Auto 2010-00728 de enero 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Rad. Nº Interno: 1625-2011

Exp.: 25000-23-25-000-2010-00728-02

Consejero Ponente

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Willy Guaqueta Olarte

Auto interlocutorio - apelación

Bogotá D.C., treinta de enero del año dos mil catorce.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Departamento Nacional de Planeación contra la providencia proferida el 13 de septiembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado ante la procuraduría cincuenta y uno judicial delegada ante ese Tribunal, entre Willy Guaqueta Olarte y el Departamento Nacional de Planeación.

I. Antecedentes

Mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2010 ante el procurador judicial delegado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el apoderado del señor Willy Guaqueta Olarte solicitó realizar conciliación prejudicial, entre su representado y el Departamento Nacional de Planeación, formulando las siguientes pretensiones:

- La revocatoria del Acto Administrativo Nº GAS-20106520108741 de 25 de febrero de 2010, por medio del cual se niega la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación a Willy Guaqueta Olarte, teniendo en cuenta la actualización del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE, correspondiente al periodo comprendido entre los años 1982 a 1991.

- La reliquidación de la pensión de jubilación de Willy Guaqueta Olarte, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de todo lo devengado por él durante los 12 meses anteriores a su retiro, incluyendo la actualización de la pensión con base en los índices del IPC correspondientes al periodo comprendido entre los años 1982 y 1991.

- La aplicación de los reajustes y el pago de las mesadas atrasadas debidamente indexadas de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

El día 27 de julio de 2010 se celebró y aprobó la conciliación extrajudicial entre Willy Guaqueta Olarte y el Departamento Nacional de Planeación, acuerdo que consta en el Acta 486 de la procuraduría 51 judicial delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los siguientes términos (fls. 59-61):

“[R]econocer la actualización de la primera mesada pensional y el pago de las diferencias de las mesadas pensionales desde el 20 de noviembre de 2006 hasta el 31 de mayo de 2010, según los valores de la subdirección de recursos humanos del Departamento Nacional de Planeación. A partir del 1º de junio del presente año, al pensionado convocante se le reconocerá la mesada debidamente actualizada conforme al valor que más adelante se estipula. Esto toda vez que frente a las mesadas anteriores al 20 de noviembre de 2006 ha operado el fenómeno de la prescripción. La liquidación realizada por la subdirección de recursos humanos del Departamento Nacional de Planeación incluye la liquidación del retroactivo hasta el 31 de mayo de 2010, la cual asciende a la suma de noventa y ocho millones doscientos quince mil cuatrocientos setenta y dos pesos ($98.215.472). El valor de la mesada pensional para el año 2010, quedará representada en la cantidad de $2.738.419, obviamente descontándose de la misma lo que ya se ha pagado en virtud de la pensión al convocante, diferencias que se cancelarán directamente a éste a partir del 1º de junio del año 2010, por el mecanismo de nómina de pensionado”.

II. La providencia recurrida

Por auto de 13 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbó el acuerdo conciliatorio por no acompañarse con las pruebas necesarias para su debida sustentación, además de considerarlo violatorio de las normas legales y lesivo para el patrimonio público (fls. 65-74, Cdno. 1).

Observa que la prescripción de las mesadas pensionales se interrumpió el 19 de octubre de 2009, fecha en la que el actor elevó la petición de reliquidación de la pensión de jubilación ante el Departamento Nacional de Planeación; por lo anterior, encuentra que en el presente asunto se configuró la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 19 de octubre de 2006.

Sentado lo anterior, el A quo señala que en el acuerdo conciliatorio se indicó que el fenómeno de la prescripción operó frente a las mesadas anteriores al 20 de noviembre de 2006, por la que solamente se reconoció el pago de las diferencias desde tal fecha. El Tribunal destaca que dicho reconocimiento no está acorde con lo demostrado en la actuación, debido a que la prescripción acaeció respecto de las mesadas anteriores al 19 de octubre de 2006, fecha diferente a la contemplada en el acuerdo conciliatorio.

