Auto 2010-00274 de mayo 8 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso: 11001-33-31-037-2010-00274-01

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Oscar Hernando León y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional

Asunto: Mecanismo de revisión eventual de las accione de grupo, artículo 11 Ley 1285 de 2009

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil catorce.

Decide la Sala la solicitud de revisión eventual de la sentencia proferida el 25 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

Antecedentes

1. El 12 de agosto de 2010, el señor Oscar Hernando León y más de 20 personas instauraron acción de grupo, con el fin de que se declare la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, con base en las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Sírvase declarar que el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Armada Nacional, son responsables civil y administrativamente de los daños antijurídicos y de los consecuenciales perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a los soldados e infantes de marina profesionales vinculados al Ejército Nacional y a la Armada Nacional antes del mes de diciembre del año 2000, por la falta de pago, retención, salarios insolutos o negativa del pago del equivalente al 20% adicional o complementario del salario mínimo legal mensual que, desde el mes de noviembre del año 2003, se les dejó de cancelar sin justificación alguna.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior sírvase condenar al demandado, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, a pagar a título de indemnización colectiva los perjuicios y a favor de cada uno de los miembros del grupo, tanto a los que me otorgaron poder, como aquellos que se hagan parte del proceso con posterioridad o se acojan a la sentencia que desate la litis o a la conciliación, si es del caso, el valor de retención, salarios insolutos o negativa del pago del equivalente al 20% adicional o complementario del salario mínimo legal mensual que, desde el mes de noviembre del año 2003, se les ha dejado de pagar, sin justificación alguna, porcentaje que comprende:

2.1. Lucro cesante:

2.1.1. El interés moratorio a la tasa más alta autorizada por la ley, es decir, una y media veces el interés bancario corriente, de acuerdo con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera, sobre el equivalente al 20% del salario mínimo legal mensual que, mes a mes se debe liquidar, partiendo del 1º de noviembre de 2003, hasta que se efectúe el pago de los salarios insolutos en debida forma (...).

(...).

2.2. Indemnización por indebida liquidación de la prima de antigüedad:

2.2.1. Condénese a los demandados a pagar el interés moratorio a la tasa más alta autorizada por la ley, es decir, una y media veces el interés bancario corriente, de acuerdo con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera, sobre los dineros retenidos, dejados de pagar o insolutos, correspondientes a la prima de antigüedad, la cual se viene liquidando a la razón del 6.5% mensual sobre el salario básico mensual equivalente a un salario mínimo más, el 40% y no sobre el salario mínimo legal mensual más el 60% como lo ordena la norma (...).

(...).

2.3. Indemnización por indebida liquidación de la prima de servicios:

2.3.1. Condene a los demandados a pagar el interés moratorio a la tasa más alta autorizada por la ley. Es decir, una y media veces el interés bancario corriente, de acuerdo con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera, sobre los dineros retenidos, dejados de pagar o insolutos, correspondientes a la prima de servicios, la cual se viene liquidando a la razón del 50% del salario básico devengado en el mes de junio de cada año, más la prima de antigüedad, la cual se viene liquidando desde junio de 2004 con salario mínimo legal mensual más el 401% y no con un salario mínimo legal mensual más el 40% y no con un salario mínimo legal mensual el 60% como lo ordena la misma norma, (...).

TERCERA: Sírvase condenar a los demandados al pago de costas, gastos y agencias en derecho que se generan en el proceso.

2. El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a todas y cada una de las pretensiones, para el efecto i) sostuvo que la acción de grupo no procede para invocar la reparación de derechos individuales de carácter laboral, pues no se pretende la indemnización de perjuicios sino la retribución de un servicio, dado que a los accionantes no les asiste un daño común, aun cuando se invoque el principio de economía procesal, ii) puso de presente la falta de legitimación en la causa por activa, por igual razón a la antes señalada iii) y advirtió sobre la cosa juzgada, en relación con las pretensiones, por cuanto, mediante sentencia de 28 de octubre de 2004, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente una acción popular con pretensiones semejantes, precisamente porque no se puede perseguir el amparo de derechos individuales o intereses subjetivos, mediante una acción establecida para la protección de “derechos colectivos”.

3. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 2 de agosto de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para el efecto sostuvo:

“(...) Los soldados profesionales para el despacho constituyen un grupo de personas débiles y vulnerables frente al Estado y a la población en general, por estar expuestos a los más altísimos riesgos de la guerra que diariamente afectan su integridad física, psicológica o hasta su vida, por lo que merece asegurar la efectividad de sus derechos y particularmente el derecho a una remuneración digna reconocida en normas que la interpretación caprichosa no puede desconocer, máximo en un país con un pie de fuerza insuficiente (...).

(...).

La entidad demandada deberá hacer efectivo para cada soldado un salario igual al mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, desde el año 2002 hasta la fecha de publicación de esta sentencia y veinte días más y en lo sucesivo.

(...).

Niéganse las excepciones de mérito propuestas por el Ministerio de Defensa Nacional tituladas improcedencia de la acción y cosa juzgada”.

4. El 16 de agosto de 2012, la Nación-Ministerio de Defensa presentó recurso de apelación, para que se revoque la decisión y, en su lugar, se declare la prosperidad de sus excepciones. Insistió en que los accionantes incorporados antes del mes de diciembre 2002 pretenden el pago de salarios insolutos, de donde es clara la indebida escogencia de la acción, si se considera que las pretensiones se orientan a obtener una retribución laboral.

Igualmente, adujo que, a través de la Ley 578 de 2000, se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar el régimen salarial de los soldados voluntarios, para lo cual se expidió el Decreto 1793 de 2000, conjuntamente con el Decreto 1794 de 2000, lo que permitió que, a partir del 1º de noviembre del año 2003, se unificara con el propio de los profesionales y así mismo que aquella dejaran de recibir la bonificación, dada la nivelación salarial.

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección B, el 25 de julio de 2013, revocó la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. ya referida. Sostuvo:

“El juez de primera instancia accedió parcialmente a las súplicas de la parte actora, porque, en su parecer, el Ministerio de Defensa Nacional incurrió en una omisión en la liquidación salarial, lo que constituye un daño individual pero que ocurrió en condiciones semejantes a todos los soldados voluntarios o profesionales, omisión antijurídica que reduce el salario y las prestaciones sin justificación alguna, lo que enmarca la conducta oficial dentro del título tradicional de imputación denominado falla del servicio imputable a la entidad demandada y que surgió de la interpretación normativa errada por no dar aplicación a los principios constitucionales sobre derechos adquiridos favorabilidad o condición más beneficiosa, proporcionalidad y razonabilidad.

(...) [e]n su lugar la acción ejercida será declarada improcedente, por las siguientes razones:

1. En el caso en concreto, como se desprende de los hechos de la demanda y de la argumentación de las súplicas de esta (fls. 25 a 31, cdno. 1) la acción ejercida fundamenta los supuestos daños o perjuicios ocasionados al grupo demandante y por los cuales solicitan el reconocimiento de una indemnización en la indebida liquidación de sus salarios y prestaciones sociales, por parte de la entidad pública demandada, toda vez que a partir del 1º de noviembre les retuvieron o dejaron de pagar sin excusa alguna el equivalente a un 20% del salario mínimo legal mensual a los denominados soldados voluntarios, liquidándoles en forma indebida un salario mínimo mensual más el 40% del mismo salario y no más el 60% como lo ordenaba la Ley 131 de 1985 en concordancia con lo establecido en el inciso segundo de Decreto 1794 de 2000, situación está que afectó además la liquidación de sus prestaciones sociales, liquidaciones que indefectiblemente se realizan y ordenan por medio de actos administrativos, lo que pone en evidencia la improcedencia de la acción ejercida, pues, para determinar si en realidad se produjo un daño a los integrantes del grupo de la presente acción constitucional y si ello compromete la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, previa e indefectible debe entrarse a analizar si los actos administrativos que ordenaron la liquidación de los salarios y prestaciones son o no ajustados en derecho, estudio necesario e ineludible que solo es posible efectuar a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual escapa a la órbita de competencia del juez de la acción de grupo y, por supuesto, al objeto este preciso tipo de acción.

