Auto 2010-00011 de agosto 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 42793

Radicado: 150012331 000~01 Q00011 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Unión Temporal Uti Tunja

Demandado: Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura

Referencia: Acción de controversias contractuales

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil catorce.

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, Unión Temporal Uti Tunja, contra el auto del 21 de septiembre de 2011, a través del cual el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió, entre otros aspectos, negar el decreto de la prueba de inspección judicial a los libros de contabilidad de la apelante.

Antecedentes

1. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá el 18 de diciembre de 2009, los señores Javier García Bejarano y José Gonzalo Cisneros Valverde, integrantes de la Unión Temporal Uti Tunja, presentaron demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo en contra de la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por el incumplimiento al deber de planeación que le era exigible a la demandada durante la vigencia del contrato 085 de 2001, celebrado entre las partes antes mencionadas (fls. 1-20, cdno. 1.). Así las cosas, a través de providencia del 22 de octubre de 2010, el referido tribunal admitió la demanda, por encontrarse reunidos en su totalidad los requisitos que para el efecto exige la ley (fl. 602, cdno. 1).

2. En el escrito de la demanda, se solicitó, entre otras cosas, el decreto de las siguientes pruebas:

3. Inspección judicial.

Sírvase decretar y practicar una inspección judicial respecto de los libros de contabilidad de la Unión Temporal Uti Tunja, en las oficinas de ésta, ubicadas en la Cte. 11 Nº 94-02 oficina 200 en la ciudad de Bogotá.

4. Dictamen pericial.

Sírvase nombrar un perito de la lista de auxiliares de la justicia para que rinda dictamen con la finalidad de cuantificar los perjuicios generados a la Unión Temporal Uti Tunja, en razón del incumplimiento de la contratante, con base en los soportes contables y demás pruebas que se alleguen y obren en el expediente, así como en lo que se verifique por parte de éste en la realización de la inspección judicial a llevarse a cabo sobre los libros de contabilidad de la Unión Temporal Uti Tunja (fl. 18, cdno. 1).

3. Con ocasión de lo anterior, por auto del 21 de septiembre de 2011, el a quo abrió a pruebas el proceso y resolvió, entre otros aspectos, denegar la inspección judicial con exhibición de libros de contabilidad solicitada por la Unión Temporal Uti Tunja, por cuanto consideró que el actor no había mencionado el objeto de la prueba ni los hechos que pretendía demostrar con la misma. No obstante, en dicha providencia el a quo accedió al decreto de la prueba pericial referente a la cuantificación de los perjuicios generados con ocasión del presunto incumplimiento de la entidad contratante, la cual debe basarse en los soportes contables y demás pruebas obrantes dentro del expediente (fls. 631-633, cdno. ppal.).

4. Estando dentro del término legal, el 30 de septiembre de 2011, el apoderado de la parte demandante —Unión Temporal Uti Tunja— presentó debidamente sustentado recurso de apelación contra el auto del 21 de septiembre de 2011, con la pretensión de que: i) fuera revocado parcialmente el auto mencionado y, en su lugar, se ordenara la práctica de la inspección judicial solicitada en el escrito de la demanda o ii) se modificara y ampliara la prueba pericial decretada en la referida providencia, en el entendido de que se incluyera como objeto de la experticia los documentos donde constan los libros de contabilidad de la demandante.

Para el efecto señaló:

(...) [s]e tiene que la prueba negada por el tribunal y que consiste en llevar a cabo la inspección judicial sobre los libros de contabilidad de la Unión Temporal Uti Tunja, en la oficina de ésta, es indispensable para el objeto del proceso, pues como se puede verificar en el acápite de pruebas la misma está direccionada a obtener la información necesaria y edil que le permitirá al perito determinar y cuantificar los perjuicios ocasionados y corroborar lo sostenido por los demandantes.

Así mismo, es pertinente recordar que los perjuicios sufridos por los integrantes de la Unión Temporal Uti Tunja se deben acreditar de forma amplia, como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional, y la prueba por excelencia para el cumplimiento de este fin es la inspección judicial sobre los documentos contables, documentos que no solo serán verificados por el perito idóneo sino que servirán de base para que en el experticio cuantifique los perjuicios generados a la Unión Temporal Uti Tunja, en razón del incumplimiento de la contratante —demandada— (fls. 493-497, cdno. ppal.). (...).

