Auto 2011-00199 de enero 23 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente: 85001233100020110019901(19355)

Magistrado Sustanciador:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Gases de Cusiana S.A. ESP

Demandado: Municipio de Yopal

Bogotá, veintitrés de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Generalidades.

El artículo 152 del Decreto 1 de 1984 establece tres requisitos para que proceda la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, así:

1. Que la medida se solicite y sustente de manera expresa en la demanda o en escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad simple, que exista una manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas en la solicitud de suspensión provisional y que esa infracción resulte de la confrontación directa entre el acto acusado y la norma que se invoque como violada o mediante documentos públicos aportados con la solicitud.

3. Cuando la acción es distinta a la simple nulidad, que se demuestre, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto administrativo demandado causa o podría causar al demandante.

2. Caso concreto.

En el sub lite, la Sala encuentra acreditado el requisito de la sustentación expresa, por cuanto la suspensión provisional se solicitó en escrito separado al de la demanda y la sociedad actora expuso las razones por las que debería suspenderse el artículo 2º del Acuerdo 003 del 28 de febrero de 2006, que modificó el artículo 246 del Código de Rentas para el municipio de Yopal.

Para verificar el cumplimiento del segundo requisito, la Sala trascribe el contenido de los actos administrativos y de las normas invocadas como vulneradas, así:

Normas infringidasNorma demandada
Constitución Nacional
ART. 287.—Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (...) 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones
Acuerdo 003 de 2006
ART. 2º—Modifíquese el artículo 246 del Código de rentas del Municipio de Yopal (Ac. 13/2004), el cual quedará así:
“ART. 246.—Excavación de espacio público: Toda persona natural o jurídica, pública o privada que requiera excavar en el espacio público para la construcción, reconstrucción, ampliación o mantenimiento de redes subterráneas de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, estará obligada a cancelar una tarifa la cual se establece en salarios mínimos diarios vigentes aplicable por metro cuadrado.
(...).
PAR. 1º— El titular de la licencia de excavación será responsable por los daños y perjuicios causados tanto al Espacio Público como a terceros en desarrollo de las intervenciones que realice. En caso que el titular de la Licencia de excavación no repare los daños causados, se dispondrá hacer efectiva la póliza de cumplimiento, las disposiciones legales exigidas dentro de los requisitos para obtener la Licencia de Excavación.
PAR. 1º— El titular de la licencia de excavación será responsable por los daños y perjuicios causados tanto al Espacio Público como a terceros en desarrollo de las intervenciones que realice. En caso que el titular de la Licencia de excavación no repare los daños causados, se dispondrá hacer efectiva la póliza de cumplimiento, las disposiciones legales exigidas dentro de los requisitos para obtener la Licencia de Excavación.
PAR. 2º—De las sanciones: Establézcase como sanción hasta cien (100) SMDLV, por la afectación del espacio público y la malla vial sin la correspondiente licencia de excavación y/o permiso.
Facultese al Idury, para que mediante acto administrativo, reglamente lo pertinente en relación con la expedición de Licencia de excavación y el proceso sancionatorio”
ART. 313.—Corresponde a los concejos: (...).
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales.
(...).
 
ART. 338.—En tiempo de paz, solamente el congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
 
Ley 136 de 1994
ART. 32.—Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.
(...).
7. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.
 
Ley 142 de 1994.
“ART. 26.—Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen.
Los municipios deben permitir la instalación de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes.
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia.
ART. 186.—Concordancias y derogaciones. Para efectos del artículo 84 de la Constitución Política, esta ley reglamenta de manera general las actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley; deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de modo preciso la norma de esta ley objeto de excepción, modificación o derogatoria.
Deróganse, en particular, el artículo 61, literal “f”, de la Ley 81 de 1988; el artículo 157 y el literal “c” del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986; el inciso segundo del artículo 14 y los artículos 58 y 59 del Decreto 2152 de 1992; el artículo 11 del Decreto 2119 de 1992; y el artículo 1º en los numerales 17, 18, 19, 20 y 21, y los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2122 de 1992.
 
Decreto 1469 de 2010, artículo 12, parágrafo 1º
ART. 12.—Licencia de intervención y ocupación del espacio público. Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el plan de ordenamiento territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente.
PAR. 1º—Para intervenir y ocupar el espacio público, los municipios y distritos solamente podrán exigir las licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren previstos de manera taxativa en la ley o autorizados por esta, los cuales se agruparan en una o varias de las modalidades de licencia de intervención y ocupación del espacio público previsto en el presente decreto.
 

A continuación la Sala trascribe las consideraciones que con respecto al tema expuso en un caso similar y que son aplicables al presente asunto(1).

“De la confrontación directa del acto demandado, se encuentra que no existe una manifiesta infracción de las disposiciones invocadas como violadas, toda vez que para determinar la legalidad del impuesto sobre el uso del suelo en vías públicas y por excavaciones en las mismas, se requiere realizar un análisis sistemático no solo de las normas alegadas sino también de las de naturaleza urbanística, en tanto las mismas contienen regulaciones relacionadas con la ocupación y rotura de las vías que hacen parte del espacio público.

En este orden de ideas, se observa que los razonamientos que sustentan la presente solicitud conducen al tema de fondo, pues imponen detenerse en el examen de preceptos de los diversos ordenamientos legales, situación que no es posible realizar en esta etapa procesal, que solo se circunscribe al estudio de una infracción de una norma superior que debe presentarse de manera ostensible”.

En consecuencia, la Sala confirmará el numeral segundo del auto del 19 de enero de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare que negó la suspensión provisional solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. Confírmase el numeral 2º de la providencia del 19 de enero de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare.

2. Devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Auto del 9 de diciembre de 2013, expediente 20460 Sección Cuarta, Consejo de Estado, magistrado ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez.