Sentencia 2010-00427 de marzo 31 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 05001233100020100042701 (18345)

Magistrado Sustanciador:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Sergio Alonso de Jesús Vélez Sierra contra departamento de Antioquia

Asunto: apelación contra auto que rechazó la demanda

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala confirmará el auto apelado por las razones que pasan a exponerse(1).

De la confusa narración de los hechos de la demanda, la Sala destaca lo siguiente:

— Que la secretaría de hacienda del departamento de Antioquia adelantó proceso de jurisdicción coactiva Nº 2.754 de 2001 en contra del señor Sergio Alonso de Jesús Vélez Sierra, para obtener el pago de la contribución por valorización determinada en la Resolución 1029 del 11 de febrero de 1999, expedida por esa misma entidad territorial.

— Que el proceso de jurisdicción coactiva culminó con sentencia del 11 de diciembre de 2006, en la que se ordenó seguir adelante con la ejecución y se decretó el embargo y secuestro de ciertos bienes inmuebles de propiedad del demandante. Que esa sentencia fue dictada luego de que esta corporación, mediante providencia del 4 de diciembre de 2006, resolviera el recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró no probadas las excepciones propuestas por el señor Vélez Sierra.

— Que, el 27 de noviembre de 2008, en el proceso de jurisdicción coactiva, el Juzgado de Ejecuciones Fiscales del departamento de Antioquia rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto por el demandante.

— Que contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Que el recurso de apelación fue resuelto por el Juzgado Primero Administrativo de Medellín, con auto del 8 de junio de 2009.

Según entiende la Sala, el demandante, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuestiona la legalidad de toda la actuación adelantada en el proceso de jurisdicción coactiva. En especial, el actor discute las actuaciones en las que el Juzgado de Ejecuciones Fiscales del departamento de Antioquia rechazó el incidente de nulidad propuesto en dicho proceso.

Lo primero que conviene precisar es que la jurisdicción coactiva, en términos generales, era una potestad especial otorgada por la ley a las autoridades administrativas para hacer efectivos los créditos que tienen a su favor, sin necesidad de acudir ante la jurisdicción(2). Esa era la forma tradicional para cobrar el crédito a favor de las entidades públicas y se ejercía en la forma prevista en los artículos 68, 79 y 252 del Código Contencioso Administrativo y 561 a 568 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con los artículos 133(3) y 134C(4) del Código Contencioso Administrativo, en los procesos de jurisdicción coactiva los tribunales o los juzgados administrativos, según el caso, conocen de: i) las apelaciones presentadas contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de la liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, ii) los recursos de queja cuando se niega o se concede en un efecto distinto el recurso de apelación, y iii) el grado jurisdiccional de consulta de las sentencias dictadas en los procesos de jurisdicción coactiva en los que el ejecutado estuvo representado por curador ad litem.

En los casos mencionados, los tribunales administrativos o los juzgados administrativos, según el caso, actúan como superiores funcionales de la administración, debido a que las actuaciones que se profieren al interior del proceso de jurisdicción coactiva son eminentemente judiciales.

En la actualidad, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006(5), el cobro de los créditos a favor de las entidades públicas se hace mediante el procedimiento de cobro coactivo que está regulado por el estatuto tributario. Los actos que se dictan al interior de ese procedimiento tienen el carácter de administrativos y, por ende, podrán impugnarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho(6).

En el caso concreto, la entidad pública libró mandamiento de pago en el año 2001, en contra del aquí demandante, en un proceso de jurisdicción coactiva. Esto es, siguió la tradicional forma de cobro y, por ende, siguió las normas establecidas en los artículos 68, 79 y 252 del Código Contencioso Administrativo y 561 a 568 del Código de Procedimiento Civil. De hecho, ciertas actuaciones dictadas en dicho proceso ya fueron cuestionadas por el demandante ante esta jurisdicción, mediante el recurso de apelación, en la forma prevista en los artículos 133 y 134C del Código Contencioso Administrativo.

Ahora bien, las pretensiones de esta demanda se dirigen a cuestionar las actuaciones proferidas en un proceso de jurisdicción coactiva, circunstancia que, por sí sola, descarta la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento, por cuanto ese tipo de actuaciones, se repite, se originan en un trámite excepcional en el que la administración funge como juez de su propia causa y que, por ende, no pueden discutirse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Es decir, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como ya se dijo, solo conoce de ese tipo de actuaciones cuando los tribunales o juzgados administrativos desatan los recursos de apelación, de queja o el grado jurisdiccional de consulta, en los términos previstos en los artículos 133 y 134C, antes mencionados.

Claramente, en este caso, era procedente el rechazo in limine de la demanda no por falta de jurisdicción y competencia, sino porque se cuestionan actos jurisdiccionales que no son pasibles de control por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En consecuencia, se confirmará el auto apelado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto de 27 de abril de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Mediante auto del 3 de febrero de 2011, la Sala se pronunció en idéntico sentido. Expediente 18346, M.P. William Giraldo Giraldo.

(2) Ver, por ejemplo, providencias de la Sección Quinta del 2 de julio y 22 de abril de 2009 y del 5 de junio de 2008, expedientes 1001-00-00-000-2001-01606-01, 11001-00-00-000-2004-02300-01 y 11001-00-00-000-2001-02826-01, respectivamente, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

(3) ART. 133.—Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia:

(…)

2. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

3. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los asuntos de que trata el numeral anterior.

(4) ART. 134-C.—Competencia de los jueces administrativos en segunda instancia. Los jueces administrativos conocerán, en segunda instancia, de los siguientes asuntos:

1. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

2. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los asuntos de que trata el numeral anterior.

3. De la consulta de las sentencias dictadas en los mismos procesos contra quien estuvo representado por curador ad litem, sin consideración a la cuantía.

(5) “ART. 5º—Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario. (…)”.

(6) El artículo 835 del estatuto tributario señala que son demandables los actos que deciden sobre las excepciones, los que ordenan seguir adelante con la ejecución. Por vía de interpretación, esta Sección ha entendido que también pueden demandarse, entre otros, el acto que decrete embargos, el que remate bienes del ejecutado, el que apruebe la liquidación del crédito, etcétera.