través del mismo se eligió al Ingeniero Agrónomo Eduardo Bonilla Pastrana como rector.

En el encabezado de la demanda dijo “[e]n ejercicio de la acción pública de nulidad señalada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presento ante ustedes demanda de nulidad simple contra la Resolución 006 de fecha 19 de marzo de 2010 expedido (sic) por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana y suspensión provisional del acto, por considerar que las censuras para sustentar la medida precautelativa, permitían evidenciar que se produjera de manera incontestable, la violación de las normas superiores:...”(1).

Y en escrito radicado el 27 de abril de 2010(2), en el que sustenta la medida cautelar, adujo que el acto demandado violaba, en forma flagrante, el contenido del numeral 7º de inciso 4º del artículo 2º del Acuerdo 038 de 23 de septiembre de 2009, a través del cual el Consejo Superior Universitario estableció el proceso para la elección de rector, en cuanto dispuso que los aspirantes debían acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo, entre otros, el de ausencia de sanciones disciplinarias en el ejercicio de la correspondiente profesión, a través de certificación expedida por la “[a]utoridad o entidad competente con una fecha no superior a 30 días” y el demandado, en condición de Ingeniero Agrónomo, según la Resolución 037 del 14 de diciembre de 2009, que definía la lista de aspirantes que reunían los requisitos para ser designado rector, allegó certificado de antecedentes de la profesión expedido por el Consejo Seccional de Cundinamarca de Ingeniería y sus Profesiones Afines “Copnia - Cundinamarca”, cuando conforme al artículo 1º de la Ley 1325 de 2009, la función de inspección, vigilancia y control del ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo, y por ende la competencia para certificar la ausencia sanciones, correspondía al Consejo Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Afines, Copnia.

Así también porque luego de que se produjo la Resolución 037 de 13 de diciembre de 2009, “aparece, extrañamente” un certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Seccional del Tolima de Ingeniería y sus Profesiones Afines, Copnia, Tolima, por lo que el acto demandado eligió a una persona que no acreditó, en oportunidad, los requisitos para ser elegido.

II.

1. De la admisión de la demanda.

Por haber sido presentada oportunamente y con el lleno de los requisitos formales que prevén los artículos 137 y 139 del Código Contencioso Administrativo, deberá ser admitida y así se dispondrá en la parte resolutiva.

2. De la suspensión provisional

El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo al establecer la medida de la suspensión provisional dispone:

“Procedencia de la suspensión. El Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

“(...)”.

Como lo establece la norma transcrita, para que prospere la medida excepcional de suspensión provisional de un acto administrativo se requiere, de una parte, que se solicite y se sustente en forma expresa en la demanda o en escrito separado, antes de que se admita y, de otra, cuando se demanda en ejercicio de la acción de simple nulidad, que haya manifiesta infracción de las normas que se aducen como conculcadas, la que debe revelarse por confrontación directa o mediante documentos públicos allegados al proceso.

Pues bien, como quedó visto en los antecedentes, la medida cautelar deprecada fue solicitada “antes de que se admitiera la demanda”, además se halla sustentada.

Sin embargo resulta improcedente ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto de elección porque en el sub lite no se revela la “[m]anifiesta infracción...”, a la que se refiere el artículo 152.

Y ello porque para verificar la existencia de una circunstancia como la que se denuncia en el escrito contentivo de la medida cautelar y si esta comportó una irregularidad que afectó la legalidad del acto de elección que se demanda, se debe adelantar un examen probatorio sobre los antecedentes del proceso electoral, que son los únicos que dan cuenta de qué documento aportó el demandado en orden a probar la ausencia de antecedentes disciplinarios en la profesión de ingeniero agrónomo, que no fueron allegados al proceso, así como un estudio jurídico acerca de la naturaleza del Consejo Superior de Ingeniería y sus Profesiones Afines, Copnia, y la forma como cumple las funciones que le defiere la ley, los que no pueden hacerse ab initio.

Por consiguiente, la solicitud de suspensión provisional debe ser negada.

III.

En mérito de lo expuesto se:

RESUELVE:

1. Por reunir los requisitos de orden legal, se admite la demanda presentada por el señor Jaime Ramírez Arias, en ejercicio de la acción pública electoral, contra la Resolución 0006 de 19 de marzo de 2010 mediante el cual se declaró elegido al ingeniero agrónomo Eduardo Bonilla Pastrana como rector de la Universidad Surcolombiana período 2010-2014.

En consecuencia se dispone:

1. Notifíquese esta providencia por edicto que se fijará durante cinco (5) días en la secretaría.

2. Notifíquese personalmente al señor agente del Ministerio Público que corresponda.

3. Notifíquese personalmente al Ingeniero Agrónomo Eduardo Pastrana Bonilla.

Para el efecto comisiónase al Tribunal Administrativo del Huila. Líbrese el correspondiente exhorto:

4. Cumplida la notificación, fíjese en lista por el término de tres (3) días, dentro del cual se podrá contestar la demanda y solicitar las pruebas que se pretendan hacer valer.

