Auto 2011-00204 de julio 1º de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001 0324 000 2011 0020400

Actor: Jairo José Arenas Romero

Bogotá, D.C., primero de julio de dos mil once.

Estando pendiente de admitir la demanda, resulta pertinente hacer las siguientes CONSIDERACIONES:

En el presente asunto el ciudadano Jairo José Arenas Romero demandó en ejercicio de la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad el artículo 7º del Decreto 1281 del 19 de junio de 2002, “por medio del cual se expiden normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utlización en la prestación”, expedido por el Presidente de la República, el Ministro de Salud y el Ministro de Hacienda y Crédito Público; el artículo 24 del Decreto 4747 del 7 de diciembre de 2007, “por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones”, dictado por el Presidente de la República y el Ministro de Protección Social.

Sobre la acción incoada por el demandante, resulta pertinente advertir que de conformidad con el numeral 7º del artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerá:

“De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y que no obedezca a una función propiamente administrativa”.

Bajo tales supuestos, es claro que la acción de nulidad por inconstitucionalidad procede contra actos administrativos de carácter general que no correspondan a la Corte Constitucional, siempre que no sean expedidos en ejercicio de la función propiamente administrativa y que adicionalmente, el enjuiciamiento se realice de forma directa con la Constitución Política.

En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de la Sala Plena de esta corporación(1) ha dicho que las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de su conocimiento, en virtud del numeral segundo del artículo 237 de la Constitución Política y del numeral 7º del artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, corresponden a aquellas cuya confrontación es directa con normas constitucionales, pues de lo contrario se interpretarán como de simple nulidad.

A su vez, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política prevé que el Presidente de la República le corresponde “ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”, siendo esta función administrativa.

Comoquiera que en este caso el Decreto 4747 de 2007, uno de los actos administrativos demandados, cuya nulidad se pretende, fue expedido por el Gobierno en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas, por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, entre otras disposiciones, es claro que tal decreto obedece al ejercicio de funciones propiamente administrativas, siendo así improcedente la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad.

En ese orden de ideas, este despacho interpreta la demanda como de simple nulidad.

La demanda será admitida por cuanto reúne los requisitos de los artículos 137 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

RESUELVE:

1. ADMÍTESE la demanda de simple nulidad presentada por el ciudadano Jairo José Arenas Romero, contra el artículo 7º del Decreto 1281 del 19 de junio de 2002 y el artículo 24 del Decreto 4747 del 7 de diciembre de 2007, expedidos por el Gobierno Nacional.

2. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la admisión de la demanda al Ministro de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo.

3. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la admisión de la demanda al Ministro de Protección Social, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo.

4. NOTIFÌQUESE PERSONALMENTE al agente del Ministerio Público.

5. Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días, para los efectos previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo.

6. Solicítese a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Protección, para que por medio de sus secretarías, envíen los antecedentes administrativos de los actos acusados, dentro del término de los quince (15) días siguientes al de recepción de los correspondientes oficios.

7. En orden a cubrir los gastos ordinarios del proceso, el demandante deberá consignar la suma de veintiséis mil pesos ($ 26.000) en la cuenta 4-0070-000664-4 del Banco Agrario de Colombia, nombre “depósitos judiciales por gastos del proceso - Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, dentro de los ocho (8) días siguientes al de regreso del expediente a la secretaría de la Sección.

Notifíquese y cúmplase.

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Rad. Al-0110, 6 de agosto de 2004, Bogotá, D.C.