Auto 2010-00609 de noviembre 17 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicado: 250002326000201000609 01 (43325)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

Demandado: Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Medio de control: Acción contractual.

Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de dos mil quince.

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por la demandante, Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, contra la decisión adoptada el 15 de septiembre de 2011 (fl. 1, cdno. 1) a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección A, en relación con el monto que se fijó como caución para evitar el levantamiento de las medidas cautelares.

I. Antecedentes

1. El 30 de agosto de 2010, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil presentó demanda ejecutiva en contra de la Compañía de Seguros Comerciales Bolívar S.A., en ejercicio del medio de control de la acción contractual (fls. 21 a 27, cdno. 1).

2. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil mediante el escrito de demanda hizo la siguiente petición especial:

Como quiera que la Aseguradora Demandada (sic), mediante oficios suscritos por apoderado los cuales se allegan a esta demanda, ha solicitado se fije caución para ser prestada mediante póliza, muy respetuosamente solicito al señor Magistrado se sirva fijarla (fl. 27, cdno. 1).

3. El 21 de octubre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, libró mandamiento de pago “a favor de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil contra la sociedad Seguros Comerciales Bolívar S.A. por valor de $ 2.330.300.000,00 mas (sic) los intereses moratorios causados desde el momento de su exigibilidad,…” (fl. 31, cdno. 1).

4. Mediante auto del 15 de septiembre de 2011 notificado por Estado el día 20 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, corrió traslado del escrito de excepciones contra el mandamiento de pago y resolvió fijar el valor de la caución referida en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, así:

FIJAR como caución la suma de doscientos treinta y tres mil treinta mil pesos ($ 233.030.000) la cual deberá ser prestada por la parte ejecutada de la forma prevista por el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil dentro del término de los 10 días siguientes a la notificación de la presente providencia (fl. 1, cdno. 1).

5. El 23 de septiembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto del 15 de septiembre de 2011, en relación al monto fijado para la caución que debió prestar el ejecutado (fls. 2 y 3, cdno. 1).

6. Por medio de auto del 15 de diciembre de 2011 se rechazó el recurso de reposición por improcedente y se concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo (fl. 8 y 9, cdno. 1).

7. Previo a resolver la admisión del recurso se encontró que el proceso fue enviado de manera incompleta, por lo tanto, el 3 de octubre de 2012 se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia de “los siguientes documentos: demanda, auto que libró mandamiento de pagó (SIC), excepciones, y del recurso propuesto contra aquel” (fl. 14, cdno. 1), decisión que fue notificada por Estado del 17 de octubre de 2012.

8. En razón al incumplimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 16 de agosto de 2013 se le requirió nuevamente a fin de que allegara los documentos faltantes (fl. 18, cdno. 1), disposición que fue notificada por Estado del 28 de agosto de 2013.

9. De acuerdo al informe secretarial (fl. 66, cdno. 1), el 2 de octubre de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio cumplimiento a los requerimientos, allegando 45 folios (fls. 20 a 65, cdno. 1).

10. En auto del 11 de septiembre de 2015 se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que remitiera los documentos en los que obrara la solicitud del ejecutado para fijar el monto en aplicación al artículo 519 del Código de Procedimiento Civil para evitar el levantamiento de las medidas cautelares (fl. 72, cdno. 1).

11. Conforme indica el informe secretarial (fl. 83, cdno. 1) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca atendió el requerimiento enviando los documentos obrantes desde el folio 74 al 82 del cuaderno principal.

II. Argumentos del recurso

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil a través de su apoderada argumentó en el recurso de apelación que si bien el Despacho es quien define el monto a pagar por el ejecutado, considera que valor determinado por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es demasiado bajo pues solamente se está tasando en un 10% del valor ejecutado.

También, resaltó que ya existe mandamiento de pago por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 2.330.300.000) MCTE. y que por lo tanto con la caución fijada en el auto del 15 de septiembre de 2011 no se respalda la suma a ejecutar, más si se tiene en cuenta que la finalidad de la fijación de una caución no es el decreto de una medida cautelar, pues lo que se busca es lo contrario no decretar las medidas cautelares, lo cual hace necesario que la misma se fije en una suma suficiente para garantizar el eventual pago de costas e interés.

