Auto 2010-00102/57740 de mayo 10 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso Nº: 20001-23-39-000-2010-00102-01 (57740)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Actor: Elber José Guerra Molina y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Asunto: Ejecutivo

Decide el despacho el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el auto de 28 de enero de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar que decretó el embargo y retención de dinero a cargo de la Fiscalía General de la Nación por valor de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000).

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil dieciocho.

Antecedentes

La parte actora, por conducto de apoderado judicial, solicitó “el embargo de la cuenta de ahorro y corriente que tenga la Fiscalía General de la Nación en las siguientes entidades bancarias: Banco BBVA, Banco Agrario de Colombia, Banco Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Av Villas y Banco Colpatria”.

Por auto del 28 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo del Cesar decretó la medida cautelar de embargo sobre los dineros a cargo de la entidad ejecutada, siempre que esto “no pertenezcan a bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, y en el artículo 594 del Código General del Proceso, y que no sean de destinación específica, embargo que se limita a la suma de cincuenta millones de pesos m/I ($ 50.000.000)”.

Mediante escrito del 1º de junio de 2016, la ejecutada interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión referida. Solicitó se disponga el levantamiento de la medida cautelar decretada en aplicación del numeral 11 del artículo 594 del Código General del Proceso y dada la inembargabilidad de las rentas y recursos de la Fiscalía General de la Nación, en atención a prohibición expresa del artículo 19 del estatuto orgánico de presupuesto —Decreto 1101 de 2007—, en concordancia con 6 de la Ley 179 de 1994(1). Así mismo, pone presente la indeterminación de la solicitud de embargo ya que el actor omitió identificar con certeza las cuentas bancarias sobre las cuales recaería la medida.

Por auto del 16 de junio de 2016, el tribunal a quo dispuso no reponer la decisión recurrida, empero ordenó devolver los dineros retenidos en las cuentas de los bancos de Bogotá y Occidente. Finalmente, concedió el recurso de apelación ante esta corporación.

Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con los parámetros de competencia establecidos en el artículo 129 del Código Contencioso, Administrativo y 61 de la Ley 1395 de 2010, corresponde a la corporación conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así corno de los recursos de revisión y queja. Este último cuando se niega la alzada, o se concede en efecto diferente al debido.

Ahora, en lo atiente a la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo remite en lo pertinente al Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 513 señala:

“ART. 513.—Embargo y secuestro previos. Desde que se presente la demanda ejecutiva podrá el demandante pedir el embargo y secuestro de bienes del demandado.

Las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables.

Si llegaren a resultar embargados bienes de esta índole, bastará certificación del director general de presupuesto o su delegado para acreditar el mencionado carácter de los bienes y se efectuará desembargo de los mismos, a más tardar el día siguiente de haber sido presentada al juez dicha certificación. Contra la providencia que disponga el desembargo no procede recurso alguno (...)”. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-103 de 1994.

Empero, si bien la demanda que concluyó con la sentencia condenatoria en contra de la entidad estatal, hoy materia de ejecución, se tramitó según lo dispuesto del Decreto 1 de 1984; la demanda ejecutiva se promovió en vigencia de la Ley 1437 de 2011, que en los aspectos no regulados ordena remitirse a la normativa que rige los procedimientos en general, así el numeral artículo 597 del Código General del Proceso en orden a obtener el levantamiento de un embargo establece su procedencia siempre que la medida “recaiga contra uno de los recursos públicos señalados en el artículo 594, y este produzca insostenibilidad fiscal o presupuestal del ente demandado”; disposición que en su numeral 1º señala como bienes inembargables: “[L]os bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social(2)”. En este estado y en el marco de los presupuestos señalados, el despacho abordará la valoración de la solicitud.

2. Caso sub lite. 

La ejecutada, a través de apoderado, impugnó la decisión del 28 de enero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que decretó el embargo de los dineros presentes en las cuentas bancarias de ahorro y corriente —Banco BBVA, Banco Agrario de Colombia, Banco Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Av Villas y Banco Colpatria— a nombre de la Fiscalía General de la Nación, por un valor de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000); fundada en que se trata de recursos públicos inembargables.

