Auto 2010-00098 de noviembre 25 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 66001-23-31-000-2010-00098-01(18476)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Savicol SAS.

Demandado: Municipio de Pereira

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil diez.

Auto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra el auto de 6 de mayo de 2010 del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante el cual rechazó la demanda por no cumplir con el requisito de procedibilidad de la acción.

Antecedentes

La sociedad Savicol SAS, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo solicita la nulidad de la Resolución 1397 de 22 de abril de 2008, por la cual la Alcaldía Municipal de Pereira liquida el efecto plusvalía en el plan parcial de expansión urbana La Paz adoptado por Decreto 660 de 2007, y se determina el monto de la participación en plusvalía de conformidad con las tarifas establecidas por el Concejo Municipal en el Acuerdo 65 de 2004. Así como de la Resolución 5214 de 27 de noviembre de 2009, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la primera.

Una vez estudiados los requisitos para admitir la demanda, el tribunal la rechazó.

La sociedad actora inconforme con la decisión la apeló oportunamente.

Auto apelado

Mediante providencia de 6 de mayo de 2010 el Tribunal Administrativo de Risaralda rechaza la demanda al advertir que carece del requisito de procedibilidad exigido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 relacionado con el trámite de la conciliación extrajudicial (fls. 60-62).

Recurso de apelación

La actora, a través de apoderado, solicita que se revoque el auto de rechazo in limine de la demanda y en su lugar se admita sin exigir el requisito de conciliación. Para sustentar el recurso indica lo siguiente:

El artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 estableció como requisito de procedibilidad la conciliación previa siempre que los asuntos sean conciliables. En el caso objeto de estudio aclara que se agotaron los trámites ante la administración, por lo cual ésta perdió competencia.

Además, explica que el tema debatido no es conciliable porque la Alcaldía en los actos acusados decidió no tener en cuenta el avalúo realizado por el IGAC y determinó en forma definitiva la plusvalía.

Para resolver se considera

La discusión planteada se concreta en determinar si el asunto sometido a discusión a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es de aquellos que deben cumplir con el requisito de conciliación extrajudicial antes de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, tal como lo estimó el a quo, en aplicación del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009(1), el cual prevé:

“ART. 13.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

“ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial” (resaltado fuera de texto).

La norma trascrita establece como requisito previo y obligatorio para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, a través del ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y de controversias contractuales, la celebración de una conciliación, es decir que éste es uno de los requisitos para accionar siempre que los asuntos sean conciliables.

El referido artículo fue reglamentado por el Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009(2), que en su artículo 2º, indica los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa, así:

“ART. 2º—Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.

PAR. 1º—No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.

(…)” (resaltado fuera de texto).

Es clara la norma al indicar que los casos en los que se discutan temas de naturaleza tributaria no son susceptibles de conciliación(3). Esta norma está acorde con el parágrafo 2º del artículo 59 de la Ley 23 de 1991, subrogado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, que se incorporó en el artículo 56 del Decreto 1818 de 1998 (Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos).

En el sub examine la sociedad Savicol SAS demandó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho las resoluciones 1397 de 22 de abril de 2008 y 5214 de 27 de noviembre de 2009, por medio de las cuales la Alcaldía Municipal de Pereira liquidó el efecto plusvalía en el plan parcial de expansión urbana La Paz, adoptado por el Decreto 660 de 2007, y determinó el monto de la participación en plusvalía.

Los actos administrativos demandados se refieren a la plusvalía, entendida ésta, según el artículo 82 de la Constitución Política y la Ley 388 de 1997, como un tributo que grava el mayor valor que adquieren los predios como consecuencia de la acción urbanística desarrollada por las entidades públicas en la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano(4). Ese tributo está a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles que resultan beneficiados, es decir que son éstos los sujetos pasivos y son los municipios y distritos y las entidades públicas como sujetos activos, los que tienen derecho a participar en un determinado porcentaje de ese mayor valor.

Por su parte en la doctrina, se ha definido la participación en la plusvalía como “un verdadero tributo inmobiliario que grava el incremento de valor de los inmuebles que resulta de las actuaciones urbanísticas que determina la ley” y en esos términos la considera como una clase de contribución pero diferente a las tradicionales contribuciones de valorización(5).

No queda duda que la participación en plusvalía es un tributo, por lo que el presente asunto no es susceptible de conciliación(6) y no puede tenerse como requisito de procedibilidad para admitir la demanda la celebración de la conciliación extrajudicial, como lo consideró el a quo.

En consecuencia, se revocará el auto apelado que rechazó de plano la demanda y en su lugar se ordenará que provea sobre su admisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

Revócase el auto de 6 de mayo de 2010, objeto de apelación. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Risaralda, proveerá sobre la admisión de la demanda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia, Presidenta de la Sección—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez—William Giraldo Giraldo.

(1) Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.

(2) Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

(3) Sobre el tema ver autos de 26 de noviembre de 2009, Rad. 17800, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de 2 de septiembre de 2010, radicación 18217, M.P. Dr. William Giraldo Giraldo.

(4) Sobre plusvalía ver sentencia de 25 de octubre de 1996, Rad. 7919, M.P. Dr. Julio Enrique Correa Restrepo.

(5) Camacho Montoya Álvaro. La Plusvalía: Un Nuevo Tributo Inmobiliario. Editorial Temis S.A. Bogotá D.C. 2003. Página 11.

(6) Ver auto de 18 de marzo de 2010, radicación 17951, M.P. Dr. William Giraldo Giraldo.