Auto 2010-00816 de enero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 46196

Radicado: 250002326000201000816 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Filadelfo Robayo Castillo

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., trece de enero de dos mil catorce.

Decide el despacho el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 10 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A, mediante el cual se rechazó la solicitud probatoria de esta, consistente en que se practicara un dictamen pericial con el fin de que se allegara el historial del tractocamión de placas TEZ-050.

Antecedentes

1. El 5 de noviembre de 2010, el señor Filadelfo Robayo Castillo presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con el fin de que se le declarara responsable por el decomiso de dos tractocamiones y un camión de los que era propietario, se le ordenara su devolución y se le condenara a pagar los perjuicios causados por concepto de daño emergente y lucro cesante (fls. 3-33, cdno. único).

2. Para sustentar los hechos que alegó, el demandante solicitó que se practicara la siguiente prueba: “Que se llame a cualquiera de las empresas reconocidas por el Ministerio de Transporte, para que rindan informe sobre el valor aproximado de los tractocamiones en mención. Así como para que informe el valor de la plusvalía que pudo haber generado los automotores si estos estuvieran en servicio, desde el momento en que los mismos fueron decomisados, hasta la fecha (...) // La información anterior también puede ser otorgada por un perito experto en rodamiento de vehículos de carga pesado, y para ello su señoría deberá elegir de acuerdo a la lista de los auxiliares de la justicia” (fls. 31-32, cdno. único).

3. El 10 de noviembre de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, profirió dos autos. En el primero de ellos tuvo como pruebas las documentales aportadas con la demanda y ordenó que se oficiara a la DIAN para que aportara copia de los documentos solicitados por el actor. En el segundo, denegó la solicitud de que se realizara dictamen pericial, en los siguientes términos: “[E]l demandante solicitó en el acápite de pruebas de la demandada que se designe un perito experto en rodamiento de vehículos para carga pesada, con el fin de que se allegue el historial de [los vehículos que fueron decomisados] (...). // De acuerdo al artículo 233 del Código de Procedimiento Civil esta prueba resulta impertinente pues su objeto debe surtirse mediante prueba documental, sin que para ello se requiera el auxilio de un perito. En efecto el despacho advierte que lo hechos que se pretenden probar con el dictamen pericial son susceptibles de demostrarse mediante otros medios probatorios tales como los que ya se decretaron en la misma fecha en cuanto a los documentos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deben remitir (...). Por lo tanto, se negará el dictamen pericial por el apoderado de lo demandante” (fls. 73-74, cdno. único).

4. Contra la anterior decisión el demandado interpuso recurso de reposición a través de escrito presentado el 18 de noviembre de 2011. Al respecto, indicó que el tribunal había confundido la solicitud probatoria referida a que se oficiara a la DIAN para que aportara el historial de los vehículos decomisados —prueba que no requiere de la intervención de perito—, y aquella referente a que se rindiera peritaje sobre el valor de los mismos y la plusvalía que pudieron generar —que requiere la participación de un experto—, la cual se negó bajo la excusa de que bastaba para probar los hechos del caso con que se decretara el caso con que se decretara la primera. Así mismo, manifestó que dicha información “(...) es esencial para el proceso, en tanto ese tipo de daño por ser de orden patrimonial requiere ser cuantificado” y que por ser dicho tema “(...) altamente especializado, en primer lugar, determinar valores de vehículos, y en segundo lugar determinar el valor de la plusvalía; aspecto estos que inclusive han demandado del Gobierno Nacional intervención directa de tipo legal, con fines de regulación; requieren necesariamente de la intervención de un experto en el tema, (perito)” (fls. 75-78, cdno. ppal.).

5. A través de auto de 24 de enero de 2013 el a quo rechazó por improcedente el recurso presentado, pues consideró que aquel no cabía contra providencias interlocutorias. No obstante, por proceder el recurso de apelación, lo concedió ante esta corporación (fls. 84-85, cdno. ppal.).

Consideraciones

I. Competencia

7.(sic) Esta corporación es competente para conocer del presente proceso comoquiera que supera la cuantía exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998(1).