Añade que existen divergencias entre la decisión del comité de conciliación de la entidad y el acuerdo efectivamente celebrado, respecto al periodo frente al cual se reconocerá la actualización y pago de las diferencias de las mesadas pensionales. En efecto, resalta que a pesar que el comité de la entidad decidió reconocer y pagar las diferencias de las mesadas del 20 de noviembre de 2006 hasta el 19 de noviembre de 2009, las partes acordaron tal actualización y pago sobre las mesadas hasta el 31 de mayo de 2010.

Aunado a lo expuesto, el A quo explica que como soporte del acuerdo conciliatorio se aportó una liquidación que determinó el neto a pagar en $98.215.472, sin discriminar los factores que componen dicha suma, la cual además no corresponde con los periodos de liquidación de la orden emitida por el comité de conciliación de la entidad, ni con el acuerdo celebrado por las partes.

En conclusión, estima que el acuerdo conciliatorio no fue acompañado de las pruebas suficientes para su debida sustentación, y que los documentos allegados presentan disconformidad con lo consignado en el acta de conciliación revisada.

III. El recurso

Mediante escrito de 21 de septiembre de 2010 el apoderado del Departamento Nacional de Planeación interpuso recurso de apelación contra la providencia de 13 de septiembre de 2010, solicitando su revocatoria y que en su lugar se apruebe el acuerdo conciliatorio (fls. 75-78).

Explica que la Subdirección de Recursos Humanos del Departamento Nacional de Planeación, dependencia competente para evaluar la situación pensional de los funcionarios, rindió concepto frente al caso del solicitante en los siguientes términos:

“(...) de acuerdo al artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, el articulo 102 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, las sentencias de los pensionados Hernando Bahamón Soto y Carlos Augusto Jiménez Mayorga y según concepto emitido por el Ministerio de la Protección Social el día 31 de julio de 2009, las mesadas pensionales tienen una prescripción trienal contados a partir de le fecha de solicitud formal de reliquidación de pensión.

Por lo anterior, el retroactivo que se le reconocería al señor Willy Guaqueta Olarte sería desde el 20 de noviembre de 2006 hasta el 19 de noviembre de 2009, fecha en la cual presentó la solicitud formal de reliquidación de pensión”.

Según lo anterior, argumenta que si bien la entidad en un primer momento señaló que el reconocimiento de la indexación de las mesadas era frente al periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2006 y el 19 de noviembre de 2009, tal circunstancia impide inferir que solamente se reconocería tal periodo, toda vez que si con posterioridad al 19 de noviembre no ha operado la prescripción, no existe razón jurídica válida para no reconocer el derecho al ajuste a partir de tal fecha.

Así las cosas, aclara que en el acta de conciliación se indican las fechas mencionadas haciendo referencia al periodo prescriptivo, pero no quiere decir que dichas mesadas sean las únicas cuyas diferencias se deben reconocer.

En resumen, expone que la razón por la cual la liquidación proyectada incluye el monto a pagar con corte a 31 de mayo de 2010 es porque en dicha fecha sesionaría el comité de conciliación, pero que a partir de la misma el reconocimiento y pago de la diferencia de las mesadas pensionales se efectuaría a través de la inclusión de la novedad en la nómina de pensionados de la entidad.

Para soportar sus alegaciones, aporta copia del memorando GAS-20106520098113 de la subdirección de recursos humanos de la entidad, la liquidación de las diferencias a cancelar y la certificación de información laboral y salarios mes a mes.

IV. Trámite en segunda instancia

Mediante providencia de 2 de agosto de 2012, el despacho del Magistrado Sustanciador ordenó oficiar al Departamento Nacional de Planeación, para que aportara copia auténtica del acta de la sesión del comité de conciliación de la entidad, celebrada el 31 de mayo de 2010, en la cual se realizó el estudio de la solicitud de conciliación elevada por Willy Guaqueta Olarte.

