Auto 2010-00428 de novembre 2 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 50001-23-31-000-2010-00428-01(HC)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Actor: Jaime Alonso Gaviria Aguirre

Demandado: Juez Primero Penal del Circuito de Villavicencio

Bogotá, D.C., dos de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «5. Consideraciones

El habeas corpus está consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política como un derecho fundamental del que puede hacer uso, ante cualquier autoridad judicial y en cualquier tiempo, quien considere estar ilegalmente privado de la libertad, solicitud que se debe resolver dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

El Congreso de la República desarrolló esta disposición mediante la Ley 1095 de 2 noviembre de 2006, en la que agregó a la anterior definición que el habeas corpus es a la vez una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de ella con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando dicha privación se prolonga ilegalmente (art. 1º).

El citado artículo también prevé que esta acción solo se puede invocar por una vez y que para su decisión se aplica el principio pro homine; además, que su ejercicio no se suspende, aun en los estados de excepción.

Como se indicó, el habeas corpus procede en dos eventos: cuando hay privación de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales o cuando se prolonga ilegalmente la privación de la libertad. Estos supuestos admiten múltiples posibilidades frente a las cuales es viable la protección del derecho a la libertad personal, según lo concluyó la Corte Constitucional en Sentencia C-187 de 2006, en la que efectuó la revisión previa de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que reglamentó el artículo 30 de la Carta Política.

La Corte precisó que esta acción no es un mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos propios del trámite de los procesos en que se investigan y juzgan hechos punibles, sino que se trata de una acción excepcional de protección de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que por conducto de su afectación puedan vulnerarse, como la vida, la integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y torturas.

En consecuencia, el juez de habeas corpus carece de competencia para cuestionar los elementos del hecho punible, la responsabilidad de los procesados, la validez o valor de persuasión de los medios de convicción, o la labor que sobre ese asunto desarrolle el funcionario judicial, pues, el ejercicio de esta acción solo permite el examen de los elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad, porque los intrínsecos son del ámbito exclusivo y excluyente del juez natural(1).

El núcleo del habeas corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Sin embargo, cuando esta es afectada por quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan por el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, el habeas corpus está por fuera de este ámbito y pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas(2).

En el caso concreto Jaime Alonso Gaviria Aguirre promueve la acción constitucional de habeas corpus para que se ordene su libertad inmediata, pues considera que la privación de su libertad se prolongó ilegalmente. El actor alega que el Juez Primero del Circuito de Villavicencio incurrió en vía de hecho, porque, a pesar de que decretó la nulidad del proceso penal desde la audiencia de formulación de imputación, no ordenó su libertad como correspondía, pues con la anulación de la imputación desapareció el fundamento de la medida de aseguramiento.

Se confirmará la providencia impugnada, que negó la solicitud de habeas corpus, por las siguientes razones:

De acuerdo con la citada Sentencia C-187 de 2006, la prolongación ilícita de la privación de la libertad ocurre en 4 eventos: 1) cuando existe captura en flagrancia y la persona no se pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; 2) cuando la autoridad pública mantenga privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea concedida la libertad; 3) cuando la propia autoridad judicial extiende la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional formulada por quien tiene derecho; y 4) cuando se pide la libertad en el trámite del proceso penal y la respuesta se materializa en una vía de hecho cuyos efectos negativos demandan remedio inmediato(3).

Ahora bien, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reiteradamente han precisado que, desde el momento en que se impone una medida de restricción de la libertad, todas las peticiones que tengan relación con ese derecho del procesado se deben hacer en el respectivo proceso penal, no mediante el mecanismo constitucional de habeas corpus, toda vez que este no está llamado a sustituir al proceso ni al juez natural(4).

Sin embargo, excepcionalmente la acción de habeas corpus puede ser ejercida para solicitar la libertad, aun si esta fue restringida con ocasión del proceso penal, cuando el mecanismo ordinario, esto es la petición de libertad ante el juez penal, resulta inane, “en la medida que al no existir decisión tampoco se pueda hacer uso de los recursos”. Esta posición tiene sustento en que el procesado no puede ser obligado a esperar o a insistir en la petición de libertad frente a la falta de respuesta oportuna de los funcionarios judiciales competentes para decidirla, bien sea porque el juez competente dilata injustificadamente la celebración de la audiencia o porque el fiscal no acude a esta(5).

Así mismo, el habeas corpus tiene vocación de prosperidad excepcional si formulada la petición de libertad al juez competente del proceso penal, la decisión de esta configura una auténtica vía de hecho. Es oportuno precisar que, dada la evolución jurisprudencial de la Corte Constitucional, actualmente la noción de vía de hecho fue ampliada a las causales genéricas y especiales de procedebilidad(6).

Sobre esta última hipótesis el actor pretende fundar el motivo de inconformidad contra la decisión del 4 de octubre de 2010 del Juez Primero del Circuito de Villavicencio en función de conocimiento, toda vez que aunque declaró la nulidad de la audiencia de formulación de imputación no ordenó su libertad.