8. Por otra parte se advierte que el auto que niega pruebas es susceptible del recurso de apelación, de conformidad con el numeral 8º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo. Así mismo, toda vez que en el caso concreto el referido recurso se interpuso con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la decisión respectiva debe ser adoptada por este despacho de acuerdo con lo señalado por el artículo 61 ibídem.

II. Problema jurídico

9. Le corresponde al despacho determinar si el dictamen pericial solicitado por el actor cumple con los requisitos establecidos para el efecto por el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, o si se trata, como lo advirtió el a quo, de un prueba impertinente, al no requerirse de la participación de un experto; e innecesaria, en la medida en que para probar los hechos a los que hace referencia basta con otros medios probatorios que sí fueron decretados.

III. Análisis del despacho

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde a la parte demandante acreditar el fundamento fáctico de las normas a cuyos efectos jurídicos pretende acogerse, con el fin de sustentar las pretensiones de la demanda en el proceso respectivo(2).

11. De otra parte, según el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede rechazar in limine las pruebas “legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”. Con fundamento en esta norma, para proferir la decisión de decreto de pruebas el juez debe determinar si estas son conducentes, pertinentes y útiles(3).

12. Ahora bien, las pruebas útiles son aquellas que tienen la potencialidad de convencer al juez de la veracidad de los hechos que se debaten dentro del proceso. Por el contrario, son superfluas(4) las que se refieren a hechos que no requieren prueba, como las normas jurídicas de carácter nacional, los hechos notorios o las afirmaciones y las negaciones indefinidas, así como aquellas que pretenden probar hechos que ya han sido suficientemente acreditados.

13. Cabe advertir, en este punto, que el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil solo faculta al juez a rechazar la prueba en razón de su utilidad cuando esta es manifiestamente superflua, esto es, cuando se advierte, palmariamente, que es innecesaria, sin que se requiera para ese fin realizar un análisis detallado del acervo probatorio obrante hasta el momento en el expediente, ni mucho menos hacer una valoración detenida del mismo, labor que sólo debe llevarse a cabo al momento de proferir providencia de mérito.

14. En el caso concreto, el tribunal negó la práctica del dictamen pericial pues consideró, en primer lugar, que era impertinente, en la medida en que los hechos referentes al valor de los automotores decomisados y de las ganancias que su uso hubiese podido generar, podían ser probados mediante prueba documental sin que fuese necesario la participación de un experto. Así mismo, en segundo término, consideró que era innecesaria pues para el efecto perseguido bastaba con oficiar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos de la solicitud elevada en la demanda.

15. No obstante lo anterior, advierte el despacho que hay lugar a revocar el auto proferido por el a quo comoquiera que el dictamen pericial es pertinente —y conducente—, y toda vez que es una prueba útil, puesto que no se solicitó, decretó ni practicó ninguna otra que permita dar fe del hecho que se pretende probar.

16. Para empezar, es claro que el dictamen pericial es pertinente, en la medida en que tiene la potencialidad de probar el hecho enunciado, pues se trata precisamente de un concepto rendido por expertos en rodamiento de vehículos pesados sobre el valor de los mismos. Parece ser que, en realidad, el reproche del tribunal se refiere a la conducencia de la prueba, pues considera que el asunto, al no requerir de la presencia de un experto, debe ser probado documentalmente.

17. Sobre este punto, se reitera que si bien a las partes les corresponde probar los hechos que alegan, en virtud del principio de la libertad probatoria aquellas no están obligadas a hacerlo mediante un medio de prueba en específico, sino que pueden acudir a cualquiera de ellos, sin importar que sean nominados o innominados, siempre que no se encuentren prohibidos por la ley. Es preciso manifestar que si bien lo deseable es que el medio probatorio sea expedito, la parte no se encuentra obligada a usar uno en específico si considera que otro defiende mejor sus intereses, así su práctica sea más engorrosa.

18. En este orden de ideas, se advierte que el actor tenía plena libertad para solicitar el decreto de un dictamen pericial, en lugar de aportar documentos referentes al valor de los vehículos, si lo consideraba más adecuado para probar el daño y los perjuicios causados, circunstancia de la que depende en gran medida la prosperidad de sus pretensiones. Adicionalmente, en cualquier caso, no es cierto que sea innecesaria la participación de un experto, en la medida en que no cualquier persona está en la capacidad de aplicar y comprender las matemáticas financieras necesarias para determinar el valor de la plusvalía que habría producido el vehículo de no haber estado decomisado, teniendo en cuenta que en la ecuación a realizar deben incluirse diversos factores como el riesgo del vehículo, su depreciación, entre otros.

