Auto 2010-0025 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 54001-23-31-000-2010-0025-01

Nº Interno: 1505-2012

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Hernando Parra Puccetti

Auto intertocutorio- Apelación

Bogotá, D.C., dieciocho de julio del año dos mil trece.

Resuelve el despacho el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 24 de agosto de 2010, dictado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio del cual se negó el mandamiento de pago en la demanda ejecutiva formulada por el señor Hernando Parra Puccetti contra la Nación, Fiscalía General de la Nación.

I. Antecedentes

En ejercicio de la acción ejecutiva y actuando a través de apoderado, el señor Hernando Parra Puccetti acudió ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, solicitando que se librara mandamiento de pago contra la Fiscalía General de la Nación por las sumas que se describen a continuación, con fundamento en la sentencia del 31 de marzo de 2005 proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar:

“1. Por la cantidad de setecientos ochenta y un millones doscientos treinta y ocho mil ciento seis pesos moneda corriente ($781.238.106), por concepto de salarios, prestaciones sociales desde el día 1º de septiembre de 2000 y hasta el día 9 de mayo de 2006, fecha en la que ordenó el reintegro al cargo de director seccional de fiscalías. Suma esta que se toma con (sic) teniendo como base la liquidación efectuada con base en la Resolución 99 del 30 de abril de 2007.

(…)

2. Por los intereses de mora, del capital anterior, desde la fecha en que causaron, hasta la fecha en que se realice el pago, a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Bancaria.

3. Por los Intereses de mora, sobre el pago adeudado y desde la ejecutoria de la misma y hasta el día en que se presentó la solicitud en legal forma”.

Mediante sentencia del 31 de marzo de 2005, la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar declaró la nulidad de la Resolución 0-1779 del 29 de agosto de 1997 proferida por el Fiscal General de la Nación, que declaró insubsistente el nombramiento del señor Hernando Parra Puccetti.

En los numerales tercero y cuarto de la referida providencia, el tribunal señaló:

“3. SE ORDENA a la Fiscalía General de la Nación reintegrar al actor señor Hernando Parra Puccetti al cargo que ocupaba en esa entidad al momento de su desvinculación o a otro de igual o superior jerarquía.

4. SE ORDENA a la Fiscalía General de la Nación pagar los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar por el actor señor Hernando Parra Puccetti desde que se produjo su retiro del servicio hasta que sea efectivamente reintegrado”.

Posteriormente la Fiscalía General de la Nación, mediante la Resolución 99 del 30 de abril de 2007, reconoció a favor del accionante la suma de cuatrocientos veintiséis millones ciento veintinueve mil ochocientos setenta y seis pesos ($426.129.876) por concepto de sueldos, cesantías, primas, vacaciones, reconocimientos, bonificaciones, intereses y demás emolumentos dejados de percibir por el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1997 hasta el 30 de agosto de 2000.

II. La providencia recurrida

Mediante auto del 24 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó el mandamiento de pago solicitado por el señor Hernando Parra Puccetti, por las razones que se resumen a continuación (fls. 104 a 105, cdno. 3):

Señaló que la obligación cuya ejecución se solicita no es precisa porque no se explican los ítems necesarios, ni las operaciones aritméticas que se realizaron para establecer el monto reclamado por vía ejecutiva. De manera que no hay claridad en cuanto se ignora que partidas integran el valor reclamado, como salarios, cesantías, vacaciones o primas.

Indica igualmente que la obligación reclamada no es liquidable por una simple operación aritmética, como lo exige el artículo 491 del Código de Procedimiento Civil, y de otro lado, tampoco cumple con el requisito de claridad exigido por el artículo 488 ídem.

III. El recurso

Mediante escrito del 2 de septiembre de 2010 la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la providencia del 24 de agosto 2010, con fundamento en las razones que a continuación se exponen (fls. 106-113, cdno. 3):

Expresó que la obligación que se está ejecutando consta en un título ejecutivo expedido por la misma corporación judicial que niega el mandamiento de pago.

Afirmó que la sentencia judicial aportada como título ejecutivo fue parcialmente cumplida por la Fiscalía General de la Nación, mediante la Resolución 99 del 30 de abril de 2007, por tanto no se puede afirmar que no contenga una obligación clara, de manera que no se pueda exigir judicialmente su cobro.