Por lo anterior, solicita que se revoque el auto recurrido en lo referente a la fijación del valor de la caución y en su lugar se fije una suma que pueda garantizar el valor ejecutado, por considerar que su entidad se encuentra desprotegida con el monto fijado, máxime cuando no puede decretar medidas cautelares en protección a la suma a ejecutar.

III. Traslado del recurso

En cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 18 de octubre de 2013 emitido por el Consejero Ponente el Dr. Ramiro Pazos Guerrero, mediante el cual se admitió y se corrió traslado del recurso de apelación a la parte demandada (fl. 67, cdno. 1), la sociedad SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. mediante escrito del 31 de octubre de 2013 descorre traslado (fls. 68 a 70, cdno. 1), argumentando que la suma fijada como caución por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es suficiente para garantizar los “perjuicios que puedan derivarse de la abstención en la práctica de las medidas cautelares” (fl. 68, cdno. 1).

Además expuso que, no puede dudarse de la solidez de SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. y mucho menos de sus reaseguradores nacionales e internacionales, más si se observa que las resoluciones soporte del pago ejecutado no fueron notificadas a la compañía aseguradora. De igual forma, refiere que existen dos acciones contenciosas en las cuales se debate la nulidad de los actos administrativos base de la ejecución.

Por todo lo anterior, concluye que la ampliación de la garantía haría más gravosa la situación que de fondo se discute, pues la seriedad y la solidez de la compañía aseguradora hacen innecesaria la petición del recurso.

IV. Consideraciones

1. Jurisdicción y competencia.

En razón a que la demanda fue presentada el 30 de agosto de 2010, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (jul. 2/2012), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 308 de dicha normatividad, el proceso se rige por las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84), el cual en su artículo 267(1) dispone la remisión normativa al Código de Procedimiento Civil.

Teniendo en cuenta que el recurso de apelación fue presentado el 23 de septiembre de 2011, su trámite debe surtirse con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en razón a que el artículo 624 del Código General del Proceso (L. 1564/2012)(2), que modificó el 40 de la Ley 153 de 1887, determinó:

ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.

En consecuencia, al interponerse el recurso de apelación con antelación a la entrada en vigencia del Código General del Proceso, esto es el 1º de enero de 2014, la norma llamada a regir el trámite del presente recurso es el Código de Procedimiento Civil.

Por lo tanto, esta corporación es competente para conocer el asunto, en razón a que la apelación se dirige contra el auto que fijó la suma para consignar la caución o constituir la garantía bancaria para evitar el levantamiento de medidas cautelares, que conforme a lo establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil es apelable en efecto devolutivo.

De otro lado, en atención a que para el momento en el que se profirió la decisión apelada —15 de septiembre de 2011—, se encontraba vigente la Ley 1395 de 2010, debe tenerse en cuenta su artículo 61 que adicionó al Código Contencioso Administrativo el artículo 146A, de conformidad con el cual:

Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de sala excepto en los procesos de única instancia.

Comoquiera que el auto apelado no es de aquellos señalados en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 181(3) del Código Contencioso Administrativo, será entonces competencia del ponente conocer del recurso interpuesto y admitido el 18 de octubre de 2013 por el Despacho (fl. 67, cdno. 1).

2. Problemas jurídicos a resolver.

Como quiera que, en el presente caso la parte demandante se encuentra en desacuerdo con el monto fijado para la consignación o constitución de una garantía bancaria a fin de evitar el levantamiento de medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo que se adelanta, se deben resolver los siguientes interrogantes:

— En primer lugar, determinar cuáles son los criterios que el juez administrativo debe tener en cuenta para fijar el monto conforme lo indica el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil.

— En segundo lugar, una vez determinados los criterios, evaluar si la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca los tuvo en cuenta para fijar el monto, a fin de evitar del decreto de las medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo.

A continuación, procederá el Despacho a pronunciarse sobre los interrogantes antes propuestos.