19. De otro lado, advierte el despacho que la prueba no es superflua, en la medida en que no se aportó ni solicitó ninguna otra diferente al dictamen pericial, que diera cuenta del valor de los vehículos y de la plusvalía que habrían podido generar si se hubiesen podido explotar económicamente.

20. En este punto, cabe advertir que el tribunal incurrió en una confusión, como lo advirtió el recurrente, en la medida en que la prueba solicitada por la parte actora consistente en oficiar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para que remitiera unos documentos no tenía por fin determinar el valor de los automotores, sino que su objetivo era solamente que se allegara el historial aduanero de los mismos para efectos de verificar la legalidad de su decomiso, motivo por el cual mal podía decirse que con su práctica se zanjaba probatoriamente el asunto.

21. Así las cosas, es claro que no se encuentra justificada la decisión del tribunal de no decretar el dictamen pericial pedido en la demanda, dado que solo es posible el rechazo de la prueba por superflua cuando se encuentra a primera vista que el hecho puntual a probar ya ha sido debidamente acreditado En consecuencia, teniendo en cuenta que dicha prueba es pertinente y conducente, se recovará el auto de 10 de noviembre de 2011 proferido por el a quo, y en su lugar se accederá a la solicitud probatoria realizada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1. REVOCAR el auto de 10 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, DECRETAR la práctica de un dictamen pericial en el que se rinda informe sobre el valor del camión y de los tractocamiones decomisados, así como del valor de la plusvalía que pudieron haber generado si estuvieran en servicio, en los términos de la solicitud realizada por la parte demandante.

2. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, a quien le corresponderá designar el perito, formular un cuestionario —si lo considera necesario— y realizar las diligencias establecidas en el artículo 236 y siguientes del Código de Procedimiento Civil para su práctica.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Danilo Rojas Betancourth.

(1) La cuantía del proceso se encuentra estimada en la suma de $ 858.000.000 —correspondiente a la sumatoria de todas las pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3º de la L. 1395/2010—, y la cuantía exigida por el numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2010 estuviera a cargo en primera instancia de los tribunales administrativos es $ 257.500.000, cifra que resulta de multiplicar por 500 el valor del salario mínimo mensual legal vigente para dicho año.

(2) Así lo ha entendido la Sala en los siguientes términos: “Es sabido que el ‘tema de prueba’, en todo proceso judicial, lo constituyen los hechos que se deben probar, porque son los supuestos fácticos de las normas jurídicas que invocan las partes en su favor. La utilización de esta noción jurídico-procesal permite al juez determinar los hechos que se deben probar y rechazar los medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a probar hechos ajenos a la controversia. En este orden de ideas, se deben probar tanto los hechos que sirven de sustento a las pretensiones como aquellos en que se fundan las excepciones (...)”. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 10 de octubre de 2006, Exp. 2006-00449 (PI), actor: José Antonio Quintero James, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

(3) “Entendiendo por conducente, la aptitud legal o jurídica de la prueba para convencer al juez sobre el hecho a que se refiere; pertinente, la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar; y útil, cuando desde el punto de vista procesal, presta algún servicio, por ser necesaria o por lo menos ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos que interesan al proceso”. Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, octava edición, Ed. ABC Bogotá, 1984, p. 114 y siguientes.

(4) “No satisface la exigencia de la utilidad de la prueba aquella que sobra, que está demás, que no se necesita, en fin que es innecesaria y repetitiva [En ese sentido, auto del 31 de agosto de 2005. Rad. 23993]. Por ello, será prueba superflua todo elemento probatorio que ya se ha practicado en el proceso y su repetición no se haga necesaria, lo mismo que aquel que solo conducirá a demostrar aspectos que por otros medios puede obtenerse”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 30 de noviembre de 2006, Exp. 26397, M.P. Marina Pulido de Barón.