Auto 2011-00034 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Radicación: 86001-33-31-001-2011-00034-01 (AC)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: María Orlinda Arias González y otros

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro.

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil once.

Decide el despacho, el conflicto de competencia negativo formulado ante el Consejo de Estado por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Mocoa, mediante auto del 16 de mayo de 2011, contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva.

I. Antecedentes

1. En demanda presentada el 16 de noviembre de 2010, la señora María Orlinda Arias González, en ejercicio de la acción de grupo, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, Departamento del Huila, Cámara de Comercio de Neiva (Huila), DMG Grupo Holding S.A. en liquidación, por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales generados por haber permitido la operación ilegal de la captadora de dineros DMG Grupo Holding S.A.

2. La demanda fue remitida por la Oficina Judicial de Neiva (Huila) al Juzgado Sexto Administrativo de ese Circuito Judicial; mediante auto del 22 de noviembre de 2010 el señor juez, manifestó impedimento para conocer de la acción, pues integrantes de su grupo familiar realizaron inversiones en la sociedad DMG Grupo Holding S.A., con lo cual se configuró la causal de recusación contemplada en el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

3. El asunto pasó a conocimiento del Juzgado Primero Administrativo de ese mismo Circuito, despacho que en auto del 13 de diciembre de 2010, aceptó el impedimento y manifestó igualmente su imposibilidad para conocer de la acción, por encontrarse en las mismas condiciones de recusación de su homólogo del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

4. El proceso se remitió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, quien en auto del 19 de enero de 2011 aceptó el impedimento formulado por el Juez Primero Administrativo del mismo Circuito Judicial. Mediante proveído del 2 de febrero de 2011, ese despacho judicial ofició al Juzgado Quinto Administrativo de Popayán, Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, Juzgado Primero Administrativo de Santa Rosa de Viterbo, Juzgado Administrativo de Zipaquirá, Juzgado 18 Administrativo de Cali, Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, Juzgado 17 Administrativo de Bogotá y Juzgado Administrativo de Descongestión de Mocoa para que se sirvieran informar la existencia de otras acciones de grupo que fueran interpuestas con anterioridad a la presente.

5. Conforme a la información suministrada por los diferentes despachos judiciales, a los cuales se les ofició, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva mediante auto del 11 de abril de 2011 declaró que ese despacho carece de competencia para conocer de la acción de grupo interpuesta por la señora María Orlinda Arias González contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - y otros, por cuanto ya conoce a prevención de una acción por los mismos hechos el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Mocoa, Putumayo, y por ello ordenó remitir el expediente a ese despacho judicial.

5.(Sic) El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Mocoa, en auto del 16 de mayo de 2011, formuló ante el Consejo de Estado, conflicto negativo de competencias frente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, por considerar que la competencia a prevención la tiene este último, como quiera que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó mediante acuerdo, los Juzgados Administrativos de Descongestión de Pasto (Nariño) y Mocoa (Putumayo), para el conocimiento de los asuntos relacionados con el fenómeno de la captación de dineros del público, señalando que estos despachos judiciales asumirían el conocimiento de estos asuntos dentro del ámbito territorial respectivo, es decir, el departamento de Nariño y Putumayo respectivamente.

6. Remitido el proceso a esta corporación, y efectuado el reparto, en providencia del 19 de julio de 2011, se corrió traslado a las partes por el término de tres días, de conformidad con lo señalado por el artículo 215 del Código Contencioso Administrativo (fl. 88, cdno. ppal.). Se guardó silencio.

II. Consideraciones

1. Tiene el despacho, de conformidad con lo establecido en las leyes 1285 de 2009 y 1395 de 2010, la atribución de definir el conflicto planteado, por cuanto la competencia funcional para decidir la presente controversia tiene su origen en el artículo 37 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), modificado parcialmente, a su vez, por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009, precepto este último que dispone:

“ART. 12.—Modifícase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 y adicionase (sic) un parágrafo:

“1. Resolver los conflictos de competencia entre las secciones del Consejo de Estado.

“PAR.—Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos, entre secciones de distintos tribunales administrativos, entre los tribunales y jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre jueces administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas secciones o subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo tribunal administrativo, serán decididos por el correspondiente tribunal en pleno”.

