Auto 2011-00122 de junio 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 200012331000201100122 01 (47809)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

Actor: Miguel Joaquín Blanco y otros.

Demandado: Invías – Departamento del Cesar y otros.

Referencia: Reparación directa.

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Procedencia y requisitos del llamamiento en garantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos la parte demandada puede, durante el término de fijación en lista, denunciar el pleito, llamar en garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o la naturaleza de los procesos que cursan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, la intervención de terceros en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de las figuras de la denuncia del pleito y el llamamiento en garantía, no cuenta con una regulación en el Código Contencioso Administrativo, por lo cual deben aplicarse las disposiciones que sobre la materia contiene el Código de Procedimiento Civil en los artículos 54, 55, 56 y 57, por disposición expresa del artículo 267 del primero de los estatutos referidos.

Así pues, de conformidad con esa regulación (inciso 2º del artículo 54 y artículo 55 del Código de Procedimiento Civil), tales figuras procesales exigen para su admisión que el escrito en el cual se formulen contenga:

i) El nombre del denunciado o llamado y el de su representante, si aquél no puede comparecer por sí mismo al proceso;

ii) La indicación del domicilio del denunciado o llamado o, en du defecto, el de su residencia, o la manifestación bajo juramento de que se ignoran, juramento que se entiende prestado por la sola presentación del escrito;

iii) Los hechos y fundamentos de derecho que se invoquen como sustento de la denuncia o del llamamiento;

iv) La dirección donde el denunciante o llamante y su apoderado recibirán notificaciones.

v) El llamante o denunciante deberá aportar prueba siquiera sumaria del derecho legal o convencional que lo faculta para formular la denuncia del pleito o el llamamiento en garantía y la prueba relativa a la existencia y representación del llamado o denunciado, si es necesario.

De lo anterior se deduce que tanto el llamamiento en garantía como la denuncia del pleito exigen para su admisión los mismos requisitos y se tramitan por el mismo procedimiento pero con la salvedad de que se originan en derechos materiales diferentes.

Ahora bien, en cuanto a la procedencia del llamamiento en garantía, debe advertirse que la misma se encuentra supeditada a la existencia de un derecho legal o contractual que ampara a la persona frente al tercero a quien solicita sea vinculado al proceso, en orden a que en la misma litis principal se defina la relación sustancial que tienen aquellos dos, de tal manera que quien solicita el llamamiento en garantía debe cumplir con la carga procesal de acompañar prueba siquiera sumaria del derecho para tal actuación, esto es, del derecho legal o contractual que le permita exigir del tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reintegro del pago que tuviere que hacer en virtud de la sentencia condenatoria que se profiera en su contra.

2. El caso concreto.

En el sub examine, resulta evidente que lo que se pretende es llamar en garantía a personas naturales o jurídicas que no ostentan la calidad de entidades públicas, ni de servidores o ex servidores públicos, por lo que la normativa aplicable a los llamamientos en garantía antes descritos corresponde a la contenida en el Código de Procedimiento Civil y no en la Ley 678 de 2001; en consecuencia, el haber alegado la excepción de culpa exclusiva de la víctima no constituye causal de negación de la aludida solicitud de llamamientos en garantía, tal como lo consideró el tribunal de primera instancia.

Al respecto, esta corporación ha sostenido lo siguiente:

“(…) las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, a la cual hace referencia la sociedad llamada en garantía, no resultan aplicables al caso en comento, puesto que el artículo 19 de la normatividad aludida señala que

“[d]entro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario”.

Y como se anotó, tal sociedad no tiene esa calidad, por lo cual la citada disposición no le es aplicable.

Siendo ello así, habría que acudir a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, por decisión expresa del artículo 267 del C.C.A., ordenamiento que prevé en el artículo 57 que

“[q]uien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación””(8).

En línea con lo anterior, es claro que el a quo erró en su apreciación comoquiera que de conformidad con la normatividad vigente, el condicionamiento legal consistente en no proponer ciertas excepciones para poder llamar en garantía a un tercero, está referido a la conducta de los agentes estatales en su condición de servidores o ex servidores públicos y en este caso no existe el menor asomo de duda que las sociedades llamadas al proceso no ostentan dicha calidad, motivo por el cual les asiste la razón a las partes apelantes.

Ahora bien, se procederá, entonces, a determinar si con fundamento en los presupuestos antes descritos, en punto a la procedencia del llamamiento en garantía por razón o con ocasión de un vínculo legal o contractual, los llamamientos en garantía resultan, o no, admisibles.

i) La sociedad Mototransportar SAS, llamó en garantía al señor Jhonatan Rodríguez, en virtud del contrato de afiliación sin administración entre ellos suscrito.

ii) La sociedad Construcciones el Cóndor S.A., por su parte, llamó en garantía a las empresas ACE Seguros, Equidad Seguros, Compañía Aseguradora de Finanzas y Seguros del Estado, en virtud de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 4762; la póliza de responsabilidad civil extracontractual AA028483 celebrada entre el señor William Rodríguez Herrera y la Equidad Seguros Generales; las pólizas de responsabilidad civil extracontractual RO014986 y RO009135, expedida por la Compañía Confinanza S.A.; y la póliza de responsabilidad civil extracontractual 076500662 expedida por la empresa Seguros del Estado.

iii) A su turno, el Departamento del Cesar llamó en garantía a la sociedad Seguros del Estado, en virtud del contrato de seguro por ellos suscrito, contenido en la póliza de responsabilidad civil extracontractual 076500662.