Sea lo primero precisar que en el proceso penal respectivo el actor no formuló petición de libertad. Por el contrario, sin agotar dicho mecanismo, acudió directamente a la solicitud de habeas corpus. Este hecho por sí solo descarta la vocación de prosperidad de la acción constitucional, en tanto que su excepcional procedibilidad, para el caso, se da siempre y cuando el procesado pida la libertad en el proceso y la decisión sobre esta configure una “vía de hecho”.

En cuanto a la presunta “vía de hecho” en que incurrió el Juez Primero Penal del Circuito de Villavicencio, según el criterio del accionante, se advierte que esta no se configuró. En efecto, el funcionario improbó la aceptación de cargos del actor, pues estimó que esta era incongruente con la imputación que le formuló la fiscalía. Esta decisión se aviene al mandato de los artículos 293 [2] y 351 [6] de la Ley 906 de 2004, conforme a los cuales corresponde al juez de conocimiento examinar la aceptación que de los cargos formulados por la fiscalía haga el procesado. Desde luego, este estudio no puede ser una simple formalidad, por el contrario, corresponde al juez verificar el cumplimiento de todas las garantías previstas para el procesado(7).

Y, respecto de la orden de libertad que reclama el solicitante, es claro que, por disposición de los artículos 153 y 154 [8] del Código de Procedimiento Penal, la competencia para decidir sobre ella es exclusiva y excluyente del juez en función de control de garantías, empero, como se dijo, dicha petición de libertad no fue presentada ante este juez. Lo anterior guarda estrecha relación con la estructura del sistema penal de tendencia acusatoria, que atribuye al juez en función de control de garantías el conocimiento en audiencia preliminar de todas las peticiones de libertad formuladas con anterioridad al sentido del fallo. De manera que la decisión cuestionada en el sub lite no obedece al capricho o arbitrariedad del Juez Primero del Circuito de Villavicencio sino a las previsiones del estatuto procesal penal.

Por otra parte, no es acertada la afirmación del actor sobre la pérdida del fundamento jurídico de la medida de aseguramiento por la declaratoria de nulidad objeto de controversia. La imputación como acto mediante el cual la Fiscalía General de la Nación comunica al indiciado su condición de imputado obedece al ejercicio de la acción penal de la que es titular el Estado (L. 906/2004, art. 286). Y, es independiente a la eventual aceptación de cargos por parte del procesado.

Por ende, la decisión del juez accionado no afectó a la imputación sino a la decisión del juez en función de control de garantías cuando aceptó el allanamiento como si fuera pleno frente a la imputación de la fiscalía. Así las cosas, la imputación, que es la base para la medida de aseguramiento, se encuentra incólume, pues los efectos de la nulidad del proceso penal no suprimen su existencia.

Además, se resalta que en la audiencia del 4 de octubre de 2010, celebrada por el Juez Primero Penal del Circuito de Villavicencio, la medida de aseguramiento contra el actor no fue objeto de controversia ni estudio. En razón de ello, sus efectos legales continúan, salvo que el juez competente decida lo contrario, lo que desde luego no ha sucedido en el presente asunto.

En conclusión, no existe fundamento para conceder la acción de habeas corpus, en tanto que la razón que motiva su ejercicio debe ser valorada y discutida en el proceso penal promovido contra el accionante.

En mérito de lo expuesto, el suscrito consejero de Estado,

RESUELVE:

CONFÍRMASE la providencia proferida el 22 de octubre de 2010 por la magistrada Teresa Herrera Andrade del Tribunal Administrativo del Meta, que negó la solicitud de habeas corpus formulada por Jaime Alonso Gaviria Aguirre.

NOTIFÍQUESE esta decisión de forma inmediata y por el medio más expedito al actor y al director del establecimiento carcelario en el que este se encuentra recluido.

COMUNÍQUESE esta decisión al Juez Primero Penal del Circuito de Villavicencio.

REMÍTASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 27 de noviembre de 2006, Radicado 26.503 y sentencia de 11 de diciembre de 2003, Radicado 15.955.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de segunda instancia, Radicación 14153 de septiembre 27 de 2000.

(3) Cfr. Poveda Perdomo Alberto y otros “El habeas corpus en el ordenamiento jurídico colombiano”. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá, D.C., 2007. pág. 349.

(4) Ver entre otras: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Providencia de 25 de enero de 2007. Radicación 26.810. M.P. doctor Javier Zapata Ortiz. Providencia del 10 de agosto de 2010. Radicación 34737. M.P. Alfredo Gómez Quintero. Consejo de Estado. Sección cuarta. Providencia del 24 de marzo de 2010. Radicación 2010-00248-01. C.P. doctora Martha Teresa Briceño de Valencia. Providencia del 17 de junio de 2010. Radicación 2010-00180-01. C.P. doctor Mauricio Torres Cuervo.

(5) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Providencia del 10 de agosto de 2010. Radicación 34737. M.P. doctor Alfredo Gómez Quintero.

(6) Ver, entre otras, Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.

(7) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 8 de octubre de 2008. Radicación 29338. M.P. doctor Alfredo Gómez Quintero.