Auto 2011-00115 de marzo 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 54001-23-31-000-2011-00115-01 [19824]

Ref.: Apelación auto que decretó la perención del proceso

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Cueros y Accesorios S.A.

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera

Se advierte, en primer lugar, que conforme con lo previsto en el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo (mod. art. 57, L. 446/98)(12), el auto que decreta la perención es apelable teniendo en cuenta que la cuantía del proceso permite la doble instancia, por lo que esta corporación tiene competencia para decidir sobre el particular.

Ahora bien, procede la Sala a resolver si se ajusta a la ley el decreto de la perención del proceso por la inactividad endilgada a la parte actora al no prestar caución.

El tribunal, para adoptar la decisión, se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, que establece:

“ART. 148.—Perención del proceso. Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso.

En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Dicho auto se notificará como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el expediente.

La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si esta no ha caducado podrá intentarse una vez más.

En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a la perención. Tampoco en los que sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada.

El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en el efecto suspensivo” (destacado fuera del texto).

En primer término, debe aclararse que la caución constituye una carga procesal que el demandante debe cumplir y dado que con ella se busca la satisfacción parcial del crédito liquidado a favor del tesoro público, de serle adversa la decisión, ha de estimarse que el juez, como director del proceso, (CPC, art. 37, num. 1º), no podría impulsarlo soslayando tal carga, porque haría inane la aplicación del artículo 148, norma especial del procedimiento contencioso administrativo.

Bajo las anteriores circunstancias, la autoridad judicial debe tomar las medidas conducentes para hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y evitar la parálisis indefinida del mismo.

En el caso bajo estudio se observa que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el numeral 8º del auto de 7 de abril de 2011, admisorio de la demanda, ordenó:

“8) De conformidad con el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, la parte actora deberá otorgar caución equivalente al 10% de la diferencia del saldo declarado y el determinado oficialmente en los actos demandados, con el fin de garantizar el pago de la sanción impuesta a través de los actos acusados y los eventuales recargos que se causaren en caso de que el fallo fuera adverso a las pretensiones de la demanda, para lo cual se concede un plazo de veinte (20) días”.

Como se indicó en el capítulo de antecedentes de esta providencia, el apoderado de la actora interpuso recursos de reposición y de súplica para que el monto de la caución se redujera al 1%, pero el tribunal no accedió.

Posteriormente, la demandante, en memorial de 19 de septiembre de 2011, solicitó una prórroga de 15 días para constituir la póliza. Empero, el tribunal en auto de 14 de octubre de 2011 no accedió y por el contrario, la conminó para que no realizara actos dilatorios del proceso y ordenó requerirla por última vez para que cumpliera la orden impartida en el numeral 8º del auto de 7 de abril de 2011. Este proveído se notificó por estado el 19 de octubre de 2011.

En efecto, mediante oficios G9819 de 29 de noviembre de 2011 y G-464 de 19 de enero de 2012, la secretaría del tribunal requirió al apoderado y a la gerente de Cueros y Accesorios S.A., respectivamente, para que otorgaran la caución. Sin embargo, no se cumplió con esa carga.

El 12 de junio de 2012, la secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander pasó el expediente al despacho sustanciador con informe en el que indicó que el término para otorgar la caución estaba vencido.

Se advierte de lo anterior, que para la fecha en la que el proceso se remitió al despacho ya habían transcurrido más de 6 meses desde la notificación de la última providencia dictada [19 de octubre de 2011] e incluso desde que se requirió al apoderado de la demandante para que cumpliera con el pago de la caución [29 de noviembre de 2011].

Además, aunque la demandante no logró la reducción de la caución tuvo la posibilidad de constituir la caución a través de varios medios, como un CDT, un depósito judicial, una garantía bancaria, prendaria o hipotecaria u otro aceptable para el juez de primera instancia, pero no lo hizo.

Significa que los presupuestos del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo están cumplidos, puesto que el término para que operara la perención transcurrió sin que la parte que tenía la carga de darle impulso al proceso lo hiciera. En consecuencia, para la Sala la providencia del 22 de junio de 2012, por la cual el tribunal decretó la perención del proceso se ajusta a derecho.

Se concluye que, en el sub examine, la inactividad de la sociedad actora provocó la perención del proceso, pues dejó pasar más de 6 meses, desde la última actuación, sin prestar la caución ordenada en el auto admisorio de la demanda. No es cierto, como se alega en el recurso, que el acceso a la administración de justicia no esté garantizado, pues precisamente quien acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tiene pleno conocimiento de que el pago de la caución es un aspecto procesal que tiene que cumplirse.

Por lo indicado, se confirmará el auto apelado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

1. Confírmase el auto de 22 de junio de 2012, objeto de apelación.

2. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

3. Reconózcase personería a la doctora Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada de la parte demandada conforme al poder que obra en el folio 172.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

(12) En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 [Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], en el asunto de la referencia se aplican las normas del Decreto 1 de 1984 [Código Contencioso Administrativo], toda vez que el trámite del proceso inició antes del 2 de julio de 2012, fecha de entrada en vigencia de la referida Ley 1437.