Auto 2010-00031 de diciembre 15 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 08001-23-31-000-2010-00031-01 [20678]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Camacol Caribe

Referencia: Recurso Ordinario de Súplica contra el auto que rechazó un recurso.

Auto

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera

Corresponde a la Sala resolver el recurso ordinario de súplica interpuesto por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (en adelante el Distrito). Para el efecto, deberá pronunciarse sobre: (i) la procedencia del recurso de súplica; (ii) la providencia recurrida y (iii) la resolución del caso en concreto.

Previamente es importante precisar que, en cumplimiento del mandato del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA [Ley 1437 de 2011](30), en este caso las normas aplicables son las del Código Contencioso Administrativo, CCA [Decreto 1 de 1984] porque la demanda se instauró antes del 2 de julio de 2012.

(i) Procedencia del recurso de súplica.

El artículo 183 del Código Contencioso Administrativo dispone:

“ART. 183.—El recurso ordinario de súplica procederá en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente.

Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda.

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el secretario pasará el expediente al despacho del magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo. Contra lo decidido no procederá recurso alguno”.

Es clara la norma al establecer que la súplica procede contra las providencias interlocutorias dictadas por el magistrado ponente. Entendiendo también que debe interponerse cuando quien dicta la decisión es un juez colegiado, de tal forma que del recurso conocerá el que siga en turno en orden alfabético, y se resolverá por la Sala.

Adicionalmente, dado que la providencia recurrida se dictó con ocasión del pronunciamiento realizado por el magistrado conductor respecto de una solicitud de aclaración de sentencia, es necesario, acudir a lo dispuesto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al trámite contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que prevé:

“ART. 309.—La sentencia no es revocable ni reformable por el Juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.

La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término.

El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos” (resaltado de la Sala).

Conforme con la norma transcrita, procede de oficio o a solicitud de parte la aclaración de sentencias y de autos cuando contengan conceptos o frases dudosas, siempre que estén en la parte resolutiva o influyan en ella. El último inciso advierte que contra la providencia que resuelva la solicitud de aclaración no procede recursos.

En el caso en estudio, se observa que el apoderado del Distrito interpuso recurso de súplica contra el auto de 19 de junio de 2015, que rechazó por improcedente el recurso, también de súplica, presentado contra la providencia de 16 de diciembre de 2014, que a su vez se abstuvo de resolver sobre la solicitud de aclaración formulada por el Distrito. Esta última decisión dictada por el consejero sustanciador o ponente.

En efecto, en principio podría decirse que el segundo recurso de súplica es improcedente, porque contra el auto que decide la súplica no procede recurso alguno, según lo dispuesto en la parte final del artículo 183 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, a juicio de la Sala, en este caso en particular el auto de 19 de junio de 2015, dictado en Sala unitaria, no decidió el recurso sino que lo rechazó porque consideró que la providencia contra la cual se dirigió es de trámite. Consideración que cómo se explicará más adelante no comparte la Sala.

Por lo explicado, en aras de garantizar el principio de contradicción y los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso y defensa, se asume el conocimiento del recurso de súplica ante las irregularidades presentadas en el trámite de la solicitud de aclaración.

(ii) Providencia recurrida

Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el magistrado sustanciador de la súplica, en auto de 19 de junio de 2015, rechazó por improcedente el recurso al advertir que la decisión recurrida era de trámite.

Sin embargo, como se anunció, esa afirmación no parece ser precisa por las razones que pasan a exponerse:

El auto de 16 de diciembre de 2014, dictado por el ponente, respecto de la solicitud de aclaración de la sentencia de 2º grado dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado formulada por el Distrito, advirtió:

“(…) (i) que el Tribunal no decidió sobre la solicitud de intervención del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla como tercero interviniente en este proceso y (ii) que ante dicha omisión la parte interesada no realizó ninguna gestión para lograr su reconocimiento como tercero interviniente; circunstancia que no impedía que se continuara con el trámite pertinente”.

Más adelante afirmó que:

“(…) (i) la falta de reconocimiento del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla como tercero interviniente en este proceso no impedía continuar con el trámite pertinente y (ii) que no es posible estudiar la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por el apoderado del citado ente territorial, porque en el trámite procesal no se le reconoció como parte coadyuvante o impugnadora; por lo tanto, no está legitimado para actuar en el asunto de la referencia”.

No obstante lo considerado sostuvo:

“Finalmente, en gracia de discusión, se observa que en todo caso no procede la pretendida aclaración de la sentencia proferida por esta Corporación el 6 de agosto de 2014, porque no se cumple con los presupuestos previstos en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil para tal fin, en la medida en que no existe lugar a duda de que la declaratoria de nulidad que recae sobre los artículos 5º y 6º de la Ordenanza 70 es total y no parcial.

