Auto 2010-00933 de marzo 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Juan Felipe Ortiz Quijano

Demandado: municipio de Nobsa (Boyacá)

Auto

Bogotá, D.C., quince de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Del decreto de pruebas en el proceso contencioso administrativo

Lo primero que conviene decir es que, por esencia, la prueba judicial es un medio procesal que permite llevar al juez el convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso y, por ende, le permite tomar una decisión fundada en una determinada realidad fáctica. Eso es lo que significa que la decisión judicial deba fundarse en las pruebas oportunamente aportadas al proceso.

Para la admisión de las pruebas, la práctica y los criterios de valoración deben observarse las normas del Código de Procedimiento Civil, conforme lo establece el artículo 168(1) del Decreto 1 de 1984, y algunas otras reglas propias del proceso en el que se decreten.

Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil frente al régimen probatorio indican que las pruebas deben referirse al asunto materia del proceso y que “el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”(2).

Lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si estas cumplen los requisitos legales, esto es, los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra.

Finalmente, las pruebas, además de tener las características mencionadas, deben estar permitidas por la ley.

Del caso concreto

El problema jurídico que, por una parte, plantea el apelante es el de resolver si el acto administrativo demandado o acusado debe manejarse como una verdadera prueba en lo contencioso administrativo y, de otra parte, plantea el punto de la copia de las sentencias que contienen jurisprudencia.

En el sub lite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto del 7 de septiembre de 2011, dispuso:

“Vencido el término de fijación en lista se decide sobre las pruebas solicitadas por las partes.

De la parte demandante

1. El acto demandado es un anexo de la demanda pero no constituye prueba. No se decreta como tal la copia del Acuerdo 18 de 26 de noviembre de 2006.

(...).

4. Las sentencias proferidas por el Consejo de Estado constituyen criterio auxiliar pero no son prueba de los hechos. No se decreta la solicitada al numeral 2.2. (fls. 26 y 27)”.

En términos generales, el despacho comparte la decisión del tribunal y, por ende, confirmará el auto recurrido.

Para arribar a esa conclusión se permite anotar lo siguiente frente al modo como el acto administrativo comparece al proceso.

El objetivo, el fin, de la acción de nulidad o de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el de acusar ante el juez uno de los productos jurídicos básicos del Estado, esto es, el acto administrativo. Se trata de un proceso en el que ese acto resulta una pieza fundamental que es atacada por la parte actora y defendida por la autoridad que lo expidió.

En rigor, el acto no es prueba de los hechos, pues es la misma pretensión. Pero eso no significa que su existencia no deba demostrarse ab initio. Si no existe acto administrativo alguno, no puede haber objeto de la acción.

El Estado produce tres actos jurídicos básicos: la ley, el acto administrativo y la sentencia. Todos pueden ser enjuiciados. Se puede proponer la acción de inconstitucionalidad, que es un juicio contra la ley y el actor debe probar que esa ley existe. Para eso se adjunta un ejemplar de la publicación oficial de las normas demandadas, conforme con el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991(3).

Se puede proponer juicios contra las sentencias, a través de los recursos extraordinarios y el actor está obligado a probar desde el comienzo que la sentencia existe. Por eso, por ejemplo, el artículo 189(4) del Decreto 1 de 1984 prevé que el recurrente deberá presentar una demanda, en los términos del artículo 137 ibídem, que exige como anexo, para este caso, la sentencia acusada. Luego, debe acompañar copia del documento que contiene la sentencia.

Igual acontece con el acto administrativo. El examen de si el acto administrativo existe o no se hace antes del auto admisorio de la demanda. En todo caso, si se dictó un auto admisorio de la demanda significa que el juez dio por demostrada la existencia del acto administrativo acusado y, por ende, en la etapa probatoria no es de buen recibo pedir que se tenga como prueba la copia del documento que contiene el acto administrativo. Esto ya debió ser visto y examinado por el juez para justamente admitir la demanda.

Pero si el litigio versara alrededor de la existencia más que de la validez de un acto administrativo, surge la posibilidad de que se tenga como prueba de la existencia del acto el documento que lo contiene. Y ese no es el caso del presente asunto.

Otra cosa totalmente diferente es el problema de acreditar como hecho la circunstancia de existir normativas locales que debe probarse, tal como lo enseña el artículo 141 del Decreto 1 de 1984(5). En este caso, esa normativa no es la acusada, sino la norma que juega como norma violada o como norma de validez según el caso.

En consecuencia, en este caso, las fotocopias de los acuerdos 18 del 26 de noviembre de 2006, 39 del 29 de noviembre de 2008 y 31 del 14 de noviembre de 2009, expedidos por el concejo municipal de Nobsa, se supone que ya fueron valoradas en el sentido de que autorizaron el auto admisorio de la demanda. Por eso, son anexos de la demanda. Sí prueban algo. Prueban que existen esos actos y que por eso se demandan. Pero no son pruebas de los cargos o de las acusaciones que se han formulado contra esos actos. Luego, bien hizo el tribunal en no tener como pruebas propiamente dichas ese conjunto de documentos.

En cuanto a tener como prueba copia de las sentencias del Consejo de Estado, debe decirse que lo que sirve como criterio de interpretación o incluso como precedente obligatorio es la jurisprudencia de esta corporación. Como suele ser bien conocida, no requiere de ser probada en cada caso a través de la aducción de copia de las sentencias que contiene la jurisprudencia. En ese sentido hizo bien el tribunal en denegar la práctica de esa prueba documental. De hecho, el caso versa sobre el tema de alumbrado público, aspecto que ha sido tratado por esta Sección en varios casos y cuya jurisprudencia puede ser fácil y rápidamente consultada a través de los medios informáticos y de comunicaciones.

En consecuencia, también se respalda la decisión del tribunal de denegar esta prueba.

Por lo expuesto, el despacho,

RESUELVE:

Confírmase el auto del 7 de septiembre de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en esta providencia.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) “ART. 168.—Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

(2) Artículo 178 del Código de Procedimiento Civil.

(3) “ART. 2º—Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:

1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mimas.

(...)” (se destaca).

(4) “ART. 189.—Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios.

El recurrente deberá presentar con la demanda las pruebas documentales que tenga en su poder y pretenda hacer valer”.

(5) “ART. 141.—Normas jurídicas de alcance no nacional. Si el demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga, debidamente autenticadas, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente” (se destaca).