Auto 2011-00029 de mayo 24 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 54001-23-31-000-2011-00029-01 (41367)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: María Teresa Villareal Sepúlveda

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Asunto: Acción de reparación directa (apelación auto)

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto que rechazó la demanda, dado que para el momento en que esta se presentó, 25 de enero de 2011, ya estaba vigente la Ley 1395 de 2010(1), que en el artículo 61, adicionó al Código Contencioso Administrativo el artículo 146 A, en conformidad con el cual:

“Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia”.

En el caso en estudio, el auto apelado es el que rechaza la demanda, esto es aquel consagrado en el artículo 181 numeral 1º del Código Contencioso Administrativo, por lo tanto, la Sala es competente para conocer del recurso interpuesto.

Cabe reiterar que la apelación del auto que rechaza la demandada por incumplimiento de las disposiciones señaladas en el auto que la inadmitió, comprende también la apelación de ese auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil(2).

2. Del recurso de apelación.

La Sala confirmará la decisión recurrida, una vez realizado el análisis de los siguientes aspectos: (i) el rechazo de la demanda cuando no se subsanan, en el término concedido para ello, los defectos señalados en la inadmisión de la misma; (ii) la naturaleza, marco jurídico y objeto de los datos registrados en el sistema de información computarizada de los despachos judiciales y (iii) el caso concreto.

2.1 El rechazo de la demanda cuando no se subsanan, en el término concedido para ello, los defectos señalados en la inadmisión de la misma.

El Código Contencioso Administrativo, en sus artículos 137, 138 y 139, consagra una serie de requisitos que debe cumplir la demanda para que pueda ser admitida por el juez competente, quien debe revisarla y confirmar el cumplimiento de la totalidad de los mismos y de no reunirlos cuenta con la facultad de inadmitirla.

Por su parte, el artículo 143 ibídem permite que la parte demandante corrija los defectos que el juez le señale a la demanda, en un término de 5 días, que se cuentan a partir del día siguiente a la notificación por estado del auto que así lo ordena, con la finalidad de evitar futuras nulidades y lograr el saneamiento del proceso. Si el actor no hace uso de esta oportunidad de corrección, dentro del plazo establecido, o simplemente no cumple con todo lo ordenado en el auto de inadmisión, el juez debe rechazar la demanda.

De manera reiterada la jurisprudencia ha establecido en aplicación del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil que la apelación del auto que rechaza la demanda por inobservancia de la orden de corrección del auto que la inadmite, comprende también la primera decisión, razón por la cual, se revisará este aspecto.

2.2 .Naturaleza, marco normativo y objeto de los datos registrados en el sistema de información computarizada de los despachos judiciales.

Sea lo primero señalar que la administración de justicia es una actividad que, de suyo, presenta dificultades en su desarrollo y ejecución dada la situación de congestión de procesos que se presenta en los despachos judiciales del país y las limitaciones logísticas con las que cuentan los funcionarios judiciales. Es por eso que el legislador a lo largo de las últimas 2 décadas ha previsto medidas de descongestión y mecanismos que permitan facilitar el desarrollo de tan importante actividad, que además constituye un servicio público esencial. En ese orden de ideas se tiene que el artículo 95 de la Ley 270 de 1996 dispone la utilización de la tecnología al servicio de la administración de justicia. Prescribe la norma —se destaca—:

“El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.

Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.

Los documentos emitidos por los citados medios cualesquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley”.

Posteriormente se expidió la Ley 527 de 1999 por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, entre otras disposiciones.

El artículo segundo, literal a) ibídem, define los mensajes de datos como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, EDI, internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”. A su vez, los artículos 5, 6, 10 y 11 de la citada ley regulan lo relacionado con el reconocimiento jurídico(3), la equivalencia funcional a los documentos escritos(4), la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos(5), así como los criterios para su valoración probatoria(6).

De otra parte el Acuerdo PSAA06-3334 de 2006 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura —por medio del cual, entre otros acuerdos, se desarrolla el artículo 95 de la Ley 270 de 1996—, en su artículo primero, literal a) define el concepto de “actos de comunicación procesal” precisando que estos son todos aquellos actos o actividades de comunicación definidas en la ley, que ponen en conocimiento de las partes, terceros o de otras autoridades judiciales o administrativas, las providencias y órdenes del juez o del fiscal, relacionadas con el proceso, así como de estos con aquellos y el artículo 5º dispone:

“ART. 5º—Equivalencia funcional. Los actos de comunicación procesal que se realicen por correo electrónico, así como los documentos que pueden ser presentados como mensajes de datos en los términos de la ley procesal, tendrán el mismo valor probatorio que la información que conste por escrito, siempre y cuando el firmante utilice una firma electrónica avalada por una entidad de certificación autorizada conforme a la ley y la información que contienen sea accesible para su posterior consulta”.

