Sentencia 2010-00346 de noviembre 2 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Ref.: Exp. 11001-0203-000-2010-00346-00

Bogotá D.C., dos de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, los jueces laborales son competentes para conocer de las controversias que se susciten respecto del reconocimiento y pago de los “honorarios” por servicios profesionales de carácter privado; no obstante, de manera excepcional el ordenamiento jurídico facultó a los juzgadores civiles para fijar la remuneración por la gestión de los abogados, como se advierte en el inciso 2º del canon 69 del Código de Procedimiento Civil, según el cual

“el apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados”.

En relación con este aspecto, la Corte ha señalado que

“la regulación incidental de los honorarios por revocatoria del poder al apoderado en un asunto civil, está sometida a las siguientes directrices:

a) Presupone revocación del poder otorgado al apoderado principal o sustituto, ya expresa, esto es, en forma directa e inequívoca, ora por conducta concluyente con la designación de otro para el mismo asunto.

b) Es competente el juez del proceso en curso, o aquél ante quien se adelante alguna actuación posterior a su terminación, siempre que se encuentre dentro de la órbita de su competencia, la haya asumido, conozca y esté conociendo de la misma.

c) Está legitimado en la causa para promover la regulación, el apoderado principal o sustituto, cuyo mandato se revocó.

d) Es menester proponer incidente mediante escrito motivado dentro del término perentorio e improrrogable de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del auto que admite la revocación. Ésta, asimismo se produce con la designación de otro apoderado, en cuyo caso, el plazo corre con la notificación de la providencia que lo reconoce.

e) El incidente es autónomo al proceso o actuación posterior, se tramita con independencia, no la afecta ni depende de ésta, y para su decisión se considera la gestión profesional realizada hasta el instante de la notificación de la providencia admitiendo la revocación del poder.

f) La regulación de honorarios, en estrictez, atañe a la actuación profesional del apoderado a quien se revocó el poder, desde el inicio de su gestión hasta el instante de la notificación del auto admitiendo la revocación, y sólo concierne al proceso, asunto o trámite de que se trate, sin extenderse a otro u otros diferentes, es decir, [‘queda enmarcada por la actuación adelantada por el petente dentro de este proceso, y solo dentro de él, desde luego que cualquier consideración sobre gestiones desplegadas en otros litigios desbordarían la esfera de competencia que de manera puntual señala la norma’] (Auto de 22 de mayo de 1995, exp. 4571), y también las cuestiones relativas a la determinación del monto de las agencias en derecho, en cuyo caso, [‘es el trámite de objeción de costas el procedimiento a seguir, de acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil’] (Auto de 18 de mayo de 2007, exp. 11001-02-03-000-2003-00024-01).

g) El quantum de la regulación, [‘no podrá exceder el valor de los honorarios pactados...’ (CPC, art. 69), esto es, el fallador al regular su monto definitivo, no podrá superar el valor máximo acordado”] (auto mayo 31/2010, exp. 4269).

2. En el presente asunto se registran los siguientes elementos de persuasión con trascendencia para la decisión que se está adoptando.

a. Medardo Arias García otorgó “poder” al abogado Álvaro Eduardo Barrero Ramírez para promover recurso de revisión frente a la sentencia proferida el 15 de mayo de 2008 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario de nulidad de contrato promovido por Henry Vargas Ureña contra Beatriz Giraldo de Neissa (fl. 1, cdno. 1).

b. El nombrado togado presentó el correspondiente escrito impugnaticio el 23 de octubre de 2010, solicitando la invalidación del precitado fallo con base en la causal 6ª de revisión y como medida previa pidió su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria 368-40620 (fls. 7 a 13, cdno. 1).

