Auto 2011-00069 de julio 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 73001-33-31-005-2011-00069-01. (40.957)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Jenny Cardona Morante

Demandado: Nación - Superintendencia de Sociedades.

Asunto: Conflicto de competencias

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil once.

Decide el despacho, el conflicto de competencias negativo formulado ante el Consejo de Estado por el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, mediante auto del 29 de marzo de 2011, contra el Juzgado Sexto Administrativo de Cali.

I. Antecedentes

1. En demanda presentada el 21 de febrero de 2011, Jenny Cardona Morante, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - Superintendencia de Sociedades, por los perjuicios ocasionados como consecuencia de las omisiones en la que esta incurrió, al no vigilar y controlar las organizaciones captadores de dinero conocidas como “las pirámides”.

2. Mediante auto del 4 de marzo del presente año, el Juzgado Sexto Administrativo de Cali remitió el expediente al Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, al considerar que ese despacho tramitaba una acción de grupo incoada en busca de la reparación de los perjuicios ocasionados con el accionar de la captadora DRFE, y que por ser la acción de grupo más antigua de la cual tenía conocimiento, se debía acumular con la acción de reparación directa interpuesta por la demandante. El juzgado fundamentó su decisión en la siguiente interpretación:

“Después de presentada una acción de grupo no se podrán iniciar acciones indemnizatorias particulares cuyo objeto sea el resarcimiento de perjuicios que tienen igual causa que la acción constitucional, pues de forma clara el inciso final del artículo 56 determina que ello solo es posible si previamente y de forma expresa se pidió por el interesado exclusión del grupo”. (fl.51, cdno. 1).

3. Recibido el expediente, el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, mediante auto del 29 de marzo de esta anualidad, rechazó la competencia para conocer del proceso, y en consecuencia, propuso el conflicto negativo de competencias con el Juzgado Administrativo de Cali. El juzgado fundamentó su providencia en las siguientes consideraciones:

“(...) del tenor literal del artículo 47 de la Ley 472 de 1998, claramente se deduce que queda al arbitrio del demandante ejercer la acción ordinaria o la acción de grupo en caso de ser procedente la misma, aspecto ratificado por el último inciso del artículo 55 ibídem al consagrar que las acciones individuales ‘podrán’ acumularse a la acción de grupo, ‘a solicitud del interesado’.

(...) Conforme a lo anterior, en forma respetuosa considera este juzgado que nuestro homologo judicial desconoce el citado derecho fundamental (acceso a la administración de justicia), al pretender imponer a los demandantes el trámite de una acción judicial diferente a la escogida y por tanto vincularlos a un grupo (perjudicados por la captación masiva de dineros invertidos en la firma DRFE) del cual ha expresado su voluntad de no formar parte, tal como se infiere claramente de la presentación de su petición indemnizatoria en forma independiente, la cual, tal como se expuso en líneas anteriores, no es una mera invención de la accionante sino que esta acción encuentra consagración expresa en nuestro ordenamiento legal” (fl. 58. cdno. ppal.)

4. Remitido el proceso a esta corporación, y efectuado el reparto, en providencia del 19 de mayo de 2011, se corrió traslado a las partes por el término de tres días, de conformidad con lo señalado por el artículo 215 del Código Contencioso Administrativo (fl. 64, cdno. ppal.). Se guardó silencio.

II. Consideraciones

1. Tiene el despacho, de conformidad con lo establecido en las leyes 1285 de 2009 y 1395 de 2010, la atribución para definir el conflicto planteado, por cuanto la competencia funcional para decidir la presente controversia tiene su origen en el artículo 37 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), modificado parcialmente, a su vez, por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009, precepto este último que dispone:

ART. 12.—Modifícase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 y adicionase (sic) un parágrafo:

“1. Resolver los conflictos de competencia entre las secciones del Consejo de Estado.

“PAR.—Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos, entre secciones de distintos tribunales administrativos, entre los tribunales y jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre jueces administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas secciones o subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo tribunal administrativo, serán decididos por el correspondiente tribunal en pleno”.

Como se aprecia, la potestad para conocer de asuntos como el de la referencia se radicó, en principio, a partir de la expedición de la Ley 1285 de 2009 (ene. 22/2009), en cabeza de las distintas secciones y subsecciones de la corporación de acuerdo con su respectiva especialidad.

Ahora bien, con la expedición de la Ley 1395 de 2010, se modificó de manera general la competencia para proferir los autos interlocutorios de única, primera o segunda instancia, en materia contencioso administrativa, razón por la que en el artículo 61 de ese ordenamiento normativo se adicionó un nuevo artículo al Código Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

“El Código Contencioso Administrativo tendrá un nuevo artículo, cuyo texto será el siguiente:

“ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

“Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia”.