Señaló que en la citada resolución la fiscalía solamente ordenó el pago de los valores debidos por el periodo del 30 de agosto de 1997 hasta el 30 de agosto de 2000, y que el objeto del presente proceso es obtener la cancelación de lo adeudado por el lapso comprendido del 1 de septiembre de 2000 al 8 de mayo de 2006.

Estimó que un documento es título ejecutivo, cuando contiene una obligación clara, expresa y exigible, que proviene del deudor o su causante, o de un juez de la República.

Consideró que en el presente caso se trata de la ejecución de una sentencia expedida por un tribunal, que contiene una obligación expresa pues consta en el texto del fallo; y clara, porque ordena el pago de los emolumentos dejados de percibir por el accionante desde la desvinculación hasta que sea efectivamente reintegrado al cargo.

Indicó que si el tribunal consideró que el ejecutante no había explicado en la demanda a partir de qué operaciones aritméticas obtuvo el valor cuya ejecución pretendía, se debió inadmitir la demanda y requerirlo para que aclarara cómo había llegado a ese valor.

Adicionó que el juez puede admitir la demanda y que el monto de la obligación se determina al momento de liquidar el crédito, con lo que se le garantiza a la contraparte el ejercicio del derecho de defensa, mediante la impugnación o aclaración del contenido de aquella.

Manifestó que según la sentencia del 19 de marzo de 1991, del Tribunal Superior de Bogotá, el auto interlocutorio mediante el cual se libra mandamiento de pago, no tiene efectos de cosa juzgada.

Explicó de la siguiente manera como se calculó la cifra estipulada en la demanda ejecutiva:

“Para llegar al valor reclamado, se tomó como base la liquidación determinada por la Fiscalía según [Res.] 99 del 30 de abril de 2007 y que asciende a la suma 426.129.879. Este es por un periodo de tiempo comprendido entre el 30 de agosto de·1997 y el 30 de agosto 2000, es decir 36 meses.

Para determinar el valor de cada mes dividimos el valor a pagar (pagado ya) por el numero de meses que se pagan (36) y de esta forma determinar el valor promedio mensual, según la fórmula de la sentencia y la aplicación que de la misma hizo la Fiscalía.

$426.129.879/36 = $11.836.941 (este es el valor promedio mensual que debe pagar la Fiscalía)

Como quiera que la Fiscalía no pagó los periodos de tiempo comprendidos entre el 1 de septiembre de 2000 y el 8 de mayo de 2006, es decir 66 meses, la suma dejada de pagar sería el número de meses dejados de cancelar por el valor promedio mensual que se debía cancelar, es decir:

$11.836.941 x 66 = $781.238.106 (suma dejada de pagar por la Fiscalía)

Como se explica en la página 4 de la Resolución 99 del 30 de abril de 2007, estos valores incluyen salarios, vacaciones, primas cesantías”.

IV. Consideraciones

Competencia

El artículo 61 de la Ley 1395 de 2010(1), que adiciona el artículo 146 A al Código Contencioso Administrativo, establece que las decisiones interlocutorias como la presente, en única, primera o segunda instancia, serán adoptadas por el magistrado ponente, así:

“ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia”.

En ese orden de ideas, como quiera que el recurso de apelación fue interpuesto el 2 de septiembre de 2010, es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010(2), la presente decisión debe ser proferida por el magistrado ponente de esta providencia.(3)

Problema jurídico

Procede el despacho a establecer si la sentencia del 31 de marzo de 2005 proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, como título ejecutivo no contiene una obligación clara, de manera que se deba confirmar la negativa de Iibrar mandamiento de pago.

Del título ejecutivo

Sobre el título ejecutivo, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso – administrativo de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294”.

Con fundamento en esta norma, el Consejo de Estado ha precisado(4) que el título ejecutivo debe reunir unas condiciones formales, consistentes en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación i) sean auténticos y ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva de conformidad con la ley.

De igual manera se ha señalado que también deben acreditarse condiciones sustanciales, las cuales se traducen en que las obligaciones por cuyo cumplimiento se adelanta el proceso sean claras, expresas y exigibles.

Frente a estas calificaciones ha señalado la doctrina, que la obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título; es decir, que en el documento que contiene esa obligación deben constar en forma nítida, el crédito del ejecutante y la deuda del ejecutado; situaciones que deben estar expresamente, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones.

La obligación es clara cuando además de ser expresa aparece determinada en el título; es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido.

La obligación es exigible cuando puede demandarse su cumplimiento por no estar pendiente de un plazo o de una condición.

De conformidad con lo expuesto, se destaca que si la demanda y sus anexos cumplen los requisitos legales se librará mandamiento de pago, y en caso contrario, se negará el mismo. En este sentido el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil señala que presentada la demanda y acompañada del documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

Del mandamiento ejecutivo, las excepciones dentro del proceso de cobro y la liquidación del crédito.

Según lo expuesto, se advierte que la decisión sobre la admisibilidad de la demanda ejecutiva, esto es, el momento en que el juez estudia la procedencia de la emisión de la orden de pago, no constituye una tercera instancia para controvertir la existencia de los derechos exigidos. Antes bien, se reitera que al momento de resolver una solicitud de ejecución, el juez corrobora el cumplimiento de los presupuestos formales de la demanda y el título, así como la satisfacción de los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, y en todo caso al librar el mandamiento de pago lo puede hacer en la forma pedida por el actor y en la que considere legal.

Una vez proferido el mandamiento ejecutivo según las reglas descritas con anterioridad, dicha providencia debe ser notificada a la parte demandada, quien dentro del término del traslado puede ejercer el derecho de defensa a través de los medios exceptivos enunciados en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que reza como sigue:

“En el proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes excepciones:

(…)

2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no podrán proponerse excepciones previas ni aún por la vía de reposición.

Los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago”.

De conformidad con la norma transcrita, resulta evidente que el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago no constituye una decisión definitiva dentro del proceso ejecutivo, pues con posterioridad a dicha providencia la parte ejecutada se encuentra facultada para proponer excepciones, ya sea las previas mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago, o las de mérito contempladas en la norma precitada, medios de defensa que serán materia de estudio en la decisión del recurso de reposición o en la sentencia, según el caso. De otro lado, en el campo del derecho contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, el juez decide en la sentencia sobre las excepciones propuestas y “sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”.

En este sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el juez al proferir sentencia tiene la facultad oficiosa de declarar probadas las excepciones en el proceso ejecutivo, esto de conformidad con los artículos 305, 306 del Código de Procedimiento Civil y 164 del Código Contencioso Administrativo, cuando están probados los hechos en los que se fundan, así:

(…)

• El poder oficioso del juez para el reconocimiento y declaratoria de excepciones, es la regla general para todo tipo de proceso, ya que es un enunciado expreso de los artículos 305, 306 del Código de Procedimiento Civil y 164 del Código Contencioso Administrativo.

• La excepción a este poder oficioso es previsto por la propia norma general, sometiendo su ocurrencia a reserva legal.

Los razonamientos expuestos permiten concluir que la excepción al poder oficioso para el reconocimiento de hechos exceptivos, debe ser establecida y limitada expresamente por el legislador, pues la excepción a dicha regla quedó sometida a reserva legal. Por lo anterior, la excepción a la regla general no puede provenir de una interpretación restrictiva y equivocada, sobre el alcance de los poderes oficiosos del juez”(5).

Finalmente sobre la liquidación del crédito, el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“ART. 521—Liquidación del crédito y de las costas. Modificado. L.1395 /2010, art. 32. Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:

1. Ejecutoriado el auto de que trata el inciso 2º del artículo 507 o notificada la sentencia que resuelve sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la sustente si fueren necesarios.

2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte, en la forma dispuesta en el artículo 108, por el término de tres días, dentro del cual podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite necesariamente deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.

4. De la misma manera se procederá cuando se trate de actualizar la liquidación, para lo cual se tomará como base la liquidación que esté en firme.

PAR.TRANS.—El Consejo Superior de la Judicatura implementará los mecanismos necesarios para apoyar a los jueces en lo relacionado con la liquidación de créditos”.

Del caso concreto

Mediante sentencia del 31 de marzo de 2005, la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar, decretó la nulidad dela Resolución 0-1779 del 29 de agosto de 1997, expedida por el Fiscal General de la Nación, por medio de la cual declaró insubsistente el nombramiento del señor Hernando Parra Puccetti.