c. La demanda se inadmitió mediante providencia de 10 de agosto de 2011 (fl.3) con miras a que se complementaran los hechos (fls. 16 a 18, cdno. 1) y subsanada (fls. 19 a 22, cdno. 1), por auto de 15 de abril de 2010 se ordenó prestar caución (fl. 26, cdno. 1); allegada ésta y calificada como suficiente, en proveído del siguiente 6 de mayo se dispuso oficiar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar para que remitiera el expediente (fl. 30, cdno. 1); en decisión de 9 de febrero de 2011, se admitió aquella (fl. 58 cdno. 1), frente a la que los convocados se opusieron (fls. 150 a 160), y en decisión de 9 de junio, se dio apertura a la fase instructiva (fls. 186 a 189, cdno. 1).

d. A través de memorial presentado el 22 del último mes referido, el impugnante extraordinario informó sobre la revocatoria del mandato conferido al profesional del derecho que gestionó las reseñadas actuaciones, designó nuevo procurador judicial y aportó paz y salvo “provisional” por concepto de “honorarios”, al igual que copia de un “contrato de transacción” (cdno. 1), fls. 190 a 197.

e. En la audiencia celebrada el 15 de julio de 2011, se tuvo por “revocado el poder” y se reconoció personería al abogado que continuaría con la representación (fls. 209 a 214, cdno. 1).

f. Se practicó dictamen pericial, en el que auxiliar de la justicia tasó los “honorarios” en la suma de $21.642.720 (fls. 29-33) y sometido a contradicción, ambos intervinientes lo objetaron (fls. 36-40), por lo que se designó uno distinto, quien los cuantificó en $57.713.920 (fls. 65 a 69).

3. A partir de la situación fáctica reseñada, en principio ha de resaltarse que la solicitud de “regulación de honorarios” se presentó de manera oportuna, es decir dentro de los 30 días siguientes a la notificación del proveído que admitió la revocación, el que se adoptó en la audiencia celebrada el 15 de julio de 2011 (fls. 209 a 214).

4. De otro lado, es de precisar que entre las partes no existe pacto expreso sobre la remuneración del iniciador del asunto, como éste lo expuso (fl. 5) y lo asintió el “incidentado”, al reconocer como cierto el hecho de que

“el abogado Barrera Ramírez no suscribió contrato alguno con el Sr. Arias García” (fl. 13).

Con base en ello, corresponde al juzgador cuantificar tal retribución, mayor aún cuando en el plenario reposa “contrato de transacción” en el que se estipuló que

“las partes en el presente contrato han convenido que los honorarios profesionales, que le puedan corresponder al Dr. Barrero Ramírez en las actuaciones judiciales enlistadas en la cláusula primera del presente contrato [dentro de las que se encuentra el recurso de revisión], deben ser tasados en incidente de regulación de honorarios ante las respectivas entidades que conocen de las actuaciones” (fls. 192 a 195, cdno. 1).

5. Frente esa circunstancia, cumple memorar que la gestión desarrollada por los “procuradores judiciales” de los litigantes al interior de los respectivos procesos se sustenta en el “poder” que se les haya otorgado en la forma autorizada en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil y, generalmente lo concerniente a su remuneración está soportada en un “contrato de mandato”, al que se refiere el canon 2144 del Código Civil, según el cual, los

“servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a la que está unida la facultad de responder y obligar a otra persona, respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato”.

En lo atinente a las prestaciones a favor del “mandatario”, el precepto 2143 ibídem, establece que el “mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración es determinada por convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley o por el juez”, y acorde con la regla 3ª del 2184 ejusdem, el “mandante es obligado (...) [a] pagarle la remuneración estipulada o usual”. Por eso es por lo que se afirma que por naturaleza, esa clase de convenio es retribuido.

Acerca de esta temática, el doctrinante César Gómez Estrada, comentó que

“(...) en materia de regulación del monto de la remuneración pueden presentarse tres hipótesis: a) Que las partes, bien sea antes o después del contrato de mandato, fijen el valor de los honorarios del mandatario; b) Que no siendo el caso anterior, la ley determine la forma de liquidar el valor de los honorarios, y c) Que no habiendo acuerdo entre las partes ni norma legal que señale la forma de liquidar ese valor, su regulación la haga el juez en el proceso que con tal fin promueva el mandatario contra el mandante” (De los Principales Contratos Civiles. 3ª ed., Bogotá, Temis, 1996, pág. 347).