(...).

4. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala resalta, además, que la sección tercera del Consejo de Estado ha restablecido la improcedencia de la acción de grupo para obtener la declaración o reconocimiento de obligaciones laborales (...).

(...).

Así las cosas, comoquiera que en el presente caso se pretende una supuesta indemnización de perjuicios que se encuentra atada esencial y obligatoriamente a la discusión sobre la existencia de un derecho de orden laboral que los actores aducen tener, y que como ya se explicó la causa o fuente del supuesto daño no es otro que los respectivos actos administrativos de liquidación mensual de salarios y de prestaciones sociales efectuados respecto de las personas que integran el grupo demandante, cuyo examen de legalidad no es legalmente posible a través de la acción de grupo, sumado al hecho de que el ejercicio de este instrumento procesal de reclamación judicial tampoco es factible para obtener el reconocimiento y pago de obligaciones de naturaleza laboral debe concluirse, sin duda alguna, que la acción procesal ejercida no es procedente”.

6. Los accionantes, a través de apoderado, mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2013, solicitaron enviar el expediente a esta corporación con el fin de unificar jurisprudencia respecto del “reconocimiento al pago de los perjuicios ocasionados a un grupo de personas, como consecuencia de la violación de derechos de carácter laboral”, entre otras peticiones, se arguye que:

“(...) Se pide como usted lo puede apreciar en el cuerpo de la demanda, capítulo de las pretensiones, que se condene al demandado al pago de los perjuicios ocasionados con ocasión de la retención, retardo o mora en el pago del veinte por ciento (20%) del salario mínimo legal mensual correspondiente al salario de cada uno de los soldados voluntarios que se incorporaron antes de diciembre de 2000 que, desde el mes de noviembre de 2003, viene haciendo el demandado sin justificación alguna.

(...).

El tema objeto de debate, es decir, el pago de los perjuicios ocasionados a un grupo de personas, como consecuencia de la violación de derechos subjetivos de carácter laboral, que no el reconocimiento de los mismos, no tiene sentencia de unificación por parte de esta corporación y, dada la complejidad del tema amerita que el honorable Consejo de Estado emita su posición frente al tema”.

Además, se señaló que las consideraciones del tribunal, vestidas para revocar la sentencia de primera instancia, no se acompasan con sus pretensiones, en cuanto no se pretende la nulidad del acto administrativo alguno, pues, de no ser ello así, este debería figurar en el expediente.

7. Así mismo, mediante auto de 26 de agosto del año en curso, el tribunal rechazó las solicitudes de vinculación formuladas por algunos miembros del Ejército y la Armada Nacional —visible a fls. 133 a 175, cdno. ppal.—, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998(1).

8. Ahora bien, en el presente caso es dable señalar, según da cuenta el expediente que un innumerable grupo de miembros del Ejército y de la Armada Nacional manifestaron ante el juzgado y tribunal su interés de adherirse al grupo. Aceptación que también se ha manifestado ante esta corporación.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Procede la Sala a resolver la solicitud de revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de julio de 2013, en el asunto de la referencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, a cuyo tenor “[e]n su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los tribunales administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia”.

Cabe agregar que la Sala Plena del Consejo de Estado, a través del Acuerdo 117 del 12 de octubre de 2010, adicionó un parágrafo al artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999(2) para disponer que: “De la selección para su eventual revisión de las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del proceso en las acciones populares o de grupo, proferidas por los tribunales administrativos en segunda instancia, conocerán todas las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin atender a su especialidad, previo reparto efectuado por el presidente de la corporación (...)”.

2. El mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo.

A juicio de la Corte Constitucional, la competencia que el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 atribuye a esta corporación, se acompasa con su carácter de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, obligado a integrar y unificar la jurisprudencia en el ámbito de las acciones populares y de grupo, “en lo concerniente a [esta] jurisdicción en el marco de la Constitución y la ley (...)”(3).

