Auto 2011-00089 de marzo 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Rad.: 11001-03-06-000-2011-00089-00

Consejero Ponente:

Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas. Departamento de Caldas - departamento de Risaralda.

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil doce.

Define la Sala el conflicto negativo de competencias administrativas I suscitado entre los departamentos de Caldas y Risaralda, en orden a determinar la autoridad competente para responder los derechos de petición formulados por el señor Julio César Montoya Vargas.

l. Antecedentes

1) El señor Julio César Montoya estuvo vinculado a la Gobernación de Caldas (Viejo Caldas) durante los años 1957 y 1967, tiempo durante el cual se desempeñó como inspector de policía en el municipio de Pueblo Rico; razón por la cual elevó derecho de petición a la gobernación de Caldas solicitando una constancia del tiempo laborado en esa entidad.

2) El 28 de abril de 2011, la oficina del grupo de gestión administrativa de la gobernación de Caldas respondió el derecho de petición informando que en esa entidad no reposaban los documentos que acreditan el tiempo laborado por el señor Montoya, toda vez que esos archivos fueron enviados al departamento de Risaralda debido a que con la disgregación en varios departamentos, de lo que se conoce como el Viejo Caldas, el municipio de Pueblo Rico pertenece al departamento de Risaralda, al que se dio traslado de la petición.

3) Posteriormente, la gobernación de Risaralda respondió diciendo que no era competente para expedir los certificados solicitados, debido a que Risaralda se creó como departamento el 1º de febrero de 1967 y que por tanto no puede expedir certificados sobre hechos ocurridos con anterioridad a dicha fecha, razón por la cual devolvió la solicitud al departamento de Caldas, por considerar que es la entidad territorial competente para expedir los certificados.

4) El 21 de junio de 2011 la oficina de gestión administrativa del departamento de Caldas informó al señor Julio César Montoya Vargas que solicitó a la secretaría jurídica del departamento formular conflicto de competencias administrativas para establecer cuál es la entidad competente para expedir el correspondiente certificado.

5) El 28 de octubre de 2011 la Secretaría Jurídica del departamento de Caldas solicitó al Tribunal Administrativo de Caldas provocar conflicto de competencias administrativas entre el departamento de Caldas y el departamento de Risaralda para determinar cuál es la entidad competente paras expedir los certificados de tiempo de servicios del señor Julio César Montoya Vargas.

6) El 11 de noviembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Caldas consideró no ser la entidad competente para resolver el conflicto de competencias, por tratarse de entes administrativos pertenecientes a distintas jurisdicciones, y en consecuencia ordenó remitir el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

7) Posteriormente, la secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas remitió el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que decida sobre la entidad competente para expedir los certificados de tiempo de servicios del señor Julio César Montoya Vargas.

II. Competencia

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 954 del 27 de abril de 2005 —que adiciona el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo— la ley, en forma general, atribuye a esta Sala facultad para conocer de los conflictos de competencias entre entidades administrativas; sin embargo, el artículo 1º de la misma, al readecuar temporalmente las competencias previstas en la Ley 446 de 1998, estableció que “... Los tribunales administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40”.

Es decir, los tribunales administrativos continúan conociendo privativamente y en única instancia “De los [conflictos] de definición de competencias administrativas entre entidades públicas del orden departamental, distrital o municipal o entre cualesquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su jurisdicción”, según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 446 de 1998.

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que el conflicto es entre dos entidades del orden departamental, también lo es que dichas entidades no se encuentran comprendidas dentro del mismo territorio de jurisdicción de un tribunal, razón por la cual, y acudiendo al sentido general de la norma, es la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la competente para resolver el presente conflicto.

III. Trámite

El expediente fue recibido en la Sala de Consulta y Servicio Civil y por secretaría se procedió a la fijación en lista por el término de tres días, con el fin de que las partes y las personas que tuvieren interés en el asunto presentaran sus alegatos, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, las partes guardaron silencio.

IV. Consideraciones

Sea lo primero señalar que mediante la Ley 70 de 1966 se creó el departamento de Risaralda como una nueva entidad territorial y a su vez se fijaron parámetros sobre su organización; es así como en su artículo 4º señala:

“Ley 70 de 1966

Por la cual se crea y organiza el departamento de Risaralda

(...) ART. 4º—Los negocios de orden judicial y administrativo originarios de los municipios que forman parte del departamento de Risaralda, y que en la actualidad cursan ante los funcionarios del departamento de Caldas, pasarán al conocimiento de las respectivas autoridades del departamento que se erige por esta ley (...)”.