V. Consideraciones

Procede la Sala a estudiar el recurso de apelación contra la providencia de 13 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre Willy Guaqueta Olarte y el Departamento Nacional de Planeación.

i) Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación contra la providencia que improbó la conciliación prejudicial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo.

ii) De la conciliación en lo contencioso administrativo laboral.

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos mediante el cual dos o más personas gestionan sus diferencias (art. 64, Ley 446 de 1998), respecto de asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y los que determine la ley. En caso de que medie un acto administrativo de carácter particular se podrá conciliar sobre sus efectos económicos si se da alguna de las causales del artículo 69(1)del Código Contencioso Administrativo (art. 71, ídem).

La normatividad sobre conciliación prevé que las personas jurídicas de derecho público pueden conciliar sobre conflictos de carácter particular y contenido económico, que sean competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 (art. 70, Ley 446 de 1998).

En el campo del derecho administrativo laboral, los artículos 48 y 53 de la Constitución Política establecen la facultad de conciliación únicamente sobre derechos inciertos y discutibles, así como la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social y de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales.

De lo anterior se concluye que la conciliación en derecho administrativo laboral puede versar sobre los efectos económicos de un acto administrativo de carácter particular sujeto de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando:

i) Se trate de derechos inciertos y discutibles.

ii) Sean asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.

iii) Se respete la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social y a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales.

iii) De la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social y a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y el alcance de la conciliación

El derecho fundamental a la seguridad social es irrenunciable por expresa disposición del artículo 48, por tanto no tiene efectos la conciliación en la que se renuncie al derecho a la pensión. De igual manera y de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política, son irrenunciables los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, principio que refleja la protección constitucional brindada al trabajo tal como se observa en el artículo 2º(2) de la Constitución Política. Sobre este punto, en auto del 11 de marzo de 2010, esta corporación se pronunció, así:

“En este orden de ideas, el artículo en cita establece como garantía fundamental en materia laboral, el principio de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, el cual refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para todo trabajador tiene el derecho laboral. De tal forma que las garantías establecidas en su favor, no puedan voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia.

Lo anterior explica el carácter de orden público que ostentan las normas que regulan el trabajo humano, y el hecho de que los derechos y prerrogativas en ellos reconocidos se sustraigan a los postulados de la autonomía de la voluntad privada. Así lo preceptúa el artículo 14 de Código Sustantivo del Trabajo, al señalar que: “las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables.

Sobre este particular, debe decirse que el derecho a la seguridad social, en punto de la prestación pensional, constituye un patrimonio inalienable e irrenunciable, del trabajador, el cual hace parte de las condiciones de dignidad y justicia que deben orientar toda relación laboral.

En el mismo sentido la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que las transacciones y acuerdos conciliatorios en los que se desconozcan el derecho a la seguridad social o los mínimos de las normas laborales carecen de fuerza frente a la Constitución Política, señalando que el alcance de las conciliaciones en derecho laboral es relativo, pues no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los trabajadores. A este respecto ha considerado:

“En lo referente a las conciliaciones en materia laboral, si bien, en cuanto cumplan las condiciones legales, están llamadas a resolver las diferencias entre patronos y trabajadores en aspectos salariales y prestacionales, carecen de fuerza, frente a la Constitución, para hacer que el trabajador mediante ellas renuncie a derechos suyos ciertos e indiscutibles, como es el caso de la pensión de jubilación, que le debe ser reconocida y pagada cuando se cumplan los requisitos de ley para obtenerla.

Así, pues, el alcance de las conciliaciones es relativo, en cuanto ponen fin a controversias referentes a los derechos laborales de los cuales se trata en sus textos, pero no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los trabajadores. Respecto de estos las cláusulas de renuncia se tienen por no escritas y no pueden oponerse válidamente a las pretensiones del reclamante si lo que este pide es la efectividad del derecho irrenunciable.”(3)

Sobre los asuntos susceptibles de transacción en la Sentencia T-631 de 2010 consideró la Corte Constitucional que en materia laboral no puede recaer aquélla sobre derechos ciertos e indiscutibles, de conformidad con lo ordenado por los artículos 53 de la Constitución Política y 15(4) del Código Sustantivo del Trabajo. En la citada providencia también se precisó que la seguridad social es un derecho fundamental irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio, como lo consagran los artículos 48 de la Constitución Política, 3º(5) y 4º(6) de la Ley 100 de 1993(7).