Así se desprende de la lectura íntegra de la parte motiva de la sentencia, incluido el acápite denominado conclusiones, en el que se expuso que “[e]n consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada porque se comprobó la ilegalidad del artículo 5º de la ordenanza demandada, que señala la base gravable del tributo, que a su vez repercute en la ilegalidad del artículo 6º del mismo ordenamiento, tal como se explicó en su oportunidad” (se resalta)”.

Para finalmente decidir:

“Primero: Abstenerse de resolver sobre la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por el doctor Jaime Alejandro Díaz Vargas, quien acusa su calidad de apoderado judicial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Segundo: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen”.

De la lectura de los apartes transcritos se infiere claramente una providencia interlocutoria, puesto que contiene decisiones diferentes al mero impulso procesal, a saber:

En primer lugar, se le indica al Distrito que no tiene legitimación en la causa por pasiva para actuar en este proceso, concretamente, porque su intervención como coadyuvante o impugnadora no fue reconocida expresamente por el a quo, omisión que tampoco fue alegada oportunamente. Así que se niega en forma expresa la intervención del Distrito por no tener legitimación en la causa.

La providencia que se pronuncia sobre la intervención de un tercero es interlocutoria dado que establece si una determinada persona puede actuar en el proceso como coadyuvante o impugnador, litisconsorte o cualquier otra forma de intervención. En cuanto a la competencia para proferir autos interlocutorios, es necesario remitirse a lo señalado en el artículo 146A del Código Contencioso Administrativo, así:

ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181(31) serán de Sala excepto en los procesos de única instancia.

De la norma transcrita se concluye que el auto que resuelve sobre la intervención de un tercero debe dictarla el ponente porque no se trata de las de los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 181 ib.

Adicionalmente debe indicarse que la decisión, cualquiera que sea el sentido, esto es si acepta o niega la intervención, es susceptible de ser controvertida con el recurso de apelación o súplica, según sea el caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso, como el proceso está en segunda instancia y la decisión de negar la coadyuvancia del Distrito es interlocutoria de ponente, el recurso procedente para controvertir tal negativa es el de súplica.

En segundo lugar, la providencia de 16 de diciembre de 2014, a pesar de la presunta falta de legitimación en la causa, indicó que la solicitud de aclaración no reunía los requisitos del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil y explicó brevemente el porqué.

Respecto de esta última consideración, es claro que correspondía a la Sala referirse a la procedencia de la solicitud de aclaración de la sentencia de 6 de agosto de 2014, precisamente por tratarse de una decisión adoptada por todos los integrantes de la Sección.

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil advierte que “La sentencia no es revocable ni reformable por el Juez que la pronunció”. Para el caso del Consejo de Estado, no cabe duda de que como cuerpo colegiado dicta sus fallos en Sala(32). Esas decisiones, en principio, no son reformables por la Sala; sin embargo, la norma citada le permite al mismo juez que las pronunció, para el caso de esta Corporación, a la Sala, aclararlas —de oficio o a solicitud de parte— en auto complementario, siempre que existan expresiones dudosas o confusas en la parte resolutiva o que influyan en ella.

La norma regula el evento en el que, ya sea de oficio o a solicitud de parte, el juzgador aclara la sentencia, lo que, como se explicó, debe hacerlo la Sala en auto complementario. Esa competencia en cabeza de la Sala no cambia cuando, por cualquier razón, no procede la solicitud de aclaración formulada por alguna de las partes o terceros, pues corresponde a los integrantes de la Sala exponer las razones por las cuales debe negarse la aclaración de la sentencia en cuya aprobación participaron.

Precisado lo anterior, se concluye que el magistrado conductor del proceso es el competente, en sala unitaria, para pronunciarse sobre la intervención de un tercero y que esa decisión es interlocutoria. Así que en principio, en este caso, el ponente era el competente para señalar que el Distrito no estaba legitimado para actuar porque no fue reconocido como coadyuvante durante el proceso. Sin embargo, como esa consideración se produjo como consecuencia de la solicitud de aclaración de la sentencia de 6 de agosto de 2015, formulada por el Distrito, y se hizo precisamente para señalar que no era posible estudiar dicha solicitud, correspondía a la Sala pronunciarse frente a la aclaración.

La situación descrita no fue advertida por el magistrado que le correspondía estudiar el recurso de súplica presentado contra el auto de 16 de diciembre de 2014, a pesar de que las razones que sustentaron ese medio de impugnación fueron, entre otras: (i) la falta de competencia funcional del consejero ponente y (ii) la convicción de haber intervenido como coadyuvante en tiempo.

