AUTO 2011-00165 DE NOVIEMBRE 22 DE 2017

 

Auto 2011-00165 de noviembre 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Expediente: 25000-23-24-000-2011-00165-02.

Consejera Ponente:

Dr. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra el auto de 22 de abril de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actora: Drummond Ltda. 

Tesis: Las juntas de acción comunal y consejos comunitarios pueden actuar como terceros interesados en las resultas del proceso, en defensa y representación de sus comunidades.

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la actora contra el proveído de 22 de abril de 2015, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C(1), entre otros, aceptó la vinculación del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, en representación de los habitantes de la comunidad del Boquerón, en calidad de coadyuvante de la parte demandada.

I. Antecedentes

La empresa Drummond Ltda., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, instauró demanda ante el tribunal, en contra de la Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA—, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 970 de 20 de mayo de 2010, “Por la cual se establece la participación de las empresas Drummond Ltda., C.I. Prodeco S.A., Compañía de Carbones del Cesar S.A., hoy sociedad Colombian Natural Resources I SAS y Emcarbon S.A., hoy Vale Coal Colombia Ltda. sucursal Colombia, en el proceso de reasentamiento de comunidades ubicadas en el área de influencia de la explotación minera de carbón desarrollada por estas en el departamento del Cesar y se toman otras determinaciones”, y de la Resolución 1525 de 15 de agosto de 2010 “Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución 970 del 20 de mayo de 2010”.

Los anteriores actos administrativos fueron expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

A título de restablecimiento del derecho pretende, entre otras, que no tenga que cumplir con las obligaciones contenidas en los actos administrativos acusados.

II. Fundamentos de la providencia apelada

Mediante proveído de 22 de abril de 2015, el a quo decidió aceptar la vinculación del Centro de estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” en representación de los habitantes de la comunidad del Boquerón, en calidad de coadyuvantes de la parte demandada.

Indicó que, el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” mediante escrito de 24 de septiembre de 2014, solicitó ser reconocido como tercero interviniente dentro del proceso.

Agregó que, “Tierra Digna” adujo que viene acompañando a la comunidad del Boquerón en el proceso de “reasentamiento involuntario” ordenado por la autoridad ambiental, como consecuencia de los altos índices de contaminación ambiental encontrados en la zona.

Así mismo, refirió que dicha entidad afirmó que en desarrollo de esta labor y en aras de proteger los derechos de las personas asentadas en el mencionado corregimiento perteneciente al municipio de la Jagua de Ibirico, necesita intervenir en el proceso, ya que se demandan las resoluciones que reconocen graves niveles de contaminación y ordenan el reasentamiento involuntario como única medida que permite proteger a la población del Boquerón.

Por otra parte, señaló que las pretensiones de la demanda van encaminadas a que se declare la nulidad de las resoluciones 970 de 20 de mayo de 2010 y 1525 de 5 de agosto de 2010, en las cuales se resolvió entre otras:

“ART. 1º—Imponer a las empresas Drummond Ltda., CI Prodeco S.A., compañía de Carbones del Cesar S.A. hoy Sociedad Colombian Natural Resourses I SAS y Embarcarbaón S.A. hoy Vale Coal Colombia Ltda. sucursal Colombia la obligación de resultado de reasentar a las poblaciones actuales de Plan Bonito. En el término de un (1) año y las poblaciones de El Hatillo y Boquerón, en el término de dos (2) años siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, conforme a la proporcionalidad y demás condiciones (…)”.

Por lo tanto, el a quo trajo a colación lo dispuesto en el artículo 146 del CCA, que regulaba la intervención de terceros y consideró que a la comunidad de Boquerón le asiste un interés directo en las resultas del presente proceso, como quiera que el asentamiento de esta comunidad hace parte de la obligación impuesta por la demandada en las resoluciones acusadas. En consecuencia, vinculó al Centro de Estudios para la Justicia Social en representación de los habitantes de la comunidad del Boquerón, en calidad de coadyuvante de la parte demandada.