Consideró la Corte, en la oportunidad traída a colación, que así como el legislador exige legitimar por activa la intervención del actor popular, la revisión eventual correrá la misma suerte, lo que de suyo comporta excluir la actuación oficiosa del juez en la formulación del mecanismo, dejando a salvo la intervención directa de las partes entre ellas la del Ministerio Público, garante de los intereses colectivos y sociales en general.

De igual forma, distinguió la Corte entre la revisión eventual de las sentencias de tutela confiada a ella misma por la Carta Política y el mecanismo al cual se viene haciendo referencia, pues mientras aquella actúa en ejercicio de funciones discrecionales constitucionales, esta corporación lo hace en uso de una función legal; razón por la cual la decisión del Tribunal Constitucional no demanda motivación mientras la revisión eventual de las acciones populares y de grupo la exige.

Establecida por la jurisprudencia constitucional, la relación inescindible entre la unificación de jurisprudencia y el mecanismo instituido para que esta corporación logre su efectiva realización, sin perjuicio de la sujeción al debido proceso y el respeto a los derechos de los sujetos involucrados, huelga colegir la carga de interpretación del tribunal supremo de lo contencioso administrativo en orden a la viabilidad de la petición del actor popular pero circunscrita a la misma. Indicó la Corte Constitucional —se resalta—:

(...) la configuración de las acciones populares y de grupo parte de la base de que el trámite de recursos exige una suerte de legitimación por activa, es necesaria la intervención y solicitud directa de las partes. En esa medida, permitir que la revisión eventual opere de manera oficiosa y que el Consejo de Estado pueda decidir sin ningún tipo de limitación, implicaría transferir una facultad reservada a las partes, entre las que se encuentra el Ministerio Público como garante de los intereses colectivos y de la sociedad en general, resulta contrario al debido proceso y a los derechos de los sujetos involucrados(4).

Desde esta perspectiva, la Sala Plena de la corporación definió que, sin perjuicio de los deberes a cargo del actor popular de precisión e identificación de los aspectos o materias que ameritan la revisión de la providencia correspondiente, su petición no se rige bajo los parámetros estrictos de la interposición de otras acciones y recursos, “(...) lo cual lleva consigo que lo expresado por el peticionario en su solicitud de revisión no impondrá límites a esta corporación para decidir de fondo cualquier tema que amerite su revisión”. Sostuvo la Sala:

i) Se deberán precisar o identificar los aspectos o materias que, según el interesado, ameritan la revisión de la providencia correspondiente, con la finalidad de unificar jurisprudencia, cuestión que debe acompañarse de una explicación concisa acerca de las razones en las cuales se fundamenta la petición.

ii) Lo anterior no supone, de manera ineludible, la necesidad de que el interesado deba expresar o enlistar, de manera detallada, exhaustiva o absoluta, las normas o posiciones jurisprudencialmente diversas en las cuales se origina la invocada contradicción jurisprudencial o la necesidad de la pretendida unificación.

iii) Con todo, comoquiera que la sustentación no se rige bajo los mismos parámetros que se exigen para la procedencia de cualquier recurso, los aspectos o temas que indique el interesado no marcarán ni delimitarán la competencia del Consejo de Estado para encontrar otras materias que a su vez sean susceptibles de ser revisadas, lo cual lleva consigo que lo expresado por el peticionario en su solicitud de revisión no impondrá límites a esta corporación para decidir de fondo cualquier tema que amerite su revisión(5).

Compaginando lo resuelto en la providencia antes transcrita con la decisión de constitucionalidad, corresponde a la Sala pronunciarse en el asunto de la referencia sobre la solicitud de la parte actora, definiendo si procede o no la revisión de la sentencia del 25 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

Caso sub lite

En la oportunidad señalada para el efecto, el señor Oscar Hernando León y más de veinte personas solicitan la revisión eventual de la sentencia proferida el 25 de julio de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se rechazaron por improcedentes las pretensiones de reparación presentadas a nombre del grupo de soldados e infantes de marina profesionales vinculados al Ejército y a la Armada Nacional, antes del mes de diciembre de 2000, quienes argumentaron su derecho al pago de acreencias laborales, razón que el tribunal consideró para revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de grupo.