En esos términos, corresponde a la Sala tramitar y decidir el recurso de súplica oportunamente interpuesto contra el auto de 19 de junio de 2015, teniendo en cuenta que no se decidió la súplica contra el proveído de 16 de diciembre de 2014. Para el efecto, deberá hacerse un breve resumen de los argumentos del recurso interpuesto por el Distrito contra la providencia de 16 de diciembre de 2014, así(33):

• El Distrito por un lado, advirtió la falta de competencia funcional del Ponente dado que el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil reserva a la Sala la competencia para aclarar sus sentencias o negar la aclaración.

• Por otro lado, sostuvo que la consideración de que el Distrito no actuó como tercero interviniente, porque no se decidió sobre su intervención, vulnera el acceso a la administración de justicia que por derecho propio tiene la entidad territorial a ser escuchada en el juicio contencioso administrativo. En este punto, resaltó lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política referido a la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en las decisiones judiciales. En Sentencia T-0268 de 2010, la Corte Constitucional ratifica como imperativo que el juez debe resolver teniendo como premisa mayor el fondo del asunto conforme con lo solicitado, sin detenerse a escudriñar posibles vicios formales, que resultan subsanados a lo largo del proceso.

• Asimismo, señaló que el Consejo de Estado(34), sobre la intervención de terceros coadyuvantes en el proceso, indicó que el constituyente y el legislador crearon un instrumento idóneo de fácil acceso, con miras a una pronta y cumplida administración de justicia. Así que es necesario un pronunciamiento del juez administrativo sobre el fondo del asunto en litigio, teniendo en cuenta los requerimientos y observaciones que el coadyuvante plasmó en su escrito de intervención para apoyar la legalidad de la Ordenanza 70 de 2009, sin necesidad de formalidad o ritualidad alguna.

• En cuanto a la solicitud de aclaración de la sentencia de segunda instancia, insistió en que en la parte resolutiva se declaró la nulidad de los artículos 5º y 6º de la Ordenanza 70 de 2009, a pesar de que en la parte considerativa se advirtió una “nulidad parcial” y no total como finalmente se declaró. De manera que no existe congruencia entre la parte motiva y la resolutiva lo que genera un importante motivo de duda y, por ende, la necesidad de decidir la aclaración.

Por los anteriores argumentos, el Distrito pidió la revocatoria del auto de 16 de diciembre de 2014.

(iii) Resolución del caso concreto

Para resolver el recurso de súplica, corresponde en primer lugar pronunciarse sobre la presunta falta de legitimación en la causa del Distrito.

Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la demanda de simple nulidad radicada por Camacol Caribe se promovió para atacar la legalidad parcial de la Ordenanza 70 de 2009, proferida por la Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se autoriza al Concejo Distrital de Barranquilla para que haga obligatorio el uso de la estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel de atención del departamento del Atlántico en el distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y se dictan otras disposiciones”.

El auto que admitió la demanda, para efectos de conformar el contradictorio, ordenó notificar al Gobernador del departamento del Atlántico, quien dio respuesta a la demanda dentro del término legal concedido.

Se observa del expediente, que seguido de la respuesta del departamento, obra memorial del 17 de febrero de 2012 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en el que manifestó que actuaba “en calidad de tercero interesado y COADYUVANTE”, puesto que “se vería afectado con el resultado de fondo de la presente acción” y expuso las razones que pretendía hacer valer para defender la constitucionalidad y legalidad de la ordenanza demandada(35). Ese escrito se amplió el 20 de febrero de 2012(36).

No obstante, de la revisión de las actuaciones adelantadas, en primera instancia, se advierte que el Tribunal guardó silencio frente a la solicitud de intervención del distrito y simplemente continuó con el trámite del proceso hasta dictar la correspondiente sentencia(37). El asunto se remitió a esta Corporación para resolver el recurso de apelación presentado por la demandante, lo cual en efecto se hizo en la sentencia de 6 de agosto de 2014, dictada por la Sección Cuarta, que declaró la nulidad de los artículos 5º y 6º de la norma acusada.

La decisión con la cual se ponía fin al proceso de nulidad, adelantado por Camacol Caribe, se notificó por edicto fijado los días 19, 20 y 21 de agosto 2014. Así que el término de ejecutoria corrió el 22, 25 y 26 del mismo mes. El 26 de agosto de 2014, el Distrito, por intermedio de apoderado, solicitó aclaración de la sentencia(38). Es decir, que la petición fue oportuna.

En la referida solicitud, se indicó que el Distrito actúa en calidad de “TERCERO INTERESADO y COADYUVANTE”.

