Auto 2010-00152 de abril 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 25000-23-25-000-2010-00152-01(1495-2010)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Severo Acosta Tarazona

Demandado: La Nación - Ministerio del Interior y de Justicia

Bogotá, D.C., abril siete del año dos mil once.

EXTRACTOS: «Considera

Severo Acosta Tarazona demandó la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios OF 109-25006-DIJ-420 del 28 de julio de 2009, OF 109-31598-DIJ-0420 de septiembre 16 de 2009, OF 109-37992-GGC-0423 del 4 de noviembre de 2009 y de la Resolución 2894 del 14 de septiembre de 2009, dictados en cumplimiento de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional por medio de la cual ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia el reintegro al cargo que desempeñaba al momento de su retiro.

Radica su inconformidad en que en los actos acusados no le fue reconocido ni ordenado el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta el reintegro, con su respectiva indexación e intereses.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó de plano la demanda por considerar que los actos administrativos demandados no eran susceptibles de control jurisdiccional, comoquiera que fueron producidos en cumplimiento de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional en la que ordenó el reintegro del actor al cargo que desempeñaba en el Ministerio del Interior y de Justicia. En consecuencia, dichos actos eran de ejecución no susceptibles de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Caso concreto

El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el año 2000, tendiente a obtener la nulidad del acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente el cargo que desempeñaba en el Ministerio del Interior y de justicia y solicitó como restablecimiento del derecho el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir entre el retiro y el reintegro.

Tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia dictada el 21 de marzo de 2003, como el Consejo de Estado en providencia del 17 de febrero de 2005 negaron las súplicas de la demanda, hecho por el cual el actor interpuso acción de tutela ante la Corte Constitucional que culminó con fallo favorable a sus pretensiones en el sentido de ordenar al Ministerio del Interior y de Justicia su reintegro.

A folio 8 del expediente, obra la parte resolutiva de la Resolución 2894 del 14 de septiembre de 2009, por medio de la cual la referida entidad da cumplimiento al fallo de tutela. Su tenor literal es el siguiente:

“… PRIMERO en cumplimiento del auto 332 del 20 de noviembre de 2008, proferido por la Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, reintégrese al cargo de asesor, código 1020, grado 07 de la Planta global del Ministerio del Interior y de Justicia al doctor Severo Acosta Tarazona identificado con la cédula de ciudadanía número 13’823.216 de Bucaramanga, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

SEGUNDO remitir copia de la presente resolución a la Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, a la dirección jurídica y al grupo de gestión de este ministerio, para lo de su competencia…”

La resolución trascrita (2894 de sep. 14/2009) que ordenó el reintegro del actor fue expedida para dar cumplimiento a una sentencia de tutela dictada por la Corte Constitucional, es decir, que en principio es un acto de ejecución, tal como lo calificó el tribunal, pues jurídicamente todo acto que se limite a ordenar el cumplimiento de una sentencia tiene tal connotación.

No obstante lo anterior, esta corporación ha aceptado una excepción consistente en que si bien los actos administrativos de ejecución no son demandables, si la administración al proferirlo se aparta del verdadero alcance de la decisión o de las súplicas del actor, que para el caso sería aparte del reintegro, el pago de las sumas que por concepto de salarios y prestaciones dejo de percibir desde el retiro hasta su reintegro, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que el acto no es de simple ejecución como quiera que nace a la vida jurídica un nuevo acto administrativo que sería a todas luces controvertible ante la jurisdicción.

Tal situación se observa en el presente caso en el que, de un lado, la Corte Constitucional en aras de proteger los derechos fundamentales del actor tuteló su protección a través de la Sentencia T-254 de 2006 ordenando a la entidad demandada el reintegro del actor al cargo que venía desempeñando, no obstante omitió pronunciarse sobre la pretensión relacionada con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el reintegro, petición que hace parte integrante del restablecimiento del derecho y de otro, el Ministerio del Interior y de Justicia so pretexto de dar cumplimiento a la referida sentencia, dictó un acto administrativo sin ordenar el pago de las sumas pretendidas por el actor.

Lo anterior conlleva a concluir que con la expedición del acto administrativo demandado se genera un hecho nuevo no decidido en la sentencia a la que se está dando cumplimiento, es decir, existe una situación jurídica nueva no discutida ni definida en el fallo. Entonces, como lo que motivó la nueva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, fue el no pronunciamiento sobre la referida pretensión que en últimas es el objeto del acto acusado, se observa que ello comprende un hecho nuevo que amerita control jurisdiccional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Segunda Subsección “A”,

RESUELVE

REVÓCASE el auto del 29 de abril de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual rechazó la demanda por ineptitud sustantiva. En su lugar, se ordena al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proveer sobre la admisión de la demanda.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.»