III. Fundamentos del recurso

El apoderado de la parte actora, sostuvo que no es posible aceptar que Tierra Digna sea un tercero interviniente, en razón a que dicha entidad no ha conferido poder alguno a abogado para que la represente en este proceso, ni ha intervenido a través de representante legal.

Por otro lado, advirtió que Tierra Digna es una organización no gubernamental “dedicada la defensa del territorio, vida y cultura de comunidades afectadas por la implementación de medidas de desarrollo económico de carácter extractivo, impulsadas por el gobierno nacional y empresas de capital privado, principalmente”. No obstante, señaló que esta no ha acreditado un interés directo que la legitime para intervenir en el proceso, ya que el hecho de que su objeto sea la defensa de los derechos de las comunidades afectadas no es suficiente para configurar dicho interés.

Agregó que, la supuesta intervención de Tierra Digna en este asunto no es una situación que sea formalmente reconocida por quienes participan en el proceso de reasentamiento, ya que si bien ejerce alguna labor de acompañamiento, ello no pasa de ser una situación de hecho no consentida ni querida por las autoridades o las empresas mineras.

Por lo tanto, señaló que la intervención de facto no justifica a Tierra Digna para intervenir en un proceso que compromete unos intereses particulares bien definidos. De hecho, las resoluciones que ordenaron el reasentamiento reconocieron unos terceros específicos, sin que Tierra Digna sea parte de ellos.

Así mismo, advirtió que las abogadas Rocha y Torres aportaron dos poderes, uno otorgado por la junta de acción comunal del corregimiento de Boquerón, y otro por el Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza de la Jagua de Ibirico. Sin embargo, no aportaron poder de Tierra Digna y no solicitaron que se tuvieran como intervinientes tales personas jurídicas.

Por otra parte, indicó que la junta de acción comunal está conformada por personas que se afilian a ellas, conforme a la Ley 743 de 2002, por lo que no existe una obligación de los miembros de un pueblo, barrio o corregimiento de afiliarse a la junta de acción comunal. Por esto, no todos los miembros de una comunidad están afiliados a la junta y es posible afirmar que las decisiones adoptadas en la junta no implican que la totalidad de los afiliados estuvieron de acuerdo con esta.

Sostuvo que, el Consejo Comunitario es una persona jurídica que según lo prevé el artículo 3º del Decreto 1745 de 1995 “[…] ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las comunidades negras […]”, por lo que dicho consejo es una persona jurídica distinta de los miembros de la comunidad negra.

Conforme a lo anterior, señaló que cuando la junta de acción comunal de Boquerón y el “Consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza”, confirieron poder a las abogadas Rocha y Torres, lo único que podían era indicar que ellas representarían a esas personas jurídicas, lo que no las eximía de probar el interés directo. Además, adujo que si estas personas jurídicas no representan legalmente a todos los habitantes de la comunidad mal podrían conferir poderes para que se represente a toda la comunidad.

IV. Traslado del recurso

El Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, aduce que presentó solicitud de reconocimiento como tercero interviniente en el proceso, en calidad de apoderado del Consejo Comunitario Mesa Mendoza y la junta de acción comunal del corregimiento de Boquerón, órganos de representación de la comunidad de Boquerón, y que sus apoderadas son integrantes plenas de Tierra Digna, tanto en los cargos de representación como de dirección de la organización, razón por la cual no se requiere documento adicional que pruebe lo que ya está acreditado en el expediente.

Por otro lado, advirtió que si bien es cierto Tierra Digna de forma autónoma como organización no Gubernamental no tiene interés directo en las resultas del proceso, la intervención como tercero coadyuvante a la parte demandada en el proceso de la referencia, no se hace en nombre y representación de Tierra Digna, sino en representación del Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza y la junta de acción comunal del corregimiento de Boquerón, organismos de representación de la comunidad de Boquerón, cuyos representantes legales otorgaron en debida forma poderes para su presentación judicial.