Explicado lo anterior, es necesario remitirse a lo previsto en el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, respecto de la intervención de terceros:

“ART. 146.—En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única instancia.

En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora se le reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso.

En los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos 50 a 57 del Código de Procedimiento Civil. El Ministerio Público está facultado para solicitar la intervención de terceros eventualmente responsables.

El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo; el que la niega, en el suspensivo; y, el que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso ordinario de súplica.

En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá intervención de terceros” (resaltado fuera de texto).

El artículo citado dispone que en los procesos de simple nulidad cualquier persona puede solicitar que se la tenga como coadyuvante o impugnadora hasta el último día del término para presentar alegatos de conclusión en primera o en única instancia. Significa que quien quiera intervenir no requiere demostrar un interés directo en la actuación precisamente porque se trata de un proceso en el que se estudia la legalidad de un acto administrativo de carácter general y abstracto, así que todos pueden participar para defender o atacar la legalidad de una norma de naturaleza pública.

De lo anterior, puede concluirse, en principio, que en esta clase de procesos no existe razón para negar la intervención que cualquier persona solicite, siempre que lo haga dentro del término legal.

Situación diferente se predica cuando se trata de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que quien pretenda actuar como coadyuvante o impugnador debe probar el interés directo que le asiste en las resultas del asunto. En caso de que no se demuestre dicho interés, el juez conductor del proceso, seguramente, negará la intervención.

Precisado que cualquier persona puede actuar como coadyuvante o impugnadora en un proceso de simple nulidad, en el sub examine se tiene que el Distrito presentó el escrito de intervención —como coadyuvante de la parte demandada— dentro del plazo concedido por el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, pues lo hizo, incluso antes de que el despacho sustanciador se pronunciara sobre las pruebas de primera instancia.

Asimismo, aunque no estaba obligado a demostrar el interés que tenía en el presente asunto, sí advirtió que podría resultar afectado con la decisión que se tomara, lo que, a juicio de la Sala, es evidente puesto que la ordenanza demandada autoriza al Distrito para que imponga como obligatorio el uso de la estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de Atención del Departamento del Atlántico en su jurisdicción. Además, el artículo 3º del acto acusado dispone que el sujeto activo es el Distrito(39).

Así las cosas, es claro que el Distrito intervino como coadyuvante del departamento del Atlántico y el hecho de que no exista pronunciamiento expreso frente a la solicitud de intervención no puede perjudicar su oportuna intervención, más aún si dicha intervención no fue objeto de discusión en primera ni en la segunda instancia, entiéndase hasta la sentencia de 6 de agosto de 2014. Precisamente con ocasión de esa decisión es que el Distrito, solicitó aclaración de la misma con el convencimiento de tener la condición de coadyuvante, pues no existía pronunciamiento expreso que le impidiera actuar.

En este caso, por tratarse de un proceso de simple nulidad en el que cualquier persona podía intervenir, siempre que lo hiciera en tiempo, según lo permite el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, no existía razón alguna por la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico hubiera podido negar la calidad de coadyuvante del Distrito.

Empero, esa Corporación judicial no hizo pronunciamiento al respecto, sin razón aparente, por lo que debe entenderse que fue una omisión involuntaria, la cual, como se advirtió, no puede desconocer la oportuna intervención y el derecho de acceso a la administración de justicia.

Ahora, si bien es cierto que el Distrito no alegó tal omisión en alguna etapa del proceso, esa inactividad por sí sola no constituye razón suficiente para negar la condición de coadyuvante. Por el contrario, de conformidad con el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil que dispone: “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”, debe tenerse como subsanada la irregularidad del Tribunal y, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, reconocerse como coadyuvante al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla desde el mismo momento en que se presentó el escrito de intervención, esto es desde el 17 de febrero de 2012. Tal reconocimiento se hará en la parte resolutiva de esta providencia, con efecto meramente declarativo.

Explicado, como está, que el Distrito debe tenerse como coadyuvante del departamento del Atlántico en el proceso de simple nulidad adelantado por Camacol Caribe, debe verificarse si esa calidad lo faculta para solicitar aclaración de la sentencia de 6 de agosto de 2014. El artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta clase de procesos, señala:

“ART. 52.—INTERVENCIONES ADHESIVAS Y LITISCONSORCIAL. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante, de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

(…)” (Resaltado fuera de texto).

De acuerdo con el aparte resaltado, la Sala estima que el Distrito estaba procesalmente facultado para presentar la aclaración de la sentencia, puesto que esa solicitud constituye uno de los actos procesales que podía ejercer el departamento del Atlántico y no se oponía con los intereses del departamento ni implicaba disposición del derecho en litigio.

