Auto 2010-00055 de febrero 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Consejero Ponente:

Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 23001-23-31-000-2010-00055-01 (52781)

Actor Mónica Patricia Martínez Soto, Julio César, Miladis del Carmen, Deomira Lucía y Rodolfo Rafael Martínez Martínez

Demandado: Municipio de Momil

Referencia: Reparación directa. Prelación de fallo

ANTECEDENTES

La parte demandante presentó solicitud de prelación de fallo(1) de la acción de reparación directa, en la que se pretende que se declare patrimonialmente responsable al municipio de Momil por los perjuicios causados como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el (5) de septiembre de dos mil nueve (2009) en el que el señor Julio César Martínez Martínez sufrió lesiones de carácter permanente.

CONSIDERACIONES

La solicitud de prelación se fundamentó en las condiciones en las que se encuentra la víctima luego del accidente de tránsito por el que se pretende una indemnización en el presente proceso, pues el señor Julio César Martínez Martínez está en situación de discapacidad, vive solo y de la caridad de la gente. Asimismo, se argumentó que en caso de que sean acogidas sus pretensiones, podrá someterse a un tratamiento médico para recuperar su estado de salud.

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispone que «Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse», mientras que el artículo 16 de la Ley 1285 del 2009 contempla unas excepciones a esta regla general, que permiten alterar el orden cronológico de turno:

“ART. 16.—Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación. 

Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente. 

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos”. 

La Corte Constitucional ha sostenido que por regla general, los asuntos sometidos a la justicia deben ser resueltos en el orden estricto de entrada para fallo; sin embargo, el legislador puede establecer excepciones, siempre que sean justificadas y razonables. De igual forma, explica que la autoridad judicial debe revisar cada caso particular con el fin de determinar si se enmarca o no en las excepciones legales que permiten que los procesos sean fallados preferentemente, y justificar el cambio de orden para fallo(2).

La misma colegiatura ha establecido unos criterios que permiten identificar cuándo la mora judicial justificada pone en grave riesgo los derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia y por tanto justifica que el turno de fallo de un proceso sea adelantado, estos son(3):

“a) La calidad de sujeto de especial protección que la Constitución reconozca a un individuo. 

b) Que la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado. 

c) Relación directa entre las condiciones particulares del afectado y la resolución que espera de la administración de justicia”. 

La jurisprudencia constitucional ha señalado que los sujetos de especial protección son en general quienes estén en situación de debilidad manifiesta, como las madres cabeza de familia, los niños, la población desplazada, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad(4) y afirmó que el amparo reforzado a estos sujetos tiene como fundamento el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, en el que el Constituyente reconoció la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos(5). Por último, sostuvo que la especial protección significa el deber de adoptar decisiones para corregir los efectos perjudiciales de la desigualdad y de esa forma garantizar el pleno ejercicio de sus libertades y derechos(6).

La Sala considera que la solicitud de prelación formulada en el sub lite está llamada a prosperar, pues cumple con los criterios jurisprudenciales que justifican la alteración del orden regular para fallo. Lo anterior, puesto que se observa que el caso concreto involucra los derechos fundamentales a la salud y mínimo vital de una persona en situación de discapacidad, es decir, un sujeto de especial protección constitucional, ya que de acuerdo con la historia clínica(7), los resultados de imagenología de la Clínica de Traumas y Fracturas de Montería(8) y el dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral número 2794(9), que obran como prueba en el proceso, presenta un trauma en la región dorsal con limitación para movilidad y pérdida de la sensibilidad en miembros inferiores, luxofractura de vertebras t-3 y t- 4, hernia discal dorsal, y una pérdida de capacidad laboral del 81,35%.

De modo, que la decisión que esta Corporación adopte en torno a la indemnización reconocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba, repercutirá en la mejoría de las condiciones de salud y vida del señor Julio César Martínez Martínez, puesto que entre otras cosas, en caso de confirmarse la sentencia de primera instancia, tendría dinero para un tratamiento médico.

Cabe resaltar, que en ocasión anterior, esta Sección y Subsección han decidido asuntos similares en igual sentido. Por su parte, la Sección Tercera de esta Corporación en providencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015)(10), basándose en la jurisprudencia constitucional, resolvió darle prelación de fallo al proceso en el que era parte una menor en estado de vulneración manifiesta, pues se probó su grave estado de salud, al constar en la historia clínica el diagnóstico con parálisis cerebral espástica, cuya condición era objeto de estudio de dicho proceso y de igual forma concedió la prelación de fallo solicitada en el proceso 13001-2331-000-2012-00424-01 (49.502), toda vez que el actor era sujeto de especial protección constitucional en razón a su avanzada edad y padecimiento de insuficiencia renal crónica terminal(11).

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1. Entiéndase que el asunto objeto de esta solicitud tiene prelación de fallo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

2. Ejecutoriado este proveído, devuélvase el expediente al despacho del ponente para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, salvamento de voto.

Salvamento de voto

Me aparto de la decisión que se adoptó en la providencia del 21 de febrero de 2018, que dispuso la prelación de fallo para el caso, pues no reúne los presupuestos del artículo 16 de la Let 1285 de 2009.

Guillermo Sánchez Luque. 

1 Fls. 460, 464 y 467, cdno. ppal

2 Corte Constitucional, Sentencia C-713 del 2008.

3 Corte Constitucional, Sentencia T-945A del 2008.

4 Corte Constitucional, sentencia T-495 de 2010.

5 Corte Constitucional, sentencia T-282 de 2008.

6 Corte Constitucional, Sentencia T-874 de 2007.

7 Fls. 98 a 108, cdno. 1.

8 Fls. 136 a 143, cdno. 1

9 Fls. 380 a 383, cdno. 1

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 29 de octubre de 2015, Rad. 25000-23-26-000-2009-01046 01 (52082).

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 13001-2331-000-2012-00424-01 (49.502).