En el presente caso encuentra la Sala que si bien los accionantes, a través de apoderado, solicitan la selección del asunto de la referencia, fundados en que se debe unificar la jurisprudencia en torno “al pago de los perjuicios ocasionados” por retención indebida de sus acreencias laborales, es dable señalar que esta corporación en reiteradas ocasiones ha señalado que la acción de grupo no procede para tales efectos. Señala la jurisprudencia(6):

“(...).

El litigio se plantea así, porque se trata de un proceso de acción de grupo, que tiene por objeto declarar la responsabilidad por los daños ocasionados a un grupo de personas. La responsabilidad parte de la base de un daño infringido a un derecho, no obstante, en el caso concreto, es necesario primero determinar la existencia del derecho en cabeza de los demandantes, para así poder pasar a determinar si este fue efectivamente vulnerado.

Por lo anterior, la Sala concluye que existe una contradicción irreconciliable entre el primer problema jurídico propuesto (presupuesto para estudiar el segundo) y la naturaleza y finalidad indemnizatoria de la acción de grupo, es decir, la declaración como derecho adquirido de unas prestaciones no es acorde con el objeto reparatorio de la acción de grupo, en virtud de que el juez no tiene la competencia legal para hacer este tipo de declaraciones en sede de acción de grupo, en donde se debe partir de la base de un derecho cierto e indiscutible en cabeza del demandante, al cual se le infiere un perjuicio.

Adicionalmente, es imposible entrar a estudiar el segundo problema jurídico, que si bien se encuentra acorde con la finalidad de las acciones de grupo, está supeditado a la existencia del derecho en cabeza de los pensionados.

De esta forma, cuando un grupo de pensionados reclama el reconocimiento de unos derechos y, además, los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de estos, no puede acudir ante lo contencioso administrativo mediante el ejercicio de la acción de grupo, puesto que el legislador quiso que esta acción solo tuviese naturaleza indemnizatoria, es decir, que solo se pretendiera con esta el reconocimiento y pago de una indemnización de perjuicios causados a un grupo integrado al menos por veinte personas (L. 472/98, art. 46, inc. 2º)(7).

Por las razones expuestas, la Sala encuentra que la presente acción de grupo es improcedente y, por consiguiente, confirmará la decisión de instancia” —se resalta—.

En igual sentido esta corporación precisó al respecto(8):

“(...).

La demanda se dirige a que el juez de la acción de grupo, ordene pagar una bonificación especial creada por la ley a los docentes que laboren en zonas críticas de conflicto, de inseguridad o de explotación minera.

Pero el recurso de apelación, se dirige a atacar la providencia del tribunal que admitió a un gran número de docentes como integrantes del grupo demandante, en uso de la prerrogativa del artículo 55 de la Ley 472 de 1998. Dice el tribunal, que se “deduce” de los poderes otorgados, la voluntad de pertenecer al grupo demandante.

Pues bien, consagra el artículo 55 citado:

Integración del grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos e intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo...”.

Observa la Sala, primero, que ninguno de los memoriales poder, indica el daño sufrido ni su origen, porque la demanda no contiene una pretensión de indemnización de perjuicios a resarcir, solo persigue el reconocimiento y pago de unas acreencias laborales.

Es decir, el artículo 55 en consonancia con el 46 de la Ley 472, exige como requisito de fondo, que se haya producido un daño determinante del resarcimiento de un perjuicio y por ende, la solicitud de integración de grupo, debe señalarlo inequívocamente, que no conocerlo por mera deducción.

Advierte la Sala al tribunal, que de acuerdo con el artículo 46 citado, la acción de grupo procede única y exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios.

De acuerdo con jurisprudencia de una de las secciones de esta corporación, se define el daño antijurídico “en su texto natural y obvio” como “un hecho, consistente en el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien, en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc... y supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo. Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación’” (Secc. Tercera, Exp. 10948-11643, actor: Luis Polidoro Combita y/o, de oct. 21/99, M.P. Alier Hernández E.) (resalta esta Sala).

Entonces siendo ello así, no puede exigirse el señalamiento del daño y su origen, porque efectivamente no lo hay, ya que la demanda persigue el reconocimiento y pago de derechos laborales de origen legal” —resaltado fuera de texto—.

De las jurisprudencias antes trascritas se colige que el mecanismo de revisión que el grupo de interesados invoca en esta oportunidad no procede, dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó la jurisprudencia vigente, para revocar la sentencia impugnada que accedía a las pretensiones indemnizatorias.

En que, cabe recordar que el legislador ha previsto para la realización de los derechos sustantivos diferentes tipos de acciones que podrán ser invocadas ante la jurisdicción dependiendo de las pretensiones, atendiendo, en todo caso, a las previsiones en la materia, aunque cada una con fines y móviles diferentes, esto es, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho invocado.

Finalmente es necesario anotar que el mecanismo de la revisión eventual, como su nombre lo indica y, en razón de que bien podría llegar a informar decisiones ejecutoriadas proferidas en segunda instancia, no procede sino en los términos para los que fue previsto.

En consecuencia y dado que la solicitud no procede, en cuanto no se requiere un pronunciamiento en sede de unificación, la Sala denegará la pretensión de selección.

Finalmente la Sala considera del caso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para ponerle de presente el hecho notorio relativo a que esta corporación, en las últimas semanas, particularmente entre el 24 y el 30 de abril del año en curso, debió atender una avalancha de solicitudes presentadas por quienes pretendían ejercer su derecho a integrar el grupo, alentadas en torno al vencimiento de un supuesto plazo, al punto que, agolpadas en los alrededores del Palacio de Justicia dieron lugar a la intervención de las fuerzas del orden. Se hace necesario, en consecuencia, que las entidades referidas en cuanto competentes, consideren la posibilidad de investigar lo acontecido.

Por lo anterior, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. No Seleccionar para revisión la sentencia proferida el 25 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, dentro del trámite de la acción de grupo instaurada por el señor Oscar Hernando León y otros.

2. Por secretaría COMPULSAR copias de esta providencia a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que si lo consideran adelanten las investigaciones correspondientes.

3. NOTIFICAR por estado esta providencia a las partes y al Ministerio Público.

4. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Olga Mélida Valle de De la Hoz, ausente con permiso—Hernán Andrade Rincón—Stella Conto Díaz del Castillo—Mauricio Fajardo Gómez, impedido—Enrique Gil Botero—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth—Jaime Orlando Santofimio Gamboa, ausente con permiso—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) “Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas. / La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella. // Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud el interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo”.

(3)(sic) Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008. Revisión previa del Proyecto de Ley Estatutaria 23/2006 Senado y 286/2007 Cámara “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(4) Ibíd.

(5) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 14 de julio de 2009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 200012331000200700244 01.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, veintiuno (21) de mayo de dos mil ocho (2008), radicación: 25000-23-26-000-2002-09010-02(Ag), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(7) El mismo razonamiento cabe respecto de las acciones de controversias contractuales y de reparación directa en el ejemplo de un ciudadano que ha contratado con el Estado y surge un incumplimiento por el cual se le causa un perjuicio al particular; este acude a la jurisdicción en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en donde, de acuerdo al tenor del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, puede reclamar de su deudor además de los derechos surgidos del contrato, aquellos surgidos de los daños causados con ocasión de este; es decir, la naturaleza abierta de este mecanismo procesal, le da la posibilidad al particular de acumular pretensiones de naturaleza contractual e indemnizatoria. No obstante, si este mismo particular con base en las mismas pretensiones acude a la administración de justicia en ejercicio de la acción de reparación directa, el juez administrativo tendrá que rechazarle la demanda, porque sus pretensiones no tienen el mismo objeto del proceso utilizado, puesto que la acción de reparación directa, al tenor del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, es de naturaleza indemnizatoria.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, veinticinco (25) de octubre de dos mil uno (2001), radicado 68001-23-15-000-2001-0445-01(AG-025), C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.