Sentencia 2011-00337 de agosto 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000232700020110033702

Número Interno: 20028

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Lucy Amanda Ochoa de Acosta contra el municipio de Tocancipá.

Bogotá, D.C., veintiséis de agosto dos mil trece.

AUTO

EXTRACTOS: «4. Consideraciones

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra el auto de 16 de enero de 2013 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el decreto de unas pruebas solicitadas por esta en primera instancia.

En este caso los demandantes cuestionan la contribución de valorización por beneficio general asignada a unos predios de su propiedad, para ello, entre otras cosas pretenden demostrar que el plan de obras que se realizará con esa contribución beneficia principalmente a la industria de Tocancipá y en menor medida a los predios mencionados.

Para demostrar los hechos que sirven de fundamento a la demanda allegó una serie de documentos que fueron tenidos como pruebas suficientes dentro de este proceso, dentro de los que están las copias de las resoluciones demandadas y sus respectivas notificaciones, de los recursos de reconsideración que presentó contra estas y de los actos por medio de los que se tramitaron esos recursos, de los certificados de tradición de los predios sobre los que recayó la contribución por valorización, de los acuerdos municipales que la establecieron, de las facturas de pago del impuesto predial, de una fotografía aérea de los predios gravados y del plano actual de los mismos.

Teniendo claro el objeto del proceso y las pruebas que se decretaron en el mismo, este despacho procede a analizar la conducencia, necesidad y pertinencia de las pruebas cuyo decreto denegó el tribunal así:

1. Aduce la demandante que con las pruebas documentales solicitadas, relacionadas en el acápite de antecedentes, pretende demostrar la vulneración de normas de carácter local, para lo cual solicitó que se allegaran algunas resoluciones y acuerdos del municipio de Tocancipá.

En cuanto a las resoluciones cuya copia auténtica se solicitó, la parte demandante no indicó, ni siquiera en forma sumaria el contenido u objeto de las mismas, por lo que es imposible determinar su conducencia, necesidad y pertinencia con respecto a los hechos que se pretenden probar.

En lo que tiene que ver con los acuerdos municipales, este despacho advierte que además de ser normas territoriales cuya existencia no requiere ser probada, es suficiente con que la parte demandante los haya invocado como transgredidos para que el juez acometa su análisis.

2. La parte demandante también solicita la copia auténtica de una serie de contratos, la del estudio de oportunidad y conveniencia para la contratación de los estudios de prefactibilidad y, que se certifique la fecha en que se iniciaron las obras.

Dado que el objeto de este proceso se contrae a establecer la legalidad de los actos administrativos que determinaron la contribución de valorización por beneficio general a cargo de la parte demandante, este despacho considera que las mencionadas pruebas no son pertinentes o conducentes, pues este proceso no se contrae a establecer si existió o no “desviación de poder por la contratación y ejecución de las obras del proyecto de valorización antes de la firmeza de las resoluciones que establecieron el tributo” asunto que corresponde a una análisis que esta por fuera del estudio de legalidad de los actos administrativos cuestionados en esta jurisdicción.

3. En cuanto a la solicitud de la parte demandante de que se certifique cuantos recursos de reconsideración se interpusieron contra los actos administrativos de asignación de la contribución de valorización y, cuántos de ellos fueron revocados en su integridad, este despacho encuentra innecesarias estas pruebas, pues con ello no se aportan elementos de juicio para establecer la ilegalidad de los actos administrativos demandados, alegada por la parte demandante.

Vale decir que la interposición de recursos contra actos administrativos particulares es un asunto que compete a la esfera privada de los mismos y, el éxito de sus pretensiones depende de circunstancias particulares de cada caso cuyos efectos no pueden extenderse a este proceso.

4. Señala la recurrente que con la certificación del avalúo catastral de los predios y del valor que pagó como contribución por valorización, pretende demostrar que tal contribución es desproporcionada, pues supera el valor de los inmuebles sobre los que recayó.

Siendo la proporcionalidad y la equidad tributaria, algunos de los elementos cuestionados por la parte demandante y, por tanto, materia de análisis de este proceso, este despacho encuentra conducentes y necesarias las pruebas mencionadas, en consecuencia las decretará.

5. En lo relativo a la aerofotografía digital, la parte demandante no señaló el objeto de esta prueba y, no se encuentra como necesaria, pues más allá de la impresión visual que pueda aportar al juez, no es un elemento que permita establecer la legalidad de los actos administrativos demandados o de la imposición del tributo cuestionado.

6. La parte recurrente insistió en el decreto de una inspección judicial con intervención de perito con el objeto de verificar una serie de elementos como la identificación de los predios gravados, las obras a construir, el uso real de las vías del plan de obras, la distancia entre las obras y los predios y, la zona de influencia de esas obras, entre otros.

Vale la pena resaltar que, el dictamen pericial es un medio de prueba que está contemplado en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil y, que tiene por finalidad guiar al juez en el análisis y resolución del problema de fondo cuando para ello se requiere de conocimientos científicos, técnicos o artísticos(1).

El dictamen pericial no recae sobre puntos de derecho, por lo que su procedencia y necesidad están relacionadas con las causas que originaron un hecho, es decir con el fin de establecer el efecto de un hecho, y determinar si el hecho ocurrió o pudo ocurrir(2).

Pues bien, resulta claro que los elementos que pretende demostrar la parte demandante con ese dictamen son relevantes para resolver los cargos que se endilgan contra los actos administrativos demandados, pero resulta suficiente establecerlos por medio de un dictamen pericial, sin que sea necesario que el juez se desplace hasta los inmuebles. En consecuencia, se decretará el dictamen pericial solicitado.

7. Finalmente, en cuanto al dictamen pericial relativo a probar el valor total del plan de obras del municipio de Tocancipá (Ac. 14/2009) se advierte que es innecesario pues ello puede probarse de forma suficiente con las pruebas documentales que obran en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

MODIFÍCASE el numeral segundo del auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de enero de 2013, que quedará así:

DECRÉTANSE, a costa de la parte demandante, las pruebas documentales solicitadas en los literales k), l) y m) del numeral II (A. Pruebas documentales) del capítulo X del escrito de demanda y, el dictamen pericial solicitado en el acápite B. Inspección judicial con intervención de perito, del mismo capítulo, para dicho dictamen el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nombrará a un perito de los registrados en la lista de auxiliares de la justicia.

En lo demás, CONFÍRMASEel auto apelado.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Peña Ayazo, Jairo Iván. Prueba judicial. Análisis y valoración. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. 2008. Pág. 180.

(2) IbÍd.