3. Criterios para fijar el monto del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil.

El trámite para la fijación del monto que debe consignarse a fin de evitar el levantamiento de medidas cautelares, está regulado en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, así:

“ART. 519.—Consignación para impedir o levantar embargos y secuestros. Desde que se formule demanda ejecutiva el ejecutado podrá pedir que no se le embarguen ni secuestren bienes, para lo cual deberá prestar caución en dinero o constituir garantía bancaria o de compañía de seguros por el monto que el juez señale, para garantizar el pago del crédito y las cosas dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que desestime las excepciones, o del auto que acepte el desistimiento de ellas, o de la sentencia que ordene llevar adelante la ejecución, según fuere el caso.

Si las medidas cautelares ya se hubieren practicado, el demandado podrá solicitar la cancelación y levantamiento de la misma, previa consignación de la cantidad de dinero que el juez estime suficiente para garantizar el pago del crédito y las costas, la cual se considerará embargada para todos los efectos.

Sin embargo, cuando se trate de ejecuciones contra instituciones financieras nacionalizadas, para impedir embargos y secuestros de sus bienes o para levantar los ya practicados, bastará que la ejecutada allegue documento producido por su junta directiva mediante el cual se comprometa a consignar el valor del crédito liquidado dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que desestime las excepciones o de la sentencia que ordene llevar adelante la ejecución, según fuere el caso.

Cuando los bienes fueren perseguidos en varias ejecuciones o se hubiere embargado su remanente, la consignación del dinero o la caución bancaria o de compañía de seguros sólo podrá aceptarse si se acredita la cancelación y levantamiento de otros embargos y secuestros.

El juez resolverá la solicitud del demandado inmediatamente y éste deberá consignar o prestar la caución dentro del término que se señale al efecto, el cual no podrá ser inferior a cinco días ni superior a veinte, contados desde la ejecutoria del auto que la haya ordenado.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los embargos y secuestros de bienes hipotecados o dados en prenda, cuando en el proceso se estén haciendo valer exclusivamente dichas garantías.

El auto que decida la solicitud del ejecutado es apelable en el efecto devolutivo” (resaltado fuera del texto).

De lo anterior, es claro que legislador dejó a discrecionalidad del juez la fijación del monto a consignar a fin de evitar el levantamiento de las medidas cautelares, pero determinó un elemento adicional, al indicar de forma precisa, que el monto decretado debe garantizar el pago del crédito y las costas, criterio en el cual se debe mover el juez para tomar su decisión.

En razón a ello, puede decirse que la decisión queda al libre arbitrio del juez que tramita el proceso, sin embargo, es necesario hacer una interpretación bajo los principios del derecho administrativo de esta disposición normativa, ya que si bien el legislador no contempló criterios específicos para su materialización, la función que realiza el juez debe estar enmarcada en el respeto de los mismos.

Por lo anterior, a la luz del artículo 36(4), del Código Contencioso Administrativo la decisión del operador jurídico al fijar el monto de la caución a constituir por el ejecutado, debe ser determinada bajo un criterio de razonabilidad, que permita garantizar el pago de la obligación y sus costas, así como que no resulte desproporcionada haciendo imposible su cumplimiento, situación que fue analizada por la Corte Constitucional, así:

La caución es una garantía de satisfacción de una obligación y como tal es un medio para otorgar seguridad en el resultado de un proceso ejecutivo, demostrando que la caución debe corresponder a unos límites cuantificables con base en el monto de la misma obligación, lo que hace que su fijación debe responder a un criterio de razonabilidad. Si dentro de un proceso no se fijan criterios razonables tanto para facilitar el cumplimiento de una obligación como para buscar medios eficaces para ese cumplimiento, claro está todo dentro del marco legal, entraríamos dentro de una órbita de arbitrariedad y como tal obstacularizaría (sic) el ejercicio de un debido proceso(5).

El Consejo de Estado ha interpretado la aplicación del artículo 519 del Código de Procedimiento Civil fijando los criterios razonables que el juez administrativo debe tener en cuenta al momento de fijar el monto de la caución, de la siguiente manera:

Según se indicó, el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, establece un derecho del demandado tendiente a evitar las medidas cautelares, derecho éste que, para ser ejercido, necesariamente implica que se garantice no sólo el monto de lo adeudado con los respectivos perjuicios por el no pago oportuno (intereses de mora), sino adicionalmente las costas que implica para el acreedor el hecho de tener que acudir a la jurisdicción a reclamar el pago de su derecho. Si bien la ley permite evitar el embargo y secuestro de bienes, o levantarlo cuando éste ya se ha producido, tal posibilidad sólo es procedente en la medida en que con ella no se haga ilusorio el derecho del demandante a obtener el pago de lo ejecutado y las costas del proceso. No obstante lo anterior y aunque aparentemente la norma citada es clara en los parámetros que debe tener en cuenta el juzgador al momento de fijar la caución en cuestión (“garantizar el pago del crédito y las costas”), es evidente que la misma debe tener un límite máximo, pues lo contrario, implicaría que el juez al fijar la caución pudiera imponer obligaciones de imposible cumplimiento o superiores al valor máximo de lo que se podría llegar a embargar. Por lo anterior, la Sala considera que el juez, al momento de fijar la caución de que trata el artículo 519 citado, debe establecer un límite máximo a dicha caución, que no es otro que el resultante de concordar dicha disposición con las previstas en el artículo 513 y 618 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, conforme al inciso quinto del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, que prevé el límite de los embargos y secuestros, el juez al decretarlos, podrá limitarlos a lo necesario, sin que el valor de los bienes pueda exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas. A su vez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681, numeral 11, y por remisión del mismo inciso quinto del mencionado artículo 513, si lo embargado son sumas de dinero, el embargo no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento. Estas disposiciones, deben servir entonces como parámetro al juez, para establecer el límite máximo al que puede llegar al momento de fijar la caución(6).

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el juez debe tener como parámetro para definir el monto de la caución, el valor de la obligación —que incluye los intereses moratorios— y las costas del proceso, quedándole vedada la posibilidad de establecer un monto que supere un 50% más de la sumatoria de los dos primeros.

4. Caso concreto.

Teniendo en cuenta que el recurso interpuesto contra la decisión del 15 de septiembre de 2011 está determinado por la inconformidad del demandante frente al monto fijado como caución, del Despacho sólo estudiará lo referido a este asunto, por lo tanto la decisión de traslado del escrito de excepciones también referida en el mismo auto, no será analizada en el presente recurso.

Aclarado lo anterior, entra el Despacho a analizar el asunto materia del recurso, encontrando que, en la decisión proferida por el a quo el 15 de septiembre de 2011, se indicó en su parte considerativa, que “el despacho fijará como caución la suma de $ 233.030.000, que deberá ser prestada en la forma prevista por el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil,…” (fl. 1, cdno. 1), sin embargo en la parte resolutiva se expresó lo siguiente:

“PRIMERO. FIJAR como caución la suma de doscientos treinta y tres mil treinta mil pesos ($ 233.030.000) la cual deberá ser prestada por la parte ejecutada de la forma prevista por el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil dentro del término de los 10 días siguientes a la notificación de la presenta providencia” (fl. 1, cdno. 1).

De lo anterior, se evidencia que la parte resolutiva de la decisión recurrida existe incongruencia con lo aludido en la parte considerativa y lo expresado en números en la parte resolutiva, pero al verificar la documentación allegada con ocasión al trámite del recurso, obra copia de la póliza tomada por Seguros Bolívar S.A. asegurando a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Aerocivil, por un valor asegurado de $ 233.030.000 (fls. 4 a 7, cdno. 1).

Expuesto lo anterior, es claro que la primera instancia determinó como monto de la caución el 10% del valor líquido de la deuda, sin tener en cuenta los intereses moratorios generados y que fueron reconocidos en el mandamiento de pago del 21 de octubre de 2010 (fls. 28 a 31, cdno. 1).

De acuerdo a lo analizado en acápites anteriores, la primera instancia fijó la caución sin exponer algún criterio jurídico para establecer dicho monto, lo cual lleva a concluir que la decisión recurrida no cuenta con un criterio de razonabilidad para su decreto.

