Auto 2011-00138 de julio 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000201100138 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Partido Alas

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., dos de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Observa el despacho que la acción instaurada por el accionante corresponde a la consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

Los actos demandados son a las resoluciones 1959 de 2010 (ago. 26) y 2319 de 2010 (dic. 15), por las cuales el Consejo Nacional Electoral, declara la pérdida de la personería jurídica del partido Alas por no obtener el 2% de los votos válidos depositados en el territorio nacional para Senado de la República o Cámara de Representantes, ni alcanzar representación en el Congreso de la República.

Analizados las resoluciones demandadas se tiene que, en caso de declararse la nulidad de las mismas, se desprendería un restablecimiento directo y automático de un derecho individual en cabeza del partido accionante, como es restablecimiento de la personería jurídica, con los consecuentes derechos que ello encarna.

Al efecto, cabe precisar que la jurisprudencia de esta corporación ha dejado claramente definido(1) que la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no depende del carácter general o particular del acto acusado, sino de los motivos y finalidades que al incoarla persiga el actor. Así, como puede ejercerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de contenido general, también procede la acción pública de nulidad contra un acto de contenido particular, siempre y cuando este no pretenda restablecer un derecho individual en cabeza del demandante.

En numerosos pronunciamientos(2) la Sección Primera ha reiterado la tesis de que si solo se pide la nulidad del acto demandado y este es un acto particular que corresponde a los que, según norma expresa o la jurisprudencia, no son susceptibles de la acción de nulidad simple, la demanda debe interpretarse como de nulidad y restablecimiento del derecho, y como tal, someterse al examen de los presupuestos de la acción y de los respectivos requisitos procesales, como la caducidad de la acción, la legitimación en la causa y los demás pertinentes, que se dan en este litigio. Contrario sensu, cuando se solicita la nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo de carácter general, y según norma expresa o la jurisprudencia, este no es susceptible de dicha acción, la demanda ha de interpretarse como de nulidad simple.

Por lo anterior, la presente demanda se interpretará como de nulidad y restablecimiento del derecho, en armonía de la teoría de los móviles y los fines.

En lo que tiene que ver con la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados, el artículo 152 ibídem fija como requisitos para la procedencia de la suspensión provisional de actos administrativos donde se pretenda su nulidad: (i) Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o en escrito separado, presentado antes de que sea admitida; (ii) Que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

El apoderado del demandante considera que las resoluciones demandadas violan los artículos 29 y 58 de la Constitución Política.

Los artículos de las normas que se invocan como infringidas en la presente demanda disponen:

Constitución Política

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

(...)

ART. 58.—Modificado por el artículo 1º, Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.

Para que proceda el decreto de suspensión provisional se requiere que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la acción, lo que significa que la vulneración del orden jurídico debe surgir en forma evidente y clara de su confrontación directa.

En este sentido, de los hechos presentados por el demandante se advierte que de la simple confrontación de los actos acusados con las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, surge la violación flagrante u ostensible, pues el principio de irretroactividad de la ley implica que esta se aplica a partir de su vigencia a fin de preservar los derechos adquiridos con arreglo de las leyes civiles y no es procedente aplicarla retroactivamente.

Así las cosas, por existir violación evidente y manifiesta de los actos acusados con los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, se accederá a la medida cautelar solicitada.

En virtud de lo anterior se,

RESUELVE:

1. ADMÍTESE la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el Partido Alas, mediante apoderado judicial, contra las resoluciones 1959 de 2010 (ago. 26) y 2319 de 2010 (dic. 15), expedidas por el Consejo Nacional Electoral.

Para su trámite se dispone:

a) Notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en la forma establecida en el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo. Entréguesele copia de la demanda y sus anexos.

b) Notifíquese personalmente al procurador delegado ante esta corporación.

c) La parte actora deberá depositar en la cuenta 4-0070-000664-4 del Banco Agrario de Colombia, nombre “depósitos judiciales por gastos del proceso - Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, en el término de cinco (5) días, la suma de trece mil pesos ($ 13.000) m/cte., para gastos ordinarios del proceso(3).

d) Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada pueda contestar la demanda, proponer excepciones y pedir pruebas, y para que terceros la coadyuven o impugnen.

e) Por Secretaría, solicítese a la Secretaria General del Consejo Nacional Electoral, el envío, en el término de diez (10) días, de los antecedentes administrativos del acto acusado.

3. SUSPÉNDENSE provisionalmente los efectos de los actos acusados.

4. Se reconoce al abogado Juan Carlos Galindo Vacha como apoderado judicial del actor, conforme al poder visible a folio 2 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, 18 de octubre de 2007, Radicación 2001-02265-01, actor: Heriberto González.

(2) Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, 15 de noviembre de 2007, Radicación 2002-00348-01, actor: Cooperativa Multiactiva Transportadores de Cota Ltda.

(3) Ley 1395 de 2010 (jul. 12), “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

(...)

ART. 65.—El numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

4. Que el demandante deposite en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice.

Si dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha desistido de la demanda y se procederá en forma inmediata al archivo del expediente (destacado fuera de texto).