Auto 2010-00431 de abril 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 45.931

Proceso: 190012331000201000431 01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Diana Isabel Bolaños Sarria y otros

Demandado: hospital nivel II Susana López de Valencia

Referencia: Recurso de apelación contra auto. Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil trece.

Decide el despacho el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, el día 24 de abril de 2012, mediante el cual se negó la práctica de unas pruebas.

1. Antecedentes:

1.1. La demanda.

Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2010, la señora Diana Isabel Bolaños Sarria actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo, Sebastián Ibarra Bolaños; Mauricio Ibarra Muñoz, Gabriel Ibarra Chicangana, Carmen Myriam Sarria Ortega, Teresa del Socorro Muñoz Realpe y Mauro Gilberto Ibarra Hinojosa, formularon demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el hospital nivel II Susana López de Valencia, con el fin de que se le declare administrativamente responsable por la totalidad de los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la falla del servicio médico que se habría configurado en la atención del parto a la señora Bolaños Sarria, lo cual produjo la muerte del menor Sebastián Ibarra Bolaños (fls 1-22, cdno. 1).

1.2. Hechos.

La demanda se fundamentó, entre otros, en los siguientes hechos:

— Mientras la señora Diana Isabel Bolaños Sarria se encontraba en su último mes de embarazo presentó sangrado vaginal en horas de la mañana del 9 de abril de 2010, razón por la cual acudió al hospital nivel II Susana López de Valencia en donde fue examinada por el médico de turno quien determinó que la paciente se encontraba en “buen estado general” y, en consecuencia, le dio salida del centro médico.

— No obstante lo anterior, en horas de la tarde, la paciente presentó múltiples contracciones por lo que volvió al referido centro médico, en donde fue hospitalizada y remitida a la sala de trabajo de parto en la cual solo había un médico general atendiendo a otras tres mujeres; una vez fue examinada la señora Bolaños Sarria el médico determinó que se encontraba “normal”; sin embargo, afirman los demandantes que a la paciente no le tomaron la frecuencia cardiaca fetal lo cual implicaría una falla en el servicio médico prestado.

— Asimismo, en la demanda se indicó que a la paciente la dejaron sola cuando dio a luz al menor Sebastián Ibarra Bolaños a las 5:30 a.m., por lo que no se realizaron los exámenes pertinentes para la atención del parto, específicamente frecuencia cardiaca fetal ni monitoria fetal, sumado al hecho de que la señora Bolaños Sarria era una paciente de alto riesgo lo que llevó a que el menor naciera con asfixia y presentara un paro cardiorespiratorio con el agravante de que este no fue remitido inmediatamente a un centro médico de nivel superior sino tres horas después de su nacimiento.

— Igualmente, se indicó en la demanda que la historia clínica de la paciente tenía múltiples enmendaduras y tachones realizados a mano, siendo esto prohibido por la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, situación que consistía en otra falla en el servicio médico prestado.

— Finalmente, en el escrito contentivo de la demanda se señaló que una vez el menor ingresó a la clínica La Estancia de Popayán, se remitió a la unidad de cuidados intensivos en donde permaneció por diez días hasta su fallecimiento, como consecuencia del “sufrimiento fetal por la falta de atención en el parto”.

1.3. A través de auto del 11 de enero de 2011, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda, decisión que se notificó a la entidad demandada el 2 de marzo siguiente, la cual guardó silencio (fls. 164 y 169, cdno. 1).

1.4. El auto apelado.

En auto del 24 de abril de 2012, mediante el cual se abrió el asunto a pruebas, el Tribunal Administrativo del Cauca decretó como pruebas los documentos aportados en la demanda; por su parte negó oficiar a la facultad de medicina de la Universidad Nacional para que allegara copia del protocolo que sigue dicha institución respecto a la atención de un parto al considerar que “no era pertinente al objeto del debate toda vez que ello no justifica la razón por la cual un documento de contenido académico sea aplicable al caso en concreto”.

Por su parte, el tribunal a quo, en cuanto a las pruebas testimoniales, ordenó limitar el número de testigos solicitados por los demandantes, toda vez que según el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil el juez cuenta con la facultad de restringir los testimonios cuando los considere suficientes y dado que eran demasiados estos debían ser únicamente cuatro, los cuales debían ser escogidos por el apoderado de la parte actora.