Visto lo anterior, se resalta que según el artículo 65 de la Ley 446 de 1998 solo serán conciliables, judicial o extrajudicialmente, los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley, y de otro lado, el artículo 8º ídem señala que es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

Así las cosas, la audiencia de conciliación puede versar sobre derechos laborales, solo que en este caso el alcance del acuerdo conciliatorio es limitado, pues el conciliador debe velar por que no se menoscaben los derechos fundamentales.

Por tanto se insiste en que si como resultado de la audiencia de conciliación, se protege el derecho reclamado en el proceso en razón de la fórmula de arreglo, que es aceptada por las partes y avalada por el conciliador, quien vela porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, dicho acuerdo debe tenerse como válido(8).

iv) De los requisitos especiales para la aprobación de la conciliación en materia de lo contencioso administrativo

Según lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 446 de 1998 autoriza la conciliación sobre los efectos patrimoniales de un acto administrativo de carácter particular si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

Igualmente, el artículo 73 de la misma norma establece que le corresponde al juez impartir aprobación al acuerdo conciliatorio cuando concurran los siguientes requisitos:

a.) Que los hechos que sirven de fundamento al acuerdo se encuentren debidamente acreditados con las pruebas necesarias para ello.

b.) Que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público.

c.) Que el acuerdo no sea violatorio de la Ley.

En este sentido, la Sala observa que al momento de revisar un acuerdo conciliatorio deben tenerse en cuenta las pruebas que obran en el proceso, las normas legales que el caso involucra y los criterios jurisprudencias que se han aplicado en los casos concretos.

Lo anterior permite concluir que a la Sala no solo le corresponde decidir si el acuerdo conciliatorio produce o no efectos por reunir los requisitos legales (capacidad, competencia, requisitos de forma), sino que le asiste el deber de protección del patrimonio público, razón por la cual debe ejercer su función con mayor celo, puesto que aparecen comprometidos intereses públicos.

v) Del caso concreto

Mediante auto de 13 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbó el acuerdo conciliatorio, pues estimó que no había sido soportado con las pruebas necesarias, era violatorio de las normas legales a que ha debido sujetarse y resultaba lesivo para el patrimonio público.

Como conclusión del estudio adelantado en la providencia recurrida, el A quo encontró tres irregularidades en el acuerdo conciliatorio sometido a revisión, a saber: i) se acordó la reliquidación de la pensión de jubilación y el reconocimiento y pago de las diferencias en las mesadas a partir del 20 de noviembre de 2006, a pesar de que la solicitud elevada por el peticionario interrumpió la prescripción de las mesadas causadas desde el 19 de octubre de 2006; ii) existen divergencias entre la decisión del comité de conciliación de la entidad y el acuerdo efectivamente celebrado, respecto al periodo frente al cual se reconocerá la actualización y pago de les diferencias de las mesadas pensionales; y iii) como soporte del acuerdo conciliatorio se aportó una liquidación que determinó el neto a pagar en $98.215.472, sin discriminar los factores que componen dicha suma, la cual además no corresponde con los periodos de liquidación de la orden emitida por el comité de conciliación de la entidad, ni con el acuerdo celebrado por las partes.

Sentado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si el acuerdo conciliatorio celebrado en presente asunto satisface los requerimientos legales para ser aprobado, esto es, que los hechos que le sirven de fundamento se encuentren debidamente acreditados, que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público y que el acuerdo no sea violatorio de la Ley.

Como primera consideración se tiene que mediante Resolución 1102 del 3 de mayo de 1992, el Director del Departamento Nacional de Planeación reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación al señor Willy Guaqueta Olarte (fls. 17-22).

