Auto 2011-00125/22227 de septiembre 22 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Rad.: 54001-23-31-000-2011-00125-01(22227)

Actor: Argelia Ríos Alvarez

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Ref.: Perención del Proceso

Decisión: Revoca

Bogotá D.C., veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

Apelación Auto.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Auto interlocutorio del 27 de febrero de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante el cual declaró la perención del proceso porque no fue otorgada la caución de que trata el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo.

Antecedentes.

1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) profirió la Liquidación Oficial de Revisión 072412010000050 del 23 de noviembre de 2010, mediante la cual modificó la declaración privada presentada por Argelia Ríos Álvarez el 19 de enero de 2009.

2. La contribuyente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN sin formular previamente el recurso de reconsideración con base en el parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario, en donde pretende la nulidad de la liquidación oficial referida en el numeral anterior.

3. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante Auto del 12 de abril de 2011, admitió la demanda y ordenó otorgar caución equivalente al 10% de la diferencia entre el saldo de la liquidación privada y la liquidación oficial.

4. La parte demandante, mediante escrito del 29 de abril de 2011, presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, en donde solicitó el reconocimiento del amparo de pobreza de su representada o, en subsidio, la reducción de la caución a un 0.5% de la diferencia de saldos.

5. El Tribunal negó la reposición de la providencia impugnada y requirió a la parte demandante para que otorgara la caución, mediante Auto del 8 de octubre de 2012.

6. La demandante formuló recurso de apelación contra la anterior providencia mediante escrito del 19 de octubre de 2012, ya que no cuenta con los recursos suficientes para obtener una póliza de seguros por el valor establecido en el Auto admisorio.

7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander rechazó por improcedente el recurso de apelación mediante Auto del 20 de febrero de 2013.

8. La parte actora formuló recurso de reposición contra el Auto del 20 de febrero de 2013 y, en subsidio, solicitó la expedición de copias para formular el recurso de queja ante el Consejo de Estado, mediante escrito del 12 de marzo de 2013.

9. El Tribunal negó el recurso de reposición y concedió el término de 5 días para suministrar el valor de las copias necesarias mediante Auto del 23 de mayo de 2014.

10. La demandante pagó del valor de las copias el 5 de junio de 2014, sin embargo no las retiró.

11. El a quo declaró precluida la etapa para expedir las copias y requirió a la parte actora para que otorgara la caución dispuesta en el Auto admisorio, mediante providencia del 26 de junio de 2014.

12. El Procurador 23 para Asuntos Administrativos fue notificado del Auto admisorio de la demanda el 29 de julio de 2014.

Providencia Apelada.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante Auto del 27 de febrero de 2015, declaró la perención del proceso.

Señaló que el expediente permaneció en la Secretaría General de dicha corporación desde el 29 de julio de 2014, fecha en que fue notificado el ministerio público, hasta el 23 de febrero de 2015; es decir que han transcurrido 6 meses y 25 días.

Manifestó que le correspondía a la parte demandante dar impulso al proceso, lo cual no hizo. En consecuencia, se cumplieron los requisitos del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo para decretar la perención.

Recurso de apelación.

En el recurso de apelación, la parte demandante solicitó aplicar el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 que derogó la caución del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo por ser la norma más favorable.

Indicó que, con el nuevo código, el Legislador quiso garantizar el ejercicio del derecho de los contribuyentes de acceso a la administración de justicia y a ser oídos en juicio. Así, aplicar una norma derogada implicaría desconocer el principio de primacía del derecho sustancial sobre el formal.

Manifestó que la intención del Legislador con el régimen de transición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según la exposición de motivos del Proyecto de Ley 198 de 2009 Senado, Gaceta Congreso 1210 del 27 de enero de 2009, es asegurar el éxito de la nueva norma, por lo que sólo regiría a las nuevas demandas evitando confusiones con los procesos antiguos. De esta forma, nada impide que prevalezca el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

Adujo que la finalidad de la perención es sancionar el desinterés, inoperancia y negligencia de la parte actora cuando no cumple una carga procesal impuesta por la ley. Sin embargo, en el caso bajo examen le es imposible cumplirla.

Consideraciones

1. Problema jurídico.

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si operó la perención del proceso. Para lo anterior, se estudiará si son aplicables las normas procedimentales previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en virtud del derecho de acceso a la administración de justicia y en aplicación de los principios constitucionales de favorabilidad y primacía del derecho sustancial sobre el formal.

