Auto 2011-00292 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2011-00292-01 (20163)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. Pijao S.A.

Ref.: apelación auto que decretó la perención del proceso

Auto

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera

Se advierte, en primer lugar, que conforme con lo previsto en el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo (modif. art. 57, L.446/98)(15), el auto que decreta la perención es apelable teniendo en cuenta que la cuantía del proceso permite la doble instancia, por lo que esta corporación tiene competencia para decidir sobre el particular.

Ahora bien, procede la Sala a resolver si se ajusta a la ley el decreto de la perención del proceso por la inactividad endilgada a la parte actora al no prestar caución.

El tribunal, para adoptar la decisión, se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, que establece:

“ART. 148.—Perención del proceso. Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso.

En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Dicho auto se notificará como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el expediente.

La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si esta no ha caducado podrá intentarse una vez más.

En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a la perención. Tampoco en los que sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada.

El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en el efecto suspensivo” (destacado fuera del texto).

En primer término, debe aclararse que la caución constituye una carga procesal que el demandante debe cumplir y dado que con ella se busca la satisfacción parcial del crédito liquidado a favor del tesoro público, de serle adversa la decisión, ha de estimarse que el juez, como director del proceso (CPC, art. 37, num. 1º), no podría impulsarlo soslayando tal carga, porque haría inane la aplicación del artículo 148, norma especial del procedimiento contencioso administrativo.

Bajo las anteriores circunstancias, la autoridad judicial debe tomar las medidas conducentes para hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y evitar la parálisis indefinida del mismo.

En el caso bajo estudio se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el numeral 6º del auto de 10 de febrero de 2013, admisorio de la demanda, ordenó(16):

“Sexto. Atendiendo la naturaleza del presente proceso y de conformidad con el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, se le concede a la parte demandante el término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de este proveído para que se sirva aportar el respectivo comprobante de consignación del monto discutido, o en su defecto, prestar caución por la suma de $ 8.173.400 que corresponde al 10% del mayor valor de la suma discutida descontada la sanción”.

Como se indicó en el capítulo de antecedentes de esta providencia, la apoderada de la actora, una vez notificado el auto admisorio de la demanda, en memorial de 12 de abril de 2012 pidió que se le eximiera del pago de la caución pero el Tribunal no accedió por no estar sustentada probatoriamente.

Posteriormente, la demandante, en memorial de 23 de julio de 2012, solicitó que se le informara el número de la cuenta bancaria para efectos de consignar el valor total discutido o el 10% en depósito judicial. En auto de 3 de agosto de 2012, el tribunal le informó el número de la cuenta del Banco Agrario de Colombia.

No obstante, en escrito de 16 de agosto de 2012, la actora pidió que se le indicara el trámite para constituir caución, para lo cual enunció varias opciones(17). En providencia de 24 de agosto de 2012, el juzgador de primera instancia advirtió que se puede escoger cualquiera de las opciones previstas en el artículo 678 del Código de Procedimiento Civil. En ese auto se ordenó, además, que el expediente permaneciera en la secretaría hasta que la sociedad demandante acreditara la constitución de la caución exigida. Este proveído se notificó por estado el 30 de agosto de 2012(18).

Nuevamente, la demandante, el 15 de febrero de 2013, informó que las aseguradoras no le han otorgado la póliza judicial, por lo que pidió que se le indicara el procedimiento para constituir caución con un CDT. Ante esa solicitud, la Secretaría remitió el expediente al despacho sustanciador con el siguiente informe:

“Al despacho del h. magistrado Dr. José Antonio Molina Torres; hoy 18 de febrero de 2013; ejecutoriado el previsto antecedente; pasa:

• Con memorial suscrito por la doctora Carolina Munévar Ospina, apoderada judicial de la demandante, en el que hace una manifestación al despacho relacionada con la caución ordenada (fl. 259, cdno. ppal.).

(...)”.

La siguiente actuación que se observa en el expediente es el auto de 14 de marzo de 2013, por el cual se decretó la perención del proceso al advertir que habían transcurrido más de seis (6) meses desde la notificación del último auto dictado.

Se advierte de lo anterior, que para la fecha en la que el proceso se remitió al despacho, esto es el 18 de febrero de 2013, habían transcurrido cinco (5) meses y 18 días. Significa que no se cumple el presupuesto exigido por el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, para efectos de que proceda la perención del proceso, pues el expediente no permaneció en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante seis (6) meses, contados desde la notificación de la última providencia dictada (ago. 30/2012).

Precisamente, la apoderada de la demandante antes de que se cumplieran los seis (6) meses, en memorial de 15 de febrero de 2013, pidió que se le indicara el procedimiento para constituir la caución con un CDT pero el a quo no hizo pronunciamiento alguno al respecto y, por el contrario, estimó que había operado la perención del proceso.

El mismo día en el que se decretó la perención, la actora radicó escrito en el que pide al tribunal que se analice la posibilidad de seguir adelante con el proceso sin exigir el otorgamiento de la caución porque no posee dinero ni bienes con los cuales pueda prestar caución o garantía (anexa declaración extraproceso(19)). En el mismo memorial se informa que las aseguradoras y financieras se han negado a otorgar la caución porque no ofrecen el producto o porque la sociedad no posee dinero ni bienes (Anexa certificados de Liberty de Seguros S.A., Banco Corbanca y Banco HSBC(20)). Este memorial debe tenerse, aunque no lo diga expresamente, como una solicitud de amparo de pobreza.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el sub examine no había transcurrido el término legal para que operara la perención del proceso, razón por la cual se revocará la providencia apelada y se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuar con el trámite del proceso, concretamente que resuelva la solicitud de amparo de pobreza formulada por Pijao S.A.

Por último, conviene precisar que quien acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tiene pleno conocimiento de que el pago de la caución es un aspecto procesal que tiene que cumplirse. En consecuencia, no se desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia cuando se decreta la perención del proceso por la inactividad de la demandante, concretamente porque deja transcurrir más de seis (6) meses desde la última actuación judicial sin constituir la caución ordenada en el auto admisorio de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

1. Revócase el auto de 14 de marzo de 2013, objeto de apelación. En su lugar, ordénase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B que se pronuncie sobre la solicitud de amparo de pobreza formulada por la sociedad demandante mediante escrito de 14 de marzo de 2013.

2. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en el asunto de la referencia se aplican las normas del Decreto 1 de 1984 (CCA), toda vez que el trámite del proceso inició antes del 2 de julio de 2012, fecha de entrada en vigencia de la referida Ley 1437.

(16) Folios 213-214.

(17) Encargo fiduciario en garantía; inmueble con hipoteca; prenda sobre un bien mueble; pagaré; cheque en garantía; patrimonio autónomo en garantía.

(18) Folio 258

(19) Folio 270. En esa declaración se indica que la Pijao S.A. no es propietaria de ningún inmueble, que no tiene liquidez y que no puede constituir ningún tipo de garantía real, bancaria ni las otorgadas por las compañías de seguros.

(20) Folios 268-269.