6. Al examinar en conjunto los elementos de convicción legal y oportunamente incorporados, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se obtiene certeza de que el “incidentalista” intervino como “apoderado” del recurrente, conforme al poder que le confirió y en esa condición adelantó las gestiones antes aludidas.

7. De la referida actuación se desprende que el “incidentante” tiene derecho a reclamar “honorarios”, sin que interesen los motivos que indujeron a los contratantes a terminar el mandato, dado que las normas descritas no contemplan ninguna circunstancia que conlleve a su pérdida.

8. Ahora bien, en razón a que la evocada prestación se encuentra “indeterminada”, como ya se expuso, se ordenó dictamen pericial, en el que el experto, a partir de considerar que la misión encomendada había sido ejecutada en un 30% y que debía tenerse en cuenta el numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que la Resolución 2 de 5 de mayo de 2005 expedida por el Colegio Nacional de Abogados, fijó la remuneración en $21.642.720 (fls. 29 a 33).

Empero, ambas partes lo objetaron; el “incidentado”, porque la norma citada por el perito no alude a que para “fijar las agencias en derecho” se tengan que aplicar las tarifas instituidas por el Ministerio de Justicia, ni Conalbos, sino las establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, que para el recurso de revisión previó “hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes” (fls. 36 a 38), y el “incidentalista” debido a que la gestión del mandatario no podía “ubicarse” en el señalado porcentaje, toda vez que “tan sólo faltaba practicar las pruebas” (fls. 39 y 40).

En el segundo dictamen, el experto siguió los parámetros empleados por el anterior, aunque estimó que sólo era aplicable la “tarifa de honorarios” expedida por “Conalbos” y que la labor desempeñada por el profesional del derecho abarcaba un 80% del encargo, puesto que el asunto se encontraba en la etapa probatoria, restando emitir únicamente el correspondiente fallo y por ello fijó el estipendio en $57.713.920 (fls. 65 a 69).

9. A efectos de estudiar inicialmente lo atinente a la refutación a la experticia, ha de indicarse que de acuerdo con los numerales 4º y 5º del precepto 238 del Código de Procedimiento Civil, la misma procede “por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas”, exigiéndose como requisito que se precise en qué consiste el mismo.

Respecto del entendimiento de la aludida forma de contradecir las peritaciones, esta corporación en sentencia sustitutiva Nº 087 de 6 de julio de 2007, exp. 007504, expuso:

“Como ya lo tiene dicho la Sala, si por ‘error’ se entiende el ‘concepto equivocado o juicio falso’ y por ‘grave’ lo que es ‘grande, de mucha entidad o importancia’, según se define en el Diccionario de la Real Academia Española, es claro que no cualquier tacha contra el dictamen conduce a descalificarlo. Los reparos procedentes al respecto son los que, amén de protuberantes, en términos generales, se oponen a la verdad o a la naturaleza de las cosas, a tal punto que si no se hubieren cometido los resultados habrían sido diametralmente distintos (...) La Corte, reiterando doctrina anterior, en el punto tiene explicado que las características de los errores de ese linaje y que permiten diferenciarlos de otros defectos imputables al dictamen pericial, ‘es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven’ (...); Cas. Civil, sentencia de 15 de diciembre de 2005, exp. 00005-01)”(1).