En caso de no ser así, se analizará si la demandante está en imposibilidad de otorgar la caución ordenada por el Tribunal en el Auto admisorio de la demanda, por lo que no es exigible jurídicamente su cumplimiento y, por tanto, no debió declararse la perención del proceso.

2. Régimen jurídico aplicable.

2.1. El artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció el régimen de transición y vigencia para esa norma en los siguientes términos:

“ART. 308.—Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

Respecto de la interpretación que debe hacerse de la anterior norma, el artículo 27 del Código Civil dispone que “[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. Así, el operador jurídico debe preferir la interpretación literal de la ley a cualquier otro criterio, incluyendo el teleológico, siempre que la disposición legal sea clara.

La corte constitucional hizo énfasis en que la interpretación literal de la ley “(...) no resulta incompatible con la Constitución, en la medida que, contrario a lo argumentan los demandantes, la aplicación de dicha modalidad de interpretación en modo alguno puede ser comprendida como una licencia para dejar de aplicar los preceptos constitucionales, a partir del uso exclusivo de la norma de rango legal. Esta imposibilidad se infiere del mandato superior según el cual en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se deben aplicarlas disposiciones constitucionales, como lo ordena el artículo 4º de la Carta”.(1)

El inciso segundo del artículo antes transcrito establece claramente que la Ley 1437 de 2011 (CPACA) únicamente regirá para las demandas presentadas a partir de su vigencia, es decir del 2 de julio de 2012; por lo que dicho código no rige para resolver el caso concreto porque la demanda fue presentada el 24 de marzo de 2011(2). De esta manera, resulta irrelevante acudir a la motivación que tuvo el Legislador para establecer este especial régimen de transición, como lo propuso el apelante.

2.2. La parte recurrente también afirma que la imposición de la carga prevista en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, cuyo incumplimiento determinó la declaración de la perención en el proceso de la referencia, desconoce los principios de favorabilidad y de primacía del derecho sustancial sobre el formal, por lo que se le debería aplicar el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, la terminación del proceso por este medio vulnera su derecho fundamental al debido proceso.

El artículo 6º del Código de Procedimiento Civil dispone que las normas procesales son “(...) de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”. De esta forma, en principio, no le es dable al juez modificar las normas de vigencia previstas por el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la carga impuesta en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, por tratarse de normas procesales y, por ende, de derecho público.

Podría pensarse que la regla anterior puede ser flexibilizada por el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 29 de la Constitución, al indicar que “[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Dicha garantía constitucional no se restringe al derecho penal, puesto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el principio bajo análisis es un principio rector del derecho punitivo(3).

Pero ese principio no sería aplicable al caso concreto porque lo que se discute no es una sanción sino el incumplimiento de una carga procesal. Luego, la ley aplicable es el Código Contencioso Administrativo, por cuanto que es el estatuto procesal vigente al momento de la presentación de la demanda, por lo que es el que regula lo referente a las etapas, obligaciones y cargas que debe asumir el interesado en acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que le sea resuelta su controversia.

2.3. De otro lado, el artículo 228 de la Constitución Política señala que la administración de justicia es una función pública en la que “(…) prevalecerá el derecho sustancial”, dado el carácter instrumental del derecho procesal o adjetivo para hacer efectivas las garantías y los derechos de carácter subjetivo(4).

Pero dicho principio constitucional no puede suponer el incumplimiento indiscriminado de las normas procesales: la garantía y efectividad del derecho sustancial depende del cumplimiento de las formas de cada juicio.

En este orden de ideas, no era optativo para la parte demandante el cumplimiento de su carga: el otorgamiento de la caución fijada en el Auto admisorio de la demanda. Su incumplimiento aparejaría la perención de proceso. En consecuencia, no se ha desconocido el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, de forma tal que no prospera este cargo.

3. Posibilidad de cumplir la carga procesal.

3.1. La actora afirma que no le es posible otorgar la caución ordenada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander porque no tiene la capacidad económica para ello. Por lo anterior, solicita que no le sea exigido su cumplimiento.

