Auto 2011-00065 de abril 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., diez de abril de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

13. La Sala es competente par-a decidir el presente asunto, por tratarse de una decisión que de conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(1) es apelable, al ser una providencia que pone fin a una actuación surtida ante el tribunal administrativo en primera instancia (fl. 175 - 176, cdno. ppal.).

14. Esta corporación es igualmente competente para conocer del presente proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en segunda instancia, comoquiera que supera la cuantía exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998(2).

II. Problema jurídico.

15. Le corresponde a la Sala determinar si están facultados quienes han sufrido un daño antijurídico para demandar en ejercicio de la acción de reparación directa cuando por los mismos supuestos fácticos ha sido interpuesta una acción de grupo.

III. Análisis de la Sala

16. Para el caso concreto, advierte la Sala que el sentir de la accionante fue acudir en forma individual mediante la acción de reparación directa en contra de la Nación-Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Superintendencia Financiera de Colombia; Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN; Fiscalía General de la Nación; Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, responsables de forma solidaria por los daños y perjuicios causados a su establecimiento comercial “Bicicletas Bolívar” (fl. 66-66, cdno. 1).

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la acción de reparación directa presentada podría encontrarse viciada de nulidad si se le daba trámite procesal, en tanto, en su sentir, carecía de competencia para ello. Como sustento de lo anterior se remitió en extenso a precedentes surtidos ante el Consejo de Estado, en los que se abordaron temas relativos al agotamiento de la jurisdicción por encontrarse dos procesos interpuestos en ejercicio de la acción de grupo, en diferentes despachos judiciales, pero con los mismos hechos generadores del daño, unidad de accionados e identidad de pretensiones, por lo que se facultó en ellos al fallador a remitir por competencia ante el juez que conoció primero del caso (fl. 174 - 175, cdno. ppal.).

18. Por su parte, el recurrente sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le obligó a escoger entre una acción judicial diferente de la acción de reparación directa de que trata el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (fl. 178. cdno. ppal.), y agregó que se le impuso una doble sanción consistente en que además de acumularle su demanda ordinaria en una acción grupal por no haber iniciado la acción de reparación directa antes de que se iniciara aquella, le impuso los efectos de la acción de grupo, en tanto, antes del término fijado por la ley para ello, no solicitó su deseo de ser excluido de los efectos de esa sentencia.

19. Finalmente, sostuvo que fue violatorio del debido proceso el hecho de que el tribunal le impusiera como carga el notificarle al Juzgado 35 Administrativo de Bogotá y a otros ciento dos (102) despachos judiciales su deseo de ser excluida de las demás acciones grupales para iniciar su acción individual.

20. Así pues, le corresponde a la Sala determinar si el tribunal administrativo de Cundinamarca al remitir la acción de reparación directa para que sea tramitada por medio de una acción constitucional de grupo cumplió con las reglas previstas por las normas del caso, y si dicho actuar vulnera los derechos del accionante.

21. Al respecto, esta corporación ha sostenido en anteriores ocasiones(3):

Si bien es cierto que uno de los fines perseguidos por la Ley 472 de 1998, al reglamentar la acción de grupo, consagrada en el artículo 88 constitucional, consistió precisamente, en evitar la proliferación de decisiones judiciales sobre un mismo asunto, de tal forma que al grupo inicial puedan integrarse quien o quienes sufrieron un perjuicio por la misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, ello no enerva el derecho del damnificado a instaurar una acción de reparación individual. Facultad que le Ley 472 de 1998 prevé, expresamente al disponer:

(...).

Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante del mismo.

Razón por la cual la jurisprudencia de la Sala señala(4): Es una acción de carácter principal. Procede a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial para pretender la reparación de los perjuicios sufridos, pues precisamente el artículo 88 de la Constitución y la Ley 472 de 1998 señalan que la misma puede instaurarse “sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios” (art. 47). En otros términos, queda al arbitrio del demandante ejercer en los casos en que esta procede o bien la acción de, grupo o la correspondiente acción ordinaria.

22. En el presente caso, se tiene que el medio escogido por la accionante es la acción de reparación directa, acción ordinaria prevista por el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. La comentada norma prescribe: “ART. 86.—Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos”. Lo anterior quiere decir que se trata de una acción ordinaria de carácter individual que contiene una pretensión económica consistente en la reparación material que se busca por los daños causados por la administración. Los efectos de este tipo de demandas es por lo tanto, inter partes.

23. Cabe advertir que quien sufre un daño y busca una reparación económica y observa que cursa una acción de grupo frente a los causantes del mismo, por idénticos hechos, puede elegir entre interponer una acción ordinaria o integrar el grupo antes del término fijado por la ley para ello(5), sin que dicha circunstancia implique una violación del principio de economía procesal, que propugna por no adelantar varios procesos por los mismos hechos y pretensiones, habida cuenta de que se trata de un demandante diferente.