En consecuencia, es procedente resolver la solicitud de aclaración de la sentencia de 6 de agosto de 2014, oportunamente formulada por el Distrito. Más aún si no existe pronunciamiento material de la Sala frente a tal solicitud, pues, como se vio, el despacho sustanciador, en auto de 16 de diciembre de 2014, se abstuvo de resolver.

Como se indicó al inicio de las consideraciones de esta providencia, no existe duda de que cuando se pide la aclaración de una sentencia, decisión adoptada por la Sala, para el caso de los jueces colegiados, es la misma Sala la competente para resolver si accede o niega la aclaración solicitada.

Expuestas como están las consideraciones, en el sub lite se presentan dos situaciones procesales, a saber:

(i) La falta de competencia funcional del magistrado que en sala unitaria dictó la providencia de 16 de diciembre de 2014, por la cual se “abstuvo” de resolver una aclaración, pero que en la parte final advirtió que no se cumplen los requisitos del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. Se insiste en que no existe pronunciamiento material de la Sala frente a la solicitud de aclaración de la sentencia.

(ii) Rechazo del recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 16 de diciembre de 2014 porque no era una decisión interlocutoria, a pesar de que si lo era y correspondía a la Sala dictarla, circunstancia que el recurrente advirtió. Ese rechazo afectó los derechos de acceso a la justicia y contradicción del Distrito pues esa era la oportunidad para darle el trámite correspondiente a las peticiones del recurrente.

Por tanto, deberá revocarse la providencia de 19 de junio de 2015, objeto de súplica y, en su lugar, se dejará sin efectos el auto de 16 de diciembre de 2014 y se devolverá el expediente al despacho del Consejero Ponente, para que —a la mayor brevedad— presente proyecto de auto ante la Sala en el que se resuelva la solicitud de aclaración presentada por el Distrito.

Adicionalmente, se observa que aún se encuentra pendiente un recurso de súplica, también interpuesto por el Distrito, contra el auto de 6 de agosto de 2015, por el cual se rechazó la solicitud de nulidad formulada. Sin embargo, el motivo de la nulidad desaparece por carencia de objeto y, en ese entendido, la providencia recurrida pierde efectos y no existe mérito para resolver sobre la súplica.

Finalmente, es importante precisar que mientras exista una solicitud de aclaración de sentencia, la providencia objeto de aclaración no cobra ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil que señala:

“ART. 331.—Ejecutoria. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida ésta” (resaltado fuera de texto).

Como se indicó, en este proceso no existe decisión material sobre la aclaración porque el juez se “abstuvo” de resolver. Significa que la sentencia de 6 de agosto de 2014 aún no está en firme porque no se ha resuelto la solicitud de aclaración. Será cuando quede ejecutoriada la providencia de la Sala que resuelva tal solicitud que quedará ejecutoriado el fallo de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. Acéptase al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla como coadyuvante del departamento del Atlántico.

2. Revócase la providencia de 19 de junio de 2015, objeto de súplica y, en su lugar, déjese sin efectos el auto de 16 de diciembre de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia:

3. Devuélvase el expediente al despacho del magistrado ponente para que, a la mayor brevedad, presente proyecto de auto ante la Sala en el que resuelva la solicitud de aclaración presentada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

4. Reconócese personería al doctor Jaime Alejandro Díaz Vargas como apoderado del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, coadyuvante, en los términos y para los fines del poder que obra a folio 72.

Cópiese y notifíquese y cúmplase.»

30 “ART. 308.—El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

31 “ART. 181.—Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que resuelva sobre la suspensión provisional.

3. El que ponga fin al proceso.

(…)”.

32 De acuerdo con la naturaleza de los asuntos serán conocidos en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo o en Salas de Sección, según su especialidad.

33 Folios 177-181.

34 Providencia de 7 de mayo de 2008, radicación 16847, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

35 Folios 78-85.

36 Folios 93-99.

37 Folios 113-121.

38 Folios 167-171

39 “ART. 3º—SUJETOS DEL TRIBUTO. Determinase como SUJETO ACTIVO del tributo que por esta ordenanza se autoriza, al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla; y como SUJETO PASIVO, a todas las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que para acreditar el pago del impuesto predial en el Distrito de Barranquilla, para efectos de la protocolización de actos u operaciones sobre bienes inmuebles que impliquen la transferencia de dominio en los términos del Código Civil Colombiano y el artículo 27 de la Ley 14 de 1983, obtengan la expedición del estado de Cuenta (sic) o documento que acredite: (sic) dicho pago por parte de las autoridades distritales”.