El artículo 140 del Código Contencioso Administrativo dispone que:

“ART. 140.—Comprobante de Consignacion. Si se trata de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas que se exijan o de créditos definitivamente liquidados a favor del tesoro público deberá acompañarse el respectivo comprobante de haberse consignado, en calidad de depósito, la suma correspondiente. Terminado el proceso, la cantidad deducida en la sentencia a cargo del contribuyente o deudor, ingresará definitivamente en los fondos del tesoro y se devolverá al interesado el saldo que resultare, si lo hubiere, con intereses comerciales corrientes sobre este saldo desde que se hizo la consignación.

En iguales términos se devolverá la suma depositada en caso de que la sentencia fuere favorable en su totalidad al demandante. 

El comprobante de depósito de que se trata se refiere a los casos en que leyes especiales exijan la consignación previa de la suma liquidada o debida. En los demás, bastará que se otorgue caución a satisfacción del ponente para garantizar el pago con los recargos a que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto”. (Apartes tachados declarados inconstitucionales)

Con base en la norma transcrita, la jurisprudencia de esta Sección ha indicado que se trata de una carga procesal que tiene como objetivo garantizar el pago del impuesto o la multa cuando la sentencia sea desfavorable para el demandante. En otras palabras, “(…) la caución pretende garantizar que no se acuda a la justicia de manera injustificada y se evite el abuso del derecho de acción para evadir el cumplimiento de la obligación tributaria(5), por tanto, la omisión de este deber impide que el actor sea oído dentro del proceso hasta tanto demuestre la seriedad de su causa”(6).

3.2. Ahora, la jurisprudencia del Consejo de Estado también ha reconocido la aplicación del principio del derecho según el cual nadie está obligado a lo imposible(7). Aplicando dicha máxima al caso concreto, en caso de demostrarse la imposibilidad fáctica o jurídica en el cumplimiento de la carga procesal, la parte demandante no tiene el deber jurídico de soportarla y, por ello, se deberá continuar con el trámite del proceso.

Este análisis debe compaginarse con la garantía a los derechos fundamentales de la demandante porque, en casos excepcionales, la imposición de esta carga procesal puede ser excesivamente gravosa para los derechos de acceso a la administración de justicia y la igualdad.

Al respecto, la Sentencia del 25 de julio de 1991 proferida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al examinar la constitucionalidad de la redacción original del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, señaló lo siguiente:

“El tipo de multa que por hechos contravencionales u obligaciones de orden cambiario, tributario, etc., imponen o liquidan las autoridades del ramo, hace inaccesible la ajusticia a quienes tienen derecho de controvertir ese acto sancionatorio y la Administración, en ese caso, posee la atribución de bloquear la acción de la jurisdicción con la imposición de multas o la definición de obligaciones de magnitudes en ocasiones inalcanzables para los afectados. Pero aunque la sanción no llegara a niveles imposibles desde el punto de vista económico para las personas demandantes, el artículo 140 compele a pagar semejante obligación sin alternativa alguna, antes del juicio y quebranto, así, la garantía que la Constitución de 1991 en su artículo 229 ha consagrado expresamente a quienes necesitan de las definiciones judiciales para establecer la legalidad del acto administrativo que decreta tal obligación”(8).

De esta forma, es claro que las cargas procesales impuestas por el Legislador no pueden suponer, per se, un obstáculo para acceder a la administración de justicia, sea mediante la imposición de cargas inalcanzables o con su imposición a priori, desconociendo la realidad económica del demandante.

El especial cuidado que se debe tener al momento de imponer cargas para el acceso a la administración de justicia ha sido resaltada por la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de una carga similar prevista en al artículo 867 del Estatuto Tributario, indicó lo siguiente:

“Si bien, como se ha visto, la imposición de una caución para garantizar el pago de una deuda tributaria, es una medida idónea y acorde con los fines constitucionales, la Corte considera que se debe estudiar con más cuidado la opción alternativa mencionada, que contiene el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo.

Conferir al magistrado encargado de la demanda contenciosa, la facultad de determinar el monto de la caución que habrá de pagar el contribuyente deudor, significa que cada persona, de acuerdo con su situación individual, tendrá la oportunidad de ser evaluada por el juez. Va de la mano del principio de igualdad, y garantiza —en mayor medida que la norma atacada— que se tendrá en cuenta la capacidad económica del demandante en el momento de exigir de él un depósito temporal de dinero que respalde, al menos en parte, el pago de la deuda existente, y demuestre la seriedad de su pretensión.

Visto así, no se vulneran los derechos constitucionales del demandante; pero es imperativo que la caución, garantía o condición, sea fijada, no de antemano sino luego de admitida la demanda y repartido el proceso, para que el magistrado la ordene de acuerdo con cada caso. De lo contrario, —es decir, como dice la norma demandada— si se exige como un requisito para iniciar un proceso, se está obstaculizando el acceso de una persona a la administración de justicia(9)

La jurisprudencia transcrita indica claramente que, cuando un demandante debe cumplir con la carga impuesta en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, el Juez debe ajustar el monto de la caución a su capacidad económica, puesto que en caso de imponer una carga excesiva y desproporcionada frente a su realidad financiera, desconoce su derecho a la igualdad por impedir el acceso a la tutela judicial efectiva en comparación con aquellas personas que no tiene que cumplir esta carga.

En otras palabras, la exigencia o no de la caución debe obedecer a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, sin perder de vista el fin y razón de ser de la institución, para evitar talanqueras arbitrarias o injustas que impidan el ejercicio de los medios de control de la actuación de las autoridades.

3.3. En el expediente obra lo siguiente:

• Copia de extractos bancarios de la cuenta de ahorros a nombre de la actora en Bancolombia que indica que del 1 de enero de 2011, al 31 de marzo del mismo año tenía un saldo de $70.610,60(10).

• Copia del extracto bancario de la cuenta corriente de la actora en Citibank del 23 de marzo de 2011, según el cual al 15 de marzo del mismo año tenía un saldo de $320.100,10(11).

• Copia del extracto bancario de la cuenta de ahorros de la(sic) nombre de la actora en AV Villas del 5 de abril de 2011, según el cual al 30 de marzo del mismo año tenía un saldo de $27.317,57(12).

• Balance General con cierre del 2010, donde consta que la parte demandante, para el 31 de diciembre de ese año tenía un total de activos por $773.014.699,6 y un total de pasivo por $1.752.525.618,00; para un patrimonio total negativo de $-979.510.918,44(13).

• Balance General de la actora con cierre del 2009, según el cual para el 31 de diciembre de ese año tenía un total de activos por $1.771.059.053,64 y un total de pasivo por $1.752.681.408,64, para un patrimonio total de $18.377.645,00(14).

• Copia de la Declaración de Renta y Complementarios 1109601702433 presentado por la actora el 3 de agosto de 2010, según el cual su renta gravable es de $570.000(15).

• Balance General de la actora a 31 de marzo de 2011, con un total de activos por $772.577.197,56 y un total de pasivo por $1.752.525.618,00, para un patrimonio total negativo de $-979.948.420,44(16).

• Estado de Resultados de la actora del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre del mismo año, en donde consta como pérdidas netas $-497.585.861,04(17).

• Balance General de la actora con cierre del 2011, la demandante tenía un total de activos por $275.428.838,52 y un total de pasivo por $1.752.525.618,00, para un patrimonio total negativo de $-1.477.096.779.48(18).

• Estado de Resultados de la actora del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del mismo año, en donde consta como pérdidas netas $-1.312.506,00(19).

Balance General de la actora con cierre del 2012, según el cual la demandante tenía un total de activos por $274.116.332,52 y un total de pasivo por $1.752.525.618,00, para un patrimonio total negativo de $-1.478.409.285.52(20).

3.4. Se evidencia, de los documentos obrantes en el expediente, que la caución ordenada por el a quo no guarda ninguna relación o proporción con el estado financiero real de la demandante.

En efecto, está demostrado que la actora, para finales de 2010 tenía un patrimonio neto (activo total menos pasivo total) negativo de $-979.510.918. Al mes de marzo de 2011, que es el inmediatamente anterior al mes en que fue proferido el Auto admisorio de la demanda(21), su patrimonio neto había disminuido a $-979.948.420,44.

Analizando esta situación con los principales indicadores financieros(22), concretamente el índice de solvencia para determinar cuántos pesos del activo están respaldando cada peso del pasivo o, lo que es lo mismo, el porcentaje del pasivo que está amparado en el activo, cuya fórmula es activo total sobre pasivo total, se obtienen los siguientes resultados para los años 2010 y 2011:

FORMULAS-00125-A
 

FORMULAS-00125-B
 

Lo anterior indica que, para finales de 2010 la actora solo podía cumplir con el 44% del pasivo total, proporción que disminuyó para el año 2011 a solo el 16%, lo que demuestra como empeoraba cada vez más su situación económica.

Al examinar su liquidez, concretamente el indicador denominado razón corriente para determinar la capacidad de la actora para cumplir sus obligaciones financieras a corto plazo, cuya fórmula es activo corriente sobre pasivo corriente, se encuentran los siguientes datos:

FORMULAS-00125-C
 

FORMULAS-00125-D
 

Lo anterior significa que la actora solo podía cumplir el 0.032% de sus deudas a corto plazo, puesto que los activos corrientes disponibles son irrisorios frente a su gran pasivo.

Ahora, teniendo en cuenta que la liquidación oficial del impuesto determinó un valor a pagar de $373.325.000(23), la caución fijada por el Tribunal en el Auto admisorio del 29 de abril de 2011 (10% de la diferencia del saldo declarado y el determinado oficialmente en los actos acusados) equivale a $37.332.500.

Este monto desconoce por completo la realidad financiera de la actora porque la carga procesal impuesta no tiene ninguna relación o proporción con su estado financiero real, en la medida en que, se reitera, su patrimonio neto al mes de marzo de 2011 era de $-979.948.420,44 (26 veces mayor que la caución), su razón corriente de 0,00032 y su índice de solvencia de 0,44.

En consecuencia, declarar la perención del proceso por el incumplimiento de una carga impuesta con transgresión de la razonabilidad y proporcionalidad que debe informar esta potestad infringe el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad, conforme con la jurisprudencia examinada en el punto 3.2. de esta providencia.

Lo expuesto toma mayor relevancia al recordarse que la actora, mediante escrito del 26 de abril de 2011, interpuso recurso de reposición contra el Auto que fijó la caución con el fin obtener su ajuste a la realidad en donde expuso estas circunstancias.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó el recurso con Auto del 8 de octubre de 2012. Ahora, para diciembre del año 2011 el balance general de la actora indicó que su patrimonio neto era de $-1.477.096.779,48; el cual disminuyó para diciembre de 2012 a $-1.478.409.185,45. Empero, para diciembre de ese año los índices de solvencia y de liquidez se mantenían estables, así:

FORMULAS-00125-E
 

FORMULAS-00125-F
 

Con lo anterior se concluye que la caución impuesta por el Tribunal no solo era desproporcionada e irracional ante la situación económica de la actora para el momento en que fue admitida la demanda, sino que dicha situación se conservó para la fecha en que fue negado el recurso de reposición en su contra.

3.5. De otro lado, el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo establece la caución con dos finalidades: (i) impedir el abuso del derecho de acceso a la administración de justicia(24) y (ii) evitar el incumplimiento de la obligación tributaria con la simple presentación de la demanda, teniendo en cuanta que esta fue impuesta para hacer efectivos los postulados del Estado Social de Derecho(25).

En síntesis la consecución de los dos objetivos expuestos supone, como regla general, que la carga procesal de constituir caución a satisfacción del juez es una limitación constitucionalmente válida al derecho a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

Sin embargo, en un evento excepcional como el de la referencia, en el que la caución impuesta no guarda ninguna proporción con la verdadera situación económica de la actora, la afectación a estos derechos fundamentales se hace excesiva, desproporcionada e ilegítima.

Así pues, en este caso concreto, la confrontación entre los derechos fundamentales de la actora (igualdad y acceso a la tutela judicial efectiva) y las dos finalidades antes referidas, debe ser resuelta a favor de aquellos en aplicación del principio de la supremacía constitucional(26).

3.6. En todo caso, al analizar la conducta procesal de la actora, la Sala observa que no hay ningún indicio de que su intención sea abusar de su derecho de acceder a la administración de justicia, ni evitar el pago de la obligación tributaria con la simple interposición de la demanda.

La anterior afirmación tiene sustento en que, una vez fue impuesta la caución por el Tribunal mediante el Auto admisorio del 12 de abril de 2011(27), la actora interpuso el recurso de reposición, donde solicitó el amparo de pobreza y la consecuente revocatoria de la carga procesal impuesta. Así mismo, de forma subsidiaria, pidió la reducción de su monto al 0.5% de la diferencia del saldo declarado y el determinado oficialmente en el acto acusado(28).