Mediante escrito de 19 de octubre de 2009, el señor Guaqueta Olarte solicitó ante el Departamento Nacional de Planeación la reliquidación de la pensión de jubilación con base en el IPC y el reconocimiento y pago de las diferencias dejadas de percibir desde el año 1992 (fls. 10-13).

El 13 de mayo de 2010 el peticionario presentó una solicitud de conciliación extrajudicial, que fue conocida por la procuraduría 194 judicial I para asuntos administrativos (fls. 38-39). Posteriormente se llevó a cabo la sesión del comité de conciliación del Departamento Nacional de Planeación en la cual se estudió el caso del señor Guaqueta Olarte, según consta en el Acta 10 del 31 de mayo de 2010 (fls. 119-125).

En el acta de 31 de mayo de 2010 consta que la solicitud de actualización del valor de la pensión fue radicada por el convocante el día 19 de octubre de 2009 (fl, 121), hecho que como ya se expuso, se encuentra debidamente acreditado en el expediente.

Lo anterior quiere decir que el reconocimiento de las diferencias dejadas de percibir debe realizarse teniendo en cuenta el 19 de octubre de 2009 como fecha de interrupción de la prescripción, por lo que las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 19 de octubre de 2006 se encuentran prescritas.

Ahora bien, la decisión del comité de conciliación de la entidad fue consignada en el acta mencionada en los siguientes términos (fl. 124):

“Dado que se está en presencia de un evidente desequilibrio económico del pensionado por el hecho del fenómeno de la devaluación, es procedente llegar a un acuerdo conciliatorio con respecto al reconocimiento de la actualización de la primera mesada pensional y el pago de la diferencia de las mesadas pensionales desde el 20 de noviembre de 2006 hasta el 19 de noviembre de 2009, según los valores que la subdirección de recursos humanos del Departamento Nacional de Planeación ha realizado, estimando el valor de $98.215.472. (anexo liquidación)” (el resaltado es nuestro).

Aunque en principio existe una aparente divergencia entre lo solicitado por el accionante y lo resuelto por el comité de conciliación de la entidad en cuanto a la fecha de interrupción de la prescripción del reconocimiento de las diferencias de la mesada pensional, dicha disconformidad puede ser aclarada a partir del estudio de la liquidación realizada por la subdirección de recursos humanos del Departamento Nacional de Planeación.

En este orden de ideas, el análisis de la liquidación visible a folios 47 y 80 del expediente permite concluir que para su elaboración se tuvo en consideración que la interrupción de la prescripción ocurrió el 19 de octubre de 2009 y que las diferencias a reconocer se liquidaron a partir del 20 de octubre de 2006.

En este punto es necesario advertir que a pesar de que liquidación a que se hace mención fue allegada como soporte del acuerdo conciliatorio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no realizó un estudio profundo de dicho documento, pues no indagó las razones por las cuáles las fechas consignadas en el mismo no coincidían con las manifestaciones contenidas en el acta de conciliación.

En virtud de lo expuesto, la Sala evidencia que a pesar de que las conclusiones de la sesión del comité de conciliación indicó que el retroactivo se reconocería desde el 20 de noviembre de 2006 hasta el 20 de noviembre de 2009, tal circunstancia obedeció a un error involuntario, pues en el acta respectiva se consideró que la prescripción fue interrumpida por la solicitud de 19 de octubre de 2009 (fl. 121).

Adicionalmente, se observa que la liquidación en que se fundamentó el acuerdo fue elaborada a partir del 20 de octubre de 2006, situación que demuestra que el estudio realizado por el comité de conciliación de la entidad tuvo como fecha de interrupción de la prescripción el 19 de octubre de 2009.

En los anteriores términos, la Sala no encuentra disconformidad entre los documentos aportados por el convocante y lo pactado por las partes en el acuerdo conciliatorio sometido a estudio, en cuanto a la fecha a partir de la cual se reconocerán y pagarán las diferencias de las mesadas pensionales.