Al respecto, es de notar que el artículo 63 de la Constitución Política(3) consagra el principio de inembargabilidad de los recursos públicos y encarga en manos del legislador determinar, además de los ya señalados, los demás bienes amparados bajo tal calificación, así se pretende garantizar la adecuada provisión, administración y manejo del patrimonio destinado a la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los fines estatales en ella contenida —artículo 2º ibídem—. No obstante, la Corte Constitucional en pacífica jurisprudencia, estableció que no se trata de un principio de carácter absoluto y que por el contrario, debe ser armonizado a la luz de los demás valores, principios y derechos reconocidos en la Carta, así como la efectividad de los mismos, a saber, la dignidad humana, la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el acceso a la administración de justicia; de ahí las excepciones a la regla general(4).

La primera de ellas establecida en Sentencia C-546 de 1992(5), que resolvió sobre la constitucionalidad de los artículos 8º y 16 de la Ley 38 de 1989 —estatuto orgánico de presupuesto—, en el entendido que solo en los eventos “en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”, ya sea que estén contenidas en condenas judiciales o actos administrativos, pues en un Estado social de derecho prevalece el respeto por la dignidad humana, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, en las que se incluye, por demás, el pago por la labor desempeñada(6).

La segunda, se dio en virtud de la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, en Sentencia C 103 de 1994(7), en la que, además de reiterar que el embargo procede en tratándose de créditos de carácter laboral, agrega que la excepción también aplica cuando se está ante “un acto administrativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho (18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes.

Finalmente, la última exceptiva a la regla, se estableció en Sentencia C 354 de 1997(8), al declarar la constitucionalidad del artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que incorporó materialmente el artículo 6º de la Ley 179 de 1994, “bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en, otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto —en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos— y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”. Esto, en garantía y respeto por los derechos reconocidos mediante decisión judicial o administrativa y la seguridad jurídica que estas otorgan.

Siendo así, es evidente que el presente se adecúa a lo preceptuado en el último de los eventos, de donde la condena proferida en razón de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta del señor Guerra Molina y al no constarse el pago de la misma, de conformidad con los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, habilita a los interesado a perseguir la acreencia mediante le ejecución judicial del título, junto con la solicitud de las medidas cautelares del caso.

Ahora, dado que la demanda ejecutiva se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 2011, es pertinente traer a colación, tal como lo puso de presente el recurrente, lo dispuesto por el artículo 195 de la codificación en mención según la cual “el monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recurso del Fondo de contingencias”, que debe ser interpretada con observancia de las directrices emanadas de la Constitución, a fin de asegurar la efectividad de los derechos ya reconocidos, máxime cuando a la entidad pública se le ha destinado un rubro en específico para el cumplimiento de este tipo de obligaciones, de manera que, se entenderá que la excepción de embargo solo procederá en virtud de una decisión judicial debidamente ejecutoriada y tras agotar el procedimiento previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por otro lado, el despacho echa de menos la indicación, por parte del recurrente, de las cuentas de ahorro o corriente embargadas que no se acompasan con lo dispuesto en el artículo 195 del estatuto en mención, esto es, las diferentes a las habilitadas para el pago de condenas o acuerdos conciliatorios, razón de más para hallar pertinente la medida cautelar practicada.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto proferido el 28 de enero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Cesar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En firme este proveído, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrada: Stella Conto Días Del Castillo.

1 Artículo 6º del Ley 176 de 1994. El artículo 16 de la Ley 38 de 1989, quedará así: “Inembargabilidad: Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior, inembargabilidad, los funcionarios competentes la deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los organismos y entidades respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4º del título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta”.

2 Artículo 594, numeral 1, Código General del Proceso.

3 Artículo 63 de la Constitución Política. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

4 Corte Constitucional, Sentencia C 1154 del 26 de noviembre de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C 539 de 30 de junio de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

5 Corte Constitucional, Sentencia C 546 del 1º de octubre de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martinez Caballero.

6 Posición reiterada en sentencias: C 013 del 21 de enero de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C 017 del 25 de enero de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C 337 del 19 de agosto de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C 263 de 2 de junio de 1994 M.P. José Gregorio Hernandez Galindo; T 025 del 1º de febrero de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T 262 del 28 de mayo de 1997 M.P. Jose Gregorio Hernandez Galindo; C 402 del 28 de agosto de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-531 del 26 de julio de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell; C 793 del 24 de septiembre de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño; C 566 del 15 de julio de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C 1064 de 11 de noviembre de 2003 M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T 1195 del 29 de noviembre de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería.

7 Corte Constitucional, Sentencia C 103 del 10 de marzo de 1994. M.P. Jorge Arango Mejia.

8 Corte Constitucional, Sentencia C 354 del 4 de agosto de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.