Auto 2010-00214 de febrero 21 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Rad.: 52001-23-31-000-2010-00214-01(39360)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz

Actor: María Roselia Perdomo de Pabón y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Competencia

La Sala es competente para definir la controversia planteada, toda vez que se trata de un asunto por naturaleza susceptible de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo —en concordancia con el artículo 143 ibídem—.

La caducidad de la acción de reparación directa

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la jurisdicción a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea resuelto con carácter definitivo por un juez de la república con competencia para ello.

La figura de la caducidad se configura cuando el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción, ha vencido(5).

Respecto de la acción de reparación directa, el numeral octavo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Inciso 2º. Adicionado. L. 598/2000, art. 7º. Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

Observamos pues, que la ley establece un plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho o el daño por el cual se demanda el reconocimiento de los perjuicios para el ejercicio de la acción.

Ahora bien, en lo relacionado con el asunto sub lite, la Sala encuentra que la parte actora en uso de la acción contemplada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, reclama el reconocimiento de perjuicios materiales y morales por la desaparición del soldado Gildardo Pabón Perdomo en el año de 1998, cuando se encontraba prestando servicios al Batallón de Infantería Nº 25 en Puerto Asís, Putumayo, y quien presuntamente fue privado de la libertad por miembros del grupo al margen de la ley FARC E.P., lo que necesariamente nos lleva a analizar el delito de desaparición forzada.

De la desaparición forzada de personas

La desaparición forzada de personas fue calificada como delito de lesa humanidad en el año de 1983 por la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante Resolución 666 XIII-0/83.

Entre los años 1990 y 2007 se firmaron varios instrumentos internacionales relacionados con la desaparición forzosa de personas, a saber: i) En 1992 la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones Unidas (Res. 47/133, dic. 18); ii) En 1994 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, iii) La tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, iv) Y finalmente en el 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó el texto de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La Resolución 47/133 de 1992 proferida por la Asamblea General de la ONU estableció la prohibición de las desapariciones forzadas y la definió como el arresto, detención o traslado contra su voluntad de personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley.

En el mismo sentido, en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas(6) los estados parte considerando que la desaparición forzada de personas constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, y que viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable; y reafirmando que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad, definió en su artículo 2º esta conducta como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Nuestra Constitución Política en su artículo 12 dispuso que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Observamos como el espíritu del legislador, en armonía con las disposiciones internacionales, y poniendo de presente la situación particular del Estado colombiano, quiso revestir esta agresión a la libertad del hombre, a su convivencia social, a la paz y a la tranquilidad(7), de un valor constitucional cuyo alcance es el de derecho fundamental, motivo por el cual el concepto internacional fue ampliado al considerar que esta transgresión resulta imputable no solo a los agentes del Estado, sino también a todo aquel particular que perteneciendo a un grupo al margen de la ley prive de la libertad a otro conciudadano.

“El artículo 12 de la Constitución Nacional es más amplio que los instrumentos internacionales suscritos por Colombia sobre el tema, pues como se dijo anteriormente, la Carta colombiana prohíbe la desaparición forzada y la tortura en los casos en que su práctica sea por un particular(8) (negrillas fuera de texto).

Por su lado, esta corporación ha considerado que este delito constituye violación de múltiples derechos humanos tanto en el orden interno como en el marco del derecho internacional y por lo mismo, esta práctica abominable es considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad pues —como lo ha resaltado la Sala— esta práctica no solo compromete los intereses de la víctima sino, que simultáneamente, atenta contra la convivencia social, la paz y la tranquilidad de la humanidad y por ello, cualquier Estado puede pretender que se investigue y sancione al infractor de la misma(9).

El legislador también tipificó la desaparición forzosa como delito en la Ley 589 de 2000 y 599 del mismo año considerándola como la privación de la libertad a la que es sometida una persona por un particular perteneciente a un grupo armado al margen de la ley cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndolo del amparo de la ley. También incurren en el delito, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, que realice la conducta descrita anteriormente.

De lo anteriormente expuesto se concluye que la desaparición forzada es un delito considerado nacional e internacionalmente como de lesa humanidad, que se extiende en el tiempo, desde el momento mismo en que la persona es privada de la libertad, continúa con su ocultamiento y culmina con la aparición de la víctima o con el conocimiento de su paradero.

Entonces, para que se constituya el delito deben concurrir varios elementos: i).Que exista privación de la libertad de una o varias personas, cualquiera que sea su forma; ii) Que sea cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización de este, o por un particular perteneciente a un grupo armado al margen de la ley; iii) Que exista ocultamiento y la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayendo a la persona del amparo de la ley.

En el caso sub examine, al estar en presencia de las anteriores circunstancias, el término de caducidad debe ser el dispuesto en el inciso 2º del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Debemos precisar que dicho artículo, al ser adicionado por la Ley 589 de 2000, en el sentido de establecer en su inciso segundo una variación en relación con el momento en que se inicia el conteo del término para intentar la acción(10), no hizo otra cosa que permitir el acceso a la justicia para aquellas personas víctimas de este cruel delito, debido a que, como ya se mencionó, el delito de desaparición forzada continúa en el tiempo hasta tanto ocurra uno de estos eventos: que aparezca la víctima, o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

Luego entonces, el plazo de los dos (2) años se empieza a contabilizar a partir del acaecimiento de cualquiera de los sucesos ya indicados.

Del estudio del material probatorio allegado al proceso, es posible establecer que el soldado Gildardo Pabón Perdomo se encuentra desaparecido desde 1998, sin que a la fecha se tenga conocimiento de su paradero, y por cuanto dicha conducta no ha cesado, no puede considerarse caducada la acción de reparación directa, toda vez que este no ha recobrado su libertad, ni tampoco se ha proferido sentencia dentro del proceso penal que se adelanta ante la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario(11).

Todo lo anterior nos conduce a concluir que la acción incoada no ha caducado, por tanto se revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño que consideró que la acción se interpuso por fuera de los términos que establece la ley, teniendo como fundamento la declaración de muerte presunta proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por encontrarnos frente a una situación diferente a la allí prevista.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.

RESUELVE:

1. Revócase el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño el 6 de agosto de 2010, y en su lugar ADMÍTASE la demanda presentada por los actores en beneficio de la acción de reparación directa.

2. En firme este auto, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) “Se produce cuando el término concedido por la ley, para entablar la demanda, ha vencido. El término de caducidad está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, sin consideración a situaciones personales, invariable, para que quien se pretenda titular de un derecho opte por accionar o no. Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción. La caducidad es la consecuencia de la expiración del término perentorio fijado, para el ejercicio de acción”.

Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 11 de mayo de 2000, Expediente 12.200.

(6) Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

(7) Auto de 19 de julio de 2007, Radicación: 25000-23-26-000-2004-01514-1(31135), C.P. Enrique Gil Botero, Actor: Héctor Jaime Beltrán Parra, Demandado: Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-587 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 10 de diciembre de 2009, Radicación: 50001-23-31-000-2008-00045-01(35528), Actor: Miller Andrés Rodríguez Ortiz, Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, C.P. Ruth Estella Correa Palacios.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2002, Rad.: 70001-23-31-000-1993-4561-01(12812), Actor: Luis Adolfo González Espinosa, Demandado: Nación - DAS, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 10 de diciembre de 2009, Radicación: 50001-23-31-000-2008-00045-01(35528), C.P. Ruth Estella Correa Palacios.

(11) Folio 96, cuaderno principal.