Sentencia 2010-00018 de febrero 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Proceso: 110010326000201000018 00 (38.455)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Defensoría del Pueblo

Demandado: Eduardo Cifuentes Muñoz

Referencia: acción de repetición

Bogotá, D.C., febrero veintisiete de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia del Consejo de Estado.

La corporación es competente para conocer, en única instancia, de la acción de repetición interpuesta por la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo normado en el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, por cuanto la demanda se dirigió en contra del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, en su condición de exDefensor del Pueblo, circunstancia que radica en el Consejo de Estado el conocimiento del proceso de manera privativa.

2. Procedencia del recurso de reposición.

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, el recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicta el ponente o los interlocutorios que adopten las Salas del Consejo de Estado o por los tribunales, o por el juez, cuando no sean susceptibles de apelación.

Por su parte, de manera más precisa, el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo dispone que contra el auto que admita la demanda procederá, únicamente, el recurso de reposición.

Por lo tanto, se impone concluir que el recurso interpuesto por la parte demandada resulta procedente.

3. La acción de repetición y los requisitos establecidos para la procedencia de la misma(1). 

Esta acción,como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado, tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exservidor público e incluso del particular investido de una función pública hayan debido salir del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización, por manera que la finalidad de la misma la constituye la protección del patrimonio estatal, necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado social de derecho.

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “… en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”.

En tal sentido, cabe precisar que la acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exfuncionario suyo o de un particular en ejercicio de funciones públicas pueda solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto. De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal se encuentra facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. En este último evento, la responsabilidad del funcionario habrá de establecerse durante el proceso correspondiente.

Esta posibilidad ha sido consagrada también en ordenamientos especiales tales como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, la cual, en su artículo 71, consagró que “… en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”, norma referida, en este caso, a los funcionarios y empleados de la rama judicial.

El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “… por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

Dicha ley definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercerá contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con tales propósitos; fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con el cobijo de los segundos regula asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso.

Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente o exagente del Estado o particular en ejercicio de funciones públicas; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.

4. El requisito de procedibilidad en las acciones de repetición.

En relación con la conciliación extrajudicial en las acciones de esta naturaleza, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 3 de marzo de 2010, señaló:

“Resulta procedente, por tanto, destacar que el decreto reglamentario excedió sus facultades, al ampliar los efectos del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, a la acción de repetición, toda vez que esta última enuncia inequívocamente las acciones a las que se les aplica este requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y que en su orden son, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la de reparación directa y la de controversias contractuales, así como también contrarió el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, que dispone expresamente que el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial no se aplica a la acción de repetición.

En virtud de lo anterior, la Sala inaplicará el parágrafo 4º del artículo 2º del Decreto Reglamentario 1716 de 2009 por ilegalidad, para en su lugar, dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y en la Sentencia C-713 de 2008 de la Corte Constitucional, que analizó la constitucionalidad del mismo.

Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que erró el tribunal al extender la aplicación del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial a la acción de repetición que se examina en el presente caso, pues el artículo 13 de la Ley 1285 es taxativo en la enumeración de las acciones a las que pretende aplicarse, y el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, lo es al sostener que el requisito no tendrá aplicación en las acciones de repetición” (negrillas y subrayas adicionales).

5. Los documentos aportados con la demanda.

La parte demandante presentó con la demanda, entre otros documentos, los siguientes que se tienen en cuenta de manera preliminar para efectos de desatar el recurso de reposición en estudio, sin desconocer que aún no han sido formalmente decretados como pruebas y menos se ha surtido, respecto de los mismos, contradicción alguna por la parte demandada, por manera que su consideración no compromete la valoración que pudiera corresponderles y que la corporación únicamente puede efectuar de manera definitiva, previa garantía efectiva del debido proceso, al momento de dictar el fallo que ponga fin al proceso.

5.1. Copia auténtica de la Resolución 0159, expedida por la Defensoría del Pueblo, el 1º de febrero de 1994, por medio de la cual se consagran las funciones del Defensor del Pueblo, entre otros funcionarios de esa entidad (fls. 23 a 43).

5.2. Certificación expedida por la coordinación de gestión del talento humano de la Defensoría del Pueblo, en la cual consta que el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz desempeñó el cargo de Defensor del Pueblo para el periodo 2000-2004 y que “mediante sesión ordinaria del día miércoles veinte (20) de agosto de 2003, la Cámara de Representantes le aceptó la renuncia al doctor Eduardo Cifuentes Muñoz al cargo de Defensor del Pueblo, a partir del 1º de septiembre de 2003” (fl. 69).

5.3. Copia auténtica de la Resolución 789 del 8 de agosto de 2007, expedida por la Defensoría del Pueblo, mediante la cual se determinó:

“Que mediante fallo del 10 de mayo de 2007, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, dispuso:

“1. Decrétase la nulidad de la Resolución 044 del 17 de enero de 2001, proferida por el Defensor del Pueblo, por medio de la cual le fue aceptada la renuncia a Jorge Enrique Bejarano Gómez.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada reintegrar al actor al cargo de jefe de la oficina de control interno, grado 20, con el pago de todos los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento en que sea efectivamente reintegrado. De las sumas que se ordena pagar, se descontará lo que el demandante haya percibido del tesoro público durante ese lapso.

3. Declárese para todos los efectos legales que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio”.

(…).

En merito de lo expuesto, Resuelve:

“ART. 1º—Reintégrese al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, portador de la cédula de ciudadanía Nº 2.911.933 de Bogotá, en el cargo de jefe de la oficina de control interno, grado 20, perteneciente al nivel ejecutivo, cargo éste de libre nombramiento y remoción, con una asignación salarial mensual de tres millones cuatrocientos treinta mil doscientos cuatro pesos ($ 3’430.204), de conformidad con la parte motiva de esta resolución cargo que actualmente ocupa la doctora Luz Eugenia Moscoso Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía Nº 32.440.784 de Medellín.

ART. 2º—Ordenar a la subdirección financiera en coordinación con la dependencia de personal, adelantar el trámite pertinente a efecto de liquidar y pagar las sumas adeudadas al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez por concepto de salarios y prestaciones sociales desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha del reintegro, suma de la cual se descontará lo que haya percibido, de ser el caso, por parte del tesoro público durante el lapso de tiempo citado” (fls. 86 a 87).

ART. 3º—Para todos los efectos legales se considera que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio por parte del doctor Bejarano Gómez” (fls. 86 y 87).

5.4. Copia autenticada de la Resolución 1058 del 15 de noviembre de 2007, expedida por la Defensoría del Pueblo, mediante la cual se dispuso:

“ART. 1º—Ordenar la subdirección financiera el pago al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, por la suma de trescientos veinte millones doscientos cincuenta y siete mil veintiuno pesos ($ 320’257.021) m/cte., en los términos consignados en la sentencia del 10 de mayo de 2007.

ART. 2º—Ordenar a la subdirección financiera efectuar el pago de los aportes a pensión a favor del Instituto de los Seguros Sociales por la suma de cuarenta y ocho millones veintidós mil cuarenta y nueve pesos ($ 48’422.049) m/cte.

ART. 3º—Ordenar a la subdirección financiera efectuar el pago de los aportes a salud a favor de EPS Sanitas por la suma de veinticinco millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos cinco pesos ($ 25’599.805) m/cte.