Pues bien, según se expuso, quien solicita el llamamiento en garantía debe cumplir con la carga procesal(9) de acompañar prueba del derecho legal o contractual que el permita exigir del tercero llamado en garantía, la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reintegro del pago que tuviere que hacer en virtud de una sentencia condenatoria que llegara a proferirse en su contra; de igual manera debe indicar el representante del llamado en garantía y su domicilio.

La Sala ha sido consistente y reiterativa(10) respecto del tema, al considerar la necesidad de existencia de un vínculo contractual o legal entre el llamante y el llamado en garantía como fundamento de esta figura procesal, de tal forma que si no existe o no se prueba tal relación, no procede el llamamiento en garantía.

Bajo ese entendido, en virtud de los documentos que reposan en el expediente, se tiene que:

i) A folios 194-196 del cuaderno 1 obra copia del contrato de afiliación sin administración suscrito entre el señor Jhonatan Rodríguez y la sociedad Mototransportar S.A. (hoy Mototransportar SAS), en cuya virtud legitima a la aludida sociedad para llamar en garantía al mencionado señor, pues según dicho contrato, vigente al momento del accidente de tránsito que produjo el deceso de la señora Hilda Isabel Mendoza Ayala, el vehículo de placas TMG-714, con el cual se habría causado ese hecho, era de propiedad del antes mencionado Jhonatan Rodríguez, quien, según el aludido contrato, prestaba un servicio de trasporte público terrestre de carga, con ocasión del aludido vínculo contractual.

En este sentido, el despacho estima procedente la vinculación del señor Rodríguez, por razón del vínculo contractual que lo unía con la parte demandada, sociedad Mototransportar S.A., relación contractual en cuya ejecución se causó el hecho dañoso que pretende atribuirse al Estado.

ii) En el cuaderno 5, reposa copia auténtica de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 4762 celebrada entre la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., y la Compañía ACE Seguros S.A., vigente al momento del siniestro, en virtud de la cual se pactó que la cobertura incluía seguro sobre los vehículos no propios, que estuvieran al servicio de la sociedad asegurada en desarrollo de las obras que esta realizara.

Conviene señalar que del contenido de la aludida póliza, es claro que el contrato de seguro, fuente de obligaciones, fue celebrado entre la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., como tomador y asegurado, y ACE Seguros S.A., teniendo como beneficiarios a terceros afectados, en consecuencia, la aludida sociedad se encuentra legitimada para llamar en garantía a la empresa aseguradora, con ocasión de un vínculo contractual.

iii) En el cuaderno 4 obran copias de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual RO014986 y RO009135 celebradas entre la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., y la Compañía Confinanza S.A., en las cuales consta que el tomador y asegurado es la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., y los beneficiarios serían los terceros afectados que resultaren perjudicados con ocasión del desarrollo de sus obras, incluidas las actividades de transporte de bienes; ambas pólizas, dicho sea de paso, estaban vigentes el día del accidente. En consecuencia, el despacho estima que en virtud de los mencionados contratos de seguro, la sociedad demandada se encuentra legitimada para llamar en garantía a la aludida compañía aseguradora.

iv) Obrante a folios 338-347 del cuaderno 1, el despacho encuentra la póliza de responsabilidad civil extracontractual 076500662 expedida por la empresa Seguros del Estado, vigente al momento del accidente, en cuya virtud se tiene que la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., se encuentra legitimada para llamar en garantía a la aludida aseguradora comoquiera que en la misma se pactó que el cubrimiento incluía los perjuicios que pudieren derivarse del desarrollo de la rehabilitación de una vía, ejercicio en el que se produciría el accidente, y beneficiaba a terceros afectados y al departamento del Cesar.

iii)(sic) A folios 338-347 del cuaderno 1 observa el despacho que en virtud de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 076500662 expedida por la empresa de Seguros del Estado, el departamento del Cesar se encuentra legitimado para llamar en garantía a la aludida aseguradora dado que dicho ente territorial figura como beneficiario de la misma y se encontraba vigente al momento de ocurrir el accidente de tránsito que dio como resultado la muerte de la señora Hilda Isabel Mendoza Amaya.

De conformidad con lo anterior, y toda vez que se cumplen con los requisitos previstos en la ley y la jurisprudencia para admitir los mencionados llamamientos en garantía, el despacho revocará la decisión que adoptó el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, aceptará los llamamientos en garantía formulados por las partes demandadas, Mototransportar SAS, Construcciones El Cóndor S.A., y departamento del Cesar respecto del señor Jhonatan Rodríguez, la empresa ACE Seguros S.A., Compañía Aseguradora de Finanzas y Seguros del Estado, respectivamente.

