Auto 2010-00271 de agosto 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2010-00271-01 (19058)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Dow Química de Colombia S.A.

Demandado: DIAN.

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil trece.

AUTO

EXTRACTOS: «III.Consideraciones

Previo a analizar la solicitud de la demandante, la Sala considera pertinente precisar que el trámite del presente proceso se rige por las normas del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 1 de 1984, toda vez que, de conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011(1), “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”(2).

Entonces, teniendo en cuenta que para el 2 de julio de 2012, fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, este proceso estaba en curso, no le son aplicables las disposiciones de la citada ley, razón por la cual no es procedente la referencia que en la solicitud objeto de estudio se hace del artículo 208 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Igualmente, la Sala advierte que el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2014, según el artículo 627 ibídem, por lo tanto, tampoco puede invocarse como sustento de la solicitud presentada.

Así pues, el análisis de la petición se contrae a verificar si en el presente caso se configura la alegada nulidad de la sentencia proferida por la Sala el 25 de abril de 2013, con fundamento en la causal 5ª del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (CPC)(3) que establece:

“ART. 140.—Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...).

5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.

(...)” (negrillas fuera de texto).

Como se observa de la norma transcrita, para la configuración de la causal de nulidad es necesario que haya ocurrido el motivo legal de suspensión o interrupción y que, no obstante lo anterior, se adelante el proceso o se reanude su trámite antes de que concluya la suspensión.

En el sub examine, el fundamento fáctico de la causal transcrita lo constituye, a juicio del demandante, que el artículo 147 de la Ley 1607 de 2012 “estableció la suspensión de procesos” contencioso administrativos que estuvieran pendientes de sentencia definitiva, por cuanto en dicha norma se les concedió a los contribuyentes la posibilidad de solicitar la conciliación del proceso ante la DIAN hasta el 31 de agosto de 2013.

El mencionado artículo 147 de la Ley 1607 de 2012 dispone:

ART. 147.—Conciliación contenciosa administrativa tributaria. Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria y aduanera, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones.

Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales y los usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes de la vigencia de esta ley, con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podrán solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta el día 31 de agosto del año 2013, conciliar el valor total de las sanciones e intereses según el caso, discutidos en procesos contra liquidaciones oficiales siempre y cuando el contribuyente o responsable pague o suscriba acuerdo de pago por el ciento por ciento (100%) del impuesto o tributo aduanero en discusión.

En el caso de procesos en contra de resoluciones que imponen sanción, se podrá conciliar hasta el ciento por ciento (100%) del valor de la sanción, para lo cual se deberá pagar hasta el ciento por ciento (100%) del impuesto o tributo aduanero en discusión.

En el caso de procesos contra resoluciones que imponen la sanción por no declarar, se podrá conciliar hasta el ciento por ciento (100%) del valor de la sanción, siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague la totalidad del impuesto o tributo a cargo; o el proceso contra la liquidación de aforo correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción por no declarar se haya conciliado ante el juez administrativo o terminado por mutuo acuerdo ante la DIAN, según el caso mediante el pago del ciento por ciento (100%) del impuesto o tributo en discusión.

Para tales efectos los contribuyentes, agentes de retención, responsables y usuarios aduaneros deberán adjuntar la prueba del pago de la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2012 siempre que hubiere habido lugar al pago de dicho impuesto, la prueba del pago de la liquidación privada de los impuestos y retenciones, correspondientes al período materia de la discusión a los que hubiera habido lugar, y la prueba del pago o acuerdo de pago de los valores a los que haya lugar para que proceda la conciliación de acuerdo con lo establecido en este artículo.

La fórmula conciliatoria deberá acordarse o suscribirse a más tardar el día 30 de septiembre de 2013 y presentarse para su aprobación ante el juez administrativo o ante la respectiva corporación de lo contencioso-administrativo, según el caso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales.

(...)” (negrillas fuera de texto).

La Sala advierte que, contrario a lo señalado por la demandante, el artículo transcrito no prevé la suspensión de los procesos contencioso administrativos tributarios pendientes de sentencia definitiva, pues únicamente se refiere a los requisitos y condiciones para poder acceder a la conciliación allí prevista, por tanto, no puede configurarse la causal invocada que exige que el motivo de suspensión haya sido consagrado legalmente.

Las causales de nulidad son taxativas y son de aplicación restrictiva, entonces no pueden hacerse extensivas a situaciones no establecidas en la normativa, lo cual ocurriría si, como lo pretende el demandante, se diera aplicación a la causal 5ª del artículo 140 Código de Procedimiento Civil, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 1607 de 2012, toda vez que, como se vio, el derecho a acogerse a la conciliación contencioso administrativa en procesos tributarios no tiene el efecto legal y expreso de constituir causal de suspensión para proferir sentencia definitiva.

No obstante lo anterior, la Sala advierte que aun en el supuesto de que se entendiera que la norma transcrita consagra una suspensión del proceso contencioso tributario, tal situación solo podría tenerse en cuenta en el trámite del proceso judicial en la medida en que el contribuyente manifieste al juez su intención de acogerse a la conciliación o que demuestre que efectivamente está adelantando el trámite ante la DIAN, evento en el cual el juez debe respetar el trámite conciliatorio y los términos previstos en la ley y sus normas reglamentarias.

En esas condiciones, la Sala pone de presente que, en este caso, el proyecto de fallo fue registrado desde el 26 de febrero de 2013, es decir, que el demandante tenía conocimiento de que entraría en turno para su estudio y así figuró en el aviso correspondiente y en los consecutivos que se publicaron en la secretaría de la sección, hasta la fecha en que fue aprobado por la Sala del 25 de abril de 2013, sin que el demandante, ante tal hecho, haya informado o manifestado por lo menos la intención que tenía de acogerse a la conciliación prevista en el artículo 147 de la Ley 1607 de 2012.

Sobre este punto, resulta oportuno resaltar que la demandada, con su escrito de oposición a la solicitud de nulidad, allegó certificación expedida el 12 de junio del 2013, en la que el secretario técnico del comité de conciliación y defensa judicial deja constancia de lo siguiente:

“Que revisada nuestra base de datos y las solicitudes físicas que se están incorporando en la misma, se constata que a la fecha no se encuentra registro alguno o se encuentra radicada en la coordinación de conciliación y defensa judicial de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, solicitud de conciliación en los términos de la Ley 1607 de 2012, artículo 147, reglamentada por el Decreto 699 del 12 de abril de 2013, del contribuyente Sociedad Dow Química de Colombia S.A.”(4).

En esas condiciones, al no existir causal legal de suspensión del proceso que haya impedido a la Sala pronunciarse mediante sentencia definitiva en el presente proceso, no se configura la causal de nulidad invocada por el demandante.

Finalmente tampoco se advierte vulneración del derecho al debido proceso, lo cual, además, solo constituye causal de nulidad de las actuaciones judiciales en el evento en que se allegue prueba al proceso, sin tener en cuenta las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba(5), aspecto ajeno a los fundamentos expuestos en la solicitud de nulidad.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

NIÉGASE la solicitud de nulidad de la sentencia proferida el 25 de abril de 2013.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(1) “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” (CPACA).

(2) Debe precisarse que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que el código comenzará a regir el 2 de julio de 2012.

(3) Aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo.

(4) Fl. 435.

(5) C-491/95.