En punto de la apreciación de la citada prueba, ha dicho esta corporación que

“...corresponde al juzgador en su carácter de autoridad suprema del proceso, valorar el dictamen pericial, laborío apreciativo en el cual, podrá acoger o no, in toto o en parte las conclusiones de los expertos, sea en su integridad, ora en uno o varios de sus segmentos, conformemente a la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos. Bajo esta perspectiva, cuando el trabajo de los expertos carezca de soporte cierto, razonable o verosímil, ofrezca serios motivos de duda, contenga anfibologías e imprecisiones, contradiga las evidencias procesales o se funde en conjeturas, suposiciones o informaciones no susceptibles de constatación objetiva, científica, artística o técnica, se impone el deber para el juzgador de desestimar el dictamen pericial y sustentar su decisión en los restantes elementos probatorios. En idéntico sentido, si el concepto de los expertos, ofrece múltiples o diferentes conclusiones respecto de un mismo asunto, aspecto o materia, el sentenciador, podrá optar por cualquiera que le suministre el grado de certidumbre necesario para su decisión, según la consistencia, exactitud y aptitud de la respuesta conclusiva o, incluso extraer las propias apoyado en el material probatorio del proceso” (Sent. Cas. mayo 16/2011, exp. 2000-00005-01).0198-01).

10. Al revisar las probanzas en cuestión, se advierte que las mismas adolecen de graves yerros que les hace perder mérito persuasivo.

En efecto, la inicial, a pesar de indicar que para cuantificar la remuneración debía tenerse en cuenta el numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que la Resolución 2 de 5 de mayo de 2005 expedida por el Colegio Nacional de Abogados “Conalbos” y estimar un 30% de ejecución del mandato, terminó cuantificándola en $21.642.720 que obtuvo de extraer aquel porcentaje del resultado de sumar $2.142.400 equivalentes a cuatro salarios mínimos para el año 2011 y $70.000.000 correspondientes al 2% de $3.500.000.000 que dijo, era la “cuantía estimada”, sin precisar de qué (fls. 29 a 33).

Por su parte el practicado como prueba de la opugnación estableció el importe de los “honorarios” en $57.713.920, resultado de adicionar el equivalente a “cuatro salarios mínimos legales vigentes” para 2010, al monto del porcentaje señalado, que expresó, correspondía a la “cuantía de la pretensión” (fls. 65-69), tras considerar que debía aplicarse por analogía, la tarifa del Colegio Nacional de Abogados en lo concerniente al recurso de casación, transcribiendo el quantum que allí se determina para dicha clase de impugnación y la de revisión, esto es, “diez salarios mínimos legales vigentes”.

11. En tales condiciones, es claro que las cantidades fijadas en las experticias y la manera de obtenerlas, desbordan dichos lineamientos, porque si coincidieron en señalar que la “tarifa de honorarios profesionales de Conalbos” constituía parámetro para establecer el valor del estipendio que correspondía al incidentante, por similitud con el previsto para los recursos extraordinarios en el proceso penal y ésta, en sus numerales 18.7.11.1 y 18.7.11.2 contempla para los de “casación y revisión”, “diez salarios mínimos legales vigentes” que para la anualidad en que se produjo la revocatoria del mandato, ese referente económico estaba en $535.600 “mensuales”, los cálculos periciales se muestran desfasados e impide su acogida.

12. Lo anterior implica que en atención a lo dispuesto en el inciso 2º del precepto 239 del Código de Procedimiento Civil, al prosperar la objeción respecto de la inicial pericia, su autor no tenga derecho a “honorarios”.

Ahora, como en similar yerro incurrió el segundo experto, lo que conduce a desestimar su trabajo, la misma consecuencia pecuniaria que antecede, le será deducida.

13. En este orden de ideas, compete a la Corte determinar el monto de los honorarios que le corresponden al incidentante, con base en las normas que gobiernan el asunto.

En esa dirección, se acudirá a la tercera regla del canon 393 del Código de Procedimiento Civil según la cual,

“[p]ara la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

La anterior directriz es aplicable al presente caso, dado que analógicamente guarda correspondencia con el tema de la retribución, fue expedida con posterioridad a las “tarifas de honorarios profesionales de la Corporación Colegio Nacional de Abogados “Conalbos” y para el caso de la remuneración cuando del recurso extraordinario de revisión se trata, aquellas resultan más actualizadas y favorables al prestador del servicio profesional, pues mientras éstas contemplan una de “diez salarios mínimos legales vigentes”, el Acuerdo 1887 de 2003 emanado de la “Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”, en el numeral 1.12.2.2 señala unas “agencias en derecho” de hasta “veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Acerca de la aplicación de los señalados parámetros, la Corte Suprema, en proveído de 21 de noviembre de 2011 expuso:

