Auto 2011-00209 de julio 1º de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2011 00209 00

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Milton José Algarín Arcón

Bogotá, D.C., primero de julio de dos mil once

EXTRACTOS: «III. Para resolver, se considera:

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

El artículo 152 del Código Contenciosos Administrativo señala que además de ser solicitada de manera expresa y por escrito, antes de que sea admitida la demanda (num. 1º), para decretar la suspensión provisional del acto administrativo demandado en acción de nulidad es necesario que el mismo viole manifiestamente la norma superior en que se fundamente la petición, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud (num. 2º).

Entonces, para que proceda la suspensión provisional de actos administrativos, se requiere que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado presentado antes de su admisión y, si la acción es de nulidad, como sucede en este caso, “basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud”.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo para suspender provisionalmente los actos administrativos se requiere que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado presentado antes de su admisión y, si la acción es de nulidad, como sucede en este caso, “basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud”.

2. Las disposiciones cuya suspensión se solicita por el demandante son las contenidas en el artículo 24 del Decreto 1139 de 1995 proferido por la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboración del avalúo comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervención de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del lncora”; y en el artículo 5º de la Resolución 2965 de 1995 proferido por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, “por la cual se establece el procedimiento para la práctica, elaboración y rendición de los avalúos comerciales de predios y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria y se dictan otras disposiciones”.

3. Por su parte, las normas constitucionales que se consideran manifiestamente infringidas son las contenidas en los artículos 83 y 84 de la Constitución Política:

“ART. 83.—Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

“ART. 84.—Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.

4. Ahora bien, visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional formulada, la Sala observa que debe examinarse el contenido de la Ley 160 de 1994, toda vez que en el texto de los actos enjuiciados se invoca como fundamento de su expedición.

Adicionalmente, debe tenerse presente que el cargo de falta de competencia, que es en el que concreta el concepto de violación el demandante, entraña el estudio de la potestad reglamentaria del ejecutivo y ella deviene necesariamente de un conjunto normativo que no se cita en el escrito del actor, razón por la que resulta indispensable estudiar las demás piezas que se alleguen al proceso para determinar si el Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Incora desbordaron la órbita de su competencia al expedir los actos censurados.

5. Así las cosas, es evidente que la definición del asunto requiere de un análisis jurídico de fondo, circunstancia que no puede ser advertida a través del mecanismo de confrontación directa que prevé el artículo 152 del Código Contenciosos Administrativo, sino que para ello se precisa acometer un estudio normativo y probatorio de fondo que no es propio de esta etapa procesal, y que solo es posible al momento de dictar el fallo a través del cual se decida el asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. ADMITIR la demanda de la referencia.

En consecuencia, se dispone:

a. Notifíquese personalmente esta providencia, con entrega de copia de la demanda y sus anexos, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al director del Incoder;

b. Para los efectos señalados en los artículos 46 y 48 de la Ley 446 de 1998, fíjese el negocio en lista por el término legal;

c. Dentro del término de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta decisión, la parte demandante deberá depositar la suma de veintiséis mil pesos ($ 26.000.00) para gastos ordinarios del proceso;

e.(sic) Solicítese al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al director Incoder, el envío de los antecedentes administrativos de los actos que contienen las disposiciones acusadas.

2. NEGAR la solicitud de suspensión provisional del artículo 24 del Decreto 1139 de 1995 proferido por la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboración del avalúo comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervención de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del Incora”; y del artículo 5º de la Resolución 2965 de 1995 proferido por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, “por la cual se establece el procedimiento para la práctica, elaboración y rendición de los avalúos comerciales de predios y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria y se dictan otras disposiciones”.

Notifíquese y cúmplase».