Por último, el Tribunal Administrativo del Cauca decretó la práctica de un dictamen pericial y para ello requirió al Instituto de Medicina Legal - seccional Popayán, para que realizara el peritaje solicitado por la parte actora en la demanda (fls. 205-208, cdno. ppal.).

1.5. El recurso de apelación.

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el siguiente sentido:

“En la demanda solicitamos (...) oficiar a la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia para que se sirvan enviar copia del protocolo que tiene esa institución para atención del parto con un embarazo a término. Sin embargo, el a quo niega esta prueba sosteniendo: se niega por no ser pertinente (...) la pertinencia de esta prueba solicitada por nosotros, deriva de la circunstancia de que la Universidad Nacional de Colombia es la autoridad científica y académica por excelencia en el campo médico, por tanto, para que el señor juez determine la lex artis ad hoc, es decir, las reglas del arte médico que gobiernan la práctica en cuestión, es preciso que una institución de la autoridad académica de la Universidad Nacional nos ilustre sobre las pautas o protocolos que sus científicos han establecido que deben orientar la atención de usuarias ginecológicas y obstétricas con un embarazo a término, para que de esta manera el juez pueda valorar si la conducta de la demandada se adecuó o no a la lex artis (...) Y como la prueba solicitada tiene relación y resulta de interés para resolver el litigio que nos ocupa debió ser decretada, pues la tendencia del juez ha de ser por la práctica de las pruebas y no por negarlas”.

Por su parte, sobre las pruebas testimoniales, el apoderado de la parte actora resaltó que en la demanda se diferenciaron dos grupos de testigos: el primero de estos integrado por seis médicos que trataron a la paciente y el otro grupo conformado por cinco personas cuya declaración está encaminada a demostrar los perjuicios causados a los demandantes. En ese sentido, los demandantes solicitaron revocar la decisión del tribunal consistente en restringir la prueba testimonial a solo dos testigos por grupo, comoquiera que el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil es claro al establecer que el juez solo tiene la facultad de limitar los testimonios una vez se hayan decretado y recibido por él y, por lo tanto, esa facultad solo procede una vez se han recepcionado algunos de los testimonios, evento en el cual el juez tenga suficientes elementos de convicción para llegar a la verdad de lo que busca probarse.

Por último, respecto del dictamen pericial decretado por el tribunal a quo, el recurrente destacó que en la demanda se solicitó oficiar a la facultad de medicina de la Universidad Nacional para que nombrara un médico especialista en ginecobstetricia y otro médico especialista en neonatología para que resolvieran cada uno un formulario, pero que erradamente en el proveído impugnado el a quo ordenó requerir al Instituto de Medicina Legal Dirección - seccional Popayán, para que realizara dicho peritaje. En ese sentido, indicó que la prueba que se solicitó en la demanda correspondía a aquella regulada en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que trata sobre los “informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales” y que, por el contrario, en el auto del 24 de abril de 2012 se ordenó la práctica del dictamen pericial previsto en el artículo 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y que, en consecuencia, se ordenó la posesión de unos peritos, cuando realmente dicha formalidad no se requiere para efectos de la prueba que solicitó la parte.

2. Consideraciones:

1. Competencia de este despacho para conocer del presente recurso de apelación.

Ab initio conviene advertir que la presente decisión va a proferirse por el magistrado ponente del proceso, de conformidad con las modificaciones que acerca de estos aspectos introdujo la Ley 1395 del 12 de junio de 2010, a cuyo tenor:

“ART. 61.—El Código Contencioso Administrativo tendrá un nuevo artículo, cuyo texto será el siguiente:

ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia” (se resalta).

Como se observa, la norma legal transcrita estableció una regla general para determinar, respecto de cualquier proceso cuya competencia se encuentre atribuida a los tribunales administrativos o al Consejo de Estado, independientemente de la actuación que se surta, en única, primera o segunda instancia, que las decisiones interlocutorias que deban proferir dichas corporaciones deberán adoptarse por conducto del respectivo magistrado ponente.