Se resalta que la actora anexó a su recurso los estados financieros correspondientes a los años 2009 y 2010 que daban cuenta de su mala situación económica. En otras palabras, ella no quiso evadir su carga procesal, sino que ella se ajustara a su realidad económica, sea con su completa revocación o su reducción a un monto que consideró posible de cumplir.

3.7. Así las cosas, la Sala revocara el Auto apelado por cuanto que la caución impuesta por el a quo no es proporcional a la situación financiera de la actora. En otras palabras, prospera el recurso de apelación porque declarar la perención del proceso por el incumplimiento de una carga imposible de cumplir desconoce los derechos a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la actora.

Como consecuencia de lo anterior, se interpretará que la actora solicitó el amparo de pobreza en su recurso de apelación, toda vez que uno de los cargos para sustentarlo fue la imposibilidad de cumplir la carga por falta de recursos económicos para ello(29). Por lo anterior, la Sala también concederá esta petición teniendo en cuenta la desfavorable situación económica de la actora.

Si bien es cierto que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó anteriormente el amparo de pobreza por considerar que “(…) no se evidencia que la accionante se encuentre en una situación financiera que le impida asumir los costos del proceso”(30), mediante providencia del 8 de octubre de 2012, ello no impide que actualmente se decrete en la medida en que está demostrado que las circunstancias económicas de la parte demandante han empeorado con el paso del tiempo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sala de Io Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE

1. REVOCAR el Auto apelado del 27 de febrero de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONCEDER el amparo de pobreza a la señora Argelia Ríos Alvarez.

3. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para que continúe con el trámite que corresponda sin hacer efectiva la caución de que trata el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Consejeros: Martha Teresa Briceño de Valencia, Presidente de la Sección—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1. Sentencia C-054 de 2016 proferida por la Corte Constitucional. 2 Folio 9 del expediente.

2. Folio 9 del expediente.

3. En este sentido ver la Sentencia T-704 de 2012 proferida por la Corte Constitucional.

4. Al respecto ver la Sentencia T-1004 de 2010 proferida por la Corte Constitucional, reiterada en la Sentencia del 15 de mayo de 2014 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado número: 05001 23 21 000 2005 07797 01 (19698). Actor: Villas de Santa Teresa S.A. Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia.

5. Corte Constitucional, Sentencia C-138 de junio 30 de 1998 MP. Carlos Gaviria Díaz

6. Auto del 15 de julio de 2004 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado número: 25000 23 27 000 2002 90171 01 (14591). Actor: Frontier de Colombia S.A. Consejera Ponente: Ligia López Díaz.

7. Al respecto ver la Sentencia del 27 de marzo de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Radicado número: 76001 23 31 000 2003 01249 01 (29332). Actor: María Deissy Peral Reyes y otros. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

8. Sentencia 36 de 25 de julio de 1991 proferida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

9. Sentencia C-318 de 1998 proferida por la Corte Constitucional.

10. Folio 34 a 42 del expediente.

11. Folio 43 a 52 del expediente.

12. Folios 53 a 54 del expediente.

13. Folios 55 a 67 del expediente.

14. Folios 71 a 77 del expediente.

15. Folios 79 a 80 del expediente.

16. Folios 81 a 98 del expediente.

17. Folio 111 del expediente.

18. Folios 112 a 114 del expediente.

19. Folio 115 del expediente.

20. Folios 116 a 118 del expediente.

21. Mediante Auto del 29 de abril de 2011. Folio 26 del expediente.

22. Para mayor información, consultar la publicación “Agenda & Análisis Tributario 2016” hecha por et Instituto Colombiano de Contadores Públicos.

23. Folio 11 del expediente.

24. En este sentido ver el Auto del 15 de julio de 2004 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado número: 25000 23 27 000 2002 90171 01 (14591). Actor: Frontier de Colombia S.A. Consejera Ponente: Ligia López Díaz.

25. En este sentido ver la Sentencia C-318 de 1998 proferida por la Corte Constitucional.

26. Artículo 4º de la Constitución Política.

27. Folio 26 del expediente.

28. Folios 28 a 32 del expediente.

29. En este sentido ver el Auto del 20 de noviembre de 2014 pretendo por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado: 25000 23 27 000 2011 00291 01(20098). Actor: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia

30. Folio 105 del expediente.