AUTO 2011-00051/41946 DE OCTUBRE 2 DE 2017

 

Auto 2011-00051/41946 de octubre 2 de 2017

CONSEJO DE ÉSTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA L SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero.

Rad.: 11001-03-26-000-2011-00051-00 (41946)

Actor: Adalberto José aula Bula

Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER

Naturaleza: Acción de revisión -Decreto 1 de 1984

Procede el despacho a resolver la solicitud presentada por la señora Carmen María Cardona Estrada en fecha del 24 de enero de 2017, mediante la cual requiere ser reconocida como sucesora procesal del señor Adalberto José Bula Bula, quien es parte actora dentro del proceso de la referencia.

Bogotá D.C., dos de octubre de dos mil diecisiete.

I. Antecedentes.

1. Mediante escrito presentado el 9 de septiembre de 2011 ante esta Corporación, José Adalberto Bula Bula formuló demanda en ejercicio de la acción de revisión, con el objetivo de que se realizarán las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que se revise por esa Corporación la legalidad de la Resolución 01986 de agosto 5 de 2011, proferida por la Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto y se ordenó delimitar y deslindar los terrenos baldíos de propiedad de la Nación que conforman las ciénagas Amanzaguapo, Cañoviloria y El Dividivi ubicadas en el Municipio de Sana Marcos Departamento de Sucre, así como de la actuación previa a la expedición de la misma,

2. Que una vez establecida la ilegalidad de la Resolución 01986 del 5 de agosto de 2011 proferida por la Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural “INCODER”, se ordene cancelar la inscripción de la resolución inicial” (fl. 1, cdno. ppl).

2.(sic) Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante manifestó, en síntesis, que es nula la Resolución 01986 del 5 de agosto de 2011 proferida por la Subgerencia de Tierras Rurales del Incoder, por medio del cual se resolvió el recurso de reposición y revocó la Resolución 2437 del 27 de agosto de 2010 pues declaró que había lugar a decretar el deslinde de los terrenos del demandante, por identificarse allí la existencia de una ciénaga sin que se le corriera traslado de los medios probatorios y desconociendo otros recaudados en el proceso.

3. El 6 de diciembre de 2011, esta Corporación mediante auto admitió la demanda y vinculó como demandado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- (fl. 300 y 301, cdno. ppl).

4. Surtido el trámite procesal correspondiente, el 24 de julio de 2014 ingresó al despacho para dictar sentencia (fl. 413, cdno. ppl.).

5. Mediante memorial del 24 de enero de 2017, la señora Carmen María Cardona Estrada manifestó ser la cónyuge del señor Adalberto José Bula Bula (quien es parte actora dentro del proceso) e informó acerca de su fallecimiento y solicitó ser reconocida como sucesora procesal, para lo cual, aportó los respectivos registros civiles de matrimonio y de defunción (fls. 447 a 453, cdno. ppal.).

6. Adjunto a lo anterior, se aportó el poder otorgado por la señora Carmen María Cardona Estrada a la abogada Leidy Carolina Solórzano Sabogal identificada con cedula de ciudadanía 39.581.807 de Girardot y tarjeta profesional 153.378 del Consejo Superior de la Judicatura (fl. 453, cdno. ppl).

II. Consideraciones.

2.1. Sobre la sucesión procesal.

La sucesión procesal es la figura por medio de la cual una de las partes procesales es reemplazada totalmente por un tercero que toma el litigio en el estado en que se halle al momento de su intervención(1). Al sucesor se le transmite o transfiere(2) el derecho litigioso convirtiéndose en el nuevo legitimado para obtener una sentencia de mérito, ocupando la posición procesal de su antecesor(3). Respecto de tal figura esta Corporación se ha pronunciado de la siguiente manera:

La sucesión procesal consiste en que una persona que originalmente no detentaba la calidad de demandante o demandado, por alguna de las causales de transmisión de derechos, entra a detentarla; dicha figura pretende, a la luz del principio de economía procesal, el aprovechamiento de la actividad procesal ya iniciada, y adelantada, de tal forma que no sea necesario iniciar un nuevo proceso(4).

La aludida sucesión puede tener diferentes causas dependiendo si se trata de una persona natural o jurídica, o si la sustitución proviene de un acto entre vivos o por la muerte de una persona natural o extinción de una persona jurídica(5). Al respecto, el artículo 68 del Código de General del Proceso -C.G.C.-(6) establece:

“ART. 68.—Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albácea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente.

De conformidad con este artículo existen los siguientes tipos de sucesión: (1) sucesión procesal por muerte, ausencia o interdicción, (ii) sucesión procesal de la persona jurídica escindida, extinta o fusionada y (iii) sucesión por el cesionario derivado de acto entre vivos —venta, donación, permuta, dación en pago, entre otros—, caso este último en el cual la parte contraria debe aceptar la sustitución para que opere el fenómeno jurídico de la sucesión procesal, de lo contrario deberá vinculársele como litisconsorte(7).

En lo referente a los casos de sucesión por muerte, ausencia o interdicción el artículo 68 del Código de General del Proceso establece que el proceso puede continuar con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador, para tales efectos se requiere prueba idónea que acredite una de tales condiciones.

En la sucesión procesal por causa de muerte la misma opera ipso jure, aunque el reconocimiento de los herederos en el proceso depende de la prueba que acredite tal condición(8). Sobre el particular, Hernando Devis Echandía menciona lo siguiente:

En este caso el causante sigue siendo la parte —demandante o demandada—, pero los herederos asumen su representación mientras la sucesión esté ilíquida, y solo es sucedido por quien reciba la adjudicación del derecho litigioso o del objeto sobre el cual verse el juicio, aunque solo una vez aprobada y registrada la partición, y siempre que presente la copia formal y pida que se le reconozca como parte en su condición de adjudicatario. En tal evento, los demás herederos que hasta ese momento hayan actuado en el proceso, quedan sin legitimación para continuar interviniendo y pierden su condición de partes.

El traspaso de los derechos o de las presuntas obligaciones que en el proceso se discuten, ocurre ipso jure, con la delación de la herencia, a la muerte de la parte: pero el reconocimiento de los herederos en el juicio depende de su comparecencia, con la prueba respectiva de tal calidad(9) (Resaltado fuera de texto).

Por otra parte, vale la pena indicar que el deceso de una parte no da lugar a la suspensión o interrupción del proceso, toda vez que de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso la muerte del mandante o la extinción de una persona jurídica no pone fin al mandato y sus intereses los sigue defendiendo el apoderado judicial previamente designado.

2.2. Del caso en concreto.

En el presente asunto la señora Carmen María Cardona Estrada solicitó al despacho que se le reconociera su calidad como sucesora procesal del señor Adalberto José Bula Bula, parte demandante dentro del proceso de la referencia, a causa de su fallecimiento. Para tales efectos allegó copia del registro civil de matrimonio 5651175, celebrado entre Adalberto José Bula Bula y Carmen María Cardona Estrada, inscrito el 19 de marzo de 2013 ante la Notaría Única del Círculo de Sahagún (fl. 449, cppl) y registro civil de defunción D 797159 del señor Adalberto José Bula Bula expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 29 de noviembre de 2016 (fl. 448, cppl). Además, allegó copia del auto de admisión del proceso de sucesión intestada proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sahagún — Córdoba (fls. 450 y 451, cppl) y la copia de la partida de matrimonio emitido por la Diócesis de Montería (fl. 452, cppl).

Los documentos aportados tienen la vocación para probar el deceso del señor Adalberto José Bula Bula y la calidad de cónyuge de la señora Carmen María Cardona Estrada. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106(10) del Decreto 1260 de 1970, se tiene que la muerte y el vínculo matrimonial de las personas se acreditan con la copia del registro civil de defunción y del registro civil de matrimonio, respectivamente.

Pues bien, se encuentra que las pruebas relacionadas previamente acreditan debidamente los supuestos establecidos en el inciso primero del artículo 68 del Código de General de Proceso para dar lugar a la sucesión procesal, esto es, la muerte del demandante y la concurrencia del cónyuge al litigio. En tal sentido, la señora Carmen María Cardona Estrada está legitimada para entrar a reemplazar como parte demandante al señor Adalberto José Bula Bula.

Igualmente se destaca, como ya se mencionó, que cuando fallece una persona que es parte en un litigio el traspaso de sus derechos y obligaciones dentro de la controversia judicial se configura desde el momento del deceso, pues dicha transmisión opera de pleno derecho aunque el reconocimiento de los causahabientes en el juicio dependa de su comparecencia. En ese orden de ideas, se aprecia que la señora Carmen María Cardona Estrada, quien probó su calidad de cónyuge sobreviviente, adquirió los derechos que poseía el demandante Adalberto José Bula Bula dentro de la causa de la referencia desde el momento de su fallecimiento.

Por otro lado, se tiene que el apoderado judicial del señor' Adalberto José Bula Bula hasta el momento de su fallecimiento, fue el abogado Jorge Horencio Bonilla Suarez(11), por lo tanto sería él quien defendería los intereses de la señora Carmen María Cardona Estrada dentro del presente litigio. Sin embargo, teniendo en cuenta que ella aportó poder otorgado a la abogada Leidy Carolina Solórzano Saboga!, de acuerdo con lo señalado en el numeral 20 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007(12), previo a reconocerle personería se le requerirá para que aporte el paz y salvo por concepto de honorarios.

Asimismo, se le informa a la señora Carmen María Cardona Estrada que de conformidad con lo establecido en el artículo 70(13) del Código General del Proceso los intervinientes, sucesores y causahabientes “tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención”.

En mérito de lo expuesto, el despacho,

RESUELVE

1. TENER como sucesora procesal del demandante Adalberto José Bula Bula a la señora Carmen María Cardona Estrada identificada con la cédula de ciudadanía 26.046.928 de Sahagún - Córdoba.

2. Previo a reconocerle personería al nueva apoderada de la señora Carmen María Cardona Estrada, se REQUIERE a la demandante para que dentro del término máximo de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, allegue certificación donde conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de honorarios con el abogado Jorge Horacio Bonilla Suarez.

Notifíquese y cúmplase».

1. De conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil: “Los intervinientes y sucesores de que trata este Código, tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención” (se destaca).

2. Según la doctrina la palabra transmitir se encuentra reservada para actos mortis causa y el vocablo transferir denota actos entre vivos. Al respecto ver: Bonivento Fernández, José Alejandro, Los Principales Contratos Civiles y su Paralelo con los Comerciales, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá, 2004, p.p. 5 a 6.

3. Consejo de Estado, Subsección C de la Sección Tercera, Auto del 24 de abril de 2013, Exp. 45982, C.P.: Olga Mélida Valle de De La Hoz.

4. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 6 de agosto de 2009, Exp. 17526, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.

5. Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-148 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

6. Este artículo es aplicable al presente caso por remisión expresa del artículo 267 del Decreto 01 de 1984 que dispone: “En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.

7. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-374 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

8. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-131 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

9. Devis Echandía, Hernando, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Aguilar, Bogotá, 1966, p. 373

10. En artículo en mención, dispone: “Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

11. Se observa que a folio 13 del cuaderno principal, el señor Adalberto José pula Bula otorgó poder al abogado Jorge Horencio Bonilla Suarez para que representara sus intereses en el proceso de la referencia.

12. “ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (...) // 20. Abstenerse de aceptar poder en un asunto hasta tanto no se haya obtenido el correspondiente paz y salvo de honorarios de quien venía atendiéndolo, salvo causa justificada”. Al respecto, ver el numeral 2º del artículo 36 ibídem.

13. El artículo 70 establece: “Irreversibilidad del proceso Los intervinientes y sucesores de que trata este código tomarán el proceso en el estado en que se halle en el momento de su intervención”.