Finalmente, es del caso señalar que sobre el particular, la Corte Constitucional se pronunció de la siguiente manera(7) —se destaca—:

“... Finalmente, es claro que los sistemas informáticos utilizados por los despachos judiciales para generar, enviar, archivar o procesar tales mensajes de datos configuran un sistema de información para los efectos de la Ley 527.

(...).

Igualmente contribuye a la publicidad de las actuaciones judiciales, al disponer de un sistema de información que permite conocer a los ciudadanos la evolución de los procesos en cuyo seguimiento estén interesados. En definitiva, el recurso a estos sistemas de información constituye una herramienta que facilita a la administración de justicia el cumplimiento eficiente de sus cometidos, en particular de su deber de dar publicidad a las actuaciones judiciales, a la vez que facilita a los ciudadanos el acceso a la administración de justicia.

Cabe precisar que en el ordenamiento procesal vigente, en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción, la comunicación de las actuaciones judiciales no ha sido asumida a través de medios electrónicos.

Si bien existe el sistema de información judicial “justicia XXI”, este no sustituye los actos de notificación de las providencias, bien sea de manera personal, por estados, en estrados, por edictos o por conducta concluyente. Tal sistema de información apenas se constituye en una función que tiene el propósito de facilitar a las partes el acceso a la información de lo que sucede en el expediente, sin que el estado de la técnica y fundamentalmente de la regulación legal, haya sustituido las notificaciones tradicionales por la inclusión de la información en el sistema de gestión judicial.

En otras palabras hasta cuando no se implementen mecanismos como aquellos consignados en el articulado del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la forma de enterar a las partes de la existencia de las providencias judiciales, sigue siendo la de las notificaciones en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil. Por tanto el error cometido en la información consignada en el software de gestión judicial, no exonera a las partes de cumplir con las actuaciones requeridas en el término indicado en una providencia judicial, contando este desde la notificación, según corresponda, de la providencia que la requiere, por cuanto sigue siendo la notificación el mecanismo de que dispone el legislador para enterar adecuadamente a las partes de las actuaciones procesales.

2.3. Caso concreto.

El tribunal a quo rechazó la demanda al considerar que el actor no cumplió con lo requerido en el auto de inadmisión, esto es la estimación razonada de la cuantía y la presentación de la certificación de la fecha en que se formuló la solicitud de conciliación extrajudicial.

Ahora bien, resulta suficientemente claro que el actor incumplió con la orden incluida en el auto de 7 de febrero de 2011, inadmisorio de la demanda, dado que en el término concedido para el efecto no se allanó a cumplir lo requerido en el citado proveído, lo cual conducía al rechazo de la demanda, tal y como lo estableció el a quo en providencia de 24 de febrero de 2011, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo.

Alega el recurrente que por un error en la digitación del número de cédula de la demandante en el sistema de gestión judicial, no tuvo oportunidad de enterarse del auto de 7 de febrero de 2011, en tanto que al ingresar el número a tal sistema, este no reportaba actuación relacionada con la demanda presentada, razón por la cual le fue imposible allegar la corrección solicitada para subsanar la demanda.

Para la Sala la ocurrencia de la situación antes alegada, no da lugar a revocar el auto impugnado, puesto que si bien es cierto que el software de gestión judicial constituye una herramienta que permite facilitar el acceso a la información a los usuarios de la administración de justicia y que la información consignada en dicho sistema corresponde a un equivalente funcional de la información escrita que reposa en el expediente —con un reconocimiento legal de información oficial por considerarse un “mensaje de dato”—, también lo es que tal información no sustituye la notificación por estado, actuación judicial con efectos jurídicos que en el sub examine se verificó correctamente mediante anotación en el estado de 11 de febrero de 2011 (fl. 58 vuelto cdno. 1)

De otro lado, se tiene que el software de gestión judicial reporta las actuaciones judiciales de los procesos a partir de diferentes factores de información que deben ser ingresados por el usuario, tales como (i) el nombre del demandante; (ii) el nombre del demandado; (iii) el número de radicado del proceso; (iv) el asunto a tratar; (v) los números de cédula de las partes, entre otros, es decir, el error que se cometa en uno de los datos no impide la consulta, porque basta reemplazar uno de los datos para tener éxito con la búsqueda. En otras palabras, si en el sub examine se presentó un error al ingresar el número de de la cédula de la demandante, bien pudo acudirse a otro dato de búsqueda, como el nombre.