En ese orden de ideas, y comoquiera que el presente conflicto de competencias relacionado con la acción de grupo arribó a la corporación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1285 de 2009 (ene. 22/ 2009), e ingresó al despacho para decidir lo pertinente el 7 de junio del 2011, es decir, en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la competencia está radicada en la Sección Tercera de la corporación y la decisión será proferida por el despacho según los dictados de esta última normativa.

2. Las acciones de grupo tienen su fundamento normativo en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991, y en la Ley 472 de 1998 que desarrolla el artículo anterior. Esta acción procede frente a la vulneración de derechos, bienes e intereses, a un número plural de personas, por parte de una causa común. Su finalidad es el reconocimiento de una indemnización material.

Respecto a la integración del grupo, el inciso final del artículo 46 de la Ley 472 de 1998 reza que este se conformará por al menos veinte personas, y a su turno, el artículo 55 regula de manera precisa todo lo concerniente a este, su tenor es el siguiente:

“ART. 55.—Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas (...).

“Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud del interesado. En este evento el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo” (negrillas fuera de texto).

De la disposición en cita se infiere, en primer lugar, que la integración de individuos al grupo es voluntaria, y que la persona que siendo parte de un grupo perjudicado por una causa común cuenta con tres momentos diferentes para hacerse parte del proceso, a saber, (i) con la presentación de la demanda, (ii) antes de la apertura a pruebas, con énfasis en el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo y (iii) dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia.

Comoquiera que la vinculación al grupo es voluntaria, la norma, contempla la posibilidad de la existencia de acciones individuales relativas a los mismos hechos, al permitir la acumulación de estas a la acción de grupo. Sin embargo, esa acumulación depende de la voluntad del actor individual (a solicitud del interesado), por lo tanto, el juez no puede efectuarla de oficio, en primer lugar, porque al hacerlo viola la autonomía de la voluntad del actor, que a pesar de que fue víctima de una acción u omisión que le causó perjuicios a un número plural de personas, decidió ejercer una acción individual en lugar de conformar el grupo que presentó la demanda, es decir, es parte del grupo afectado, pero manifiesta voluntad de no hacer parte del mismo. Y en segundo lugar, porque al hacerlo, contraría el inciso final del artículo citado.

En consecuencia, la acción individual de reparación de perjuicios no se excluye con la acción de grupo, es por ello, que en el evento en que concurran una causa que generó un perjuicio común a un número plural de personas, estas tienen dos alternativas de acción para buscar la reparación de sus perjuicios, a saber, la individual o la acción de grupo. Así pues, son los perjudicados los que deciden si adoptan esta última como un grupo, o si lo hacen de forma individual.

A su turno, el artículo 56 de la Ley 472 de 1998 dicta los parámetros para la exclusión del grupo, y establece que dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido de este, y en consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia. En ese orden, la parte final del último inciso de la mencionada norma dispone: “Si decide excluirse del grupo, podrá intentar acción individual por indemnización de perjuicios”.

3. En el sub judice, el Juzgado Sexto Administrativo de Cali decretó la acumulación de la acción individual ante él ejercida, con la acción de grupo que tramita por los mismos hechos el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, sin que mediara petición del interesado. Así las cosas, la providencia en mención no solo fue en contravía de lo dispuesto por el inciso final del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, sino que además restringió negativamente la autonomía de la voluntad de la actora, comoquiera que no existió solicitud de la demandante con el fin que se realizara tal acumulación.

Si bien el artículo 56 ibídem determina que la exclusión del grupo debe pedirse de forma expresa en el término de traslado de la demanda, es un hecho notorio que el fenómeno de “las pirámides” fue un evento de repercusiones nacionales profundas, y que hasta la fecha se han presentado acciones de grupo en diferentes ciudades del territorio nacional. Así pues, mal haría el Juzgado Administrativo de Cali en imponer una carga adicional al demandante, al obligarlo a hacer parte de un proceso que cursa en una ciudad diferente a la de su residencia.

En consecuencia, debe entenderse que la interposición de una acción individual debe ser tenida como una manifestación de voluntad de exclusión del grupo, máxime si se trata del grupo afectado por las “pirámides,” que debido a su alto impacto a nivel nacional, ha dado lugar a la existencia de diferentes acciones de grupo por los mismos hechos, en diferentes partes del país.

Finalmente, se reitera, que la demanda interpuesta por Jenny Cardona Morante ante el Juzgado Sexto Administrativo de Cali, debe ser conocida por este, pues la actora decidió hacer uso de la acción individual, y no conformar el grupo, que por demás, se encuentra fragmentado por todo el territorio nacional.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Declarar que el competente para conocer de la demanda instaurada por la señora Jenny Cardona Morante, contra la Nación - Superintendencia de Sociedades, es el Juzgado Sexto Administrativo de Cali.

2. Remítase el expediente al Juzgado Sexto Administrativo de Cali, para lo de su competencia.

3. Comuníquese esta providencia al Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué.

Notifíquese y cúmplase

Magistrado: Enrique Gil Botero.