Es así, que el determinar como caución un monto del 10% del valor inicial de la deuda resulta irrisorio, toda vez que es un amparo precario en relación a los intereses que se buscan garantizar con esta decisión, generando un posible riesgo al derecho del demandado de obtener el pago de ejecutado y las costas del proceso.

En desarrollo del presente recurso no es procedente hacer referencia a la exigibilidad o no del título que se pretende ejecutar, por falta de notificación o por la existencia de otras acciones contenciosas, tal como pretende el demandado en el memorial que descorre el traslado (fl. 68 a 70, cdno. 1), pues no es un tema que deba debatirse en esta instancia y no son elementos a tener de presente en relación con la fijación del monto de la caución.

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia y con base en el mandamiento de pago librado por la suma de $ 2.330.300.000 más los intereses moratorios que se generen hasta su pago (fl. 31, cdno. ppal.), es viable determinar como monto de la caución el cubrimiento del 100% del valor a ejecutar, pero teniendo en cuenta que a la fecha no se han consolidado ni el monto total de interés a ser reconocidos ni las costas del proceso, es viable que el monto fijado como caución incluya por lo menos los intereses determinados en el mandamiento de pago, toda vez que esta decisión no resulta desproporcionada con relación a los fines pretendidos con la medida, más si se tiene en cuenta que no existe reporte de insolvencia por parte del demandado.

Finalmente, se indica que la solicitud de pruebas aludida en el escrito secretarial (fl. 71, cdno. 1), no hacen alusión al trámite del recurso de apelación desatado, por lo cual no es un asunto competencia del Despacho.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la providencia del 15 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con relación al valor fijado para la caución a prestar por la parte ejecutada, el cual quedará así:

PRIMERO. FIJAR como caución la suma de TRES MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS ($ 3.912.413.000), la cual deberá ser prestada por la parte ejecutada de la forma prevista por el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la presente providencia.

SEGUNDO. Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Ramiro Pazos Guerrero 

1 ART. 267.—En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

2 La Sección Tercera del Consejo de Estado, en decisión del 3 de febrero de 2014 determinó la aplicación del Código General del Proceso en los procesos escriturales así:

“Conforme a lo anterior, deberá entenderse que la norma del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo remite al Código General del Proceso y no al Código de Procedimiento Civil. Si bien, es cierto, la disposición señalada hace una remisión expresa a este último cuerpo normativo, ello no es óbice para que a partir del 25 de junio de 2014, el Código General del Proceso se aplique en lo pertinente a aquellos procesos que se iniciaron bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo, pues una interpretación teológica de la norma, permite concluir que el fin del legislador al consagrar la cláusula de integración residual, no era remitir a una codificación en concreto, sino a la legislación procesal civil vigente, que como ya se dijo, regula los aspectos más trasversales a todos los procesos. Una interpretación en el sentido contrario no sólo sería excesivamente rígida, sino que además conduciría a las parálisis del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que el legislador cuando ejerce su función, no siempre tiene la posibilidad de avizorar los cambios normativos que tendrán lugar en el futuro y en consecuencia, sólo podía consagrar la remisión hacia la norma vigente para la fecha, que no era otra que el Decreto 1400 de 1970. Sin embargo, una vez entró a regir el Código General del Proceso, es este el cuerpo normativo llamado a llenar regular(sic) los aspectos no contemplados en el Código Contencioso Administrativo y que aún se encuentren pendientes, pues carecería de sentido que el juez de lo contencioso administrativo siguiera remitiéndose para ese efecto a disposiciones que ya han perdido su vigencia”.

3 “ART. 181.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales de los Jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus Secciones o Subsecciones, según el caso; o por los Jueces Administrativos.

1. El que rechace la demanda.

2. El que resuelva sobre la suspensión provisional.

3. El que ponga fin al proceso.

(…)”.

4 ART. 36.—En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa.

5 Corte Constitucional. Sentencia T-445 del 12 de octubre de 1994, expediente T-38830, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005, expediente 05001-23-31-000-2000-03959-01 (24066), C.P. Germán Rodríguez Villamizar.