5. El 19 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Boyacá concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia que abrió la etapa probatoria del proceso (fl. 639, cdno. ppal.).

6. Por encontrarse reunidos todos los requisitos de ley, mediante providencia del 31 de enero de 2012, esta corporación admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la providencia que abrió a pruebas el proceso (fl. 644, cdno. ppal.).

Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón de su cuantía(1). Por otra parte se advierte que el auto que deniega el decreto de alguna prueba pedida oportunamente por las partes es susceptible del recurso de apelación de conformidad con el numeral 8º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo y, comoquiera que en el caso concreto el referido recurso se interpuso con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la decisión respectiva debe ser adoptada por el magistrado ponente de acuerdo con lo señalado por el artículo 61(2) ibídem, mediante el cual se adicionó al Código Contencioso Administrativo el artículo 146A.

2. Problemas jurídicos.

En primera medida, debe determinar el despacho si el medio de prueba de inspección judicial con exhibición de libros de contabilidad solicitado por la Unión Temporal Uti Tunja carece de los requisitos intrínsecos de pertinencia, conducencia y utilidad que han de asistirle respecto del caso concreto, o, si por el contrario, es viable su decreto y posterior práctica. Por otra parte, de hallarse negativo el primer interrogante planteado, será preciso establecer si la ley procesal permite la ampliación del dictamen pericial decretado por el a quo.

3. El caso sub examine.

Teniendo en cuenta que el Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, aplicable por factor temporal a este proceso(3), establece de manera expresa en su artículo 168(4) que a los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplican, en tanto resultaren compatibles, las normas consagradas en el Código de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y criterios de valoración, por lo que considera el despacho que para poder emitir un pronunciamiento de fondo es indispensable apoyarse en la normatividad que exista sobre el tema en el Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo con lo anterior, es claro que en los procesos contenciosos administrativos las partes cuentan con todos los medios de prueba contemplados en el Código de Procedimiento Civil para obtener las pruebas que pretendan hacer valer en el proceso, y que conlleven efectivamente a demostrar los hechos alegados tanto en la demanda como en la contestación de la misma, según sea el caso, lo cual resulta apenas razonable si se tiene en cuenta que es deber de las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen(5), salvo en los casos en los que se trate de un hecho notorio o de afirmaciones o negaciones indefinidas de las partes, casos en los cuales no se requiere de prueba para su demostración. Sin embargo, esto no quiere decir que las partes puedan hacer un uso inadecuado e indiscriminado de los diversos medios probatorios consagrados en la ley, pues actuaciones como estas podrían conllevar a la dilación o prolongación injustificada del proceso e irían en contravía de lo que indica el principio de celeridad en las actuaciones procesales, el cual propugna porque el juicio tenga un desarrollo rápido y adecuado.

En este orden de ideas, así como el Código de Procedimiento Civil establece los medios con los que cuentan las partes para la obtención de pruebas, también contempla algunas facultades discrecionales que se encuentran encaminadas a limitar la libertad probatoria otorgada a las partes, y cuyo ejercicio se encuentra reservado al criterio del juez instructor del proceso en cumplimiento de su deber de dirección del mismo(6), previsiones legales que se encuentran establecidas con el propósito de materializar el principio de economía procesal y de evitar el ejercicio desmedido de los derechos probatorios de las partes.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que algunas de las facultades con las que cuenta el juez director del proceso para limitar el ejercicio de la libertad probatoria de las partes son el rechazo in limine(7) de las pruebas legalmente prohibidas, ineficaces, impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas, la de limitar la recepción de testimonios cuando se consideren suficientemente esclarecidos los hechos tema de la prueba(8) y la de restringir el número de peritos que puedan participar en un proceso(9), entre otras.