2. No se accede a decretar la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

Notifíquese.

Magistrados: Mauricio Torres Cuervo, Presidente—Susana Buitrago Valencia (Aclara voto)—María Nohemí Hernández PinzónFilemón Jiménez Ochoa.

Virgilio Almanza Ocampo, Secretario.

ACLARACIÓN DE VOTO

Electoral única instancia. Auto admisorio de demanda. Resuelve sobre suspensión provisional

A continuación explico el único motivo que constituye la razón por la que consideré necesario aclarar mi voto en cuanto al contenido del auto de la referencia, aprobado unánimemente por la Sala, sin reparos excepto el que aquí planteo.

Este auto admite la demanda de nulidad electoral que fue instaurada contra el acto de elección del Rector de la Universidad Surcolombiana —periodo 2010-2014—, y niega la suspensión provisional de los efectos de éste. El acto corresponde a la Resolución 0006 de marzo 19 de 2010, proferida por el Consejo Superior Universitario.

En mi criterio tal auto admisorio debió incluir en su parte resolutiva, pero no lo hizo, la orden a la Secretaría de la Sección Quinta de comunicar a la entidad o a la autoridad pública que produjo el acto que se acusa, en este caso al Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana, sobre la aceptación de la demanda.

Si bien esta comunicación no es un requisito de naturaleza legal en estricto sentido, como quiera que la regulación vigente del proceso contencioso electoral únicamente erige como demandado en esta clase de juicio al elegido o al nombrado, en atención a lo que prevé el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por lo que se ha asumido tradicionalmente y, por regla general en el precedente, que no existe deber legal de enterar de la iniciación del proceso a la autoridad que produjo el acto, lo cierto es que el interés en la defensa de la legalidad de éste no sólo recae en aquel ciudadano a quien se nombró o eligió, sino también en la autoridad pública que declaró esa elección o que efectuó el nombramiento.

Ello es así en tanto que esa elección o nombramiento fue el resultado de un proceso en el cual intervino no solo el interesado en alcanzar su designación con su postulación o inscripción, a quien correspondió acreditar las condiciones y requisitos generales de elegibilidad, ausencia de inhabilidades, así como también los específicos del cargo según corresponda, sino que además, por obvias razones, en tal trámite participó activamente la autoridad pública que ejerció la facultad nominadora (tratándose de nombramientos) o que cumplió la potestad de adelantar el proceso de elección y de declarar esta.

En el ejercicio de esa función que es eminentemente reglada, debió la autoridad designante observar una normatividad y un procedimiento, así como actuar en el transcurso de todo el trámite, con estricta sujeción a los parámetros señalados por el ordenamiento jurídico.

De esta manera, es evidente que ostenta un claro interés en demostrar que su ejercicio de autoridad desarrollado en el trámite previo y traducido en el nombramiento o elección efectuados, estuvo acorde con la Constitución y la ley. Más aún todavía, en variadas ocasiones la causal de nulidad que se endilga al acto acusado es ajena al nombrado o al elegido comoquiera que concierne a vicios inherentes a la autoridad que lo expidió, por ejemplo frente a su competencia, o a irregularidades acaecidas en el trámite ya de un concurso público para la provisión de empleos o en un proceso electoral v. gr. en la votación o en el escrutinio.

En estos casos, cierta e indiscutiblemente, la autoridad pública que produjo el nombramiento o declaró la elección es quien realmente está en capacidad de asumir la defensa de la legalidad del acto, luego no enterarla de la iniciación del proceso podría llegar a representar una omisión en el debido proceso frente al componente derecho de defensa para ambos: elegido o nombrado y autoridad pública declarante de la elección o nominadora.

Considero entonces sensato y prudente, desde el punto de vista garantista, en especial para el elegido o el nombrado, cuyo acto de tal se controvierte, que a la autoridad que declaró la elección o que produjo el nombramiento se le informe, mediante comunicación, de lo dispuesto en el auto admisorio de la demanda, para que si lo cree conveniente, concurra al proceso al menos en calidad de interesado en sus resultas, interviniendo en defensa de la legalidad del acto.

Contribuye a reforzar esta consideración el hecho de que podría no resultar incompatible con la naturaleza especial del contencioso electoral, sino, por el contrario, concordante y complementario, respecto del contenido del auto admisorio de la demanda, dar aplicación a lo que dispone el artículo 150 ibídem en cuanto a notificar personalmente esta providencia al representante legal de la entidad pública, autoridad que en el contencioso electoral si bien no es la demandada, en todo caso, al menos nominalmente, está presente en este proceso, puesto que fue quien produjo el acto acusado.

Susana Buitrago Valencia, Consejera de Estado.

(1) Folio 1.

(2) Folio 64.