Como se aprecia, la potestad para conocer de asuntos como el de la referencia se radicó, en principio, a partir de la expedición de la ley 1285 de 2009 (ene. 22/2009), en cabeza de las distintas secciones y subsecciones de la corporación de acuerdo con su respectiva especialidad.

Ahora bien, con la expedición de la Ley 1395 de 2010, se modificó de manera general la competencia para proferir los autos interlocutorios de única, primera o segunda instancia, en materia contencioso administrativa, razón por la que en el artículo 61 de ese ordenamiento normativo se adicionó un nuevo artículo al Código Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

“El Código Contencioso Administrativo tendrá un nuevo artículo, cuyo texto será el siguiente:

“ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

“Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia”.

En ese orden de ideas, y como quiera que el presente conflicto de competencias relacionado con la acción de grupo arribó a la corporación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1285 de 2009 (ene. 22/2009), e ingresó al despacho para decidir lo pertinente el 8 de agosto de 2011, es decir, en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la competencia está radicada en la Sección Tercera de la corporación y la decisión será proferida por el despacho según los dictados de esta última normativa.

2. Finalmente, para el adecuado entendimiento de la competencia en las acciones de grupo, se transcribe el artículo 51 de la Ley 472 de 1998, que establece la competencia a prevención del juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.

ART. 51.—Competencia. De las acciones de grupo conocerá en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia.

Será competente el juez de lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante, a elección de éste. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.

PAR.—Hasta tanto entren en funcionamiento, los juzgado administrativos, de las acciones de grupo interpuesta ante la jurisdicción contencioso administrativa conocerán en primera instancia los tribunales contencioso administrativo y en segunda instancia el Consejo de Estado (se resalta).

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la sociedad DMG Grupo Holding S.A. (en liquidación) desarrolló su actividad de captación de dinero en Neiva, quien debe conocer de la demanda es el juez administrativo de esa ciudad, toda vez que los hechos que suscitan esta acción se presentaron allí. Adicionalmente, si bien es cierto que esa entidad operó en otras ciudades del país, con lo cual pudiera pensarse que existen varios jueces competentes, en este caso y según lo señalado por la norma, el competente para conocer de la acción es el juez administrativo de Neiva, en atención a que fue ante este despacho judicial donde se presentó la demanda.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las empresas captadoras de dinero centraron sus actividades comerciales en los departamentos de Nariño y Putumayo, con lo cual se incrementó el número de reclamaciones judiciales en contra de dichas firmas comerciales, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA10-6431 del 25 de enero de 2010, adoptó medidas de descongestión para el Distrito Judicial de Nariño, creando los juzgados administrativos de descongestión de Pasto y Mocoa. El acuerdo en mención señala en su artículo 4º lo siguiente:

ART. CUARTO.—Los juzgados creados mediante los artículos primero y segundo del presente acuerdo tramitarán y fallarán los procesos originados por el fenómeno de captación de dineros de conformidad con la competencia territorial establecida y conocerán de las tutelas en asuntos relacionados con captadoras ilegales de dinero.

Estos despachos de descongestión se crearon con la función de tramitar y fallar los procesos que con ocasión del fenómeno de la captación ilegal y masiva de dinero público, se generen de conformidad a la competencia territorial que les asiste.

Con fundamento en lo anterior se tiene que la especialidad de los juzgados administrativos de descongestión de Mocoa y Pasto, se circunscribe a las reclamaciones judiciales que con ocasión de la captación ilegal de dinero público surjan en su territorio; conforme a ello, no es posible que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Mocoa conozca de la acción de la cual se declaró incompetente el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, por cuanto su especialidad territorial está dada por la norma. En este sentido, el competente para conocer de la acción de grupo interpuesta por la señora María Orlinda Arias González contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - y otros, es el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Neiva.

Así las cosas, en el caso sub examine el competente para conocer de la acción de grupo de la referencia es el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, así como de las demás reclamaciones judiciales que con ocasión de la captación masiva e ilegal de dinero público desarrollada por la firma comercial DMG Grupo Holding S.A. en liquidación se produzcan en esa localidad y en los demás municipios parte de su jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

1. DECLARAR que el competente para conocer de la acción de grupo instaurada por la señora María Orlinda Arias González, contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - y otros, es el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva.

2. Remítase el expediente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, para lo de su competencia.

3. Comuníquese esta providencia al Juzgado Primero de Descongestión de Mocoa.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Enrique Gil Botero.