Con base en lo expuesto, se puede concluir que todos los medios de prueba contemplados en la ley pueden ser solicitados por las partes involucradas en un litigio, pero los mismos pueden ser objeto de limitación o negación por parte del juez de conocimiento en los casos expresamente previstos en la ley, siempre y cuando se encuentre debidamente sustentado el motivo de negación o limitación de la prueba.

Ahora bien, en orden a resolver los cuestionamientos jurídicos antes planteados, es menester precisar con qué finalidad se instituyó el medio probatorio de la inspección judicial y cuál es el espíritu que le asiste a la norma que lo consagra.

De tal manera, conviene destacar que el medio probatorio bajo estudio está encaminado a que el juez tenga un contacto directo con el objeto de la prueba, llámese lugares, personas, cosas o documentos, donde predomine su percepción por medio de los sentidos. Ahora, del contenido del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil se desprende que la inspección judicial se torna necesaria solo cuando la verificación y esclarecimiento de los hechos materia del proceso no sea posible a través de otros medios de prueba(10), pues la norma es clara al indicar que el juez dentro de su arbitrio puede considerar innecesario el decreto de la misma, en tanto pueda lograr la convicción sobre el thema probandum mediante otros medios probatorios, tales como el dictamen pericial.

Así las cosas, es posible que el juez niegue una inspección si se puede suplir con el decreto de un dictamen pericial o de hallarse innecesaria si se tiene en cuenta que dentro del proceso obran pruebas suficientes para llegar al esclarecimiento de los hechos.

En dichos términos ha quedado sentada la posición jurisprudencial de esta corporación, la cual mediante sentencia del 19 de julio de 2002(11) dijo:

En este caso, según quedó visto en el resumen que antecede, el a quo denegó la inspección judicial con exhibición de documentos solicitada al estimar que (...) la misma no es necesaria, toda vez que lo pretendido bien puede ser suplido con el informe rendido por los peritos designados, a más de advertir que los antecedentes administrativos de los actos de fusión, cesión y en fin los contratos de que trata la demanda, fueron solicitados y decretados conforme se observa (...).

Así las cosas, es importante anotar que en el caso concreto el dictamen pericial ordenado por el a quo en el auto que abrió el proceso a pruebas suple la inspección judicial en la medida que con aquella plenamente se puede cumplir con el propósito del demandante, en la medida que con la misma también se pretende obtener la cuantificación de los perjuicios causados por la demandada, de tal forma que el último de los medios de prueba mencionados podía ser denegado.

En atención a los argumentos expuestos, estima el despacho que en el presente caso debe confirmarse el numeral 2º(12) del acápite denominado “pruebas de la parte actora” contenido en el auto del 21 de septiembre de 2011 (fl. 632, cdno. ppal.), en el que el juez de primera instancia resolvió negar inspección judicial sobre los libros de contabilidad de la Unión Temporal Uti Tunja, en tanto dentro de sus potestades la consideró innecesaria para esclarecer el objeto de la prueba, máxime si se tiene en cuenta que ordenó la práctica del medio probatorio pericial sobre todos los documentos aportados con la demanda, entre estos, los soportes contables de la unión temporal demandante en el proceso de la referencia.

De acuerdo con lo anterior, debe resaltarse que con la prueba pericial decretada se ordenó realizar un experticio teniendo en cuenta los soportes contables y las demás pruebas allegadas al proceso en el libelo de la demanda, por lo que se concluye que no es necesaria la inspección de los libros de contabilidad de la Unión Temporal Uti Tunja para satisfacer las intenciones probatorias de la misma.

De otra parte, si lo que pretende el demandante es ampliar a otros puntos que no fueron descritos en el libelo de la demanda, vale la pena advertir que el numeral 4º del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 109 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, faculta a las partes para que, hasta la diligencia de posesión del perito encargado para realizar el dictamen sobre los libros de contabilidad de la demandante y durante ésta, soliciten la ampliación del mismo en tratándose de puntos relacionados(13).

Además, cabe anotar que es deber de las partes colaborar con la tarea asignada por el juez al perito(14), por lo que será deber de la parte actora facilitarle al auxiliar de la justicia la documentación pertinente, en este caso los libros de contabilidad, a fin de que pueda cuantificar los perjuicios que presuntamente se le generaron con el supuesto incumplimiento de la entidad demandada.