Sin embargo, se advierte en la norma que si la decisión a proferir se trata de aquellas previstas en los numerales 1º (el que rechace la demanda), 2º (el que resuelva sobre la suspensión provisional) y 3º (el que ponga fin al proceso) del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, deberá adoptarse por la Sala, con excepción de los procesos que se surtan en única instancia, los cuales, entonces, deberán ser dictados por el ponente.

De manera que, tratándose de la decisión por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación contra un auto que denegó la práctica de una prueba,(1) concluye el despacho que la providencia debe adoptarse por el ponente.

2. El caso concreto.

Sobre el primero de los puntos apelados del auto del 24 de abril de 2012, se tiene que el Tribunal Administrativo del Cauca negó la práctica de la prueba documental referente al protocolo que tiene la facultad de medicina de la Universidad Nacional para la atención de un parto con un embarazo a término, toda vez que consideró que no era pertinente comoquiera que “no era aplicable un documento académico al caso en concreto”.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos que se tramiten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, son aplicables las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil en todo aquello que no se encuentre regulado de manera expresa por las normas especiales del Código Contencioso Administrativo; así, el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, señala que en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios para su valoración, son aplicables las normas del citado Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, el artículo 178 del estatuto procesal civil consagra: “Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.

De la norma transcrita se desprende que hay lugar a rechazar de plano, tanto de las pruebas inconducentes como de las legalmente prohibidas o ineficaces, así como las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las superfluas, lo cual impone al juez la obligación de analizar las pruebas solicitadas por las partes y considerar si cumplen, o no, con los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia, respecto de los hechos objeto del proceso, para proceder así a su decreto o, por el contrario, para denegar su práctica.

Para el sub examine, el despacho observa que el que se ha pedido corresponde a un documento académico elaborado por la facultad de medicina de la Universidad Nacional, el cual resulta pertinente en relación con el objeto del presente litigio, puesto que contiene el protocolo médico a seguir para el momento de atención de un parto que se encuentra a término y la demanda en estudio se fundamentó en la falla médica en que habría incurrido la entidad demandada por la negligente atención médica que recibió la señora Diana Isabel Bolaños Sarria cuando dio a luz a su hijo, quien se encontraba en el último mes de gestación, de modo que la práctica de esa prueba, al tenor de lo dispuesto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, sí resulta pertinente, lo cual no compromete la valoración que de la misma efectúe en su momento el juez competente para fallar la litis.

En consecuencia, se revocará una de las decisiones amparadas en el numeral sexto del proveído impugnado, para efectos de acceder a la práctica de la prueba documental 2.6 de la demanda.

Por otro lado, en cuanto a la restricción de la prueba testimonial pretendida en la demanda, se tiene que el Tribunal Administrativo del Cauca ordenó al apoderado judicial escoger solo dos testimonios de cada uno de los grupos de testigos solicitados por los demandantes.

Al respecto, el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil prescribe lo siguiente:

ART. 219.—Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos, y enunciarse sucintamente el objeto de la prueba.

El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba. El auto del juez no tendrá recurso alguno, pero el superior podrá citar de oficio a los demás testigos, conforme a lo previsto en los artículos 180 y 361 (se resalta por el despacho).

El tribunal a quo limitó el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por la parte actora, al considerar que no era necesaria la práctica de estas, toda vez que con la recepción de cuatro declaraciones era suficiente para esclarecer los hechos materia de la prueba.

Pues bien, según lo establecido en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede restringir la recepción de los testimonios solo cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba; en efecto, dicha limitación es procedente cuando ya se han practicado varios de los testimonios solicitados por la parte a la que le interesa probar los hechos, por lo cual resulta claro que previamente tuvo que haber un pronunciamiento del juez en el sentido de decretar la prueba frente a todos los testimonios solicitados.

En ese sentido se tiene que el tribunal a quo no puede limitar los testimonios sin antes haberlos decretado, puesto que lo que se pretende con la totalidad de los testimonios es precisamente esclarecer los hechos que quiere demostrar la parte solicitante. Asimismo, cabe resaltar que el tribunal a quo tampoco puede negar la práctica de tal prueba comoquiera que no se tiene certeza en este momento del proceso, sobre quiénes pueden asistir a rendir su testimonio y menos el sentido de sus declaraciones, lo cual hace necesario decretar la práctica de la totalidad de los testimonios solicitados por la parte recurrente.

En consecuencia, el despacho revocará lo dispuesto en el numeral quinto de la decisión del tribunal a quo mediante la cual se dispuso limitar la solicitud probatoria elevada por la parte actora y, en consecuencia, ordenará la práctica de las declaraciones de los señores Claudia Yaneth Perafán Fernández, Oscar Ordóñez, Conrado León Hurtado, Sandra M. López, María Adelfa Cisneros, María Eugenia Miño, Andrea Victoria Bolaños Sarria, Martha Ibarra Muñoz, María Alexandra Jiménez Rodríguez, Diego Fabián Bolaños Sarria y Alberto Peña.

Finalmente, se tiene que si bien la parte actora señaló en el recurso de apelación que debía revocarse la decisión tomada por el tribunal a quo respecto del decreto del dictamen pericial solicitado por los demandantes, se advierte que el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo(2) establece taxativamente cuáles son los autos proferidos por los tribunales administrativos que son susceptible del recurso de apelación. De igual forma, el listado previsto en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil,(3) no contempla la posibilidad de que una decisión de tal naturaleza sea pasible del recurso de apelación.

En consecuencia, dado que la decisión objeto de la impugnación no es apelable, esta corporación, en aplicación del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, carece de competencia para pronunciarse de fondo al respecto y así habrá de declararse.

En mérito de lo expuesto, el despacho,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el numeral quinto del auto proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca el 24 de abril de 2012 y en su lugar se dispone:

“DECRÉTASE la recepción de los testimonios de los señores Claudia Yaneth Perafán Fernández, Oscar Ordóñez, Conrado León Hurtado, Sandra M. López, María Adelfa Cisneros, María Eugenia Mino, Andrea Victoria Bolaños Sarria, Martha Ibarra Muñoz, María Alexandra Jiménez Rodríguez, Diego Fabián Bolaños Sarria y Alberto Peña, para lo cual se fijarás fecha y hora por el Tribunal Administrativo del Cauca”.

2. REVÓCASE el numeral sexto del proveído impugnado única y exclusivamente en cuanto se refería a la negativa a decretar aquella prueba contemplada en el numeral 2.6 del escrito contentivo de la demanda y en su lugar se decretará como prueba documental el protocolo que tiene la facultad de medicina de la Universidad Nacional para la atención de un parto con un embarazo a término. Una vez allegada tal documentación, por secretaría del tribunal, se deberá correr traslado de este documento a las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil.

3. El despacho se ABSTIENE de pronunciarse respecto del dictamen pericial decretado en el auto del 24 de abril de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez.

(1) Artículo 181 del Código Contencioso Administrativo: “Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos: (...). 8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica” (negritas y subrayado fuera del texto original).

(2) Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus Secciones o Subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que resuelva sobre la suspensión provisional.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que resuelva sobre la liquidación de condenas.

5. El que apruebe o impruebe conciliaciones prejudiciales o judiciales.

6. El que decrete nulidades procesales.

7. El que resuelva sobre la intervención de terceros.

8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica.

(3) Artículo 351 del Código de Procedimiento Civil: (...).También son apelables los siguientes autos proferidos en la primera instancia:

1. El que rechace la demanda, su reforma o adición, salvo disposición en contrario.

2. El que resuelva sobre la citación o la intervención de sucesores procesales o de terceros, o rechace la representación de alguna de las partes.

3. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o su práctica.

4. El que deniegue el trámite de incidente, alguno de los trámites especiales que lo sustituye contemplados en los artículos 99, 142, 152, 155, 158, 159, 162, 167, 338 parágrafo 3º, 340 inciso final y 388, el que los decida y el que rechace de plano las excepciones en proceso ejecutivo.

5. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en procesos ejecutivos.

6. El que decida sobre suspensión del proceso.

7. El que decida sobre un desistimiento, una transacción, la perención, decrete o levante medidas cautelares, o por cualquier otra causa ponga fin al proceso.

8. El que decida sobre nulidades procesales.

9. El que decida sobre excepciones previas, salvo norma en contrario.

10. Los demás expresamente señalados en este código.