Auto 2010-00021 de mayo 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2010-00021

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actora: Tridex Farmacéutica S.A.

Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de dos mil once.

Téngase a la doctora Patricia Zuluaga García, como apoderada de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el poder y los documentos obrantes a folios 173 a 176 del expediente.

Téngase por presentada oportunamente la contestación de la demanda por la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio, obrante a folios 165 a 172.

Ahora, sobre el tercero interesado en las resultas del proceso, no se tiene por contestada la demanda por las razones que a continuación se enuncian:

Considera el despacho que existe indebida representación del tercero, pues los documentos con que se pretende certificar dicha carga procesal no reúnen los requisitos dispuestos en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, para que los documentos públicos otorgados en el extranjero puedan ser tenidos como válidos en Colombia.

El citado artículo prevé:

“ART. 259.—Documentos otorgados en el extranjero. (artículo modificado por el artículo 1º, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente): Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una Nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano”.

Al respecto, considera el despacho pertinente resaltar que según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano, para que se dé validez a los documentos públicos otorgados en el exterior existen dos procedimientos.

En efecto, según el texto del citado artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, para que dichos documentos públicos puedan ser tenidos como válidos en Colombia deben tener el sello del cónsul colombiano o el de la Nación amiga, con el consecuencial abono de la firma del funcionario ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o del funcionario competente cuando se trate de Nación amiga.

Por otra parte, la Ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, dispone en sus artículos 1º y 2º lo siguiente:

“ART. 1º—La presente convención se aplicará a documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante.

Para fines de la presente convención, los siguientes serán considerados documentos públicos:

a) Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y relacionados con las cortes o tribunales del Estado, incluyendo aquellos que emanan del Ministerio Público, de un secretario o de un agente judicial;

b) Documentos administrativos;

c) Actas notariales; y,

d) Declaraciones oficiales como menciones de registro, visados de fecha fija y certificados de firma, insertadas en un documento privado.

Sin embargo, la presente convención no se aplicará a:

a) los documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares; y,

b) Los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.

ART. 2º—Cada Estado contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica la presente convención y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la presente convención, la legalización significa únicamente el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare”.

De acuerdo con lo anterior, concluye el despacho que en Colombia cuando se trata de dar validez a los documentos públicos otorgados en el extranjero debe tenerse presente el país de donde proviene el citado documento. Lo anterior, debido a que si tiene origen en un país que haga parte de la citada convención, las autoridades públicas colombianas pueden dar plena validez a los documentos que cuenten con la apostilla.

En caso que el origen del documento, sea de un país que no sea parte del citado convenio debe aplicarse el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo con lo anterior, advierte el despacho que el poder otorgado por el representante legal del tercero con interés en las resultas del proceso, visible a folios 158 y 159 no cuenta con apostilla ni con el sello del cónsul colombiano o el de la Nación amiga, con el consecuencial abono de la firma del funcionario ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o del funcionario competente, por lo que no puede darse validez al citado documento.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Marco Antonio Velilla Moreno.