Por último, cabe anotar que la decisión que se tome en el fallo de instancia ha de adoptarse en consideración al acumulado de las pruebas recaudadas en el transcurso del proceso en tanto estas conforman una unidad, por lo que, es claro que en aplicación al principio de libre apreciación probatoria, en primer lugar, tendrá que dársele el valor probatorio que les corresponda a cada una en su individualidad, y en segundo, habrán de valorarse posteriormente a fin de confrontar e identificar las correspondencias y discordancias presentes en dicha unidad.

En este orden de ideas, no se revocará la decisión impugnada en lo referente a la negativa de acceder a la inspección judicial solicitada por la parte demandante, ya que se encuentra demostrado que el dictamen pericial ordenado suple la finalidad de ese medio probatorio, el cual no es otro que obtener la cuantificación de los perjuicios presuntamente causados a la Unión Temporal Uti Tunja.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión adoptada en el numeral 2º del acápite denominado “Parte actora” del auto de pruebas proferido el 21 de septiembre de 2011, a través del cual el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió denegar la inspección judicial solicitada por la parte demandante.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para que continúe con el trámite correspondiente.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Ramiro Pazos Guerrero.

(1) Comoquiera que ésta asciende a la suma de $ 16.007.968.127, la cual resulta superior a los 500 smlmv exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para los procesos de reparación directa iniciados en el año 2011 ($ 267.800.000), y teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

(2) “ART. 61.—El Código Contencioso Administrativo tendrá un nuevo artículo, cuyo texto será el siguiente.

ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente. Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia”.

(3) Comoquiera que la demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2009 ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, y de conformidad con la regla establecida en el último inciso del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece: “(...) Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminaran con el régimen jurídico anterior”.

(4) “Artículo 168 del Código Contencioso Administrativo. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del de procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

(5) “Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

(6) “Artículo 37 del Código de Procedimiento Civil. Modificado. Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 13. Son deberes del juez: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran. (...)”.

(7) “Artículo 178 del Código de Procedimiento Civil. Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.

(8) “Artículo 219 del Código de Procedimiento Civil. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos, y enunciarse sucintamente el objeto de la prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esta prueba. (...)”.

(9) “Artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. Modificado. Ley 794 de 2003, artículo 24. Sin importar la cuantía o naturaleza del proceso, todo dictamen se practicará por un (1) solo perito”.

(10) “Artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, el examen judicial de personas, lugares, cosas o documentos. (...).

El juez podrá negarse a decretar la inspección judicial si considera que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, o que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso; (...)”.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, providencia del 19 de julio de 2002, expediente 25000-23-27-000-2001-0013-02 (AG-0013). C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(12) “2. Deniéguese la inspección judicial respecto de los libros de contabilidad de la Unión Temporal Uti Tunja, en las oficinas de ésta, ubicadas en la carrera 11 Nº 94-02, oficina 200 en la ciudad de Bogotá, por cuanto no menciona el objeto, ni los hechos que pretende demostrar”.

(13) “(...) 4. Desde la notificación del auto que decrete el peritaje, hasta la diligencia de posesión de los peritos y durante ésta, las partes podrán pedir que el dictamen se extienda a otros puntos relacionados sobre las cuales se decretó; y el juez lo ordenará de plano si lo considera procedente, por auto que no tendrá recurso alguno”.

(14) “Artículo 242 del Código de Procedimiento Civil. Modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 112. Las partes tienen el deber de colaborar con los peritos, de facilitarles los datos, las cosas y el acceso a los lugares que ellos consideren necesarios para el desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciere se hará constar así en el dictamen y el juez apreciará tal conducta como indicio en su contra, sin perjuicio de los dispuesto en el numeral 1º del artículo 39.

Si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, los peritos lo informarán al juez, quien le ordenará facilitar la peritación; si no lo hiciere, la condenará a pagar honorarios a los peritos y multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales. Tal conducta se apreciará como indicio en su contra”.