Auto 2010-00065 de marzo 23 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 39.192

Rad.: 44001-23-31-000-2010-00065-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: XXX

Demandado: Departamento de la Guajira y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa, apelación auto

Bogotá D.C., veintitrés de marzo de dos mil once.

Resuelve la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra el auto dictado por el Tribunal Administrativo de la Guajira el 17 de junio de 2010, a través del cual rechazó la demanda por caducidad de la acción.

Antecedentes

I. Hechos relevantes:

1. De conformidad con los hechos narrados en la demanda se tiene que:

• El día 1º de mayo de 2006, el señor XXX ingresó por urgencias al Hospital San José de Maicao con impresión diagnóstica de síndrome febril con sospechas de dengue clásico, entidad en la que le ordenaron varias transfusiones de plaquetas.

• El día 5 de mayo de 2006, el señor XXX fue remitido a la unidad de cuidados intensivos Renacer Ltda., donde le practicaron varias transfusiones de sangre y pruebas de laboratorio clínico (fls. 33 a 38 cdno. 1).

• El actor recibió una llamada telefónica en los primeros días de septiembre de 2006, por parte del doctor Julio César Palacio (profesional médico de la entidad demandada), mediante la cual le informaron que era portador de VIH - SIDA.

• El día 12 de septiembre de 2006, el señor XXX se practicó la prueba de Elisa para VIH - SIDA, en el Laboratorio Clínico del Mar en la ciudad de Barranquilla, prueba que a su vez arrojó un resultado negativo para VIH - SIDA (fls. 39 y 40 cdno 1).

• Mediante derechos de petición con radicados del 6, 11 y 14 de mayo de 2009, el actor solicitó a la clínica Renacer Ltda., copia de su historia clínica, copia de todos los procedimientos que se le practicaron durante su permanencia en la referida clínica y copia de los documentos firmados por su padre —Carlos Alberto Gómez Mogres— (fls. 44 a 46 cdno. 1).

• Mediante derecho de petición radicado el 6 de mayo de 2009, el actor solicitó ante la Secretaría de Salud Departamental de la Guajira certificación sobre el reporte de su nombre como portador de VIH - SIDA ante dicha entidad (fl. 47 cdno. 1).

• EL 11 de mayo de 2009 mediante respuesta al derecho de petición, la Secretaría de Salud de la Guajira le informó que dentro de su base de datos se encontró que el caso del señor XXX fue reportado por el Hospital San José de Maicao el 15 de noviembre de 2006 y confirmado por el laboratorio clínico Andrade Narváez de Bogotá el 28 de diciembre de 2006, con un resultado VIH positivo con aplicación de la técnica de Western Blot. A partir de la anterior respuesta el actor considera tener conocimiento real y cierto del daño (fl. 48 cdno. 1).

II. Trámite procesal.

2. El 26 de marzo de 2010, se presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, con el fin de que se declare patrimonial y extracontractualmente responsable al departamento de la Guajira —secretaría de salud departamental— Hospital San José de Maicao — unidad de cuidados intensivos de la sociedad Renacer, de los perjuicios derivados por la falla y falta del servicio médico con motivo de la atención deficiente que se le brindó en desarrollo del proceso de transfusión de plaquetas, en el cual terminó infectado con el virus de inmunodeficiencia humana VIH — SIDA (fls. 1 a 12 cdno. 1).

3. Por su parte, el Tribunal Administrativo de la Guajira mediante auto de 17 de junio de 2010, rechazó la demanda interpuesta por encontrar caducada la acción, toda vez que consideró que la acción de reparación fue presentada por el actor extemporáneamente, comoquiera que de conformidad con los hechos narrados en la demanda, el demandante tuvo conocimiento del daño en el año 2006, razón por la cual el término para interponer la referida acción venció en el año 2008 (fls. 65 a 67 cdno. ppal.)

4. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso en tiempo el recurso de apelación, en el cual argumentó que junto con la demanda se allegaron las pruebas examen de Elisa y la respuesta de derecho de petición del 6 de mayo de 2009 por parte de la Secretaría de Salud Departamental de la Guajira, que demuestran que la acción de reparación directa fue presentada dentro del término legal (fls. 83 a 87 cdno. ppal.).