Así mismo, manifestó que los poderes aportados al proceso fueron otorgados a las abogadas Johana Rocha Gómez y Andrea Torres Bobadilla, quienes afirmaron en la solicitud de intervención, que actuaban en representación del Consejo Comunitario y la junta de acción comunal de Boquerón, como miembros del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Adicionalmente, afirmó que en la copia del certificado de existencia y representación legal allegada al proceso consta que Andrea Torres Bobadilla, apoderada sustituta, es la representante legal de la organización, por lo cual no requería aportar poder que evidenciara su vínculo con la misma.

Afirmó que, tanto el Consejo Comunitario como la junta de acción comunal son órganos que tradicionalmente han representando a la Comunidad de Boquerón. Ambos órganos se encuentran inscritos en la alcaldía de la Jagua de Ibirico y los miembros de las respectivas juntas de los organismos que firmaron dichos documentos fueron elegidos en asamblea comunitaria democráticamente. De igual forma, el consejo comunitario ha participado en las asambleas convocadas por el enlace de comunidades afrodescendientes de la gobernación del Cesar, en representación de la población afrodescendiente de la comunidad de Boquerón.

Agregó que, el comité de concertación de Boquerón elegido por los miembros de la comunidad para que los represente en las mesas de concertación que se llevan a cabo dentro del proceso de reasentamiento, está actualmente conformado por 15 miembros principales, los cuales pertenecen a las dos organizaciones con representación en la comunidad: Consejo Comunitario Coconebo y la junta de acción comunal. La legitimidad del comité ha sido reconocida por parte de las empresas, las autoridades y la misma comunidad, y en la actualidad el comité representa a la mayor parte de la comunidad de Boquerón en el proceso de reasentamiento.

V. Consideraciones de la Sala

De conformidad con el numeral 7º del artículo 181 del CCA, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso de apelación procede contra los autos proferidos en primera instancia por los tribunales en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, respecto de: “El que resuelva sobre la intervención de terceros”, en consecuencia, en la medida en que el auto apelado aceptó la vinculación al Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” en representación de los habitantes de la comunidad del Boquerón y en calidad de coadyuvante de la parte demandada, es susceptible del recurso de apelación.

El presente asunto se contrae a determinar si i) el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” acreditó su existencia y representación para actuar en el presente proceso; y ii) si dicha entidad tiene un interés directo en las resultas del mismo para actuar en calidad de coadyuvante de la parte demandada y representar a la comunidad de Boquerón.

Respecto de si el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” acreditó su existencia y representación en el presente proceso, revisado el expediente se encuentra que, el 24 de septiembre de 2014 (fls. 416-419), dicha organización allegó solicitud de reconocimiento como terceros intervinientes en representación del Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza y la junta de acción comunal del corregimiento de Boquerón, la cual fue suscrita por las abogadas Johana Rocha y Andrea Torres Bobadilla, en calidad de integrante de la junta directiva, y de representante legal de dicha institución, respectivamente.

Así mismo, anexo a la anterior solicitud, se encuentran los poderes otorgados por parte del Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza y la junta de acción comunal del corregimiento del Boquerón a las abogadas Johana Rocha Gómez y Andrea Torres Bobadilla.

Respecto de los poderes mencionados, se observa que el tribunal mediante auto de 4 de febrero de 2015, advirtió que no habían sido suscritos por la abogada Rocha, lo cual fue subsanado posteriormente por la profesional del derecho conforme al requerimiento que efectuó el a quo, según constancia secretarial de 13 de febrero de 2015, que da cuenta que la abogada procedió a suscribir los respectivos poderes (fl. 468).

Ahora bien, precisado lo anterior, se encuentra que la abogada Andrea Torres Bobadilla es la representante legal del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, según certificado de existencia y representación legal que fue allegado con la solicitud de vinculación, por lo que la organización Tierra Digna puede actuar en el presente proceso directamente a través de su representante legal, sin necesidad de otorgarle poder para tal efecto.