ART. 4º—Ordenar a la subdirección financiera efectuar el pago de los aportes a riesgos profesionales a favor de Suratep por la suma de un millón trescientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta pesos ($ 1’339.540) m/cte.

ART. 5º—Ordenar a la subdirección financiera efectuar el pago por concepto de retención en la fuente a la administración de impuestos por la suma de treinta y siete millones doscientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y uno pesos ($ 37’256.181) m/cte.

ART. 6º—Ordenar a la subdirección financiera efectuar el pago de los dineros descontados por concepto de pensión a favor del Instituto de los Seguros Sociales por la suma de ciento veintisiete millones seiscientos cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos ($ 127’605.554) m/cte.”. (fls. 88 y 89).

En consonancia con la aludida resolución, la parte demandante aportó, en copia autenticada, lo siguiente:

• Comprobante de egreso Nº 1321 del 28 de diciembre de 2007, por valor de $ 127’605.554 (fl. 90);

• Recibo de caja Nº 66229 emitido por el ISS, el día 10 de enero de 2008, por un monto de $ 127’605.554, a favor de la Defensoría del Pueblo, por concepto de “vejez” (fl. 91);

• Nota de tesorería Nº 1843 fechada el 16 de noviembre de 2007, emitida por la Defensoría del Pueblo a favor del señor Jorge Enrique Bejarano Gómez, por un valor de $ 317’304.573 (fl. 92);

• Documento denominado “lista de transacciones enviadas” del Banco Popular, en la cual se registra la siguiente información:

Fecha efectiva: noviembre 16 de 2007.

Valor: $ 317’304.573.

Nombre de destinatario: Jorge E. Bejarano Gómez.

“Sentencia Consejo de Estado 6407-2005” (fl. 93).

• Comprobante de egreso Nº 1180 del 30 de noviembre de 2007, por la suma de $ 25’599.805, a nombre de la EPS Sanitas, por concepto de “aportes salud sentencia del Consejo de Estado” (fl. 94);

• Comprobante de egreso Nº 1181 del 30 de noviembre de 2007, a favor de Suratep, por concepto de “riesgos profesionales sentencia Consejo de Estado” (fl. 96), por valor de $ 1’339.540;

• Comprobante de egreso Nº 1220 del 5 de diciembre de 2007, a favor del ISS (fl. 98), por la cifra de $ 48’422.049;

• Recibo de caja Nº 66002 emitido por el ISS, el día 6 de diciembre de 2007, por un monto de $ 48’422.049, a favor de la Defensoría del Pueblo, por concepto de “aporte en pensión por sentencia judicial”; afiliado: Jorge Bejarano Gómez (fl. 99);

• Autorización de pago Nº 514, emitida por el I.S.S., por concepto de “Sentencia judicial emitida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo”, por la suma de $ 48’422.049; detalle del concepto: “pago de aportes en pensión por sentencia judicial del afiliado Jorge Bejarano Gómez C.C. 2.911.933 del periodo del 16/02/01 al 08/08/07” (fl. 100);

5.5. Copia auténtica de la Resolución 1269 del 26 de diciembre de 2007, expedida por la Defensoría del Pueblo, a través de la cual se dispuso:

“ART. 1º—ordenar a la subdirección financiera a pagar al Fondo Nacional del Ahorro, a efecto de que este acredite en la cuenta individual de cesantías del doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez la suma de veintiocho millones doscientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos ($ 28’278.680).

ART. 2º—Ordenar a la subdirección financiera pagar a la Caja de Compensación Familiar Cafam, por concepto de parafiscales, la suma de dieciocho millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos ($ 18’675.268).

ART. 3º—Ordenar a la subdirección financiera pagar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por concepto de parafiscales, la suma de catorce millones seis mil cuatrocientos cincuenta y uno pesos ($ 14’006.451).

ART. 4º—Ordenar a la subdirección financiera pagar al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, por concepto de parafiscales, la suma de dos millones trescientos treinta y seis mil quinientos diez pesos ($ 2’336.510).

ART. 5º—Ordenar a la subdirección financiera pagar a la Escuela Superior de la Administración Pública, ESAP, por concepto de parafiscales, la suma de dos millones trescientos treinta y seis mil quinientos diez pesos ($ 2’336.510).

ART. 6º—Ordenar a la subdirección financiera pagar al Ministerio de Educación, por concepto de parafiscales, la suma de cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos diecisiete pesos ($ 4’668.817)” (fls. 104 a 106).

Como desarrollo de la resolución anteriormente mencionada, la parte demandante aportó:

• Copia auténtica del comprobante de egreso Nº 1315 del 28 de diciembre de 2007, de la Defensoría del Pueblo, a favor de la Caja de Compensación Familiar Cafam (fl. 107), por valor de $ 18’675.268;

• Copias autenticadas de unos comprobantes de depósito a favor de Cafam, por parte de la Defensoría del Pueblo, efectuados en las fechas que a continuación se relacionan y por los siguientes valores:

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’874.861 (fl. 109);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’855.017 (fl. 110);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’842.193 (fl. 111);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’844.057 (fl. 112);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’911.084 (fl. 113);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’610.970 (fl. 114);

• Copia auténtica del recibo de caja Nº 1423-0053519, calendado en enero 16 de 2008, por valor de $ 18’675.268, con constancia de recibido por parte de Cafam del mismo día (fl. 115);

• Copia auténtica del comprobante de egreso Nº 1316 del 28 de diciembre de 2007, por la suma de $ 14’006.451 (fl. 116), a favor del ICBF, por concepto de “pago de sentencia condenatoria del Consejo de Estado”;

• Copia autenticada del comprobante de consignación Nº 35299884, de la entidad Bancafe, a favor del ICBF, por el monto de $ 14’006.451, de fecha 11 de enero de 2008 (fl. 117);

• Copia auténtica del comprobante de egreso Nº 1317, emitido por la Defensoría del Pueblo el 28 de diciembre de 2007, a favor del SENA, por valor de $ 2’336.510, en cuyo contenido se indicó: “pago de sentencia condenatoria del Consejo de Estado” (fl. 118);

• Copia autenticada del comprobante de consignación Nº 0357048, de la entidad Bancolombia, a favor del SENA, por el monto de $ 2’336.510, de fecha 1º de enero de 2008 (fl. 119);

• Copia auténtica del comprobante de egreso Nº 1318 del 28 de diciembre de 2007, a favor de la ESAP, por un monto de $ 2’336.510, por concepto de “pago de sentencia condenatoria del Consejo de Estado” (fl. 120);

• Copia autenticada del comprobante de consignación —sin número—, de la entidad Banco Caja Social, por el monto de $ 2’336.510, de fecha 10 de enero de 2008 (fl. 121);

• Copia autenticada del comprobante de egreso Nº 1320 del 28 de diciembre de 2007, a favor del Ministerio de Educación Nacional, por la suma de $ 4’668.817, por concepto de “pago de sentencia condenatoria del Consejo de Estado” (fl. 122);

• Copia autenticada del comprobante de consignación Nº 69380875 de la entidad Banco Popular por el monto de $ 4’668.817, de fecha 11 de enero de 2008 (fl. 123);

• Copia autenticada del comprobante de egreso Nº 1319 del 28 de diciembre de 2007, a favor del Fondo Nacional del Ahorro por la suma de $ 28’278.680, cuyo concepto dice: “pago de sentencia condenatoria del Consejo de Estado” (fl. 124);

• Copia autenticada de un documento denominado “recibo de consignación aporte de cesantías” del Fondo Nacional del Ahorro, con fecha de timbre del banco Bancolombia el día 3 de enero de 2008 y por un valor de $ 28’278.680, en cuyo contenido, además, se lee: pago sentencia; Defensoría del Pueblo, Dr. Jorge Enrique Bejarano (fl. 125).

5.6. Certificación expedida por la Defensoría del Pueblo el día 26 de marzo de 2010, según la cual:

“El suscrito pagador de la Defensoría del Pueblo

CERTIFICA:

Los pagos hechos de acuerdo a las resoluciones 1058 - 1269, se realizaron en los montos y fechas siguientes:

Resolución 1058 - 2007

DetalleValorFecha
Jorge Bejarano$ 320’257.02116 Noviembre 2007
EPS Sanitas$ 25’599.8055 Diciembre 2007
Suratep$ 1’339.5405 Diciembre 2007
ISS$ 48’422.0496 Diciembre 2007
Impuestos DIAN Retenciones$ 37’256.1815 Diciembre 2007
ISS$ 127’605.55410 Enero 2008
Total$ 560’480.150 

 

Resolución 1269 - 2007

DetalleValorFecha
Fondo Nal. Ahorro$ 28’278.6803 Enero 2008
Escuela admón. (sic) pública$ 2’336.51010 Enero 2008
SENA$ 2’336.51010 Enero 2008
ICBF$ 14’006.45111 Enero 2008
Ministerio de Educación$ 4’668.81711 Enero 2008
Cafam$ 18’675.26816 Enero 2008
Total$ 70’302.236 

 

Valor total pagado $ 630’782.386 seis cientos (sic) treinta millones setecientos ochenta y dos mil tres cientos (sic) ochenta y seis pesos m/c.” (fl. 126).

5.7. Copia auténtica de la Resolución 065 del 19 de enero de 2009, expedida por la Defensoría del Pueblo, mediante la cual se señaló:

“PRIMERO. Que el doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, para que se declarara la nulidad de la Resolución 044 del 17 de enero de 2001, por medio de la cual se aceptó la renuncia al cargo de jefe de control interno, y que a título de restablecimiento del derecho se reintegrara en el cargo, sin solución de continuidad, y se ordenara el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejaos de percibir desde la fecha de su desvinculación de la Defensoría del Pueblo hasta el día de su reintegro.

SEGUNDO. Que la Sala de Descongestión, Sección Segunda - Subsección D - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del veintisiete (27) de enero de 2005 denegó las súplicas de la parte actora.

TERCERO. Que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A - del Consejo de Estado, mediante sentencia del diez (10) de mayo de 2007, revocó el fallo proferido por el a quo y en su lugar dispuso declarar la nulidad de la Resolución 044 del diecisiete (17) de enero de 2001, y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la Defensoría del Pueblo reintegrar al actor en el cargo de jefe de oficina de control interno y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento en que efectivamente fuera reintegrado. De las sumas que se ordenaron pagar se descontó lo que el demandante había percibido del tesoro público durante este lapso.

CUARTO. Que la Defensoría del Pueblo en cumplimiento del fallo del diez (10) de mayo de 2007, proferido por la Sección Segunda - Subsección A - del Consejo de Estado, notificado por edicto y debidamente ejecutoriado el once (11) de julio de 2007 y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, ordenó mediante Resolución 789 del nueve (9) de agosto de 2007, emanada del señor Defensor del Pueblo, doctor Volmar Pérez Ortiz, reintegrar al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez en el cargo de jefe de control interno, grado 20, perteneciente al nivel ejecutivo, y pagar las sumas de dinero dejadas de percibir por el actor durante el periodo comprendido entre la fecha de desvinculación y hasta la fecha de su reintegro.

QUINTO. Que el pago neto realizado por la oficina de pagaduría, el día dieciséis (16) de noviembre de 2007, a favor del doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, por concepto de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo de su desvinculación, ascendió a la suma de trescientos diecisiete millones trescientos cuatro mil quinientos setenta y tres pesos ($ 317.304.573) m/cte.

SEXTO. Que el doctor Felipe de Vivero Arciniegas, en nombre y representación de la Defensoría del Pueblo, interpuso acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura contra el fallo de segunda instancia proferido por la Sección Segunda - Subsección A - del Consejo de Estado, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, solicitando el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y al debido proceso, aduciendo vías de hecho por parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

SÉPTIMO. Que, mediante fallo proferido el diecinueve (19) de febrero de 2008, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso:

“REVOCAR la sentencia impugnada, y en su lugar, conceder a la Defensoría del Pueblo el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, y en consecuencia dejar sin efecto la sentencia emitida por la Subsección A - Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de fecha 10 de mayo de 2007 dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Jorge Enrique Bejarano Gómez contra la Defensoría del Pueblo; consecuentemente se declara vigente y ejecutoriada, para todos los efectos legales la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del mismo proceso, con data 27 de enero de 2005 (…)” (resaltado y subrayado fuera de texto).

OCTAVO. Que la Corte Constitucional, Sala de Selección de Tutelas Nº 6, en Auto del 13 de junio de 2008, decidió no seleccionar para revisión la sentencia de tutela proferida dentro del expediente radicado en esa corporación con el número T-1877732.

NOVENO. Que al haberse declarado sin efectos el fallo proferido por la Subsección A – Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de fecha 10 de mayo de 2007, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el Jorge Enrique Bejarano Gómez contra la Defensoría del Pueblo, es necesario solicitarle al demandante el pago de las sumas de dinero netas recibidas por concepto de salarios y prestaciones sociales desde su fecha de desvinculación hasta el día de su reintegro, con los respectivos intereses legales y moratorios causados desde la fecha del pago o abono en cuenta realizado por parte de la subdirección financiera de la Defensoría” (las subrayas y las negrillas pertenecen al contenido del acto proferido por la Defensoría del Pueblo).

Por consiguiente, se resolvió:

“ART. 1º—Ordenar al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez para que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación del presente acto administrativo, pague a favor de la Defensoría del Pueblo y a título de capital la suma de trescientos diecisiete millones trescientos cuatro mil quinientos setenta y tres pesos ($ 317’304.573), más los intereses legales causados desde el 16 de noviembre de 2007 hasta la fecha del vencimiento del término estipulado, más los intereses moratorios que se causen a partir de ese momento hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación a su cargo.

ART. 2º—La subdirección financiera con el apoyo de la oficina de personal liquidará el monto de los intereses legales y moratorios causados a favor de la Defensoría del Pueblo.

ART. 3º—La Defensoría del Pueblo advierte al deudor que podrá hacer efectivo el pago de la obligación, a través de la jurisdicción coactiva, en caso de que el deudor no se preste a cumplirla de forma oportuna dentro del plazo estipulado. De conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código de Procedimiento Civil.

“… (…) …” (fls. 137 y 138).

5.8. Copia auténtica de la Resolución 093 del 14 de enero de 2010, expedida por la Defensoría del Pueblo, mediante la cual se revocó la anterior decisión, con base en lo siguiente:

“PRIMERO. Que el doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, para que se declarara la nulidad de la Resolución 044 del 17 de enero de 2001, por medio de la cual se aceptó la renuncia al cargo de jefe de control interno, y que a título de restablecimiento del derecho se reintegrara en el cargo, sin solución de continuidad, y se ordenara el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejaos de percibir desde la fecha de su desvinculación de la Defensoría del Pueblo hasta el día de su reintegro.

SEGUNDO. Que la Sala de Descongestión, Sección Segunda -Subsección D - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del veintisiete (27) de enero de 2005 denegó las súplicas de la parte actora.

TERCERO. Que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A - del Consejo de Estado, mediante sentencia del diez (10) de mayo de 2007, revocó el fallo proferido por el a quo y en su lugar dispuso declarar la nulidad de la Resolución 044 del diecisiete (17) de enero de 2001, y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la Defensoría del Pueblo reintegrar al actor en el cargo de jefe de oficina de control interno y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento en que efectivamente fuera reintegrado. De las sumas que se ordenaron pagar se descontó lo que el demandante había percibido del tesoro público durante este lapso.

CUARTO. Que la Defensoría del Pueblo en cumplimiento del fallo del diez (10) de mayo de 2007, proferido por la Sección Segunda - Subsección A - del Consejo de Estado, notificado por edicto y debidamente ejecutoriado el once (11) de julio de 2007 y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, ordenó mediante Resolución 789 del nueve (9) de agosto de 2007, emanada del señor Defensor del Pueblo, doctor Volmar Pérez Ortiz, reintegrar al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez en el cargo de jefe de control interno, grado 20, perteneciente al nivel ejecutivo, y pagar las sumas de dinero dejadas de percibir por el actor durante el período comprendido entre la fecha de desvinculación y hasta la fecha de su reintegro.

QUINTO. Que el pago neto realizado por la oficina de pagaduría, el día dieciséis (16) de noviembre de 2007, a favor del doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, por concepto de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo de su desvinculación, ascendió a la suma de trescientos diecisiete millones trescientos cuatro mil quinientos setenta y tres pesos ($ 317.304.573) m/cte.

SEXTO. Que el doctor Felipe de Vivero Arciniegas, en nombre y representación de la Defensoría del Pueblo, interpuso acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura contra el fallo de segunda instancia proferido por la Sección Segunda - Subsección A - del Consejo de Estado, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, solicitando el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y al debido proceso, aduciendo vías de hecho por parte del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO. Que, mediante fallo proferido el diecinueve (19) de febrero de 2008, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso:

“REVOCAR la sentencia impugnada, y en su lugar, conceder a la Defensoría del Pueblo el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, y en consecuencia dejar sin efecto la sentencia emitida por la Subsección A - Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de fecha 10 de mayo de 2007 dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Jorge Enrique Bejarano Gómez contra la Defensoría del Pueblo; consecuentemente se declara vigente y ejecutoriada, para todos los efectos legales la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del mismo proceso, con data 27 de enero de 2005 (…) (resaltado y subrayado fuera de texto).

OCTAVO. Que la Corte Constitucional, Sala de Selección de Tutelas Nº 6, en Auto del 13 de junio de 2008, decidió no seleccionar para revisión la sentencia de tutela proferida dentro del expediente radicado en esa corporación con el número T-1877732.

NOVENO. Que al haberse declarado sin efectos el fallo proferido por la Subsección A - Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de fecha 10 de mayo de 2007, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el Jorge Enrique Bejarano Gómez contra la Defensoría del Pueblo, y en aras de cumplir la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la Defensoría del Pueblo, mediante Resolución 065 de 19 de enero de 2009, ordenó al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, el pago a favor de la Defensoría de Pueblo, dentro de un término de 30 días, de la suma de trescientos diecisiete millones trescientos cuatro mil quinientos setenta y tres pesos ($ 317’304.573) m/cte. Más los intereses legales causados desde el dieciséis (16) de noviembre de 2007 hasta la fecha de vencimiento del término estipulado, más los intereses moratorios que se causen a partir de ese momento hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación a su cargo.

DÉCIMO. Que el señor Jorge Enrique Bejarano Gómez, presentó ante el honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, acción de tutela en contra del fallo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y la Defensoría del Pueblo, solicitando la protección del derecho fundamental al debido proceso, y pidiendo se dejara sin efecto la sentencia de tutela del 19 de febrero de 2008 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Resolución 065 del 19 de enero de 2009 de la Defensoría del Pueblo.

DÉCIMO PRIMERO. Que el honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en la últimamente mencionada acción de tutela decidió: ‘Declárase que el fallo de tutela del 19 de febrero de 2008 del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que dejó sin efecto la sentencia del 10 de mayo de 2007 de la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado, carece de validez y no produce efecto alguno sobre la mencionada sentencia, por lo que esta quedó incólume e hizo tránsito a cosa juzgada material”.

DÉCIMO SEGUNDO. Que con ocasión del fallo antedicho, mantener vigente la Resolución 065 del 19 de enero de 2009, causaría un agravio injustificado al señor Jorge Enrique Bejarano Gómez.

DÉCIMO TERCERO. Que el numeral tercero del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dispone —entre otras causales— que los actos administrativos deben ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona” (las subrayas y las negrillas pertenecen al contenido del acto proferido por la Defensoría del Pueblo).

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo revocó su propia decisión en los siguientes términos:

“ART. 1º—Revocar en todas sus partes la Resolución 065 del 19 de enero de 2009 que en su parte resolutiva dispone “ordenar al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez para que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación del presente acto administrativo, pague a favor de la Defensoría del Pueblo y a título de capital la suma de trescientos diecisiete millones trescientos cuatro mil quinientos setenta y tres pesos ($ 317’304.573), más los intereses legales causados desde el 16 de noviembre de 2007 hasta la fecha del vencimiento del término estipulado, más los intereses moratorios que se causen a partir de ese momento hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación a su cargo”.

ART. 2º—Contra la presente resolución, no procede recurso alguno” (fls. 140 y 141).

5.9. Copia auténtica del acta fechada el 16 de diciembre de 2009 del comité de conciliación de la Defensoría del Pueblo, mediante la cual consta la decisión de promover acción de repetición contra el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz (fls. 142 a 146).

5.10. Copia auténtica de la solicitud de conciliación extrajudicial que elevó la Defensoría del Pueblo a la Procuraduría General de la Nación, radicada el día 18 de diciembre de 2009, previo ejercicio de la acción de repetición en contra del señor Eduardo Cifuentes Muñoz (fls. 147 a 151).

5.11. Original del acta Nº 091-010, del 12 de marzo de 2010, de la Procuraduría Sexta Judicial II Administrativa, en la cual consta que la audiencia de conciliación extrajudicial que solicitó la Defensoría del Pueblo se declaró fallida ante la ausencia de ánimo conciliatorio entre las partes (fl. 156).

6. El caso concreto.

El recurso de reposición se fundamenta en la operancia, según la parte demandada, del fenómeno jurídico de caducidad respecto de la acción de repetición que ejerció la Defensoría del Pueblo en contra del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, por cuanto el pago derivado de la condena que le fue impuesta al Estado dentro del fallo proferido por la Sección Segunda - Subsección A - del Consejo de Estado el día 10 de mayo de 2007 —dentro del proceso Nº 6407-05—, se efectuó el 17 de noviembre de 2007, fecha a partir de la cual, según el demandado, debe computarse dicho término de caducidad, comoquiera que las demás erogaciones en las cuales incurrió la entidad pública ahora demandante no constituyen salario y, por consiguiente, debe tenerse como único pago, derivado de lo ordenado por la sentencia del Consejo de Estado, aquella suma de dinero que recibió el demandante en el proceso primigenio el día 17 de noviembre de 2007.

Por lo tanto, según la impugnación interpuesta, el término de 2 años previsto en el ordenamiento jurídico para promover la demanda de acción de repetición venció el día 17 de noviembre de 2009 y dado que para esa época no se había interpuesto dicha demanda y ni siquiera se había surtido el trámite de la conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, operó la caducidad de la acción.

6.1. La caducidad de la acción(2). 

La caducidad se configura cuando el plazo establecido por la ley para instaurar algún tipo de acción ha vencido. La caducidad de la acción es un fenómeno jurídico en virtud del cual el titular de una acción pierde la facultad de acudir ante la jurisdicción por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley. Así, para que opere la caducidad deben concurrir dos supuestos: i) el transcurso del tiempo y ii) el no ejercicio de la acción. Los términos para promover acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo están edificados sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo e invariable para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar, o no.

La facultad potestativa de accionar comienza con el plazo prefijado por la ley y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, por tanto, el fenómeno de la caducidad de las acciones judiciales opera de pleno derecho, pues contiene plazos no susceptibles de interrupción ni de suspensión, salvo en los casos expresamente determinados en la ley.

Respecto de la acción de repetición, el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, prevén: “La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”.

Como se observa, para resolver el asunto de la caducidad de la acción resulta necesario establecer cuándo se produjo el pago por cuyo reembolso se demanda, el cual es determinante para acreditar el daño y para señalar la oportunidad para formular la demanda de repetición.

Tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición, cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos (2) años para impetrar la acción, a saber: i) a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y ii) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-832 de 2001(3), al analizar el tema de la caducidad en la acción de repetición declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “contado a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, bajo el presupuesto de que:

“(...) el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo” (se resalta).

Como puede apreciarse, la Corte Constitucional señaló que el plazo máximo que tiene la entidad para efectuar el pago respectivo se encuentra establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, según el cual la entidad pública cuenta con 18 meses para cancelar las condenas impuestas en su contra, por manera que una vez vencido ese término comenzará a computarse el término para el ejercicio oportuno de la acción de repetición.

6.2. El pago.

En relación con el pago dentro de las acciones de repetición, la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido:

“Sobre la importancia de acreditar el pago en el juicio de repetición la Sala estima oportuno realizar las siguientes precisiones:

El artículo 1625(4) del Código Civil establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por lo tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida(5). Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago(6), modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación(7) de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare).

Y, respecto de esta relación jurídica y de su extinción, el artículo 1757 del Código Civil señala que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”. O sea, que el acreedor deberá probar la existencia de la prestación con miras a hacerla valer ante su deudor y contrario sensu, el deudor debe probar la extinción de la misma, es decir, su liberación como sujeto pasivo dentro de la relación obligacional.

En otras palabras, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma y el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo que aplicado en el caso en concreto, para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición se materializa en el deber, por parte de una entidad pública de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima.

En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago(8), y en derecho comercial, el recibo(9), documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha.

Por consiguiente, al analizar el artículo 1626 del Código Civil “… el pago efectivo es la prestación de lo que se debe…” con lo cual se extingue la obligación, en consonancia con el artículo 1757 ibídem en el que se señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta; se concluye que correspondía a la entidad demostrar el pago, y en virtud de esa carga aducir, dentro de las oportunidades legales, los elementos de convicción al proceso, que permitieran al juez llegar a la veracidad de la ocurrencia de este acto por parte del Estado, en este caso por una condena judicial”(10) (se deja destacado en negrillas y en subrayas).

En línea con lo anterior, en punto a los medios de prueba idóneos para acreditar el pago dentro de las acciones de repetición, la Sala ha considerado:

“(…) para el efecto resulta absolutamente indispensable carta de pago(11), recibo(12), declaración proveniente del acreedor o cualquier otro medio de prueba que lleve al juez la convicción de que el deudor efectuó el pago debido al acreedor. Los documentos provenientes del propio deudor no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total —no sólo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término de caducidad—, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda.

De otra parte, conviene mencionar que la resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago si bien resulta importante para acreditar los pasos seguidos por la administración con miras a cumplir con la condena que le fue impuesta, no constituye, en modo alguno, prueba de la realización del pago efectivo de la totalidad de la suma de dinero adeudada”(13).

Pues bien, la acción de repetición que ejerció la Defensoría del Pueblo encuentra fundamento en la condena patrimonial que a dicho ente se le impuso por parte de esta jurisdicción, mediante fallo proferido por la Sección Segunda - Subsección A - del Consejo de Estado, el día 10 de mayo de 2007 —dentro del proceso Nº 6407-05—, cuyo demandante y beneficiario de dicha sentencia fue el señor Jorge Enrique Bejarano Gómez; dentro de la parte resolutiva del aludido fallo del Consejo de Estado se dispuso:

“REVÓCASE la sentencia de veintisiete (27) de enero de dos mil cinco (2005), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso promovido por Jorge Enrique Bejarano Gómez contra la Defensoría del Pueblo.

En su lugar se dispone:

1. Decrétase la nulidad de la Resolución 044 de 17 de enero de 2001, proferida por el Defensor del Pueblo, por medio de la cual le fue aceptada la renuncia a Jorge Enrique Bejarano Gómez.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada reintegrar al actor al cargo jefe de oficina de control interno - grado 20, con el pago de todos los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento en que sea efectivamente reintegrado. De las sumas que se ordena pagar se descontará lo que el demandante haya percibido del tesoro público durante este lapso.

3. Ordénase la actualización de la condena en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R = R.H. ÍNDICE FINAL

ÍNDICE INICIAL

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de salarios y prestaciones desde la fecha de retiro hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

4. Declárase para todos los efectos legales que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio”.

La parte demandada sustenta su impugnación sobre la base de que la orden que le fue impuesta a la Defensoría del Pueblo por parte de la justicia de lo contencioso administrativo consistió, además del reintegro del actor Jorge Enrique Bejarano Gómez al cargo de jefe de oficina de control interno - grado 20 de dicha entidad, únicamente en el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación, hasta el momento en el cual fuere reintegrado, determinación que ha sido acogida e interpretada por el demandado como un solo pago, constitutivo de aquellos emolumentos que según él habrían de integrar salario y, por ende, excluir de aquellos pagos efectuados por la entidad ahora demandante que no formen parte integral de esa prestación económica.

Con base en esa apreciación de la parte demandada, se pretende lograr el rechazo de la demanda por caducidad de la acción por el hecho de que ese único pago —por concepto de salario— se surtió el día 17 de noviembre de 2007 y para el día 17 de noviembre de 2009, fecha que según el memorialista vencía el plazo para ejercer la acción de repetición, la demanda aún no había sido interpuesta.

Al respecto, el despacho encuentra que la orden de pago contenida en el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia que le sirve de fundamento a la acción de repetición aquí ejercida, ordenó el pago, a favor del demandante en ese proceso, “… de todos los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento en que sea efectivamente reintegrado…”; sin embargo, al margen del análisis y de la posible discusión que en torno al concepto de salario y de las prestaciones económicas que lo integran pueda existir y eventualmente deba retomarse y profundizar en ella durante el curso del proceso, lo cierto es que la entidad pública demandada en el juicio primigenio de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en diversas y sucesivas erogaciones, todas ellas en cumplimiento de la sentencia que dictó la Sección Segunda del Consejo de Estado, aspecto que no puede desconocerse ab initio, porque de conformidad con lo normado en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, el término de caducidad de la acción de repetición iniciará su cómputo a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública(14).

Así ha discurrido igualmente la Sección Tercera de la corporación(15):

“Como se observa, para resolver el asunto de la caducidad de la acción resulta necesario establecer cuándo se produjo el pago por cuyo reembolso se demanda, el cual es determinante para acreditar el daño y para señalar la oportunidad para formular la demanda de repetición. Tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, a saber: a) a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y b) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo” (se destaca).

Al paso que también la Sala ha considerado:

“El artículo 1625(16) del Código Civil establece una enumeración, no taxativa, de los modos de extinción de las obligaciones dado que toda obligación está llamada a ser cumplida y por lo tanto a extinguirse a través de la ejecución de la prestación debida(17). Dentro de ese listado previsto en la norma está contemplado el pago(18), modo de extinción de la obligación entendido como la ejecución total de la prestación debida. Es decir, para que exista el pago es menester la preexistencia de una obligación entendida como el vínculo jurídico existente entre dos sujetos de derecho, en la cual se busca la satisfacción del acreedor y la liberación del deudor a través de la materialización de una prestación(19) de dar, hacer o no hacer (dare, facere y prestare)” (se destaca).

En ese sentido, con independencia de que la entidad pública ahora demandante hubiere efectuado, o no, pagos “adicionales” o no previstos en la orden judicial que le fue impartida por el Consejo de Estado, aspecto que no corresponde dilucidar en esta oportunidad, lo cierto es que la Defensoría del Pueblo ha aportado elementos que en esta etapa inicial permiten inferir, según el material antes descrito, que por virtud y con ocasión del fallo que dictó en su contra la Sección Segunda, Subsección A, de esta corporación, incurrió en diversas erogaciones y, por lo tanto, a juicio del despacho, ello bien podría llegar a conformar el pago total o efectivo de la sentencia que profirió la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de modo que a partir de allí deberá contabilizarse en esta oportunidad el término de caducidad de la acción de repetición, según los precisos términos del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio de que el mismo tema deba ser reexaminado al momento de proferir el fallo correspondiente.

En ese sentido, el despacho encuentra que el último pago de la entidad pública accionante, derivado de la sentencia del Consejo de Estado de mayo 10 de 2007, se habría efectuado mediante diversas consignaciones, todas ellas realizadas el día 16 de enero de 2008, a favor de la Caja de Compensación Familiar Cafam, por concepto de aportes parafiscales.

En efecto, la entidad pública demandante profirió la Resolución 1269 del 26 de diciembre de 2007, a través de la cual decidió:

“…

SEGUNDO: Ordenar a la subdirección financiera pagar a la Caja de Compensación Familiar Cafam, por concepto de parafiscales, la suma de dieciocho millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos ($ 18’675.268)” (fls. 104 a 106).

Y lo anterior fue consecuencia de que la Defensoría del Pueblo asumió, dentro de la aludida Resolución 1269, que el pago de los aportes parafiscales devino de la orden que le fue impuesta través del fallo del Consejo de Estado, tal como lo señaló en forma clara la propia entidad en el numeral sexto de dicho acto administrativo, así:

“SEXTO. Que dentro de las obligaciones que se le impuso a la Defensoría del Pueblo en el fallo mencionado, se encuentra el pago de los dineros correspondientes a parafiscales y cesantías, desde el día de la desvinculación del doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, hasta el momento de su reintegro” (fl. 105) (negrillas adicionales).

En dicha decisión se señaló, además, lo siguiente:

“OCTAVO: Que el jefe de la dependencia de personal (E), igualmente informa que por concepto de parafiscales debe cancelarse la suma de cuarenta y dos millones veintitres mil quinientos cincuenta y seis se (sic) doscientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos ($ 28.278.680) m/cte., desglosados de la siguiente manera:

Parafiscales valor

Caja de Compensación Familiar Cafam $ 18.675.268.

“… (…) …”.

En cumplimiento de lo anterior, la Defensoría del Pueblo emitió el comprobante de egreso Nº 1315 del 28 de diciembre de 2007, a favor de la Caja de Compensación Familiar Cafam, por valor de $ 18’675.268, en cuyo contenido también se lee, por concepto, lo siguiente: “pago de sentencia condenatoria del Consejo de Esta (sic)” (fl. 107).

Y obran con la demanda copias autenticadas de sendos comprobantes de depósito a favor de Cafam, por parte de la Defensoría del Pueblo, efectuados en las fechas que a continuación se relacionan y por los siguientes valores:

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’874.861 (fl. 109);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’855.017 (fl. 110);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’842.193 (fl. 111);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’844.057 (fl. 112);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’911.084 (fl. 113);

— Enero 16 de 2008 —con constancia de recibido ese mismo día— por $ 2’610.970 (fl. 114);

Obra igualmente, en copia autenticada, un primer comprobante de depósito a favor de Cafam por un monto que no se logra establecer ante lo ilegible que en ese punto concreto quedó la reproducción del documento originario (fl. 108).

Finalmente, obra a folio 115 del encuadernamiento, una copia auténtica del recibo de caja Nº 1423-0053519, por valor de $ 18’675.268, con fecha de pago 16 de enero de 2008 y con constancia de recibido por parte de Cafam ese mismo día.

Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto en precedencia y con fundamento, se reitera, en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, el cual prevé que el término de caducidad para las acciones de repetición inicia su cómputo a partir del día siguiente al de la fecha del pago total por parte de la entidad pública, se impone concluir que para el presente caso dicho término inició desde el día 17 de enero de 2008 y venció, en principio, el día 17 de enero de 2010 y no el 17 de noviembre, como lo alega el demandado.

La demanda se presentó el día 9 de abril de 2010, empero, bueno es precisarlo, dentro del sub judice el aludido término de caducidad se suspendió con ocasión del trámite de la conciliación extrajudicial realizada, tal como se pasa a exponer:

El día 18 de diciembre de 2009 —cuando aún no había expirado el plazo de caducidad de la acción de repetición aquí ejercida—, la Defensoría del Pueblo elevó ante el Ministerio Público solicitud de conciliación extrajudicial (fl. 147), la cual se celebró el día 12 de marzo de 2010 ante la Procuraduría Sexta Judicial en Asuntos Administrativos, sin que hubiere existido ánimo conciliatorio entre las partes, tal como lo refleja el acta respectiva Nº 091-010 (fl. 156).

En ese sentido cabe considerar que el término de caducidad de la acción se suspendió durante 2 meses y 22 días, según los precisos términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, a cuyo tenor:

“ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

Comoquiera que el aludido plazo se suspendió cuando faltaban 31(20) días para su fenecimiento (enero 17 de 2010), ese número de días debe adicionarse al término inicial de caducidad de la acción, a partir del día 12 de marzo de 2010 —fecha en la cual se declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial—, cuestión que permite determinar que la demanda debía instaurarse hasta el día 12 de abril de ese mismo año.

Toda vez que la demanda se presentó ante el Consejo de Estado el día 9 de abril de 2010 (fls. 1 y 2), se puede establecer, en esta oportunidad, que el ejercicio de la acción de repetición fue oportuno, es decir dentro del término de los 2 años siguientes previsto en el ordenamiento jurídico para tal efecto.

Ahora bien, aunque la Sección Tercera del Consejo de Estado inaplicó el precepto normativo que extendía el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial a las acciones de repetición, ello no comporta que el aludido término de caducidad, para este caso, no se hubiere suspendido con ocasión del trámite prejudicial que adelantó la Defensoría del Pueblo.

Ciertamente, la inaplicación del parágrafo 4º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2009 determina que los operadores judiciales no exijan a las entidades públicas el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial como presupuesto para el ejercicio de las acciones de repetición; dicho de otra manera, el juez administrativo no puede rechazar la demanda que en ejercicio de la acción de repetición le sea presentada, porque la parte actora no agotó, en forma previa, la conciliación extrajudicial, de conformidad con los razonamientos que expuso la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proveído de marzo 3 de 2010, descrito en precedencia.

Ahora bien, la parte demandada denominó pagos “accesorios” a aquellas erogaciones derivadas de aportes parafiscales que efectuó la entidad demandante con ocasión del fallo que dictó la Sección Segunda del Consejo de Estado y adujo que esos emolumentos “… no pueden servir para prorrogar indefinidamente el inicio del cómputo de la caducidad para la acción de repetición”, pues “Aceptar lo contrario sería dejar a criterio de la entidad la fecha de inicio del término de caducidad pues cualquier pago accesorio, incluso no debido, como en el presente caso, prolongaría el inicio de dicho término”.

A juicio del despacho, la argumentación que en ese sentido efectuó el demandado resulta desacertada frente a este caso, dado que la parte demandante dio cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado dentro del término de 18 meses previsto en la ley para tal efecto, aspecto que condujo, precisamente, a que frente a este caso el cómputo del término de caducidad de la acción se hubiere efectuado a partir del pago total de la condena impuesta con la sentencia calendada en mayo 10 de 2007 y no mediante el otro supuesto que prevé el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para llevar a cabo la contabilización de dicho término de caducidad.

Precisamente con el propósito de evitar que las entidades estatales puedan retrasar el pago de las condenas patrimoniales a ellas impuestas y, por consiguiente, ampliar a través de esa conducta el plazo de caducidad de la acción de repetición, la Corte Constitucional(21), como ya se explicó dentro de esta decisión, declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “… contado a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”, contenida en el numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, bajo el presupuesto de que:

“(...) el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo” (se resalta).

La anterior decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones, las cuales se relacionan directamente con el señalamiento hecho por el señor memorialista:

“Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad.

Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales.

La propia Constitución señala el procedimiento que debe seguirse para presupuestar gastos. El artículo 346 superior, señala que no podrá incluirse partida en la ley de apropiaciones que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a una ley anterior, a uno propuesto por el gobierno para atender al funcionamiento de las ramas del poder público, el servicio de la deuda o destinado a dar cumplimiento al plan nacional de desarrollo.

Por su parte, en desarrollo del mandato constitucional, el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo prevé, que en el evento de ser condenada la Nación, una entidad territorial o una descentralizada al pago de una suma de dinero, el agente del ministerio público frente a la respectiva entidad, debe dirigirse a los funcionarios competentes para que incluyan en sus presupuestos, partidas que permitan sufragar las condenas. En concordancia con lo anterior, será causal de mala conducta por parte de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de las condenas más lentamente que el resto.

Prevé también el citado artículo que dichas condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho meses después de su ejecutoria, y devengarán intereses moratorios. La Corte, al examinar la constitucionalidad del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo afirmó que “a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales—, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho meses (18) que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria”.

El procedimiento para el pago de las sumas adeudadas es el siguiente: Una vez notificada la sentencia a la entidad condenada, esta, dentro del término de treinta (30) días, procederá a expedir una resolución mediante la cual se adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de la misma; igualmente, deberá enviar copia de la providencia a la subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la realización del pago. Junto con la sentencia deberá indicarse el nombre, identificación y tarjeta profesional de los representantes de la parte demandada, así como la constancia de notificación (D. 768/93).

Quien fuere beneficiario de la condena, también podrá efectuar la solicitud de pago ante la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda. En concordancia con lo anterior, constituirá causal de mala conducta y dará lugar a sanciones disciplinarias, cualquier actuación negligente del servidor público que ocasione perjuicios económicos al Estado, en especial el pago de intereses.

De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto público (arts. 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado.

Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares.

En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.

Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad que persiguen” (negrillas y subrayas adicionales).

En el presente caso, como lo reflejan los documentos aportados con la demanda, la Defensoría del Pueblo dictó una primera decisión administrativa —contenida en la Resolución 789 del 8 de agosto de 2007— para efectos de acatar el fallo que dictó la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, el día 10 de mayo de ese mismo año, en cuya virtud dispuso:

“ART. 1º—Reintégrese al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez, portador de la cédula de ciudadanía Nº 2.911.933 de Bogotá, en el cargo de jefe de la oficina de control interno, grado 20, perteneciente al nivel ejecutivo, cargo éste de libre nombramiento y remoción, con una asignación salarial mensual de tres millones cuatrocientos treinta mil doscientos cuatro pesos ($ 3’430.204), de conformidad con la parte motiva de esta resolución cargo que actualmente ocupa la doctora Luz Eugenia Moscoso Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía Nº 32.440.784 de Medellín.

ART. 2º—Ordenar a la subdirección financiera en coordinación con la dependencia de personal, adelantar el trámite pertinente a efecto de liquidar y pagar las sumas adeudadas al doctor Jorge Enrique Bejarano Gómez por concepto de salarios y prestaciones sociales desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha del reintegro, suma de la cual se descontará lo que haya percibido, de ser el caso, por parte del tesoro público durante el lapso de tiempo citado” (fls. 86 y 87).

Y el pago total de la condena que le fue impuesta a la Defensoría del Pueblo, según se indicó en precedencia, habría quedado satisfecho el día 16 de enero de 2008, es decir que transcurrieron 6 meses y 3 días a partir del momento en el cual cobró firmeza la sentencia de mayo 10 de 2007 (julio 13 de 2007)(22), proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El despacho encuentra asimismo que la parte demandada, al momento de señalar que dentro de los pagos —“accesorios”— que efectuó la parte demandante se encontraban “… algunas diferencias de intereses…”, las cuales, por lo tanto, no podían tenerse en cuenta para efectos del pago de la sentencia y, por ende, contabilizar a partir de aquellas el término de caducidad.

Al respecto conviene señalar que si bien es cierto que la Sala ha considerado que en aquellos casos “… en los cuales el pago se realice por cuotas o se reliquiden los intereses del pago, no se puede tener como fecha de pago la última en la cual se efectuó o aquella en la cual se cancelaron los intereses… y menos aún cuando se trata de la reliquidación de intereses, toda vez que la mora de la entidad no puede ser imputable al demandado”(23), no es menos cierto que las erogaciones asumidas por la Defensoría del Pueblo —en cumplimiento del fallo del Consejo de Estado de mayo 10 de 2007— con posterioridad al pago de la suma de $ 317’304.573 (fls. 92 y 93) por concepto de salarios dejados de percibir (fls. 88 y 89) y en particular aquel pago que por concepto de aportes parafiscales se surtió el día 16 de enero de 2008 y no correspondieron a intereses o a la reliquidación de estos últimos, cuestión que impone desestimar, igualmente, el señalamiento que en ese sentido realizó la parte demandada.

De conformidad con todo lo expuesto, el despacho confirmará la decisión impugnada, esto es el auto admisorio de la demanda citada en la referencia, no obstante lo cual se impone precisar que las consideraciones que se han expuesto para negar la revocatoria de la decisión recurrida no constituyen posiciones definitivas respecto de temas que necesariamente pueden y deben ser objeto de un nuevo análisis dentro de la oportunidad procesal correspondiente, esto es al momento de dictarse la sentencia de única instancia que resuelva el asunto y con fundamento, claro está, en el acervo probatorio que de manera oportuna y en debida forma se recaude en este litigio, en cuya virtud se definan en su integridad aspectos tales como si los pagos que habría efectuado la entidad demandada en cumplimiento de la sentencia que profirió la Sección Segunda del Consejo de Estado constituyen, o no, salario y si efectivamente la entidad debía efectuarlos para efectos de repetir y obtener el reembolso de tales emolumentos.

En ese mismo sentido y teniendo en cuenta que le corresponde al juez, al momento de dictar sentencia, analizar aquellos presupuestos de la acción que le permitan decidir el fondo del asunto, el tema relacionado con la caducidad de la acción no puede, ni debe entenderse clausurado por virtud del presente pronunciamiento, toda vez que esta decisión, además de resultar obligatoria ante el recurso de reposición que se interpuso en contra del auto admisorio de la demanda, se fundamenta asimismo en los principios pro actione y pro damnato(24) en cuya aplicación se le garantiza a la entidad pública demandante su derecho de acceso a la administración de justicia ante situaciones e información que le permiten al despacho, en esta oportunidad procesal, considerar que la acción ejercida no estaría caducada y, por consiguiente, optar porque el proceso continúe y sea el fallo(25) —se itera— la oportunidad pertinente para absolver aquellos temas planteados por el demandado y los demás que a lo largo del debate jurídico procesal se planteen y se susciten.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto impugnado, esto es el proferido por el anterior magistrado ponente del presente asunto el día 25 de noviembre de 2010, mediante el cual se admitió la demanda citada en la referencia.

2. RECONÓCESE personería al doctor Jesús María Lemos Bustamante, portador de la tarjeta profesional de abogado Nº 14.695 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la parte demandada, en los términos del poder obrante a folio 219 del cuaderno principal.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Se acogen las consideraciones generales que ha expuesto la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro de su jurisprudencia reiterada; sentencia de 8 de julio de 2009, Expediente 22.120, entre muchas otras decisiones.

(2) Se reafirman en este punto las consideraciones expuestas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 8 de julio de 2009, Expediente 22.120, entre muchas otras decisiones.

(3) Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.

(4) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:

1) Por la solución o pago efectivo

2) Por la novación

3) Por la transacción

4) Por la remisión

5) Por la compensación

6) Por la confusión

7) Por la pérdida de la cosa que se debe

8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión

9) Por el evento de la condición resolutoria

10) Por la prescripción.

(...)

(5) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida —pago— no es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión, etc.

(6) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

(7) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002.

(8) Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil.

(9) Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.

(10) Sentencia de 5 de diciembre de 2006, Expediente 22.056, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en sentencias de 11 de febrero de 2009, Expediente 29.926 y de 8 de julio de 2009, Expediente 22.120.

(11) El Código Civil establece sobre el particular:

“ART. 1628.—En los pagos periódicos la carta de pago de tres periodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor”.

“ART. 1653.—Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.

Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados”.

(12) El Código de Comercio establece en el artículo 877 que “el deudor que pague tendrá derecho a exigir un recibo y no estará obligado a contentarse con la simple devolución del título; sin embargo, la posesión de este hará presumir el pago”.

(13) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007. Expediente 20.828.

(14) “ART. 11.—Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública”.

(15) Sentencia de 8 de julio de 2009, Expediente 22.120.

(16) Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:

1) Por la solución o pago efectivo

2) Por la novación

3) Por la transacción

4) Por la remisión

5) Por la compensación

6) Por la confusión

7) Por la pérdida de la cosa que se debe

8) Por la declaración de nulidad o por la rescisión

9) Por el evento de la condición resolutoria

10) Por la prescripción.

(...).

(17) Entendiéndose que la ejecución de la prestación debida —pago— no es la única forma de extinción de la obligación pero si es la que encierra una mayor relevancia, dado que existen otros modos que tienen como finalidad finiquitar la obligación como la novación, la transacción, la remisión, etc.

(18) Artículo 1626 del Código Civil. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

(19) Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Bogotá, 2002.

(20) En este punto resulta importante precisar que el día 17 de enero de 2010, fecha en la cual vencía el término de caducidad en este caso, no era un día hábil por tratarse de un domingo, motivo por el cual la demanda debía interponerse, en principio, hasta el vencimiento del siguiente día hábil —enero 18 de 2010—, tal como lo ha considerado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para cuyo efecto puede consultarse, entre otras providencias, la sentencia de fecha 3 de mayo 3 de 2007, Expediente 16.180, M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra, reiterada en auto de fecha 21 de noviembre de 2012, Expediente 45.094, proferido por la Subsección A de dicha Sección.

(21) C-832 de 2001, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.

(22) Según el software de gestión de la corporación, el fallo que dictó la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el Nº 25000-23-25-000-2001-04062-01(6407-05), actor: Jorge Enrique Bejarano Gómez, demandado: Defensoría del Pueblo, se notificó por edicto el día 6 de julio de 2007, razón por la cual su término de ejecutoria transcurrió de manera pacífica —ante la no interposición de peticiones contra la misma— durante los días 11, 12 y 13 de los mismos mes y año.

(23) Sentencia de 26 de mayo de 2010, Expediente 37.418.

(24) Al respecto pueden consultarse las providencias de 11 de mayo de 2006, Expediente 30.325; de 18 de julio de 2007, Expediente 30.512; de 9 de abril de 2008, Expediente 33.834, esta última con ponencia del señor Consejero Ramiro Saavedra Becerra, todas ellas reiteradas en sentencia de 28 de julio de 2011, Expediente 20.413, entre muchas otras providencias.

(25) En este punto resulta importante reafirmar que la sentencia es el principal acto procesal proferido por el juez, mediante el cual, normalmente, culmina el proceso iniciado por la parte demandante; su finalidad es la de desatar la litis, definir la controversia y poner fin a la relación jurídico-procesal [Sección Tercera, sentencia de junio 7 de 2007, Exp. 16.474, M.P. Ramiro Saavedra Becerra].