24. Por su parte, los efectos de la acción de grupo no podrán serie extensivos a aquella persona que no ha sido vinculada procesalmente a esta acción, en tanto así lo ha expresado; porque manifiesta a la jurisdicción su deseo de tomar por cuenta y riesgo propio la escogencia de una acción individual, asumiendo sus ventajas y debilidades frente a una acción grupal.

25. Por su parte, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se concretó en la remisión del expediente para que el demandante fuera integrado al grupo constituido dentro de la acción de grupo de la cual conoció el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá, por los mismos hechos y contra uno de los mismos demandados, cursante ante ese despacho judicial (fl. 171-176, cdno. ppal.).

26. Las referidas acciones grupales, se .encuentran reguladas por lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, artículos 3º y 46(6), los cuales cual prevén que “Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”.

27. Debe agregarse que el párrafo segundo del artículo 88 Constitucional no menciona en ninguna parte que la escogencia de una acción de grupo puede entenderse con menoscabo de las acciones individuales, cuando haya lugar a ello; sobre el tanto, la norma Superior establece: “También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares”.

28. Lo anterior quiere decir que las acciones en uno y otro caso no son condicionales —la una o la otra—, sino facultativas del accionante, como en los eventos en que un demandante manifieste su deseo de no acogerse a los efectos colectivos de una sentencia en el caso de las acciones de grupo y prefiere por cuenta propia accionar individualmente, como se indicó anteriormente: incluso pueden ser concomitantes, si existen daños que no hayan sido indemnizados en la acción grupal.

29. Por tanto, sería contrario a la ley y la Constitución que la administración obligue a las personas a escoger entre una u otra acción judicial para el resarcimiento de los posibles daños causados por él, máxime si al hacerla, el alcance de las pretensiones del accionante y el resarcimiento de los daños perseguidos se limitan o quedan por fuera parcialmente, sin ninguna justificación.

30. Lo anterior se confirma mediante una lectura de la misma Ley 472 de 1998. En efecto, en lo tocante a la caducidad de la acción de grupo, su artículo 47 establece que: “[Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios (...) esta deberá promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el delito o cesó la acción vulnerante causante del mismo”.

31. Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca su decisión se soporta en tanto que antes de que se iniciara la acción de grupo en contra de los mismos demandados, debía formularse la acción individual; y en segundo lugar, que una vez iniciada ésta acción grupal ante el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá la señora Luz Amada Quitián Rincón no solicitó su exclusión dentro del término fijado por la ley para hacerla (fl. 174, cdno. ppal.).

32. De acogerse la tesis del tribunal, se tendría que tanto la demanda como el contenido de la sentencia de la acción de grupo le serían extensibles al accionante desde el momento procesal en que fuera vinculada, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica, sin que dicha vinculación hubiere sido una decisión tomada por la demandante, situación que vulnera su autonomía para interponer la acción que más convenga a sus intereses.

33. Esto implicaría que el alcance de la sentencia que decide la acción de grupo, en cuanto al contenido patrimonial, los sujetos procesales vinculados y la oportunidad para aportar mayores elementos de prueba o de modificación frente al contenido de la sentencia, el alcance y monto de la indemnización y dalla a resarcir perseguido, se encontraría ya delimitado al estado en que se encuentre el proceso.

34. En consecuencia, la Sala encuentra que no existe fundamento legal o constitucional admisible para obviar la voluntad de la accionante para escoger su acción, por lo tanto se revocará el auto proferido por el tribunal a quo.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto del 30 de noviembre de 2011, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual remite por competencia el proceso ante el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá declarando el agotamiento de la jurisdicción.

2. En firme este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) El numeral 2º de la citada ley establece “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de los siguientes asuntos: De las apelaciones de autos inadmisorios de la demanda, o de los que resuelvan sobre suspensión provisional, o de las providencias que pongan fin a la actuación, proferidos en procesos de que conocen los tribunales administrativos en primera instancia”.

(2) La cuantía del proceso se encuentra estimada en la suma de ochocientos cincuenta y siete millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y siete pesos m/cte. ($857’679.637), y la cuantía exigida por el numeral 6 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2011 estuviera a cargo en primera instancia de los tribunales administrativos es $ 267’800.000, cifra que resulta de multiplicar el valor del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2011 por 500.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 2011-10077 (41067), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicado 2000-0023 (AG).

(5) Entre tanto, la Ley 472 de 1998, establece en su artículo 55 “Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas”.

(6) Referido al término de la caducidad de la acción que para las acciones de grupo son (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo.