Auto 2011-00055 de octubre 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Radicación número: 11001-03-06-000-2011-00055-00(C)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique José Arboleda Perdomo

Actor: Contraloría Departamental de Córdoba

Demandado: Contraloría General de la República

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 954 de 2005, que adiciona el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conocer y definir los conflictos de competencias administrativas en los cuales por lo menos una de las partes sea un organismo del nivel nacional.

En el presente caso, el conflicto se plantea entre un organismo del nivel nacional y un organismo del nivel departamental, por lo cual compete a la Sala avocar su conocimiento.

2. La administración pública y el control fiscal.

Los artículos 267 y 272 de la Constitución Política definen el control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República y de las contralorías departamentales, distritales y municipales en esta forma:

ART. 267.—“El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.” (...).

En desarrollo del anterior precepto constitucional, la Ley 42 de 1993, consagró para los efectos de la misma ley el siguiente concepto de administración nacional:

ART. 2º—“Son sujetos de control fiscal los órganos que Integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e Independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con estos y el Banco de la República.

Se entiende por administración nacional, para efectos de la presente ley, las entidades enumeradas en este artículo”. (...).

Del texto de las normas transcritas se desprende que por regla general la Contraloría General de la República es la autoridad encargada de ejercer la vigilancia y el control fiscal de la administración nacional y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación.

A su turno el Decreto-Ley 267 de 2000, “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones” dispone en el numeral 6º del artículo 4º:

ART. 4º—Sujetos de vigilancia y control fiscal. Son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría General de la República:

(...).

6. Las universidades estatales autónomas que administren bienes recursos nacionales o que tengan origen en la nación;

(...)”.

Tomando el conjunto de normas citadas, es claro que las “universidades estatales autónomas” no sólo son sujetos del control fiscal por parte de la Contraloría General de la República por ser parte de la administración nacional definida por el artículo 2º de la Ley 42 de 1993, sino porque en forma expresa el Decreto-Ley 267 de 2000 las enumera como uno de los sujetos pasivos de ésta función pública.

La Universidad de Córdoba fue creada por la Ley 37 de 1966, como un establecimiento de educación superior del orden nacional, y sus estatutos internos contenidos en el Acuerdo 21 de 1994 denominado “Estatuto General de la Universidad de Córdoba”, señala en el artículo 16 que “El control fiscal en la universidad será ejercido por la Contraloría General de la República”.

De lo expuesto hasta ahora se desprende que la Universidad de Córdoba, en tanto ente universitario autónomo inicialmente creado como universidad nacional, es sujeto del control fiscal por parte de la Contraloría General de la República.

En el curso de los debates jurídicos sobre la posible competencia de la Contraloría Departamental de Córdoba, esta acepta tener la atribución de controlarla únicamente en cuanto maneje los recursos del orden departamental originados en la estampilla prodesarrollo académico, y de acuerdo con las afirmaciones que la misma entidad ha realizado, el contrato objeto de la queja e investigación no se pagó con estos recursos sino con los propios de la Universidad de Córdoba, los que son entonces recursos nacionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,

RESUELVE:

1. DECLARAR competente a la Contraloría General de la República para seguir con el conocimiento de la indagación preliminar por las presuntas irregularidades que se presentan en el contrato 0074-2009, suscrito entre la Universidad de Córdoba y la empresa Frio Costa S.A.

2. ENVIAR la actuación a la Contraloría General de la República para lo de su competencia.

3. COMUNICAR esta decisión Contraloría Departamental de Córdoba.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudio y aprobó en la sesión de la fecha».