La norma transcrita asignó competencia al nuevo departamento para que, conforme a su nueva división política, conozca de los asuntos que venía conociendo el departamento del Viejo Caldas. Con respecto al caso concreto, en el año de 1957 el señor Julio César Montoya Vargas se desempeñó como inspector de policía en el municipio de Pueblo Rico que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la precitada ley, entró a ser parte del territorio de Risaralda.

A pesar de los constantes derechos de petición enviados por el señor Montoya Vargas, ninguna de las dos entidades ha expedido el certificado laboral por él requerido para efectos de recibir su correspondiente pensión de vejez. Tanto Caldas como Risaralda argumentan no poder expedir el correspondiente certificado debido a que ninguno de los dos tiene dichos documentos en sus archivos.

El departamento de Risaralda manifestó no ser competente para expedir los certificados, aduciendo que los archivos siempre han permanecido en poder del departamento de Caldas y no fueron entregados al momento de la disgregación de departamentos; no es de recibo para la Sala este argumento toda vez que mediante oficio del 13 de febrero de 2004 la secretaría administrativa del departamento de Risaralda reiteró una petición hecha por la gobernación de Risaralda a la gobernación de Caldas, en la que solicitó le fueran recibidos una serie de archivos que se encontraban en su departamento, correspondientes a las planillas de pagos de salarios desde 1932 hasta enero de 1967, lo cual hace constar que efectivamente el departamento de Caldas sí transfirió archivos de la época sobre la información laboral del personal.

Asimismo el departamento de Risaralda argumenta que solo puede expedir certificados desde la fecha de su creación, esto es 1º de febrero de 1967, afirmación que no corresponde a lo ordenado por la norma, toda vez que de acuerdo con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 70 de 1966, todos los negocios jurídicos y administrativos originarios de los municipios que hoy pertenecen al departamento de Risaralda y que para esa época estaban siendo tramitados por el departamento de Caldas, deben pasar a conocimiento del departamento de Risaralda, para lo cual hay que tener en cuenta que el trámite administrativo solicitado en el presente caso es producto de una relación laboral originada en el municipio de Pueblo Rico, hoy perteneciente al departamento de Risaralda.

Vale la pena señalar que el caso objeto de estudio trata de una persona de la tercera edad que desea obtener su pensión de vejez y que al respecto han sido reiteradas las sentencias de la Corte en las que otorga especial protección a este grupo de personas. Es así como la Sentencia T-111 de 1994 señaló:

“(...) Con el fin de hacer realidad el reconocimiento constitucional a la dignidad de las personas, es necesario que el Estado garantice la efectividad de los derechos de las personas de la tercera edad, entre ellos, el derecho a la seguridad social, lo cual implica la obligación de todos los estamentos oficiales de hacer realidad y traducir en hechos concretos sus postulados.

Ante la pérdida de su capacidad laboral, las personas de la tercera edad están limitadas y a veces imposibilitadas para obtener los ingresos económicos que les permitan disfrutar de una especial calidad de vida; por consiguiente, el incumplimiento del pago de las prestaciones a su favor por las entidades de previsión social pueden significar atentados contra los derechos a la salud y a la vida.

La especial protección que la Constitución ha dispuesto para las personas de la tercera edad (arts. 46, 47 y 48), se traduce en la imperatividad de la norma del inciso 3º del artículo 53, que dice:

“El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.

Así las cosas, concluye la Sala que por tratarse de una persona de la tercera edad que está en procura de reunir los documentos para obtener su pensión de vejez, requiere una solución inmediata y por lo tanto no pueden darse más dilaciones ni trámites inoficiosos a dicha solicitud, más aún si se tiene en cuenta que la ley de creación del departamento de Risaralda le ordenó hacerse cargo de todos los trámites judiciales y administrativos originarios en los municipios que forman parte de su territorio entre los cuales se encuentra Pueblo Rico, lugar donde se desempeñó como funcionario municipal el solicitante.

Por lo expuesto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

RESUELVE:

1. DECLARAR a la gobernación del departamento de Risaralda competente para expedir el certificado de tiempos laborales del señor Julio César Montoya Vargas.

2. ENVIAR la actuación al departamento de Risaralda

3. COMUNICAR esta decisión al departamento de Caldas y al señor Julio César Montoya Vargas.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Augusto Hernández Becerra—Luis Fernando Álvarez Jaramillo— Enrique José Arboleda Perdomo—William Zambrano cetina.

Jenny Galindo Huertas, secretaria de la Sala.