Auto 2011-00314 de abril 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 45274

Radicado: 660012331000201100314 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Sócrates de Jesús Valencia Rojas

Demandado: Nación - Rama Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

13. Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, sin consideración de la cuantía, comoquiera que la demanda se fundamentó en uno de los títulos de imputación previstos en la Ley 270 de 1996, consistente en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(1), y toda vez que el auto que deniega la práctica de una prueba es susceptible del recurso de apelación, de conformidad con lo establecido por el numeral 8º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo.

14. De igual forma, toda vez que en el caso concreto el referido recurso se interpuso con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la decisión respectiva debe ser adoptada por este despacho de acuerdo con lo señalado por el artículo 61 ibídem.

II. Problema jurídico

15. Le corresponde al despacho establecer si la solicitud probatoria elevada por el demandante, consistente en que se cite a los señores Carlos Arturo Restrepo Villa y otros a rendir testimonio en el proceso de la referencia, resulta ajustada a derecho, para lo cual es preciso determinar si éste cumplió suficientemente con el deber de señalar el objeto de la declaración de cada uno de ellos y de aportar la dirección de su domicilio y residencia.

III. Análisis de la Sala

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde a la parte demandante acreditar el fundamento fáctico de las normas a cuyos efectos jurídicos pretende acogerse, con el fin de sustentar las pretensiones de la demanda en el proceso respectivo(2). Para el efecto, de conformidad con el principio de libertad probatoria, la parte está autorizada a hacer uso de cualquiera de los medios de prueba previstos en dicha normativa e, incluso, de cualquier otro innominado que tenga la potencialidad de dar fe sobre el acaecimiento del hecho.

17. De otra parte, según el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede rechazar in limine las pruebas “(…) legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”. Con fundamento en esta norma, para proferir la decisión de decreto de pruebas el juez debe determinar si éstas son conducentes, pertinentes y útiles(3).

18. En lo que tiene que ver con la prueba testimonial, esta Corporación ha dicho lo siguiente: “[p]or su parte, el testimonio constituye un medio de prueba que tiene como fin esclarecer de manera cronológica un hecho o situación relevante para el proceso. La procedencia del decreto del testimonio debe cumplir con los requisitos exigidos en los artículos 226 a 228 del Código de Procedimiento Civil. Es menester aclarar que el juez no está obligado a tener en cuenta, en estricto sentido, la información manifestada por el testigo, como quiera que en virtud de su discrecionalidad, el juzgador valora la prueba teniendo en cuenta la coherencia de la declaración(4) en conjunto con los demás elementos probatorios”(5).

19. Respecto del deber del interesado de enunciar el objeto de la prueba, cabe advertir que la prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia sobre las meras formalidades, así como el hecho de que la ley sólo exija una consideración “sucinta”, obliga al juzgador a solamente denegar un testimonio por esa circunstancia, cuando el solicitante omite totalmente dar cuenta del tema de la prueba y no le es posible a él obtenerlo tras realizar una interpretación holística de la petición.

20. Sobre este punto el Consejo de Estado ha manifestado que puede el juez hacer inferencias lógicas para determinar el objeto de la prueba, incluso si la parte no la indica expresamente(6). Igualmente, ha advertido que para cumplir dicho requisito, en aquellos eventos en los cuales los supuestos fácticos en que se funda el proceso pueden resumirse en uno solo, basta para el efecto con que el demandante diga que con la solicitud se busca probar “los hechos de la demanda”(7).

21. Para el caso concreto, advierte el despacho que contrario a lo que adujo el a quo, la solicitud probatoria realizada por el demandante, consistente en que se citara a los Carlos Arturo Restrepo Villa, José Antonio Idárraga Fernández, José Darío Marín, Ligia María Laurido y Jesús Alberto Cuervo González para que rindieran testimonio, cumple con lo requerido en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil(8), en la medida en que, aunque brevemente, en la demanda sí manifiesta que el motivo de su solicitud probatoria radica en la necesidad de acreditar los perjuicios morales y materiales que presuntamente le han sido causados.

22. Pero adicionalmente, lo cierto es que en el escrito de apelación interpuesto el actor precisó con toda claridad cuál es el motivo de cada uno de los testimonios solicitados, en razón del papel que los declarantes desempeñaron en el proceso civil en el cual se remató en su favor un bien inmueble que resultó ser propiedad de un tercero ajeno a la litis.

23. Si bien dicha explicación se realizó con posterioridad a la expedición de la providencia que denegó las pruebas, lo cierto es que en oportunidades similares, en aplicación del principio de primacía del derecho sustancial sobre el procesal, y con el fin de evitar que se incurra en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto(9), esta Corporación ha permitido que ciertos requisitos procesales se subsanen con la presentación del recurso de apelación(10), privilegiando el derecho de acceso a la administración de justicia y del debido proceso de quien obra como parte dentro de un proceso judicial.

24. De otro lado, en lo que tiene que ver con el deber del peticionario de aportar el domicilio y la residencia de las personas que quiere sean citadas, advierte el despacho que como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, su carencia no tiene, por sí misma, la potencialidad para que se deniegue la prueba testimonial:

15. En cuanto al numeral 4º del auto recurrido, por el cual se negó el decreto de las pruebas testimoniales (…) por no haber referido el actor su domicilio y residencia de conformidad con lo señalado por el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, se indica que dicha circunstancia, de manera aislada, no tiene la potencialidad para que se deniegue su práctica. Es así como se debe tener en cuenta que los referidos requisitos tienen como finalidad la ubicación(11) de quienes se pretende que acudan al proceso para rendir testimonio y con observancia de la primacía del derecho sustancial sobre lo formal de acuerdo a lo señalado por el artículo 228 de la Constitución Política, le corresponde al juez hacer efectiva la citación de dichas personas, siempre y cuando la solicitud de la prueba reúna los elementos necesarios para ello.

16. De esta manera, no resulta acorde con lo contemplado por la norma constitucional mencionada negar la práctica de una prueba testimonial sólo por no indicarse el domicilio o residencia de los pretendidos testigos, a pesar de que a partir de la solicitud de prueba o de otros documentos que obren en el expediente se tenga la suficiente información para suplir la omisión por parte del peticionario y se pueda determinar su localización. Así lo ha entendido la Sala de la siguiente manera:

La petición formulada en los términos trascritos mereció reparo del tribunal, por considerar que la misma no cumplió con los requisitos exigidos en el inciso primero del artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, ya que no se indicó el domicilio y la residencia del testigo. // Estima la Sala que si bien es cierto el pedimento de la prueba referida no se hizo con la técnica y precisión deseables, no por esa sola circunstancia debe denegarse el decreto y práctica de la misma, pues una interpretación en tal sentido contradice el mandato constitucional contenido en los artículos 228 y 229 de la Carta, acorde con los cuales el derecho sustancial debe prevalecer sobre los aspectos puramente adjetivos y, además, debe garantizarse siempre el acceso a la administración de justicia (…) Como se observa, de los apartes trascritos, se puede inferir, sin mayor esfuerzo, que el testigo que se pide citar, Carlos Alberto Rodríguez Córdoba, es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, que resulta perfectamente posible procurar la citación de aquél para que rinda declaración en el proceso de la referencia(12).(13).

25. Advierte el despacho que en el sub examine el demandante indicó que para obtener el domicilio y la dirección de residencia de los declarantes debía oficiarse a la Oficina de Administración Judicial, autoridad en donde reposaba tal información, teniendo en cuenta que los testigos fungían como auxiliares de la justicia, motivo por el cual debían estar registrados en las listas que allí se conservaban.

26. En consecuencia, de conformidad con la posición sentada por la jurisprudencia anteriormente referida, es claro que el a quo tenía el deber de procurar obtener el domicilio y la dirección de residencia necesaria para citar a los señores Carlos Arturo Restrepo Villa y otros para que declararan en el proceso de referencia, pudiendo hacer uso para el efecto de los poderes que en materia probatoria la ley le ha conferido(14). En ese entendido, la falta de dicho requisito no era un motivo válido para negar el decreto de los testimonios solicitados por la parte demandante.

27. Adicionalmente, debe señalarse que el impedimento para decretar la prueba estaría superado, en la medida en que con la presentación del recurso la apoderada del actor aseguró que se encontraba presta para hacer comparecer a las personas cuya declaración se solicita. Al respecto, recuérdese que como lo ha señalado esta Corporación, la manifestación del interesado de que se compromete a hacer comparecer a los terceros citados para que declaren en el proceso, resulta suficiente para suplir el requisito exigido por la ley relativo a la manifestación de su domicilio y residencia:

En efecto, tratándose de un testimonio que fue pedido como prueba por una de las partes, sólo es necesario enviar citación si así lo requiere esta, en los términos del artículo 224 del Código de Procedimiento Civil(15), lo cual no quiere decir que se libre al azar la comparecencia del tercero, sino, simplemente, que queda en manos del interesado garantizar que aquél acuda en la fecha fijada por el juez para celebrar la audiencia, teniendo en cuenta que la prueba fue decretada en su beneficio. En ese entendido, en el sub lite debía accederse a la solicitud probatoria del demandado, puesto que él se encontraba presto a garantizar que esta fuese practicada satisfactoriamente(16).

28. Así las cosas, comoquiera que la solicitud de que se llame a rendir testimonio a los señores Carlos Arturo Restrepo Villa y otros cumple con las exigencias previstas para el efecto por la ley procesal civil, y se trata de pruebas pertinentes, conducentes y útiles, el despacho revocará la providencia de 30 de abril de 2012 en lo que a este punto atañe.

29. Finalmente, es preciso manifestar que el despacho carece de competencia para pronunciarse respecto de las demás pruebas solicitadas por el demandante y negadas por el tribunal, de conformidad con lo señalado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(17), habida cuenta de que sobre el particular nada se dijo en el recurso de apelación interpuesto.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. REVOCAR parcialmente el auto de 30 de abril de 2012, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, por las consideraciones expuestas en la presente providencia. En su lugar, DECRETAR como prueba los testimonios de los señores Carlos Arturo Restrepo Villa, José Antonio Idárraga Fernández, José Darío Marín, Ligia María Laurido y Jesús Alberto Cuervo González, en los términos de la solicitud realizada por el demandante Sócrates de Jesús Valencia Rojas.

2. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para que fije fecha y hora para la celebración de los testimonios decretados, y para que se continúe con el trámite del proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, la normatividad en comento determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Consultar al respecto: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 Así lo ha entendido la Sala en los siguientes términos: “Es sabido que el ‘tema de prueba’, en todo proceso judicial, lo constituyen los hechos que se deben probar, porque son los supuestos fácticos de las normas jurídicas que invocan las partes en su favor. La utilización de esta noción jurídico-procesal permite al juez determinar los hechos que se deben probar y rechazar los medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a probar hechos ajenos a la controversia. En este orden de ideas, se deben probar tanto los hechos que sirven de sustento a las pretensiones como aquellos en que se fundan las excepciones (…)”. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 10 de octubre de 2006, expediente 2006-00449 (PI), actor: José Antonio Quintero James, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

3 “Entendiendo por conducente, la aptitud legal o jurídica de la prueba para convencer al juez sobre el hecho a que se refiere; pertinente, la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar; y útil, cuando desde el punto de vista procesal, presta algún servicio, por ser necesaria o por lo menos ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos que interesan al proceso”. Devis Echandia, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas Judiciales, octava edición, Ed. ABC Bogotá, 1984, pág. 114 y siguientes.

4 [5] “Con relación al rol del juez en la práctica de la prueba el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil señala: “El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho o la forma como llegó a su conocimiento teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 226. (…)””.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, auto de 17 de mayo de 2012, expediente 2007-00219 (42549), C.P. Enrique Gil Botero.

6 “Particularmente encuentra la Sala que el requisito de la mención del objeto sucinto de la prueba testimonial, a contrario de lo expresado por el Tribunal, si fue satisfecho. En efecto, // (…) Y en el mismo capítulo pero en materia de prueba testimonial, citó a las mencionadas personas en los términos que a continuación se transcriben: “Hernando Enrique Gómez Vargas ( ) Secretario General de la empresa demandante para junio de 1990”, “Francisco Estupiñán ( ) Sub - Gerente Financiero de la empresa demandante para junio de 1990”, Teresa Cardona y Adriana Herrera funcionarias de la empresa para la misma fecha (fls. 30 y 31, cdno. 2). // De lo anterior se infiere que el señor Lázaro Mejía busca con la comparecencia de los testigos que depongan sobre los “hechos y actuaciones” suyas porque coetáneamente a la época en que gerenció la Empresa de Energía de Bogotá ellos se desempeñaban como funcionarios de ésta. // Por lo tanto hay lugar a revocar el numeral de denegatoria de prueba testimonial del demandado y, en consecuencia, a decretar la prueba de declaración de terceros” (resaltado del texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 23 de mayo de 2002, exp. 2000-0146 (21836), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

7 “En veces, la sola manifestación de que el objeto de la prueba testimonial es la demostración de los hechos de la demanda, es suficiente para que se cumpla con el requisito exigido por el artículo 219 del C. de P. Civil, lo cual puede darse concretamente para cuando estos se refieren a una sola situación fáctica, pero que no puede inferirse en casos como el presente en el que los hechos se refieren a distintos acontecimientos”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2006, exp. 2004-02180 (31565), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

8 “Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos, y enunciarse sucintamente el objeto de la prueba. // El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba. El auto del juez no tendrá recurso alguno, pero el superior podrá citar de oficio a los demás testigos, conforme a lo previsto en los artículos 180 y 361”.

9 “En pocas palabras, la aplicación del principio de eficacia y exclusión de actuaciones negligentes en las que, ocasionalmente, suelen incurrir las partes procesales, no puede ser rígida e inflexible, ni puede llevarse a la práctica con ausencia de toda consideración por las circunstancias del asunto en concreto pues, de ser ello así, se amenaza seriamente con truncar la debida realización de uno de los principales fines del Estado social de derecho cual es obtener justicia material. // (…) la Corte [Constitucional] ha enfatizado que se incurre en defecto procedimental absoluto por dos vías: i) por defecto, esto es, porque la autoridad judicial se abstiene injustificadamente de aplicar las formas propias del juicio que está bajo su conocimiento y respecto del cual debe recaer su decisión; ii) por exceso ritual manifiesto, es decir, por cuanto la autoridad judicial “utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y [de esta manera], sus actuaciones devienen en una denegación de justicia” [[4] “Ibíd [se refiere a la Sentencia T-429 de 2011 de la Corte Constitucional] (…)”.]. // A partir de lo expuesto puede concluir la Sala que se entorpece o trunca la materialización del derecho sustancial y, por ende, se está ante una denegación de justicia, cuando quiera que la autoridad judicial i) no tiene en cuenta que el derecho procesal es un instrumento, medio o vehículo para la efectiva realización de los derechos constitucionales fundamentales y lo convierte en un fin en sí mismo; ii) aplica el derecho procesal de una manera en exceso inflexible y rigurosa sin atender a las circunstancias del caso concreto y descuidando la aplicación de otros principios que, mirados en conjunto, contribuyen a la efectiva preservación de los derechos constitucionales fundamentales de las partes en el proceso”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 31 de enero de 2013, exp. 2010-00361 (40892), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

10 Al respecto véase la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 3 de diciembre de 2012, expediente 2011000257 (41649), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

11 [5] “Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de marzo de 2006, expediente 2004-01634 (31399), actor: María Teresa González González y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez”.

12 [6] “Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de enero de 2003, expediente 25000-23-26-000-2000-0410-01(21831), actor: Patricia Manotas Echeverry, C.P. Germán Rodríguez Villamizar”.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 14 de marzo de 2012, expediente 2010-00147 (41239), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 Artículo 37 del Código de Procedimiento Civil: “Son deberes del juez: (…) 4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”.

15 [12] “Cuando la declaración de los testigos se decrete de oficio o la parte que solicitó la prueba lo requiera, el secretario los citará mediante telegrama, si en la sede del despacho existe este servicio, y en su defecto mediante boleta de citación; en ambos se harán las prevenciones de que trata el artículo siguiente.// Cuando el testigo fuere dependiente de otra persona, se librará también telegrama o boleta de citación, según el caso, al empleador o superior para los efectos del permiso que éste deba darle, con la prevención de que trata el numeral 5º del artículo 39”.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 4 de diciembre de 2013, expediente 2010-00133 (46988), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

17 “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente. // Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante”.