Así mismo, se tiene que los poderes otorgados a “Tierra Digna”, por parte del Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Boquerón cumplen con los requisitos dispuestos en el artículo 65 y ss. del CPC (ahora 74 y ss del CGP).

Por otro lado, respecto de lo alegado por la parte actora, sobre la acreditación de un interés directo en las resultas del proceso por parte del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, la sala advierte que el a quo mediante auto de 22 de abril de 2015, aceptó la vinculación de dicha organización en representación de los habitantes de la comunidad del Boquerón, en calidad de coadyuvante de la parte demandada.

Sobre el particular, el artículo 146 del CCA, frente a la intervención de terceros, establece lo siguiente:

“ART. 146.—Modificado por el art. 27, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 48, Ley 446 de 1998 En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única instancia.

En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora se le reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso.

En los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos 50 a 57 del Código de Procedimiento Civil. El Ministerio Público está facultado para solicitar la intervención de terceros eventualmente responsables.

El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto, devolutivo; el que la niega, en el suspensivo; y, el que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso ordinario de súplica.

En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá intervención de terceros”.

Por su parte, el Código de Procedimiento Civil, respecto de la intervención de terceros, prevé:

“ART. 52.—Intervenciones adhesivas y litisconsorcial. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante, de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

Podrán intervenir en un proceso como litis consortes de una parte y con las mismas facultades de esta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

La intervención adhesiva y litisconsorcial es procedente en los procesos de conocimiento, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, desde la admisión de la demanda. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.

Cuando en el acto de su intervención el litisconsorte solicite pruebas, el juez las decretará si fueren procedentes y las considera necesarias.

Si estuviere vencido el término para practicarlas o lo que restare de este no fuere suficiente, otorgará uno adicional hasta de diez días.

Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente.

La intervención anterior a la notificación del demandado, se resolverá luego de efectuada esta. El auto que acepte o niegue la intervención es apelable”. (Resaltado fuera de texto).

Al revisar el expediente se advierte que los actos acusados dispusieron, entre otras determinaciones, la obligación de resultado de reasentar a las poblaciones actuales de Plan Bonito, en el término de un (1) año y las poblaciones de El Hatillo y Boquerón, en el término de dos (2) años, como mecanismo idóneo para prevenir la afectación de los derechos fundamentales de los habitantes de las poblaciones de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito, y garantizar el derecho colectivo al ambiente sano por las actividades de minería realizada por tales empresas. Así mismo, las resoluciones acusadas refieren que los habitantes de Plan Bonito, El Hatillo y el Boquerón que se ven beneficiados por la medida de reasentamiento, son personas naturales.

Por lo anterior, la sala encuentra que la población del Boquerón tiene un interés directo en las resultas del proceso, ya que es una de las poblaciones respecto de las cuales se debe realizar el reasentamiento involuntario, conforme a lo considerado por el ministerio, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los habitantes de dicha zona, por lo que las decisiones que se tomen en el curso del proceso los pueden afectar desfavorablemente.

Ahora bien, es de precisar como bien lo mencionan las partes en el recurso de apelación y en el traslado del mismo, que “Tierra Digna” no tiene un interés directo en el proceso, ya que si bien es una organización dedicada a la defensa del territorio, vida y cultura de comunidades afectadas por la implementación de medidas de desarrollo económico de carácter extractivo, los actos administrativos acusados no la vinculan como parte del proceso de reasentamiento involuntario y las decisiones que se tomen en el transcurso del proceso no la afectan.

No obstante, el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, manifiesta en su escrito de vinculación que actúa en nombre y representación del Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza y la junta de acción comunal, conforme a los poderes otorgados por dichas organizaciones comunales, las cuales son las que tienen un interés directo en las resultas del proceso.

Al respecto, vale la pena precisar que las juntas de acción comunal, se encuentran reguladas por la Ley 743 de 2002, “Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política”, que en lo pertinente, dispuso:

“[…].

“ART. 6º—Definición de acción comunal. Para efectos de esta ley, acción comunal, es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad.

[…].