En ese orden de ideas la demanda debió ser corregida hasta el 17 de febrero de 2011, fecha en que venció el término concedido para ello, y como no se hizo se imponía su rechazo, por cuanto además le asistía razón al a quo en los requerimientos que hizo al inadmitir la demanda.

En efecto, en relación con los motivos de la inadmisión, se tiene:

(i) La exigencia de que se aportara certificación sobre la fecha en que se presentó la solicitud de conciliación, resultaba determinante para efectos de establecer si había operado la caducidad en tanto que en el proceso solo obra copia simple de un acta —fallida— de conciliación en la que no se vislumbra la fecha de la solicitud, lo que dificulta establecer con exactitud si operó la consecuencia prevista en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, o si en cambio ocurrió la suspensión del término para demandar y en consecuencia se evitó la caducidad.

Así las cosas, se tiene que la fecha de ocurrencia del daño ocasionado, esto es la muerte del señor Roberto Antonio Gómez Restrepo, tuvo lugar el 30 de octubre de 2008, es decir que a partir del 31 de octubre de ese año comenzó a correr el término de dos años, para presentar la demanda de reparación directa, con lo cual su vencimiento, en principio, ocurriría como la demanda se presentó el 25 de enero de 2011, esto es, por fuera del término señalado, era menester conocer la fecha de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, a fin de concluir si tal actuación dio lugar a la suspensión para demandar e impidió que se consolidara la caducidad.

Para la Sala fuerza es concluir que sin la certificación de la fecha en que se elevó la solicitud de conciliación extrajudicial, no es dable determinar si en el sub examine ha operado o no la caducidad, lo que denota la pertinencia de la exigencia ordenada en ese sentido por el a quo en el proveído de 24 de febrero de 2011.

(ii) Frente a la ausencia de la estimación razonada de la cuantía, se tiene que en el caso bajo estudio es requisito sine qua non para establecer la competencia según lo establece el numeral 6º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.

Prescribe la citada norma:

“ART. 137.—Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

(...).

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”.

En vigencia de la Ley 446 de 1998, y una vez entraron a funcionar los juzgados administrativos(8), la cuantía para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, la primera ante el tribunal administrativo y la segunda ante el Consejo de Estado, debía ser superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicha ley señaló en el artículo 40, que modificó el 132 numeral 6º del Código Contencioso Administrativo, lo siguiente:

“Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...).

6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.

De otro lado, se tiene que esta corporación ha establecido un criterio según el cual las acciones de reparación directa en las que se pretenda la reparación de los daños causados con la actividad judicial son de competencia de los tribunales administrativos, en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin que en estos casos la cuantía de las pretensiones constituya factor de atribución de competencia(9). Como se puede observar la controversia planteada en el sub examine no versa sobre hechos derivados de la administración de justicia, de tal forma que es menester hacer una estimación razonada de la cuantía para efectos de establecer la competencia, esto es, si el asunto es de conocimiento en primera instancia del tribunal administrativo, o si en cambio, siendo menor su cuantía, tal competencia corresponde a los jueces administrativos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto de 24 de febrero de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

2. En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(1) Por la cual se adoptaron medidas en materia de descongestión judicial, promulgada por el Diario Oficial Nº 47.768 de 12 de julio de 2010, cuya vigencia empezó desde esa misma fecha.

(2) El artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, establece: “La apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de aquel que negó su admisión, y se concederá en el efecto suspensivo”.

(3) ART. 5º—Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”.

(4) “ART. 6º—Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que este contiene es accesible para su posterior consulta.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito”.

(5) “ART. 10.—Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del capítulo VIII del título XIII, sección tercera, libro segundo del Código de Procedimiento Civil.

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original”.

(6) “ART. 11.—Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente”.

(7) Sent. T-686/2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Exp. T- 1620094.

(8) Que según el Acuerdo PSAA06-3409 de 9 de mayo de 2006 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, entraron a operar a partir del 1º de agosto de 2006.

(9) En decisión proferida por la Sala Plena de la corporación el 9 de septiembre de 2008, Exp. 34.985 se consideró que: “... el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida ley estatutaria de de la administración de justicia corresponde, en primera instancia, a los tribunales administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 smlmv”.