En efecto, a pesar de que el acta de 31 de mayo de 2010 del comité de conciliación de la entidad señala como fecha inicial de liquidación el 20 de noviembre de 2006, dicha circunstancia se debió a un simple error mecanográfico, pues la misma entidad reconoció que el convocante presentó la solicitud el 19 de octubre de 2009, fecha a partir de la cual se elaboró la liquidación correspondiente.

No debe perderse de vista que el mismo Departamento Nacional de Planeación, en el escrito contentivo del recurso de apelación contra la providencia de 13 de septiembre de 2010 (fls. 75-78), afirmó que el señor Willy Guaqueta Olarte tiene derecho al reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional en la forma indicada en la liquidación antes mencionada, la cual contempla el pago de retroactivo desde el 20 de octubre de 2010.

Aunado a la anterior consideración, el Departamento Nacional de Planeación explicó que la razón por la cual la liquidación fue elaborada hasta el 31 de mayo de 2010 se debió a que en dicha fecha se llevó a cabo la sesión del Comité de Conciliación de la entidad; así las cosas, aclara que en el acta de conciliación se indican unas fechas haciendo referencia al periodo prescriptivo, pero no quiere decir que dichas mesadas sean las únicas cuyas diferencias deben ser reconocidas.

En conclusión, la entidad convocada expuso que la liquidación fue elaborada hasta el 31 de mayo de 2010, pero que a partir de dicha fecha el reconocimiento y pago de la diferencia de las mesadas pensionales se efectuará a través de la inclusión de la novedad en la nómina de pensionados de la entidad.

A juicio de la Sala, las manifestaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación despejan toda duda sobre los criterios que orientaron el acuerdo conciliatorio celebrado, y resulta evidente que no existe contradicción entre lo considerado por el comité de conciliación de la entidad y lo efectivamente acordado entre las partes.

Por otra parte, observa la Sala que la liquidación que sustentó el acuerdo de conciliación es clara y precisa, pues contiene una explicación detallada de sus componentes y de los conceptos que justifican el valor total a cancelar.

Estas consideraciones evidencian que el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor Willy Guaqueta Olarte y el Departamento Nacional de Planeación cumplen las condiciones necesarias para ser aprobado por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto es, que los hechos que le sirven de fundamento se encuentren debidamente acreditados, que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público y que el acuerdo no sea violatorio de la ley.

Corolario de las anteriores consideraciones, la Sala revocará el auto de 13 de septiembre de 2010 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entra Willy Guaqueta Olarte y el Departamento Nacional de Planeación en audiencia de 27 de julio de 2010 ante la procuraduría ciento noventa y cuatro judicial I administrativa delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, la Sala aprobará el mencionado acuerdo, por las razones expuestas en la presente providencia.

De otra parte, y como a folios 128 a 129 del expediente, el actor solicita que se le dé trámite impulsó al presente asunto; se ordenará que por secretaría se le informe de manera inmediata lo aquí decidido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B:

VI. RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto de 13 de septiembre de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, APRUÉBASE el acuerdo conciliatorio celebrado entre Willy Guaqueta Olarte y el Departamento Nacional de Planeación en audiencia de 27 de julio de 2010 ante la procuraduría ciento noventa y cuatro judicial I administrativa delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Por secretaría infórmesele al actor de la decisión tomada en la presente providencia.

Ejecutoriado este auto, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Arenas—Bertha Lucía Ramírez de Páez

(1) Artículo 69. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

(2) “Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

(3) Sentencia T-1008-99 del 9 de diciembre de 1999, M.P. José Gregario Hernández Galindo,

(4) “Artículo 15. Validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles.”

(5) “Artículo 3º. Del derecho a la seguridad social. El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social. (...)”

(6) “Artículo 4º. Del servicio público de seguridad social. La seguridad social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en les términos y condiciones establecidos en la presente ley.

Este servicio público es esencial en lo relacionado con el sistema general de seguridad social en salud. Con respecto al sistema general de pensiones es esencial sólo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones.”

(7) Sentencia T-631/10.

(8) T-677 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.