Sentencia 2011-00124 de julio 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2011-00124-01(20031)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Carlos Arturo Rodríguez Celis y otro

Demandado: municipio de Leticia (Amazonas)

Auto

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De la improcedencia del desistimiento tácito de la demanda en la acción pública de nulidad

La Ley 1395 de 2010 introdujo medidas en materia de descongestión judicial, entre otras, para la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 65(2) de dicha ley modificó el numeral 4º del artículo 207 del Decreto 01 de 1984 y creó la figura del desistimiento tácito de la demanda, con el fin de descongestionar los despachos judiciales y de garantizar los principios de eficacia y prontitud de la administración de justicia.

Esa norma dispuso que se entenderá que el demandante ha desistido de la demanda, cuando, después de haber trascurrido un mes desde el vencimiento del plazo otorgado por el juez, el actor no acredita el pago de los gastos procesales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ese desistimiento solo puede decretarse en las acciones en las que existe un conflicto jurídico entre el particular y el Estado. Empero, el juez no puede decretar el desistimiento tácito de la demanda en la acción de simple nulidad, por cuanto se trata de una acción pública que tiene como propósito la defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto. No se discuten intereses privados.

Es decir, el juez puede decretar el desistimiento tácito de la demanda en las acciones en las que existen conflictos jurídicos entre los particulares y el Estado porque no está comprometido, no afecta, el interés general. En cambio, el juez no puede decretar ese desistimiento en los procesos de simple nulidad porque en esas demandas se busca el restablecimiento de la legalidad, que es un interés común. En esos eventos, el juez tiene el deber de impulsar el proceso, de conducirlo autónomamente, sin necesidad de la intervención de las partes, pues, se insiste, en este tipo de acciones, el interés general supera el interés del demandante.

Del caso concreto

En el sub lite, el tribunal, mediante auto del 23 de marzo de 2012, fijó los gastos ordinarios del proceso a cargo de la parte actora y para que acreditara el pago le concedió un término de cinco días, contados a partir de la notificación de esa providencia.

Según se advierte del expediente, ese auto se notificó por estado el 29 de marzo de 2012. Luego, el término de cinco días empezó a correr el 30 de marzo de 2012 y venció el 12 de abril del mismo año(3). Sin embargo, los demandantes no acreditaron el pago de los gastos procesales. De hecho, transcurrió el mes siguiente al vencimiento del plazo perentorio otorgado en el auto admisorio, sin que la parte actora aportara el comprobante de consignación de los gastos procesales.

Esa omisión, en principio, configuraría los presupuestos previstos en el numeral cuarto del artículo 207 del Decreto 01 de 1984 y facultaría al juez para declarar el desistimiento tácito de la demanda, como en efecto lo declaró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la providencia recurrida.

No obstante, debe tenerse en cuenta que en este proceso se cuestiona la legalidad del Acuerdo 021 de 2008, que es un acto normativo, cuya pretensión es que se estudie simplemente la legalidad. Luego, no es posible que, ante la falta de pago de los gastos procesales, el juez decrete el desistimiento tácito de la demanda, pues, en este tipo de acciones, como se dijo, está comprometido el interés general y, por ende, es obligación del juez impulsar el proceso. Es decir, así no se sufraguen los gastos ordinarios del proceso, el juez debe ordenar las notificaciones que correspondan para permitir que el proceso siga su curso.

Esa razón sería suficiente para revocar el auto que declaró el desistimiento tácito de la demanda. Sin embargo, está probado que, antes de que ese auto quedara en firme, la parte actora aportó al proceso el comprobante de consignación(4), que da cuenta de que, el 23 de marzo de 2013, se pagaron los gastos del proceso que fijó el tribunal. Lo que demuestra que, finalmente, la parte actora cumplió con la carga procesal impuesta, antes de que el auto apelado adquiriera firmeza.

En consecuencia, la Sala revocará el auto que declaró el desistimiento tácito de la demanda y, en su lugar, ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que continúe con el trámite del proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. Revócase el auto del 6 de diciembre de 2012. En su lugar, ordénase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que continúe con el trámite del proceso, conforme con las razones expuestas en esta providencia.

2. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(2) “ART. 65.—El numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice.

Si dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha desistido de la demanda y se procederá en forma inmediata al archivo del expediente”.

(3) Los días 31 de marzo de 2012 y 7 y 8 de abril de 2012 fueron días no laborales. Los días 2 a 6 de abril de 2012 correspondieron a semana santa.

(4) Folio 94 del expediente.