“En el evento en que no se acredite el pacto expreso sobre la remuneración del abogado, corresponderá al juzgador regular los honorarios con base en ‘el inciso 1º del numeral 3º del artículo 393 ibídem, alusivo a la fijación de agencias en derecho, y que es aplicable por analogía legis a la regulación de honorarios, [ya que] sirve de guía para la resolución de asuntos como el que ocupa la atención de la Sala, pues hace referencia a los aspectos relevantes de la actividad profesional realizada por un abogado al tramitar un proceso y señala los límites para llevar a cabo la fijación de esa remuneración (...) [t]ales criterios legales tienen en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la actuación realizada por el apoderado, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, todas ellas encaminadas a establecer los valores correspondientes a la contraprestación que los abogados merecen recibir como pago por sus servicios, quantum que, según el artículo 69 de Código de Procedimiento Civil ‘no podrá exceder el valor de los honorarios pactados’, es decir, que el fallador al regular el monto correspondiente no podrá rebasar el máximo estipulado, pero sí podría ser inferior en función, básicamente, de lo mucho o poco que hubiese faltado para la culminación de la labor encomendada’ (Auto mar. 8/2011, Exp. 1994-04260-01)”.

Igualmente, en auto de 18 de mayo de 2007, exp. 0024, esta Corporación sostuvo que los criterios previstos en el numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil,

“(...) sirven de guía (...), pues comprenden los aspectos relevantes de las condiciones del trabajo profesional realizado y señalan los límites para llevar a cabo la fijación de los emolumentos. - Tales criterios legales tienen en cuenta ‘la naturaleza, calidad y duración de la actuación realizada por el apoderado (...), la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales’ todos ellos atinentes a establecer los valores correspondientes a la contraprestación que los abogados deben recibir como pago por sus servicios” (Auto mayo 18/2007, exp. 0024).

14. Así las cosas, en razón a que como antes se expuso, para el año 2011, periodo en el que se produjo la revocatoria del poder, el salario mínimo legal vigente era de $535.600, el quantum máximo establecido corresponde a $10.712.000, suma esta a partir de la cual se ha de efectuar la regulación pretendida.

Al respecto téngase en cuenta que según se reveló, la actividad del mandatario judicial la desplegó mediante el acto introductorio del recurso, la subsanación del respectivo escrito en los aspectos formales que se le indicaron, allegó la caución, gestionó y obtuvo la notificación de la parte opositora, solicitó como medida cautelar el registro de la demanda y luego de accederse a ella, adelantó la concerniente diligencia para efectivizarla y finalizó su gestión cuando debía avocarse la fase probatoria.

Significa lo anterior que el “incidentalista” intervino en aproximadamente el 60% de las actuaciones relativas al trámite de la impugnación extraordinaria que se le encomendó, y en tales condiciones, amerita una remuneración equivalente a “doce (12) salarios mínimos legales vigentes”.

15. En atención a lo previsto en el inciso 2º, numeral 1º del canon 392 del Estatuto Procesal Civil, se condenará en costas al incidentado, al resultarle desfavorable la decisión.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Fijar por concepto de honorarios profesionales al abogado Álvaro Eduardo Barrero Ramírez, la suma de seis millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos pesos ($6.427.200), por la gestión que desarrolló como apoderado del recurrente en revisión, los cuales deberá pagar Medardo Arias García, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

2. Condenar en costas a la parte incidentada, las cuales serán liquidadas por Secretaría y en ellas se incluirá la suma de $650.000, por concepto de agencias en derecho.

3. Declarar próspera la objeción al dictamen pericial practicado por José de Jesús Núñez Gaitán y por ende, no tiene derecho a percibir los “honorarios” que se le fijaron.

4. Declarar que tampoco ostenta “derecho a honorarios” el experto Ramón Alfredo Corrales Marín, al establecerse que la pericia por él realizada adolece de error grave.

Notifíquese».

(1) Se elimina lo subrayado en el texto original.