Consideraciones

I. Competencia

5. La Sala es competente para decidir el presente asunto, por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Administrativo de la Guajira, rechazó la demanda en un proceso de doble instancia (CCA, art. 129), providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 181 ibídem.

6. Igualmente es competente, teniendo en cuenta que el recurso fue interpuesto antes de la vigencia de la Ley 1395 del 12 de julio de 2010, y que la cuantía estimada en la demanda es superior a los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

II. Problema jurídico

7. Corresponde a la Sala determinar en el caso concreto si el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contabilizarse desde que el actor recibió una llamada telefónica por parte de la clínica demandada en septiembre de 2006, como lo sostiene el tribunal en el auto recurrido; o si, por el contrario, dicho término debe contabilizarse desde que el demandante recibió respuesta a su derecho de petición el 11 de mayo de 2009, que es lo que argumenta en el recurso de apelación.

III. Análisis de la Sala.

8. La figura de la caducidad ha sido establecida por el legislador colombiano como una sanción, en aras de la protección de la seguridad jurídica de los sujetos procesales, cuando en determinados eventos no se ejercieron las acciones judiciales en el término previsto por el ordenamiento jurídico. Las partes asumen la obligación procesal de impulsar el proceso dentro del plazo fijado por ley y, de no ser así, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Así mismo, la caducidad está destinada a atacar la acción en los eventos que ha sido invocada tardíamente, con el fin de imposibilitar el surgimiento del proceso.

9. El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Así, el numeral 8° dispone un término de caducidad para presentar la acción de reparación directa de (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

10. No obstante, esta corporación ha expresado en diferentes ocasiones que:

(...) si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de estos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el paciente tiene conocimiento de ello. Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquella en que el daño ha sido efectivamente advertido(1).

11. Igualmente, la Sección Tercera de esta corporación, ha interpretado que:

(...) esa norma en aplicación de los principios pro actioni y pro damato según los cuales, en algunos casos el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la fecha en que el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero en otros casos no(2). Así en auto del 30 de enero de 2003(3), reiterado en varias providencias(4), se dijo:

Si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que el término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción.

Así mismo, en el derecho español existe una línea doctrinaria y jurisprudencial orientada por el principio pro damato que busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas(5)(6) (son subrayas y negrillas del original).

12. Con fundamento en los criterios anteriores, considera la Sala que no le asiste razón al a quo, al señalar que en el caso concreto operó el fenómeno de la caducidad, si considera que el término debe computarse desde el instante en que el actor recibió la llamada telefónica por parte del profesional médico de la Clínica Renacer Ltda., habida cuenta que existen dudas razonables sobre el momento en el cual el actor tuvo conocimiento cierto del perjuicio arraigado, pues, de conformidad con los hechos —ver párrafo 1— se evidencia que, posterior a dicha llamada telefónica, el demandante se practicó la prueba de Elisa, la cual arrojó un resultado negativo. Así mismo, se observa que fue reportado a la Secretaria de Salud Departamental de la Guajira como portador de VIH - SIDA en noviembre de 2006, mucho después de la referida llamada telefónica.

13. Es importante anotar que el Decreto 1543 de 1997(7) reglamentó la prevención, control y vigilancia del VIH, y estableció los criterios deben seguir las instituciones públicas y privadas, frente a los casos del virus de inmunodeficiencia humana VIH. En este sentido, en cuanto al procedimiento médico que se debe observar frete a los pacientes con (o bajo sospecha de tener) VIH, dicho decreto contempla la realización de dos pruebas diagnosticas, una presuntiva y otra suplementaria(8), para efectos de tener certeza sobre la existencia de la enfermedad en determinada persona. Igualmente, establece que, una vez exista tal certeza el resultado de la prueba de diagnóstico deberá ser entregada al paciente por el médico tratante (art. 6).

14. En el caso concreto, se puede apreciar que tal procedimiento médico no se llevó a cabo por parte de la Clínica Renacer Ltda., sino que, por el contrario, tuvo el demandante que acudir ante la secretaría de salud departamental, entidad que le corroboró mediante oficio del 11 de mayo de 2009, que su caso fue confirmado mediante la prueba idónea practicada en el Laboratorio Clínico Andrade Narváez el día 28 de diciembre de 2006, por lo que se asume que el actor tuvo certeza del daño que padece en la fecha del oficio referido.