En los numerales tercero y cuarto de la referida providencia, el tribunal señaló:

“3. SE ORDENA a la Fiscalía General de La Nación reintegrar al actor señor Hernando Parra Puccetti al cargo que ocupaba en esa entidad al momento de su desvinculación o a otro de igual o superior jerarquía.

4. SE ORDENA a la Fiscalía General de La Nación pagar los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar por el actor señor Hernando Parra Puccetti desde que se produjo su retiro del servicio hasta que sea efectivamente reintegrado”.

Posteriormente la Fiscalía General de la Nación, mediante la Resolución 99 del 30 de abril de 2007, reconoció a favor del accionante la suma de cuatrocientos veintiséis millones ciento veintinueve mil ochocientos setenta y seis pesos ($426.129.876) por concepto de sueldos, cesantías, primas, vacaciones, reconocimientos, bonificaciones, intereses y demás emolumentos dejados de percibir por el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 1997 hasta el 30 de agosto de 2000.

El actor presentó demanda ejecutiva (fls. 2 a 14), pues consideró que la entidad accionada no había cumplido la sentencia condenatoria, porque no le canceló los 9 salarios y prestaciones sociales correspondientes al lapso comprendido del 1º de septiembre de 2000 al 8 de mayo de 2006.

Mediante auto del 24 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó el mandamiento de pago, al considerar que la obligación no era clara, pues el actor en el escrito de la demanda si bien estableció un monto presuntamente adeudado por la entidad, no indicó a qué conceptos correspondía ese valor. Concluyó que la obligación cuya ejecución pretende el actor no cumple con el requisito de claridad exigido para los títulos ejecutivos según el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

En el recurso de apelación el demandante advierte que el auto mediante el cual se libra el mandamiento ejecutivo no tiene fuerza de cosa juzgada, de manera que si el juez considera que existe duda frente al monto de la obligación, la parte ejecutada en ejercicio de su derecho a la defensa puede controvertir el valor cuanto se liquide el crédito; agrega que si el tribunal estimó que la suma no era clara, debió inadmitir la demanda en lugar de rechazarla.

Ahora bien, en el caso bajo análisis observa el despacho que en los procesos ejecutivos para que se profiera el mandamiento de pago, el juez debe verificar unos requisitos formales y sustanciales, entre ellos que el título sea auténtico, que provenga del deudor, o de una providencia Judicial, y que contenga una obligación clara, expresa y exigible, como se explicó anteriormente. No obstante, así la competencia del juez esté limitada a la verificación de unos requisitos, también es cierto que no está atado el librar mandamiento de pago de conformidad con lo pedido por el ejecutante, sino que puede librarlo en la forma que estime legal, como lo estipula el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

De igual manera se resalta que el tribunal estimó que la obligación cuya ejecución pretende el actor, no es clara, porque este no expuso las operaciones aritméticas realizadas para establecer el monto.

Al respecto esta corporación ha reiterado que la claridad de una obligación significa que aquella aparece determinada en el título, debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido(6).

En el presente caso, el título ejecutivo es la sentencia del 31 de marzo de 2005 proferida por la Sala de Descongestión de los tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar. Ahora bien debe el despacho determinar si la obligación contenida en esta providencia judicial es clara; a este respecto se tiene que en la parte resolutiva se profiere una condena de pagar una suma de dinero, contra la Fiscalía General de la Nación, consistente en la cancelación de los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar por el actor (…) desde que se produjo su retiro del servicio hasta que sea efectivamente reintegrado.

Sobre este punto se resalta que cuando la obligación consiste en el pago de una cantidad líquida de dinero e intereses, el artículo 491 del Código de Procedimiento Civil indica que se entiende por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por simple operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas.

Así, la claridad exigida, se predica de la obligación contenida en el título ejecutivo, que en el presente es la sentencia judicial del 31 de marzo de 2005, en este sentido observa el despacho que la obligación que consta en la citada providencia, consiste en una cantidad de dinero liquidable por simple operación aritmética.

Adicionalmente se destaca que la condena de restablecimiento del derecho sobre el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, contenida en la sentencia objeto de ejecución, es una obligación clara en cuanto aparece determinada en la sentencia, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido.

