Auto 2010-00067 de junio 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 52001333170120100006701

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Luis Eduardo Trujillo Pantoja

Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda y otros

Referencia: Acción de grupo

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996; corresponde a este despacho decidir sobre el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pasto y el Juzgado Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán.

2. De la acción de grupo.

El artículo 55 de la Ley 472 de 1998 reguló la integración del grupo en las acciones de grupo, de la siguiente manera:

“ART. 55.—Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, (...), podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.

La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella.

Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo”.

En cuanto al tema de la integración de grupo y de la posibilidad de que coexistan dos o más subgrupos, que en ejercicio de la acción de grupo demanden la indemnización de un daño que tiene la misma común, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que la voluntad del legislador fue que existiera un único proceso judicial respecto del daño común causado a un grupo(6).

Dicha posición fue reiterada en sentencia del 6 de octubre de 2005, proferida por la consejera doctora Ruth Stella Correa Palacio en el proceso 41001233100020010094801 (AG), en los siguientes términos:

“Al proceso se entienden vinculados no solo los demandantes, sino todos los integrantes del grupo afectado, cuya representación es ejercida por el grupo demandante. Si bien el legislador ha exigido que para admitirse la demanda deban estar identificados al menos veinte integrantes del grupo afectado, o deben establecerse los criterios para su identificación, ello no significa que el proceso se adelanta sólo en nombre de esas personas, porque la misma ley previó que el proceso vincula a todos los que han resultado afectados con la causa común que los agrupa a menos que hayan solicitado su exclusión, en los términos del artículo 56, regulación que llevó a la Sala en oportunidad anterior a concluir que no pueden coexistir dos o más acciones de grupo derivadas de la misma causa. El grupo de demandantes no sólo actúa en su nombre, lo hace además en nombre de todas las personas que resultaron afectadas por una causa común, según se deduce de lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, en cuanto establece que en la acción de grupo, “el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”. La sentencia produce efectos frente a todo el grupo afectado y no solo frente al grupo demandante y a quienes se hicieron presentes dentro del proceso”(7) (resaltado fuera del texto).

Posteriormente al analizar la legitimación en la causa por activa en la acción de grupo y el efecto ultra partes que comporta la sentencia proferida en este tipo de acciones, se indicó que “constituye una incoherencia jurídica que el mismo grupo pretenda la reparación de los daños ocasionados mediante el ejercicio de dos o más acciones de grupo por los mismos hechos”(8).

De conformidad con lo anterior es dable concluir que la jurisprudencia de esta corporación ha sido uniforme al determinar que dada la naturaleza especial de la acción de grupo, solo puede adelantarse un solo proceso judicial por el daño común sufrido por una pluralidad de sujetos.

Ahora bien, el Acuerdo PSAA10-6431 de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura, en su artículo 4º dispuso la creación de dos juzgados administrativos de descongestión en Pasto y Mocoa para que “tramitarán y fallaran(sic) los procesos originados por el fenómeno de captación de dineros de conformidad con la competencia territorial establecida y conocerán de las tutelas en asuntos relacionados con captadoras ilegales de dinero”.

Al respecto es necesario poner de presente que dicho acuerdo no altera las reglas que rigen la acción de grupo, incluida la premisa de que solo puede tramitarse una sola acción por la misma causa común, a su vez, éste no dictó medidas en cuanto a la proliferación de acciones de grupo acerca de las captadoras ilegales de dinero. Esta corporación se manifestó de la siguiente manera:

“Atendiendo a las consideraciones hechas hasta este lugar cabe entender que, en vista de la especificidad propia de las acciones de grupo en nuestro ordenamiento constitucional y en razón de la manera particular con que el legislador mediante la Ley 472 de 1998 reguló la competencia territorial atinente a su ejercicio, el acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura no dispuso medidas para descongestionar a la justicia por la proliferación de acciones de grupo por captación ilegal de dinero, porque aquella no se presenta y no puede presentarse, sin perjuicio que el juez que conozca el único proceso que puede tramitarse requiera apoyo especiales. En ese horizonte de comprensión, dada la legalidad que acompaña a los actos administrativos y la necesidad de preservarlos salvo que ello no resulte posible, para el caso, la Sala se apartará del entendimiento según el cual, en razón del Acuerdo PSAA 10-6431, pueden tramitarse tantas acciones de grupo como lugares del territorio nacional en los que la firma D.R.F.E. captó dinero del público”(9).

3. Caso concreto.

El conflicto planteado tiene por finalidad determinar cuál es lo autoridad judicial competente para conocer de la presente acción de grupo, puesto que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pasto remitió la presente acción al Juzgado Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán en razón de la providencia de 10 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en lo cual se determinó que al ser el presente asunto una acción de grupo en razón de la omisión del Estado respecto de las captadoras ilegales de dinero del público debe integrarse a la acción de grupo primigenia, la cual fue interpuesta ante el Juzgado Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán. En tanto que dicho despacho judicial asegura no ser competente, comoquiera que para dicho asunto se crearon los juzgados administrativos de descongestión de Pasto y Mocoa.

De conformidad con lo planteado anteriormente, concluye el despacho que la decisión de integrar la presente acción de grupo a la primera que sobre la misma causa se interpuso se encuentra ajustada a derecho, comoquiera que obedece a la naturaleza de esta acción y teniendo en cuenta que la primera está siendo tramitada en el Juzgado Segundo Adjunto Administrativo del Circuito de Popayán, se ordenará, por secretaría, remitir el expediente y remitir copia de esta providencia al Juzgado Primero de Descongestión de Pasto.

En mérito de lo expuesto se:

RESUELVE:

1. DECLARAR que el Juzgado Segundo Administrativo Adjunto del Circuito de Popayán es competente para conocer de la demanda instaurada en ejercicio de la acción de grupo por el señor Luis Eduardo Trujillo Pantoja y otros contra la Nación - Ministerio de Hacienda y otros.

2. REMITIR el expediente al Juzgado Segundo Administrativo Adjunto del Circuito de Popayán, para que asuma el conocimiento del presente asunto y resuelva lo de su competencia.

3. COMUNICAR lo decidido en esta providencia al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pasto.

Notifíquese y cúmplase.»

(6) Al respecto consultar la sentencia de 3 de mayo de 2002, proferido por el doctor Gabriel Mendoza Martelo en el expediente.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 6 de octubre de 2005, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicado: 41001-23-31-000-2001-00948-01 (AG).

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto de 3 de diciembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 27001233100020040040102.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercero. Auto de 6 de diciembre de 2012, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, expediente 52001233100020110008201.