AUTO 2011-00025 DE FEBRERO 28 DE 2018

 

Auto 2011-00025 de febrero 28 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Nº único de radicación: 110010324000201100025 00

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Demandante: Fábrica de Velas Estrella S.A., Favestrella S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Asunto: Resuelve recurso de reposición contra auto que tuvo por no contestada la demanda

Bogotá, D.C., febrero veintiocho de dos mil dieciocho

El despacho procede a resolver el recurso de reposición oportunamente interpuesto por la apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio contra la providencia de 31 de agosto de 2016, por medio de la cual no se tuvo por contestada la demanda por parte de la recurrente.

I. Antecedentes

1.1. La demanda.

La sociedad Fábrica de Velas Estrella S.A., Favestrella S.A., mediante apoderado especial, presentó, el 13 de diciembre de 2010, demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 1 de 2 de enero de 1984(1), contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con la finalidad de que se declare la nulidad de la Resolución 39148 de 31 de julio de 2009 “(...) por la cual se decide una solicitud de registro (...)”, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; la Resolución 48541 de 28 de septiembre de 2009 “(...) por la cual se resuelve un recurso de reposición (...)”, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, la Resolución 39467 de 30 de julio de 2010 “(...) por la cual se resuelve un recurso de apelación (...)” expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial.

1.2. Actuación.

1.2.1. El trámite de la acción.

El despacho sustanciador admitió la demanda, mediante auto de 25 de febrero de 2011, y: i) ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al señor Abelardo de Jesús Vásquez Gómez; ii) fijó la suma de cincuenta mil pesos como gastos ordinarios del proceso; iii) ofició a la parte demandada para que allegara los antecedentes administrativos de los actos acusados; y, iv) ordenó fijar en lista el proceso por el término de diez (10) días.

El despacho sustanciador ordenó, en providencia de 11 de enero de 2012, notificar personalmente del auto admisorio de la demanda al señor Abelardo de Jesús Vásquez Gómez, en la calle 23 Norte # 3 - 33 oficina 602 de la ciudad de Cali, para lo cual comisionó con amplias facultades al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien mediante auto de 19 de febrero de 2013, ordenó emplazar por edicto al señor Abelardo de Jesús Vásquez Gómez, para que en el término de cinco (5) días se presentara a notificarse del auto admisorio de la demanda.

La secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca devolvió por oficio 2558 de 17 de julio de 2013, el despacho comisorio.

El despacho sustanciador requirió al apoderado judicial de la sociedad Fábrica de Velas Estrella S.A., Favestrella S.A., mediante auto de 11 de septiembre de 2014, para que allegara la publicación del edicto emplazatorio ordenada en providencia de 19 de febrero de 2013, por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

El despacho sustanciador designó al señor José María Hoyos Ramírez como curador ad litem del señor Abelardo de Jesús Vásquez Gómez, en providencia de 7 de septiembre de 2015.

1.3. La decisión recurrida.

El despacho sustanciador tuvo por contestada la demanda por el tercero Abelardo de Jesús Vásquez Gómez y no tuvo por contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que no allegó escrito de contestación, en providencia de 31 de agosto de 2016.

1.4. El recurso de reposición.

La apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio interpuso recurso de reposición contra lo decidido mediante providencia de 31 de agosto de 2016, debido a que la secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado no fijó en lista el proceso de la referencia.

Puso de presente que cuando se omite fijar en lista el proceso, se desconoce el derecho de defensa de las partes, pues no se le permitió pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda en la oportunidad procesal prevista en la ley.

Indicó que en caso de continuarse con el trámite del proceso, el despacho podría incurrir en una causal de nulidad por violación al derecho al debido proceso, por no permitirle presentar sus argumentos de defensa y solicitar las pruebas que pretende hacer valer dentro del proceso.

1.5. Traslado del recurso.

La secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado(2) corrió traslado del recurso de reposición que interpuso la apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio contra la providencia de 31 de agosto de 2016.

La sociedad Fábrica de Velas Estrella S.A., Favestrella S.A. y el curador ad litem del señor Abelardo de Jesús Vásquez Gómez, guardaron silencio.

II. Consideraciones

2.1. Cuestión previa.

El despacho previo a resolver sobre el recurso de reposición presentado por la apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio contra la providencia de 31 de agosto de 2016, por medio de la cual no se tuvo por contestada la demanda por parte de la recurrente, precisa cuál es la normativa aplicable para decidir sobre lo pertinente.