Ahora bien, cabe preguntarse si la omisión del actor de indicar las operaciones matemáticas realizadas al establecer la suma de dinero cuya ejecución pretende, hace que el título ejecutivo, esto es, la sentencia judicial, pierda el atributo de la claridad. Esto es, si la falta de claridad de las pretensiones de la demanda ejecutiva, hace que el título ejecutivo no sea claro y que en consecuencia proceda el rechazo dela misma.

Al respecto encuentra el despacho que si para el juez la suma reclamada no está explicada fehacientemente en el escrito de la demanda, dicha falencia no es una causal de rechazo de la misma, pues el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil faculta al juez para librar mandamiento en la forma pedida o en la que se considere legal.

En este orden de ideas, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, el tribunal tenía varias opciones, inadmitir la demanda para que el actor clarificara las pretensiones o librar mandamiento por la suma que considerara legal.

Adicionalmente, ante la controversia sobre el valor de la cantidad líquida de dinero objeto de la ejecución, en el trámite del proceso ejecutivo, cuando el título consiste en una sentencia, la parte ejecutada puede proponer las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia (CPC, art. 509, num. 2º).

Igualmente según lo ha indicado la jurisprudencia de esta corporación(7), el juez contencioso administrativo al proferir sentencia tiene la facultad oficiosa de declarar probadas las excepciones en el proceso ejecutivo, esto de conformidad con los artículos 305, 306 del Código de Procedimiento Civil y 164 del Código Contencioso Administrativo.

De otro lado, una vez se ha notificado la sentencia cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, de la cual se corre traslado a la otra parte y finalmente el juez decide si la aprueba o modifica (CPC, art. 521).

En resumen, se concluye que el auto mediante el cual se libra mandamiento de pago no es una decisión definitiva en cuanto al monto de la obligación y que ante la falta de sustento de la suma pretendida no procedía que se negara el mandamiento de pago, pues la falta de claridad de la demanda, no conlleva a que la obligación prevista en el título ejecutivo no sea clara.

Por las anteriores consideraciones, para el despacho es imperativo revocar el auto apelado, para en su lugar ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander estudie nuevamente la solicitud de mandamiento de pago, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas.

En mérito de lo expuesto, este despacho del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B:

V. RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto del 24 de agosto de 2010 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio del cual se negó el mandamiento de pago solicitado por el señor Hernando Parra Puccetti por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal para que decida sobre la solicitud de mandamiento de pago de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrado: Gerardo Arenas Monsalve.

(1) Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

(2) Sobre la vigencia de esta ley su artículo 122 indica que “rige a partir de su promulgación”, es decir, desde la publicación oficial de la ley, por tanto fija la vigencia de la misma desde el12 de julio de 2010 cuando fue publicada en el Diario Oficial 47.768.

(3) “(…) Por lo tanto, las decisiones que tradicionalmente eran pasibles de reposición, súplica ordinaria, apelación o queja, seguirán siendo las mismas, anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010; la única alteración consistió en que con posterioridad al 12 de julio de 2010, las determinaciones que antes correspondían a salas de decisión, ahora la competencia para su expedición recae en cabeza del magistrado o consejero ponente, pero ello no altera la forma de recurrir las providencias, ya que, se reitera, el legislador no modificó los artículos 180 y siguientes del Código Contencioso Administrativo que regulan los medios ordinarios de impugnación de decisiones”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Enrique Gil Botero. Auto de 7 de diciembre 2010. Expediente 0800123310002990001902 (IJ).

(4) Véanse entre otras providencia, el auto de 4 de mayo de 2000 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Expediente 15679, ejecutante: Terminal de Transporte de Medellín S.A. y la sentencia de 18 de marzo de 2010 de la misma Sección, Expediente 22339, ejecutante: Instituto de Fomento Industrial Concesión Salinas.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia del 12 de agosto de 2004, proceso con radicación 20001-23-31-000-1999-0727-01.

(6) Consejo de estado, Sección Tercera, auto del 31 de enero de 2008. M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(7) Consejo de estado, Sección Tercera. M.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia del 12 de agosto de 2004, proceso con radicación 20001-23-31-000-1999-0727-01.