Auto 2011-00041 de julio 11 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Proceso 11001-03-28-000-2011-00041-00

Rad.: 2011-00041

Consejero ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá - Sintrateléfonos

Demandado: Cristina Plazas Michelsen

Acción de nulidad electoral

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil once.

I.(sic)

El sindicato de trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá - Sintrateléfonos, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, demanda la anulación de los decretos 1755 de 26 de mayo de 2011, por el cual el Presidente de la República dispuso “encárguese como alcaldesa ad hoc del Distrito Capital de Bogotá, a la doctora Cristina Plazas Michelsen [...] quien se desempeña como secretaria del consejo de ministros, para que conozca y decida lo relacionado con la presentación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital, a través del cual se autoriza al Distrito Capital para enajenar la propiedad accionaria de la Empresa de Teléfonos de Bogotá...” y 1921 de 1º de junio de 2011, por el cual se aclara el Decreto 1755, en el sentido de precisar que “El encargo de la doctora Cristina Plazas Michelsen como alcaldesa ad hoc del Distrito Capital de Bogotá [...] comprende la realización de todos los actos inherentes y necesarios para la presentación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital, a través del cual se autoriza al Distrito Capital para enajenar la propiedad accionaria de la Empresa de Telecomunicaciones...”.

A juicio del demandante la decisión administrativa contenida en los citados actos es contraria a la Constitución y a la ley pues implica el ejercicio de una competencia no asignada al primer mandatario y, además, desconoce el principio de autonomía reconocido por la Carta a los entes territoriales.

En escrito separado, visible en los folios 18 a 20, pide que se decrete la suspensión provisional de los actos demandados. Sustenta su pretensión arguyendo que estos violan, de manera ostensible, el contenido normativo de los artículos 1º, 287 y 322 de la Constitución Política y 1º, 3º, 35 y 51 del “Decreto 3121 (sic) de 1993 estatuto orgánico de Bogotá”.

En su criterio, mediante los actos cuestionados, el Presidente de la República designó alcalde para una función específica: “la presentación de un proyecto de acuerdo por el cual se autorice la venta de las acciones del Distrito en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá”, vulnerando los artículos 322 de la Carta y 106 de la Ley 136 de 1994, en virtud a que solo está facultado para nombrar alcalde cuando se presenta una falta temporal por suspensión de ese funcionario o cuando se da una falta absoluta a menos de 18 meses de que culmine el período para el cual fue designado.

Concluye el accionante que tal proceder desconoció el principio de autonomía al que se refieren los artículos 1º, 287 y 322 de la Constitución Política que erigen a Colombia como un Estado social y democrático de derecho “con autonomía de sus entidades descentralizadas”, entre otras del Distrito Capital, y 1º, 3º, 35 y 51 del Decreto 1421 de 1993, que reconocen que tal autonomía, entratándose de Bogotá, está dispuesta para la “gestión de sus propios intereses”.

II.(sic)

1. De la competencia de la Sala y la admisión de la demanda.

1.1. De la competencia.

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda respecto de la cual se decidirá su admisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 mediante el cual se define la distribución de los negocios entre las secciones, por tratarse de un nombramiento por encargo(1) generado como consecuencia de la manifestación de conflicto de interés de la alcaldesa encargada del Distrito Capital de Bogotá en lo relativo a la presentación del proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital a través del cual se autoriza al Distrito Capital a enajenar la participación accionaria en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, nombramiento que por demás es susceptible de ser demandado mediante la acción de nulidad electoral.

1.2. De la naturaleza de los actos que se demandan y de la procedencia de la acción electoral.

Los decretos demandados, que hacen unidad jurídica, en la parte que interesa a este proceso, contienen una designación por encargo en el empleo de Alcalde Mayor de Bogotá, para un asunto concreto: la preparación y presentación de un proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al Distrito para enajenar la propiedad accionaria en la Empresa de Bogotá.

Dichos actos fueron dictados por el Presidente de la República ante la necesidad de designar el reemplazo, para el asunto concreto, de la alcaldesa encargada doctora María Fernanda Campo Saavedra quien manifestó impedimento por cuanto es accionista de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, en cumplimiento de las atribuciones que le asignan los artículos 115 y 189 de la Constitución y, en especial, el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, que dispone: “Todo lo relativo a la administración general de la República, que no esté especialmente atribuido a otros poderes públicos, conforme a la Constitución y a las leyes, corresponde al Presidente”.

