Auto 2010-00846 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”.

Radicación: 13001 23 31 000 2010 00846 01 (1999-2014)

Actor: Néstor Rafael Coronado Otero

Demandada: Instituto de Seguro Social, ISS.

Autoridades nacionales/Nulidad procesal

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Sea lo primero advertir la procedencia de la alzada interpuesta, ya que se trata de la providencia enlistada en el artículo 181-6 del Código Contencioso Administrativo, formulada dentro de la oportunidad prevista por el artículo 213 ibídem, con la debida sustentación; además, es el despacho competente para decidir el recurso, en acatamiento a lo previsto por el artículo 146 a ejusdem, adicionado por el artículo 61 de la Ley 1395 de 2010.

El tema planteado en el presente asunto se contrae a establecer si la demanda formulada por Néstor Rafael Coronado Otero frente al Instituto de Seguro Social, ISS(9), contiene una pretensión de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral, teniendo como sustento el hecho de hallarse laborando al servicio de una entidad particular al momento de adquirir el status, como lo afirma el a quo, o si tal circunstancia es irrelevante, al tratarse de una controversia suscitada entre una entidad administradora del régimen de seguridad social en pensiones y su afiliado por la negativa a reconocerle su derecho a la pensión de vejez, quien reclama la aplicación de normatividad con vigencia anterior a la expedición de la Ley 100 de 1993.

La regla general de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, contenida en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, ordena:

“ART. 2º—Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. (…).

2. (…).

3. (…).

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”.

Acorde con la precitada norma, la jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer los litigios que surjan entre los afiliados, beneficiarios o usuarios y las entidades administradoras del régimen de seguridad consagrado por la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, de esta regla general de competencia quedaron excluidos los conflictos de la misma naturaleza correspondientes a los miembros de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, el persona civil al servicio de las mismas y los docentes oficiales, así como también los conflictos de seguridad social de los servidores públicos, cuyas pensiones no se rigen por completo por la Ley 100 de 1993, acorde con lo previsto por el artículo 279 ibídem.

Vistas así la cosas, resulta claro que, si la controversia jurídica planteada refiere a un conflicto de un servidor público con su administradora del régimen de seguridad social integral cobijado íntegramente por la Ley 100 de 1993, será la jurisdicción ordinaria laboral la competente para conocer del asunto; empero, si no se dan tales condiciones y la entidad administradora es de naturaleza pública, la competencia radicará en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Descendiendo al caso concreto, se advierte que el debate jurídico planteado tiene como sujetos, de una parte, a una persona que sustenta sus pretensiones en la calidad que tuvo como exservidor público desde su vinculación ocurrida en febrero de 1975, por cuya virtud reclama ser beneficiario del régimen de transición y, por ende, cobijado por la Ley 33 de 1985 y, de otra, la entidad administradora del régimen de seguridad social en pensiones al cual se halla vinculado el accionante, y que la génesis del mismo es la reclamación de la pensión vitalicia de vejez a que cree tener derecho, tras haber cotizado al sistema por espacio superior a 20 años y contar con más de 55 años de edad, por lo que resulta evidente que no es su condición de exempleado de una entidad particular la que debe ser tenida en cuenta para establecer la naturaleza de la acción, sino su calidad de afiliado al Instituto de Seguro Social, entidad pública administradora del régimen de seguridad social.

Por tal razón, encuentra el despacho desacertado el argumento esgrimido por el a quo en su providencia, según el cual la naturaleza de la acción que ocupa la atención del despacho se encuentra determinada por la calidad de la entidad para la cual se hallaba laborando al momento de adquirir el status, cuando no es objeto de debate procesal su existencia, ya que no fue incluida pretensión alguna en tal sentido.

Vistas así las cosas y teniendo claro, de una parte, que la controversia planteada refiere a un conflicto de una exservidor público y la entidad administradora del régimen de seguridad social en pensiones a la que se encontraba afiliado al momento de adquirir el status y, de otra, que las pretensiones se contraen a obtener la declaratoria de nulidad, con restablecimiento del derecho, de actos administrativos que deniegan el reconocimiento del derecho a la pensión vitalicia por vejez que no se rige por la Ley 100 de 1993, la competente para avocar su conocimiento y decidir lo pertinente no es la jurisdicción ordinaria laboral, sino la contenciosa administrativa, por razón de la exclusión que sobre la materia se dio en la redacción de la regla general de competencia contenida en Ley 712 de 2001.

Por lo expuesto, encuentra el despacho que le asiste la razón al impugnante, ya que es inexistente la falta de jurisdicción argumentada por el a quo para apartarse del conocimiento del asunto debatido, por lo que la providencia apelada será revocada, disponiendo, en su lugar, que el funcionario competente prosiga el curso normal del proceso y decida el mérito de las pretensiones conforme a las normas que regulan la materia.

Se reconocerá personería al abogado Libardo Rafael Sierra Pacheco, con c.c. 9.295.125 y T.P. 144.313 del CSJ, como apoderado del demandante Néstor Rafael Coronado Otero, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible a folio 308 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el despacho,

RESUELVE:

1. REVOCAR los autos calendados dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013) y veinte (20) de enero del año en curso, por los cuales fue declarada la nulidad del proceso por falta de jurisdicción en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Néstor Rafael Coronado Otero en contra del Instituto de Seguro Social, proferidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar, acorde con lo explicado en precedencia.

2. RECONOCER al abogado Libardo Rafael Sierra Pacheco, con c.c. 9.295.125 de Turbaco y T.P. 144.313 del CSJ, como apoderado del demandante Néstor Rafael Coronado Otero, en los términos y para los efectos del escrito visible al folio 308 del presente cuaderno.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen para que el a quo prosiga con el curso normal de la actuación.

Cópiese y notifíquese.»

(9) Por reclamación de la pensión de vejez, al abrigo de lo previsto por la Ley 33 de 1985, tras haber cotizado al sistema por más de 20 años y contar con 55 años de edad.