Auto 2011-00233 de septiembre 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 54001233100020110023301 (19776)

Consejera ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: María Isabel Medina Apolón

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, doce de septiembre de dos mil trece

EXTRACTOS: « Consideraciones

El artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia contencioso administrativa por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que el amparo de pobreza se concederá a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso.

Así esta figura tiene como finalidad garantizar la igualdad de las partes en el proceso y el acceso a la administración de justicia para aquellos que no tienen los medios necesarios para sufragar los gastos propios de un proceso.

En el presente asunto, la demandante afirmó que su actual situación económica, esto es, los activos líquidos que posee a la fecha, no le permite constituir la caución ordenada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el auto admisorio de la demanda y, que no es propietaria de ningún bien inmueble que le permita constituir una garantía para cumplir con la carga procesal impuesta por el tribunal.

Cabe precisar que la institución del amparo de pobreza tiene como finalidad garantizar y hacer efectiva la igualdad de las partes ante la ley dado que el Estado, al asumir el riesgo del proceso, confiere la oportunidad y el derecho de acudir a la administración de justicia a quien carece de recursos económicos.

Esta figura se encuentra consagrada en el artículo 2º de la Ley 270 de 1996, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ART. 2º—Acceso a la justicia. El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la Administración de Justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público”.

Ahora bien, para acceder al amparo de pobreza el juez debe examinar en cada caso particular la verdadera situación financiera del demandante, conforme con los medios probatorios allegados para tal fin.

En tal sentido, se reitera que la caución judicial prevista en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo y exigida dentro del trámite del proceso contencioso administrativo, fue establecida por el legislador con el fin de evitar el abuso del derecho de acción para evadir el cumplimiento de una obligación tributaria y para que en parte se satisfagan los créditos liquidados a favor del tesoro público, si la decisión resulta adversa al demandante. Además, la caución judicial exigida a la parte actora no vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, pues el tribunal ordenó el cumplimiento de tal carga luego de admitida la demanda y no como requisito para su admisión.

De otra parte, en cuanto a la sentencia que se trajo a colación, es necesario aclarar que como lo adujo el tribunal, dicha providencia analizó la procedencia de la caución con respecto a una sanción por no enviar información, caso distinto al presente, pues aquí lo que persigue la caución es garantizar el reintegro, al menos en parte, de las sumas devueltas a la demandante ante un eventual fallo desfavorable a sus pretensiones.

Conforme con lo anterior y revisado el expediente encuentra el despacho que el apoderado de la parte actora no aporta pruebas suficientes, pues la copia simple que presentó con corte a diciembre de 2010 del balance general y estado de resultados, no permite concluir que la demandante está en incapacidad de garantizar los resultados del proceso en el evento en que le fuera desfavorable la sentencia.

Además, si bien la demandante afirma que se vio obligada a vender los inmuebles de su propiedad, este despacho advierte que las escrituras públicas de compra venta tienen fecha 25 de agosto de 2011 (fls. 120 y124 del cdno. anexo), esto es, se hicieron con posterioridad al auto admisorio de la demanda por un monto muy superior al de la caución fijada por el tribunal, de tal forma que la demandante hubiera podido pagar la caución o constituir un CDT, u otorgar otro tipo de garantía a satisfacción del magistrado ponente con el fin de cumplir con la carga procesal impuesta.

Finalmente, se reitera(1) que para satisfacer la carga procesal impuesta la garantía puede consistir, como ya se dijo, en la constitución de un CDT a favor de una aseguradora, una póliza, un depósito judicial, garantía bancaria o prendaria, hipotecaria u otro medio aceptable a satisfacción del ponente quien debe tener en cuenta los actos que se acusan y las condiciones económicas manifestadas por el apoderado de la demandante, tanto en la demanda como con ocasión del recurso de apelación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en Sala unitaria

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto apelado, por las razones expuestas.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Auto de 17 de abril de 2013, Expediente 19966. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Auto de 5 de mayo de 2011, Expediente 18169. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.