Auto 2010-01000 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Ref. 0276-2011

Exp.:76001-23-31-000-2010-01000-01

Consejero ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: EMCALI EICE ESP

Demandado: Joaquín Emilio Valencia Valencia

Bogotá D.C., quince de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 152 del Código de lo Contencioso Administrativo, para proceder a decretar la suspensión provisional del acto acusado, “basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones acusadas invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud”.

Así, la suspensión provisional de los actos administrativos, opera cuando al hacer una confrontación del acto con una norma de rango superior, aquel viola dicha norma en forma ostensible, directa y manifiesta.

A este respecto el criterio actual del Consejo de Estado señala que la referida confrontación requiere de un ejercicio argumentativo que no tiene la envergadura del examen realizado en el fallo, pero que sí implica un trabajo de interpretación pues “pretender que el juez no desarrolle ningún ejercicio hermenéutico ni argumentativo ante una expresión legal (como por ejemplo la incluida en el artículo 152 del Código de lo Contencioso Administrativo: “manifiesta infracción de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma”), sino que aplique sin consideración alguna la disposición, es desconocer abiertamente la necesaria relación entre interpretación, argumentación, actividad judicial y el deber de los jueces de motivar sus decisiones, postulado propio de toda sociedad enmarcada en los preceptos del Estado Social y democrático de derecho.”(2).

En el mismo sentido considera la Sala que la interpretación de las normas confrontadas y la argumentación de la decisión de suspender o no el acto acusado, son garantías necesarias para la administración y para el accionante teniendo en cuenta que se está frente a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo (CCA, art. 152), que en virtud de aquella temporalmente pierde su fuerza ejecutoria y deja de ser ejecutable.

Así, la medida de suspensión provisional está sujeta entonces a condiciones y requisitos exigentes como son la ostensible y manifiesta violación de normas superiores, por lo que no le es dable al juzgador acceder a su decreto sino cuando encuentre visibles esos extremos, pues en los casos en los que la materia ofrezca dudas o se requiera un análisis probatorio relativo al fondo del asunto no resulta procedente acceder a su decreto.

Ahora bien, en el presente caso se trata de decidir si se revoca el auto del 3 de septiembre de 2010 mediante el cual el Tribunal denegó la solicitud de suspensión provisional de la Resolución 2629 del 12 de diciembre de 1994 mediante la cual Emcali le reconoció la pensión de jubilación al demandado.

Al respecto observa la Sala que el accionado se vinculó como empleado público a la entidad demandante desde el 21 de septiembre de 1973 hasta el 20 de septiembre de 1994 (fl. 78) y que nació el 6 de mayo de 1944 (fl. 79); se destaca igualmente que le fue reconocida pensión de jubilación a través de la Resolución 2629 del 12 de diciembre de 1994 con fundamento en el numeral 3º del artículo 4º de la Resolución 104 del 4 de octubre de 1983 proferida por la junta directiva de las Empresas Municipales De Cali.

Expuesto lo anterior se precisa que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, establece los casos en los que se deben convalidar las situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la vigencia de la misma ley, en los siguientes términos:

“Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales.

Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes(3) los requisitos exigidos en dichas normas.

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente Ley”. (Resaltado fuera de texto).

El citado artículo permite mantener situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad al 30 de junio de 1995 (fecha en que entró en vigencia el sistema general de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993 para los empleados del orden departamental y municipal) que se originen en normas de carácter territorial.

En este orden de ideas observa la Sala que el artículo mencionado eventualmente podría ser aplicado al señor Joaquín Emilio Valencia Valencia debido a que su situación jurídica pensional se encontraba consolidada al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, la medida cautelar denegada por el a quo debe ser confirmada toda vez que de la confrontación del acto administrativo censurado y las normas aplicables a la parte accionada, no se establece la vulneración manifiesta que aduce el ente demandante, pues el asunto se trata del reconocimiento de un derecho pensional cuya suspensión provisional comprometería los derechos fundamentales del beneficiario de la pensión.

Corolario de lo anterior, habrá en consecuencia de confirmarse la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”,

RESUELVE

CONFÍRMASE el auto del 3 de septiembre de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se denegó la solicitud de suspensión provisional de la Resolución 2629 del 12 de diciembre de 1994, proferida por la gerente administrativa y el departamento de relaciones laborales de las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado, Sala Plena, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 22 de marzo 2011, expediente 11001-03-26-000-2010-00036-00.

(3) Aparte subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997. MP: Dr. Hernando Herrera Vergara.