Sin embargo, en relación con el llamamiento en garantía formulado por Construcciones El Cóndor S.A., frente a la empresa Equidad Seguros Generales, observa el despacho que en el cuaderno 2 obra un documento que si bien hace referencia a la existencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual AA028483, al parecer a favor de la mencionada compañía constructora, lo cierto es que esa sociedad —llamante— no aportó la póliza de seguro respectiva.

Al respecto, esta corporación de manera reiterada, ha sostenido:

“Establece igualmente el artículo 1046 del Código de Comercio que, con fines probatorios la aseguradora deberá entregar al tomador el original de la póliza, lo que lleva a concluir que en el evento de que el tomador quiera llamar en garantía a la aseguradora con fundamento en la póliza de seguro, éste deberá aportar el original que se encuentra en su poder, en los términos del artículo 268 del C.P. C.(11), norma que regula la forma en que deben ser aportados al proceso los documentos privados que se encuentran el poder de la parte que los aporta, calidad que en este caso ostenta el tomador frente a la póliza en la que se plasma el contrato de seguro.

Ahora bien, si la póliza no puede aportarse en original, habida cuenta de que se encuentra en otro proceso del cual no puede ser desglosada, o por cualquier circunstancia que deberá ser suficientemente explicada en el proceso el por qué no se encuentra en poder del tomador, es deber de la parte llamante, con miras a probar el fundamento contractual en que apoya el llamamiento en garantía, aportarla en copia auténtica en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al caso de la referencia por no existir regulación sobre el tema dentro del Código Contencioso Administrativo; solo ostentando tal calidad la copia puede ser valorada por el juez”(12). (Se deja destacado en negrillas y en subrayas).

En línea con lo anterior, resulta claro que la póliza de seguro en cuya virtud se pretende llamar en garantía a una compañía de seguros, constituye el documento idóneo para que proceda el llamamiento en garantía, por manera que su falta de aporte comparta la improcedencia del aludido llamamiento.

En línea con lo anterior, resulta claro que la póliza de seguro en cuya virtud se pretende llamar garantía a una compañía de seguros, constituye el documento idóneo para que proceda el llamamiento en garantía, por manera que su falta de aporte comparta la improcedencia del aludido llamamiento.

Comoquiera que en el caso sub examine Construcciones El Cóndor S.A., respecto de Equidad Seguros Generales, no aportó la póliza, ora en original, ora en copia de la misma, el despacho negará la solicitud de vinculación de esta última sociedad.

Cabe aclarar que aunque el antecedente jurisprudencial que se dejó expuesto se refiere a la necesidad de aportar, en forma subsidiaria una copia autenticada de la póliza de seguro respectiva, ello obedece a que tal pronunciamiento es anterior a la providencia de unificación jurisprudencial que profirió la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en virtud de la cual se consideró que los documentos aportados en copia simple podrán ser tenidos como prueba salvo norma expresa que disponga lo contrario(13); en todo caso, ello no significa que para efectos de probar, al menos sumariamente el vínculo contractual entre el llamante y el llamado, se deba aportar el original de la póliza de seguro o, en su defecto, una copia de la misma.

En mérito de lo expuesto, el despacho,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto impugnado, esto es el proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 30 de mayo de 2013, mediante el cual se negó el llamamiento en garantía propuesto por las partes demandadas, Mototransportar SAS, Construcciones El Cóndor S.A., y el departamento del Cesar.

En su lugar, se dispone ADMITIR los llamamientos en garantía propuestos por las partes demandadas Mototransportar SAS, Construcciones El Cóndor S.A., y por el departamento del Cesar respecto del señor Jhonatan Rodríguez y las compañías ACE Seguros, Compañía Aseguradora de Finanzas y Seguros del Estado.

2. NEGAR el llamamiento en garantía que formuló la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., respecto de la compañía Equidad Seguros Generales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Ejecutoriada esta providencia, enviar el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera. Providencia del 31 de enero de 2008. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Exp. 25000-23-26-000-2005-02615-01 (33279).

(9) Código de Procedimiento Civil, artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (negrilla fuera del texto).

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 10 de junio de 2009, exp. 18.108 M.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 31 de enero de 2008, exp. 34.419 M.P. Enrique Gil Botero; auto de 10 de abril de 2008, exp. 34.374 M.P. Myriam Guerrero de Escobar, entre muchas otras decisiones.

(11) “ART. 268. Aportación de documentos privados. Las partes deberán aportar el original de los documentos privados, cuando estuvieren en su poder.

Podrán aportarse en copia:

1. Los que hayan sido protocolizados.

2. Los que formen parte de otro proceso del que no puedan ser desglosados, siempre que la copias se expida(sic) por orden del juez.

3. Aquellos cuyo original no se encuentre en poder de quien los aporta. En este caso para que la copia preste mérito probatorio será necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario o secretario de oficina judicial, o que haya sido reconocida expresamente por la parte contraria o demostrada mediante cotejo”.

(12) Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 27 de septiembre de 2006. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Exp. 30087.

(13) Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 28 de agosto de 2013. C.P. Dr. Enrique Gil Botero. Exp. 25.022.