Auto 2011-00330 de marzo 8 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000201100330 00

Magistrado Ponente:

María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Remberto Quant González

Bogotá, D.C., ocho de marzo de dos mil doce.

Se decide sobre la admisión de la demanda con solicitud de suspensión provisional que, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, instaura, en nombre propio, el ciudadano Remberto Quant González, contra el artículo 11 del Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009(1).

1. La disposición acusada.

Su tenor literal, conforme a su publicación en el Diario Oficial 47.852 de 2010 (oct. 4), es el siguiente:

“DECRETO 3678 DE 2010

(Octubre 4)

“Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,

CONSIDERANDO:

Que mediante la expedición de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, el Congreso Nacional expidió el nuevo régimen sancionatorio ambiental, en el que señaló a través de su artículo 40, las sanciones a imponer por parte de las autoridades ambientales al infractor de las normas ambientales.

Que así mismo, el parágrafo segundo del artículo 40 de la citada ley, determinó que el Gobierno Nacional fijaría los criterios para la imposición de las sanciones allí descritas.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

(...).

ART. 11.—Metodología para la tasación de multas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deberá elaborar y adoptar una metodología a través de la cual se desarrollen los criterios para la tasación de las multas, los cuales servirán a las autoridades ambientales para la imposición de dichas sanciones”.

2. Admisión de la demanda.

Como la demanda reúne los requisitos formales establecidos en los artículos 137 y ss. del Código Contencioso Administrativo, será admitida.

3. La solicitud de suspensión provisional.

El demandante considera que el acto acusado viola el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009(2). La norma que se invoca como infringida en la presente demanda dispone:

“ART. 40.—Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambienta!, autorización, concesión, permiso o registro.

4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.

PAR. 1º—La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

PAR. 2º—El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor”.

Sostiene el demandante que debe decretarse la suspensión provisional del artículo 11 del Decreto 3678 de 2010, porque el parágrafo 2º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 no facultó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para fijar una “metodología de imposición de multas”. En este sentido, afirma que el Gobierno Nacional solo puede reglamentar los criterios de imposición de multas.

Además, aduce que debe accederse a la medida cautelar, porque el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 no delegó ninguna facultad reglamentaria en el Ministerio de Ambiente, sino en el Gobierno Nacional.

4. Consideraciones.

Se observa que la acción incoada es la consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. El artículo 152 ibídem fija como requisitos para la procedencia de la suspensión provisional de actos administrativos donde se pretenda su nulidad: (i) que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o en escrito separado, presentado antes de que sea admitida; y (ii) que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

Ahora bien, en el caso sub examine, las violaciones alegadas se subsumen en las hipótesis que conforme al artículo 152 del Código Contencioso Administrativo constituyen el supuesto fáctico de la suspensión provisional, pues puede establecerse por confrontación directa de la norma invocada con la disposición acusada su manifiesta infracción.

En efecto, se advierte que el parágrafo 2º del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 faculta al Gobierno Nacional para definir los criterios para la imposición de las sanciones, pero no para elaborar y adoptar una metodología para tasar multas, pues ello constituye una tarea distinta a la asignada por el legislador en el artículo descrito. De hecho, resulta contradictoria la disposición acusada por confrontación directa con la norma invocada, pues según lo dispone el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “definir” significa “fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa”, y lo que pretende la disposición acusada es otra distinta, al ordenar que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “elabore” y “adopte” una metodología para tasar multas, lo cual significa, respectivamente, “transformar una cosa u obtener un producto por medio de un trabajo adecuado”(3) y “recibir, haciéndolos propios, pareceres, métodos, doctrinas, ideologías, modas, etc., que han sido creados por otras personas o comunidades”(4).

Así las cosas, por existir violación evidente y manifiesta de la disposición acusada con el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se accederá a la medida cautelar.

Por otro lado, vale la pena aclarar que no le asiste razón al demandante al solicitar la suspensión provisional bajo la argumentación de que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 no facultó expresamente al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para reglamentar los criterios para la imposición de sanciones, pues lo cierto es que dicha entidad hace parte del Gobierno Nacional y al tenor de lo dispuesto en el artículo 208 de la Carta Política, corresponde a los ministros ser jefes de la administración en sus respectivas dependencias.

En virtud de lo anterior, se

RESUELVE:

1. ADMÍTESE la demanda de nulidad instaurada en nombre propio por el ciudadano Remberto Quant González, contra el artículo 11 del Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

Para su trámite se dispone:

a) Notifíquese al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la forma establecida en el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo. Entréguesele copia de la demanda y sus anexos.

b) Notifíquese personalmente al procurador delegado ante esta corporación.

c) La parte actora deberá depositar en la cuenta 4-0070-000664-4 del Banco Agrario, en el término de cinco (5) días, la suma de trece mil pesos ($13.000) M/cte. para gastos ordinarios del proceso.

d) Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada pueda contestar la demanda, proponer excepciones y pedir pruebas, y para que terceros la coadyuven o impugnen.

e) Por secretaría, solicítese a la secretaría general del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el envío, en el término de diez (10) días, de los antecedentes administrativos del acto acusado.

2. SUSPÉNDENSE PROVISIONALMENTE los efectos del artículo 11 del Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrada: María Claudia Rojas Lasso.

(1) Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

(2) Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

(3) http://buscon.rae.es/draeI/SrvItConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=elaborar.

(4) http://buscon.rae.es/drael/SrvItConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=adoptar.