15. Finalmente, esta Sala es del criterio que “(...) en casos de duda sobre la caducidad de la acción, lo propio es darle curso a la demanda para que nuevamente se avoque su estudio en la oportunidad procesal para dictar sentencia”(9).

16. En consecuencia, se revocará la decisión del tribunal por haberse presentado oportunamente la demanda el 26 de marzo de 2010, esto es, dentro de los dos años siguientes al momento en que el demandante tuvo conocimiento cierto del daño que alega, término previsto para el ejercicio de las acciones de reparación directa.

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo de la Guajira el día 17 de junio de 2010. En consecuencia, SE DISPONE:

1. Admítase la demanda presentada, para efectos de lo cual:

1. Notifíquese personalmente a los señores Departamento de la Guajira —secretaría de salud— la ESE Hospital San José de Maicao y a la Sociedad unidad de cuidados intensivos Renacer Ltda., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, y en los términos del artículo 150 ibídem.

2. Notifíquese personalmente al señor agente del Ministerio Público, como lo señalan los artículos 127 y 207 del Código Contencioso Administrativo.

3. Fíjese en lista por el término de diez (10) días.

4. Solicítense a los demandados el envío de los antecedentes administrativos.

5. El demandante consignará los dineros que el tribunal fijará para gastos del proceso.

2 Las anteriores órdenes se cumplirán por el tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo—Ruth Stella Correa Palacio—Danilo Rojas Betancourth.

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004. Exp. 18.273, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de abril de 2008, Exp. 33834, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(3) “Auto proferido dentro del proceso 22.688. Actor: Calvet Hooker Jay. Demandado: DAS”.

(4) “Autos que dictó la Sección Tercera el 11 de mayo de 2006. Exp: 30.325. Actor: Fiduciaria Cooperativa de Colombia “Fidubancop”. Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de julio de 2007. Exp: 30.512. Actor: Jesús Antonio Martínez Cuenca y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 13 de diciembre de 2007. Exp: 33.373. Actor: Oliverio Díaz Díaz. Demandado: Municipio de Une. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 13 de diciembre de 2007. Exp: 33.991. Actor: Gonzalo Moreno Rodríguez y otros. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 1º de febrero de 2008. Exp: 34.381. Actor: José Óscar Zuleta Vega y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra”.

(5) “Ricardo de Ángel Yagüez. Tratado de responsabilidad Civil. Madrid, edit. Civitas, 1993. 3ª ed., pág. 154”.

(6) “Sentencia que dictó la Sección Tercera el 10 de noviembre de 2000. Actor: Viviana Patricia Salcedo. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Reiterada en las siguientes providencias: 27 de febrero de 2003. Exp: 23.446. Actor: Néstor Hernando Rizo Rey. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 2 de febrero de 2005. Exp: 27.994. Actor: Miguel Sáenz Gómez. Demandados: Nación y Municipio de Granada. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 11 de mayo de 2006. Exp: 30.325. Actor: Fiduciaria Cooperativa de Colombia “Fidubancop”. Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de julio de 2007. Exp: 30.512. Actor: Jesús Antonio Martínez Cuenca y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra”.

(7) Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).

(8) ART. 4º—Indicación de las pruebas diagnósticas. Las pruebas de laboratorio para el apoyo diagnóstico de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) están indicadas con los siguientes propósitos:

a) Confirmación de sospecha clínica de la infección por VIH por parte de un profesional de la medicina, con el consentimiento informado de la persona;

b) Estudio de investigación del comportamiento epidemiológico de la infección por VIH;

c) Para atender la solicitud individual de la persona interesada;

d) Para descartar la presencia del VIH en material biológico humano.

PAR.—Los estudios de investigación a que se refiere el literal “b” del presente artículo, deberán ceñirse a lo estipulado en el capítulo IV del presente decreto.

ART. 5º—Realización de pruebas diagnósticas. Las pruebas presuntiva y suplementaria de infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) previa consejería, se realizarán en laboratorios públicos o privados que cumplan los requisitos y normas de calidad establecidas por la red nacional de laboratorios.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de marzo de 2004, Exp. 24.647, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.