1.3. De la oportunidad de la acción.

Los decretos 1755 de 26 de mayo y 1921 de 1º de junio de 2011, fueron publicados, en su orden, en los diarios oficiales 48.081 de 26 de mayo(2) y 48.087 de 1º de junio de 2011(3), mientras que la demanda y su corrección se presentaron el 30 de mayo(4) y el 16 de junio de 2011(5), respectivamente, es decir, antes de que expirara el término de veinte (20) días al que se refiere el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se extiende hasta el próximo 5 de julio de 2011.

1.4. Del cumplimiento de los requisitos formales de la demanda.

La demanda fue presentada con el lleno de los requisitos formales pues: i) contiene un acápite en el que se designan las partes y sus representantes, ii) incorpora un capítulo de pretensiones, iii) incluye un aparte con los hechos en los que estas —las pretensiones— se apoyan, iv) presenta un capítulo en el que se señala qué normas se reputan violadas y se precisa el sentido de la violación y v) tiene un aparte en el que se postulan las pruebas que se pretende hacer valer. Así se impone su admisión.

2. De la suspensión provisional.

El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo establece la medida de la suspensión provisional en los siguientes términos:

“Procedencia de la suspensión. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

“(...)”.

En los términos de la norma transcrita, para que prospere la medida excepcional de suspensión provisional de un acto administrativo se requiere, por una parte, que se solicite y se sustente en forma expresa en la demanda o en escrito separado presentado antes de que esta se admita y, por otra, cuando se demanda en ejercicio de la acción de simple nulidad, que haya manifiesta infracción de las normas que se aducen como conculcadas, la que debe revelarse por confrontación directa o a través del examen de documentos públicos allegados al proceso.

En efecto, la suspensión provisional fue solicitada y sustentada con la demanda, sin embargo, las razones en las que se apoya, a juicio de la Sala, no resultan idóneas para aceptar la manifiesta infracción de las normas que se indican como violadas, lo anterior, porque de la confrontación directa del acto demandado con las disposiciones invocadas como violadas no resultan evidentes ni la contradicción ni la violación aducidas por el demandante como pasará a explicarse más adelante.

Así las cosas, para establecer la conformidad o no de los decretos demandados con las normas superiores es imprescindible, entre otros aspectos: i) precisar si existe norma especial que regule el trámite que deba seguirse en el evento en que el Alcalde Mayor de Bogotá manifieste impedimento para conocer de un asunto, ii) establecer si el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, respecto del cual no se hace ninguna consideración en la solicitud de suspensión provisional, y que se invoca como sustento jurídico en el acto administrativo demandado es aplicable y se encuentra vigente bajo el actual marco constitucional, iii) determinar cuáles son los límites que el ordenamiento jurídico impone al principio de autonomía de las entidades territoriales y finalmente, iv) verificar si la circunstancia de que la nominación cuestionada hubiere sido dispuesta con ocasión de la aceptación del impedimento manifestado por la alcaldesa encargada, doctora María Fernanda Campo Saavedra, hace plausible considerar que mediante los actos demandados se ejerció la misma facultad con la que se efectuó el encargo inicial.

Corolario de lo anterior, es que no se avizora una flagrante y evidente contradicción entre el acto administrativo demandado y las normas enunciadas como violadas que le son superiores.

III.(sic)

En mérito de lo expuesto se:

Resuelve:

Primero Se admite la demanda presentada por el sindicato de trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá “Sintrateléfonos”, contra la doctora Cristina Plazas Michelsen alcaldesa ad hoc del Distrito Capital de Bogotá.

En consecuencia se dispone:

1. Notifíquese personalmente esta providencia a la doctora Cristina Plazas Michelsen alcaldesa ad hoc de Bogotá Distrito Capital.

2. Notifíquese personalmente al señor agente del Ministerio Público que corresponda.

3. Fíjese en lista por el término de tres (3) días, con la prevención de que en ese término se podrá contestar la demanda y solicitar pruebas.

Segundo: No se decreta la suspensión provisional de los decretos 1755 de 26 de mayo y 1921 de 1º de junio de 2011.

Notifíquese.

Magistrados: Mauricio Torres Cuervo, presidente—Susana Buitrago ValenciaAlberto Yepes Barreiro.

Virgilio Almanza Ocampo. Secretario.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 18 de mayo de 2006, Expediente 2002-01017, demandante: Carlos Arturo Giraldo Aristizabal, demandado: Departamento del Quindío, consejero ponente Jaime Moreno García “El encargo constituye a la vez una modalidad de provisión temporal de empleos y una situación administrativa, el cual permite el ejercicio de funciones públicas en forma parcial o total, casos en los cuales se asumen algunas tareas laborales oficiales o simplemente todas...”.

(2) Ver folio 15.

(3) Ver folio 30.

(4) Ver folio 10.

(5) Ver folio 27.