Auto 2011-00003 de febrero 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Rad. 52001-33-31-001-2011-00003-01 (AG)

Consejera ponente:

Dr. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: María Ninfa Torres Rincón y otros

Demandado: Superintendencia Financiera y otros

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil doce.

I. Antecedentes

En escrito recibido en la secretaría de la Sección Tercera de esta corporación el día 14 de octubre de 2011(1), la Superintendencia Financiera de Colombia, por intermedio de apoderado judicial, elevó solicitud de nulidad “a efectos se declare nulo el auto proferido el 21 de septiembre de 20011, por medio del cual se resolvió el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado 39 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Juzgado 1º Administrativo de Descongestión de Pasto ...” con base en los siguiente argumentos:

“1. Es la propia ley estatutaria la que asigna la competencia para decidir los conflictos de competencia como el que dan cuenta los autos a la Sección o Subsección del Consejo de Estado, de manera específica y especial, razón por la cual las disposiciones de la Ley 1395 de 2010, que tiene el carácter de ley ordinaria, no puede ser aplicada de manera tal que se contraríe el querer del legislador expuesto en una ley con rango especial, como ocurre con la ley estatutaria de la administración de justicia.

2. Que como bien lo dice la providencia cuya nulidad se pide, antes de la modificación que introdujo a la Ley 270 de 1996 la también Ley Estatutaria 1285 de 2009, la competencia para conocer de asuntos como el de la referencia estaba radicada en la Sala Plena del Consejo de Estado, circunstancia que se modificó por razones que se analizaron en la Sentencia C-713 de 2008, pero que no alteraron la voluntad permanente del legislador estatutario de mantener en el juez colegiado la decisión de un asunto que a la luz del artículo 29 de la Constitución Política resulta nuclear en el tratamiento jurídico del derecho a un debido proceso (...)”.

3. “Frente a las disposiciones relacionadas, es claro que el auto cuya nulidad se solicita es un auto de Sala y no de ponente, razón por la cual solicito acceder a esta solicitud de nulidad y remitir el expediente a la Sala correspondiente para su decisión”.

II. Consideraciones

Las “Nulidades procesales” están señaladas taxativamente en la ley y es así como en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este caso por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, consagran las causales de nulidad, y en los citados numerales dispuso que las irregularidades de las formas tanto en el proceso como en los actos procesales son causas que generan nulidad de carácter procesal, utilizándose el adverbio modal “solamente”, que denota exclusión, razón por la cual impide que otras causas puedan ser alegadas como tales, es decir, se estableció la taxatividad en esta materia, no siendo admisible en materia de nulidades interpretaciones extensivas o analógicas.

En este sentido, el enunciado del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil “Causales de nulidad: El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos”, determina que “solamente” se podrán alegar como nulidad las circunstancias regladas en esos numerales que integran la norma.

La ley es la que ha establecido qué defectos en los actos procesales constituyen nulidad procesal. A contrario sensu, la misma ley dispuso que el defecto que no constituye nulidad sea simplemente irregularidad, toda vez que utiliza la frase “Las demás irregularidades”, en el inciso final del citado artículo.

Así las cosas, conforme al carácter extraordinario de esta figura, sustentado sobre todo en la entidad de las decisiones proferidas por esta corporación como órgano de cierre, se ha precisado que, de una parte, las causales que lo sustentan así como los presupuestos de oportunidad y legitimación que lo rigen, deben interpretarse de manera restrictiva y, por otra, que el rigor y la carga argumentativa de quien alega la nulidad, debe alcanzar a mostrar y sustentar con claridad estricta en qué consiste la anomalía en la que se fundaría la pérdida de efectos de la providencia atacada.

Se tiene sentado que quien invoca la nulidad tiene el deber de sustentarla, mediante una carga argumentativa seria y coherente, que implique una verdadera confrontación entre la providencia atacada y el contenido de las disposiciones legales presuntamente vulneradas. En este orden de ideas, se reitera entonces cualquier inconformidad con la interpretación dada por la Sala, con la valoración probatoria o con los criterios argumentativos que sustentan la providencia cuya nulidad se depreca, no pueden constituir fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, ya que este tipo de situaciones no encuadra en ninguna de las causales previstas en la ley, menos aun cuando no se especifica con claridad la causal que se alega, sino que los hechos expuestos en el escrito en que se sustenta la nulidad, constituyen meras apreciaciones connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión, sin que en ellos se desvirtúe las razones jurídicas que tuvo la Sala para asumir competencia y desatar el conflicto de competencia puesto a su consideración.

Analizada la solicitud de nulidad presentada, la Sala advierte que el peticionario plantea una nulidad sin que la carga argumentativa determine cuál es la nulidad que alega sino que se limita a exponer unos argumentos sobre una supuesta falta de competencia para proferir la providencia que desató el conflicto de competencia, sin que aquellos contengan una exposición jurídica, clara, coherente y razonable que permitan demostrar la falta de competencia que se alega, la cual además está alejada de la realidad fáctica existente en el proceso. En ese orden de ideas no es posible acceder a la solicitud de anulación.

En efecto, de la lectura de los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad, la Sala encuentra que el peticionario no demuestra la configuración de una causal nulidad conforme al marco antes anotado, pues si bien manifiesta que la competencia funcional para adoptar la decisión era de la Sala Plena de la Sección Tercera y no de las subsecciones, lo anterior carece de fundamento jurídico, porque tal como se expuso en la providencia cuya nulidad se depreca, el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009, fija de manera expresa la competencia para desatar los conflictos de competencia entre jueces administrativos de los diferentes distritos judiciales, en cabeza de las respectivas subsecciones del Consejo de Estado y en este caso, el auto cuestionado no fue proferido por la suscrita consejera ponente, sino por la Sala de la Subsección “C”.

Por las anteriores razones, la solicitud de nulidad debe ser desestimada.

En mérito de lo expuesto, el despacho,

RESUELVE:

1. DENEGAR la solicitud de nulidad de la providencia de veintiuno (21) de septiembre de 2011 proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Tercera - Subsección “C” del Consejo de Estado.

2. En firme este auto por secretaría désele cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de la citada providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrada: Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(1) Fls. 188 a 191, cdno. ppal.