El artículo 180 del Decreto 1 de 2 de enero de 1984(3) establece la procedencia, oportunidad y trámite del recurso de reposición en materia contenciosa administrativa, en el siguiente sentido:

“(...) ART. 180.—Reposición. El recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicte el ponente y contra los interlocutorios dictados por las Salas del Consejo de Estado, o por los tribunales, o por el juez, cuando no sean susceptibles de apelación.

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicarán los artículos 348, incisos 2º y 3º, y 349 del Código de Procedimiento Civil (...)”.

De lo anterior se desprende que, para los casos en que se interponga un recurso de reposición, el Decreto 1 de 1984, hace remisión a la oportunidad y trámite establecidos en el Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, con ocasión de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, se expidió el Código General del Proceso, el cual conforme con lo previsto en su artículo 627 estableció las siguientes reglas para su entrada en vigencia:

“(...) ART. 627.—Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas:

1. Corregido por el artículo 18, Decreto Nacional 1736 de 2012. Los artículos 24, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.

2. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley.

3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se haya producido actuación alguna en los últimos dos (2) años anteriores a la promulgación de este código, no sean registrados dentro del inventario de procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos o asuntos no podrán, en ningún caso, ser considerados para efectos de análisis de carga de trabajo, o congestión judicial.

4. Los artículos 17 numeral 1º, 18 numeral 1º, 20 numeral 1º, 25, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).

5. A partir del primero (1º) de julio de dos mil trece (2013) corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho decreto.

6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país (...)”.

Asimismo, en cuanto a las excepciones para la aplicación del Código General del Proceso, el artículo 624 de dicha normativa, establece:

“(...) ART. 624.—Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad (...)” (destacado del despacho).

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en auto de 25 de junio de 2014(4), unificó su jurisprudencia, respecto de la entrada en vigencia del Código General del Proceso para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el sentido de considerar que entró en vigencia plenamente el 1º de enero de 2014 y que debía entenderse que en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, son aplicables las normas previstas en la nueva legislación procesal, salvo las excepciones establecidas en el artículo 624 del Código General del Proceso. La Sala Plena sostuvo:

“(...) En consecuencia, la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición que se explicará en el acápite a continuación, las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (...).

2.2. Regla de transición contenida en el CGP.

Entonces, según lo analizado, a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, esto es, el 1º de enero de 2014, en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las dispuestas en la nueva legislación procesal. No obstante, el artículo 624 de la Ley 1465 de 2012, contiene un régimen de transición que remite a la normativa anterior de la siguiente manera:

“Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

“La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad” (negrillas fuera del texto original).

De la norma trascrita se pueden extraer dos conclusiones generales: a) que las normas procesales prevalecen sobre las anteriores desde su entrada en vigencia, y b) que no obstante la regla general anterior, existen unas excepciones que permiten aplicar la norma derogada —pero vigente al momento de la actuación, petición o solicitud— de manera ultraactiva para resolver: (i) los recursos interpuestos, (ii) la práctica de pruebas decretadas, (iii) las audiencias convocadas, (iv) las diligencias iniciadas, (v) los términos que hubieren comenzado a correr, (vi) los incidentes en curso, y (vii) las notificaciones que se estén surtiendo (...)” (destacado del despacho).

De lo anterior se desprende que, a partir del 1º de enero de 2014, son aplicables las normas del Código General del Proceso en los eventos que se hacía referencia al Código de Procedimiento Civil, salvo para: i) los recursos ya interpuestos; ii) la práctica de pruebas decretadas; iii) las audiencias convocadas; iv) las diligencias iniciadas; v) los términos que hubieren comenzado a correr; vi) los incidentes en curso; y, vii) las notificaciones que se estén surtiendo.

Por lo anterior y comoquiera que, la apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio interpuso recurso de reposición contra la providencia de 31 de agosto de 2016, el 14 de septiembre de 2016, deben aplicarse las reglas establecidas en el Código General del Proceso, para resolver sobre el recurso mencionado.

2.2. Competencia.

Visto los artículos 146 A del Decreto 1 de 1984(5), sobre las providencias dictadas por el Magistrado Ponente y 180 del Decreto 1 de 1984(6), sobre la procedencia, oportunidad y trámite del recurso de reposición, el despacho es competente para resolver el recurso de reposición interpuesto por la apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio contra la decisión proferida mediante auto de 31 de agosto de 2016, por la cual se tuvo por no contestada la demanda por parte de dicha entidad.

2.3. Problema jurídico.

Corresponde al despacho determinar si, en el caso sub examine, se encuentra ajustada a derecho la decisión dictada en auto de 31 de agosto de 2016, de no tener por contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por lo anterior, el despacho verificará si el proceso de la referencia fue efectivamente fijado en lista, por el término de diez (10) días, para que la Superintendencia de Industria y Comercio pudiera contestar la demanda.

2.4. Fijación en lista de los procesos.

En cuanto a la fijación en lista de los procesos, el numeral 5º del artículo 207 del Decreto 1 de 1984 establece:

“(...) ART. 207.—Recibida la demanda y efectuado el reparto, si aquella reúne los requisitos legales, el ponente debe admitirla y además disponer lo siguiente:

(...).

5. Que se fije en lista, por el término de diez (10) días, para que los demandados puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven (...)”.

De lo anterior se desprende que, el juez o magistrado ponente en el caso en que una demanda cumpla con los requisitos establecidos en la ley, deberá admitirla y ordenar que el proceso se fije en lista por el término de diez (10) días, para que la parte demandada pueda contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven.

2.5. Caso concreto.

En el presente caso, el despacho sustanciador mediante providencia de 31 de agosto de 2016, no tuvo por contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto no allegó escrito de contestación.

La apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio considera que debe revocarse lo decidido en el auto de 31 de agosto de 2016, debido a que, a su juicio, la secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado omitió fijar en lista el proceso de la referencia, lo cual vulnera su derecho de defensa y puede configurar una causal de nulidad procesal por violación al derecho al debido proceso.

Atendiendo lo anterior, el despacho repondrá la providencia de 31 de agosto de 2016, por las siguientes razones:

Se observa de la revisión del expediente que la secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, anexó constancias en las que afirma haber fijado en lista el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 110010324000201100025 00, desde el día 18 de noviembre de 2015(7) hasta el 1º de diciembre de la misma anualidad(8).

Sin embargo, el despacho advierte de la revisión del sistema de información judicial colombiano, que no obra constancia secretarial alguna respecto del término de fijación en lista anteriormente mencionado. En efecto, se observa:

2011-00025IM1
2011-00025IM1
 

Atendiendo lo anterior y comoquiera que se encuentra demostrado que la secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado omitió su obligación de efectuar la anotación correspondiente al término de fijación en lista del presente proceso, mal podría tenerse por no contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando lo cierto es que, no tuvo la posibilidad de conocer sobre el momento en que inició el término de fijación en lista para poder contestar la demanda, proponer las excepciones y solicitar las pruebas que considere pertinentes.

Conclusión

Por lo tanto, el despacho repondrá lo decidido en el auto de 31 de agosto de 2016, comoquiera que se encuentra demostrado que el proceso de la referencia no fue debidamente fijado en lista, para que la Superintendencia de Industria y Comercio pudiera contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas.

Asimismo, se ordenará a la secretaría de la Sección, que proceda a fijar nuevamente en lista el presente proceso, realizando las anotaciones pertinentes en el sistema de información judicial colombiano, para efectos de que las partes tengan conocimiento de la actuación y con miras a salvaguardar el derecho al debido proceso de las partes.

En mérito de lo expuesto, el despacho,

RESUELVE:

1. REPONER la decisión proferida por el despacho sustanciador, mediante providencia de 31 de agosto de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar:

“(...) ORDENAR a la secretaría de Sección, FIJAR en lista nuevamente el proceso de la referencia, realizando todas las anotaciones correspondientes en el sistema de información judicial colombiano, para efectos de que las partes tengan conocimiento de ello (...)”.

2. En firme esta providencia y cumplido lo anterior, DEVOLVER el expediente al despacho para lo pertinente.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Hernando Sánchez Sánchez.

(1) Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
(...).
“ART. 85.—Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente (...)”.

(2) Conforme con lo previsto en los artículos 110 y 319 del Código General del Proceso, la secretaría de la Sección Primera corrió traslado por el término de tres (3) días del recurso interpuesto, sin auto que lo ordenara.

(3) “(...) ART. 267.—En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo (...)”.

(4) Sala Plena del Consejo de Estado, auto de 25 de junio de 2014. Radicación: 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). Demandante: Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A., M.P. Enrique Gil Botero.

(5) “(...) ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.
Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia (...)”.

(6) “(...) ART. 180.—Reposición. El recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicte el ponente y contra los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, o por los tribunales, o por el juez, cuando no sean susceptibles de apelación.
En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicarán los artículos 348, incisos 2º y 3º, y 349 del Código de Procedimiento Civil (...)”.

(7) Folio 107 del expediente.

(8) Folio 110 del expediente.