“ART. 8º—Organismos de acción comunal:

a) Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.

“ART. 11.—Modificado por el art. 11, Decreto Nacional 300 de 1987 “Los objetivos de las juntas de acción comunal son:

a. Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la comunidad, comprometiéndola en la búsqueda de soluciones;

b. Establecer los procedimientos que permitan fomentar el desarrollo del liderazgo en la comunidad;

c. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios de Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo;

d. Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos;

[…].

h. Buscar la armonía en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad para lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo;

i. Establecer planes y programas relacionados con las necesidades, intereses y posibilidades de la comunidad;

j. Contribuir a la economía de la comunidad, vigilando que los artículos ofrecidos al público no excedan los precios oficiales y que su calidad y peso se ajusten a los parámetros de las reglamentaciones vigentes, denunciando ante las autoridades competentes a aquellos que las infrinjan; y

k. Velar por la vida, la integridad y bienes de todos los miembros de la comunidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas y judiciales las conductas violatorias de la ley o las que hagan presumir la comisión de hechos delictuosos o contravencionales”

[…]”.

Los Consejos Comunitarios se encuentran regulados por la Ley 70 de 1993, “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, que estableció:

“[…].

“ART. 1º—La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

[…]”.

Conforme a lo anterior, la Sala Unitaria encuentra que las juntas de acción comunal son organizaciones de carácter social, cívicas y comunitarias que se organizan con el objetivo de solucionar los problemas más sentidos de su comunidad; y, los consejos comunitarios velan por establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico.

Por lo tanto, las organizaciones comunales son mecanismos de participación ciudadana dispuestos por el legislador con el fin de que los habitantes de una comunidad puedan actuar en diferentes escenarios políticos, sociales, económicos, así como identificar las diferentes problemáticas de su comunidad y propender por su solución.

De modo que dichas organizaciones de participación ciudadana en la gestión del desarrollo de la comunidad, conforme a los objetivos que les ha trazado la ley, están legitimadas para actuar en nombre de la comunidad y representar sus intereses. En consecuencia, en el presente caso el consejo comunitario y la junta de acción comunal de Boquerón pueden hacerse parte dentro del presente proceso en aras de representar los intereses de los habitantes de Boquerón, conforme a los objetivos y funciones que les ha trazado la Ley.

Así mismo, es del caso señalar que dichas organizaciones comunales cuentan con personería jurídica propia, para hacerse parte dentro de un proceso judicial en nombre de la comunidad que representan, por lo que en el presente caso, tanto el consejo comunitario como la junta de acción comunal están facultadas para intervenir como terceros interesados en nombre de los habitantes de Boquerón; y a su vez, otorgar poder al Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” para que los represente judicialmente.

De tal forma que, se encuentra probado, en primer lugar, que el Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza y la junta de acción comunal del corregimiento de Boquerón representan los intereses de los habitantes de Boquerón que son objeto de reasentamiento, por lo que tienen un interés directo en las resultas del proceso, según lo previsto en el artículo 146 del CCA. En segundo lugar, que conforme a los poderes debidamente conferidos por dichas organizaciones comunales al Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, esta entidad se encuentra facultada para actuar en nombre y representación de aquellas.

De conformidad con lo precedente, se impone para la Sala Unitaria confirmar el auto de 22 de abril de 2015, y aclarar el numeral tercero de la parte resolutiva de dicho proveído, en el sentido de precisar que se acepta la vinculación del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” en representación del Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza y la junta de acción comunal del corregimiento de Boquerón, quienes actúan a su vez, en representación de los habitantes de Boquerón, en calidad de coadyuvantes de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto apelado y ACLÁRASE el numeral tercero de la parte resolutiva de dicho proveído, en el sentido de precisar que se acepta la vinculación del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” en representación del Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza y la junta de acción comunal del corregimiento de Boquerón, quienes actúan a su vez, en representación de los habitantes de Boquerón, en calidad de coadyuvantes de la parte demandada.

2. En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Elizabeth García González.

1 En adelante tribunal.